nombre reservado con A.F.P. PROVIDA S.A.

Santiago, doce de noviembre de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente.

PRIMERO: Que comparecen nombre reservado y nombre reservado, e interponen recurso de protección en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A (A.F.P Provida), alegando como acto ilegal y arbitrario aquel consistente en que, rechazó la solicitud de pago de los fondos previsionales acumulados en la cuenta de capitalización individual del causante nombre reservado, por concepto de herencia a los recurrentes; con lo que estaría vulnerando su garantía constitucional del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad.

Señalan que el 28 de junio de 2018, falleció el padre de los recurrentes nombre reservado, respecto de quien la AFP Provida, impidió de manera sostenida que fuera declarado en condición de invalidez, pese a la grave condición de salud en que se encontraba (daño cerebral luego de un accidente laboral). Su padre se desempeñó varios años como trabajador dependiente de la empresa Aguas Claras S.A., prestando labores de operario de construcción hasta que sufrió el accidente laboral. Cotizó previsionalmente de manera regular, consolidando fondos previsionales al 22/05/2019, que ascienden a la suma de $47.040.508.

Agregan que luego del fallecimiento de su padre, realizados todos los trámites necesarios para entrar en posesión efectiva de la herencia intestada dejada a su fallecimiento, el 09/07/2019, concurrieron a la AFP Provida, a la sucursal de la comuna de Maipú, a requerir el pago de la herencia, en su calidad de herederos legítimos, según certificado de posesión efectiva de 27/12/2018, pues tenían plena convicción de que dichos fondos constituyen herencia, al no estar en la hipótesis que da lugar a la pensión de sobrevivencia, dado que no se cumplen con los requisitos establecidos en el Art. 8° del Decreto Ley N° 3.500. Robinson, de 35 años, es un trabajador dependiente del Banco Estado, desempeñándose como asistente de atención cliente. Alberto, de 22 años, realiza trabajos independientes, de manera informal, dedicándose a labores generales de casa, siendo financiado principalmente por su hermano Robinson, sin que tenga intención de realizar algún tipo de estudio a lo largo de su vida. Afirman que la ejecutiva de la AFP recurrida informó verbalmente la negativa, dado que “al existir un hijo menor de 24 años de edad, es un potencial beneficiario de pensión, por cuanto éste al estudiar y ser soltero podrá solicitar pensión de sobrevivencia”, entregando un “pseudo comprobante” del rechazo de su solicitud.

Expresa que la AFP Provida ampara su negativa en el artículo 8° del Decreto Ley N° 3.500, al realizar una interpretación equivocada del precepto legal, y además coarta la autodeterminación en lo que se refiere a su proyecto de vida; llevando al extremo una exigencia que en la realidad no existe ni existirá. Precisa que ninguno de los recurrentes cumple ni cumplirán de manera completa los requisitos que taxativamente impone la norma en comento, a saber: (i) Deben ser solteros (ambos recurrentes lo son). (ii) Ser menores de 18 años de edad (ninguno de los recurrentes lo es). (iii) Ser mayores de 18 años y menores de 24, si son estudiantes de cursos regulares de enseñanza básica, media, técnica o superior (a ninguno de los recurrentes se aplica esta hipótesis). En efecto, para ser aplicable tal situación deben reunirse copulativamente dos elementos: a) Tener entre 18 y 24 años: Alberto tiene 22 años de edad. b) Ser estudiante regular: Alberto no está estudiando actualmente y ha decidido legítimamente no estudiar, ni ahora ni nunca. La negativa de la AFP fundada en que “potencialmente” podrá estudiar, afecta además la autodeterminación personal, construyendo su proyecto personal que incluye su decisión definitiva de no cursar estudio alguno.

La garantía constitucional vulnerada es la prevista en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, ya que ambos recurrentes son titulares del derecho de propiedad que existe sobre dichos fondos de pensiones, con todas las facultades que su dominio les otorga, al ser legítimos herederos de la herencia intestada dejada por su padre, masa hereditaria dentro de la cual están esos fondos, no correspondiendo en ningún caso su titularidad a la AFP PROVIDA S.A., ni menos la determinación del destino de dichos fondos. Agrega que operó el modo de adquirir el dominio de sucesión por causa de muerte; por su calidad de legítimos herederos del causante, son los dueños de los dineros administrados por la AFP Provida y, al no existir beneficiarios de pensión de sobrevivencia al tenor de lo establecido en el D.L. N° 3.500, la AFP Provida debe entregar los fondos que administra a los herederos, de conformidad a las reglas generales de herencia, reguladas por el Código Civil.

Concluye sosteniendo que la negativa de AFP PROVIDA constituye un actuar arbitrario e ilegal, pues atenta de manera flagrante contra su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales heredados de su padre.

Solicita que se ordene a la recurrida pagar los dineros correspondientes a los fondos de pensiones que han adquirido desde el fallecimiento de su padre, por constituir herencia; con costas.

Para fundar su acción, acompaña los siguientes documentos: Certificado de posesión efectiva; Certificado de nacimiento de ambos recurrentes; Certificado de consolidación previsional; Documento que rechaza el requerimiento de pago de herencia.

SEGUNDO: Que, informando la recurrida, solicita el rechazo del recurso, con costas, argumentando en primer término que la acción de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio. Explica que la materia reclamada no es propia de una acción cautelar, por lo que su interposición resulta improcedente, dado que lo pedido por los recurrente no es otra cosa que la modificación de los cuerpos normativos que regulan el sistema de pensiones, lo que no se condice con la finalidad de un recurso de protección y la excede, pretendiendo por esta vía discutir la constitucionalidad del DL N° 3.500, en sede cautelar y de emergencia.

Además, no existe un derecho indubitado, sino que uno controvertido, motivo por el cual, no puede solucionarse por esta vía. Los recurrentes señalan que les corresponde el pago de los fondos previsionales como herencia, y mi representada, sostiene que corresponde que tramiten el pago de una pensión de sobrevivencia, no sólo por cuanto lo establece la normativa vigente del Sistema de Pensiones, sino que lo confirman diversos fallos de las distintas Cortes de Apelaciones de país, ratificados por parte de la Corte Suprema y la Jurisprudencia Administrativa de la Superintendencia de Pensiones, órgano regulador de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Como segundo argumento, sostiene la ausencia total de ilegalidad y arbitrariedad en el actuar de la AFP Provida S.A. Expone que al fallecer su afiliado nombre reservado, los recurrentes se acercaron a una de sus sucursales solicitando el pago de los fondos previsionales como herencia dejados por parte del indicado causante, indicándosele que lamentablemente no se podían girar dichos fondos previsionales como herencia, por cuanto existía en la especie un beneficiario de pensión de sobrevivencia, debiendo por tanto, tramitar la respectiva pensión de sobrevivencia. El potencial beneficiario de pensión de sobrevivencia existente es nombre reservado, quien tiene la calidad legal de hijo del causante y que tiene actualmente 22 años y, de conformidad con los artículos 5°, 8° y siguientes del Decreto Ley N° 3.500, es potencial beneficiario de pensión de sobrevivencia hasta los 24 años de edad, por lo que a su respecto se debe tramitar el pago de la respectiva pensión de sobrevivencia o, en su defecto, una vez cumplidos los 24 años de edad, tramitar la solicitud de giro de los fondos previsionales como herencia, una vez que el saldo se desafecte de la finalidad para la cual fue creada por parte del legislador.

Agrega que la acción de proyección resulta improcedente, porque no ha existido un actuar ilegal o arbitrario de la recurrida, no se ha causado ningún agravio a los recurrentes de autos ni, se ha privado, perturbado ni amenazado ninguna de las garantías constitucionales consagradas en la Constitución Política de la República.

En cuanto al DL N° 3.500 señala que el artículo 8 establece los requisitos que deben cumplir los beneficiarios de pensión de sobrevivencia, aclarando que, el tope de edad de 24 años no solo es para el caso del otorgamiento de la pensión de sobrevivencia en caso que el recurrente quiera estudiar legítimamente, sino que lo es para el caso del otorgamiento de la pensión de sobrevivencia por si eventualmente el recurrente lamentablemente se accidentara y cumpliera los requisitos para ser beneficiario de pensión de invalidez.

El artículo 51 establece que: “Las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia establecidas en el título II, se financiaran con el saldo de la cuenta de capitalización individual del afiliado”.

Agrega como fundamento de la improcedencia de la acción de protección en la especie, el artículo 66 inciso final del DL N° 3.500, que establece que: “Si no quedaren beneficiarios de pensión de sobrevivencia, el sado remanente en la cuenta de capitalización individual del afiliado incrementará la masa de bienes del difunto”.

Por su parte, el artículo 87 dispone que: “El afiliado que fallezca por un accidente del trabajo o enfermedad profesional y el que falleciere estando pensionado por invalidez total o parcial de la Ley Nº 16.744, del Decreto con Fuerza de Ley Nº 338, de 1960, o de cualquier otro cuerpo legal que contemple la protección contra riesgos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, causará pensión de sobrevivencia en los términos que establecen esas leyes”. En estos casos, los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual del afiliado, incrementarán la masa de bienes del difunto.”

Por lo que la cuestión radica en determinar:

(i) Si existen o no beneficiarios de pensión de sobrevivencia al fallecimiento de nuestro afiliado, pues de existir, deberán pagarse las respectivas pensiones de sobrevivencia con cargo al saldo de la cuenta de capitalización individual del causante y por lo tanto, dichos fondos acumulados NO constituirán herencia, es decir dichos fondos NO incrementarán la masa hereditaria del causante y;

(ii) Si la causa del fallecimiento fue o no un accidente del trabajo o enfermedad profesional. Si no lo fue, es decir, la causa del fallecimiento se debió a una causa común (no laboral), deberán pagarse las respectivas pensiones de sobrevivencia con cargo al saldo de la cuenta de capitalización individual del causante y por lo tanto, dichos fondos acumulados NO constituirán herencia, es decir dichos fondos NO incrementarán la masa hereditaria del causante.

De lo anterior se concluye: Que la legislación previsional, a diferencia de la civil, protege a los hijos y demás beneficiarios de pensión del causante, dado el carácter alimenticio e irrenunciable que tienen las pensiones y por ello, la normativa de la Superintendencia, es obligatoria para todas las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Manifiesta que el fin último, el destino final de los fondos previsionales quedados al fallecimiento de un afiliado, es pagar pensiones de sobrevivencia a los beneficiarios que señala expresamente la ley y sólo en el evento de que no existan estos beneficiarios o siendo la causa del fallecimiento un accidente laboral, los fondos incrementaran la masa hereditaria del causante y se pagará a sus herederos.

En este mismo sentido, agrega que los artículos 55 y 56 del DL N° 3.500, prescriben que: "Las Administradoras sólo podrán otorgar pensiones de vejez e invalidez a sus afiliados, y pensiones de sobrevivencia causadas por afiliados fallecidos a sus beneficiarios" y "Las Administradoras no podrán otorgar a sus afiliados, bajo ninguna circunstancia, otras pensiones, prestaciones o beneficios que los señalados en la Ley, ya sea en forma directa o indirecta ni aún a título gratuito o de cualquier otro modo." Por lo tanto, mientras exista aunque sea un beneficiario de pensión, no existen legalmente fondos que constituyan herencia y por ello no se justifica que los recurrentes aleguen que mi representada habría supuestamente infringido el derecho de propiedad garantizado en el Art. 19 N° 24 de la CPR.

Expresa que la AFP recurrida no ha conculcado el derecho de propiedad de los recurrentes, dado que no tiene el dominio de los fondos previsionales quedados al fallecimiento de nombre reservado, sino tan sólo una mera expectativa de poder acceder a dichos fondos en el evento de que se reúnan los requisitos que la ley contempla para que ellos incrementen la masa hereditaria, es decir constituyan herencia, y pueda reclamarlos en su calidad de heredero.

Por último sostiene que, por la situación legal expuesta anteriormente, sólo se puede concluir que la recurrida se ha limitado a cumplir la ley, dando estricto cumplimiento a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, que obliga a las Administradoras a ser extremadamente rigurosas en el otorgamiento de los beneficios previsionales que establece el D.L. N° 3.500.

TERCERO: Que, en este arbitrio de naturaleza cautelar, cobra especial importancia determinar si ha existido un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque una privación, perturbación o amenaza que afecte a una o más garantías preexistentes protegidas por la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que esta Corte estima que la acción de protección no resulta ser la vía idónea para conocer de la materia que se discute, por cuanto el derecho reclamado no es indubitado, sino que controvertido, de manera que no puede solucionarse por esta vía, que es de carácter cautelar y de emergencia; excediéndose por lo tanto la finalidad del recurso de protección. Lo cierto es que la modalidad a que debe someterse la forma de acceder a los fondos previsionales quedados al fallecimiento del padre de los recurrentes debe ser discutida en un juicio de lato conocimiento que ha de sustanciarse en un tribunal ordinario.

QUINTO: Que además, entrando al análisis del fondo del arbitrio impetrado, se estima que no es factible que pueda prosperar la acción de protección porque no se verifica la existencia de un acto ilegal o arbitrario, que amenace, prive o perturbe la garantía constitucional invocada como vulnerada por el recurrente.

La recurrida, al negar la solicitud de pago de los fondos previsionales acumulados en la cuenta de capitalización individual del causante, actuó apegada a la normativa vigente y con justificación razonable, toda vez que según las disposiciones vigentes del DL 3.500 no se reúnen respecto de los recurrentes los requisitos legales para que dichos fondos constituyan herencia, en la medida que uno de los recurrentes es potencial beneficiario de pensión de sobrevivencia; motivo por el cual no procedería pagar los fondos como herencia, sino que como pensión de sobrevivencia.

Así las cosas, la finalidad a la que están afectos los fondos previsionales quedados al fallecimiento de un afiliado, es pagar pensiones de sobrevivencia a los beneficiarios que señala expresamente la ley y, en el caso de marras, existiendo un potencial beneficiario de dicha pensión (el recurrente de 22 años de edad), los fondos dejados por su padre por ahora, no proceden a formar parte de la herencia. Una vez cumplidos los 24 años de edad por dicho recurrente, podrá tramitar la solicitud de giro de los fondos previsionales como herencia, momento en que quedarán liberados del objeto para el cual fueron creados por parte del legislador.

Atendidos los motivos señalados, el recurso será desestimado.

Por estos fundamentos y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado y nombre reservado en contra de la AFP PROVIDA.

Redactó la Ministra (S) señora Paola Robinovich.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 68.411 -2019