nombre reservado con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS - FONDO DE ADMINISTRACION DE CREDITO UNIVERSITARIO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO

Fojas: 67 C.A. de Santiago Santiago, siete de enero de dos mil once.

Vistos y teniendo presente:

1º.- Que a fojas 10 don nombre reservado, actor, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, deduce recurso de protección contra la Tesorería General de la República, el Servicio de Impuestos Internos y el Fondo de Administración de Crédito Universitario de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a fin de que se restablezca el imperio del derecho, y se ordene a los Servicios recurridos pagar las devoluciones de impuestos retenidas y adeudadas, más reajustes, intereses y costas.

Señala que en el año 1982 ingresó a la carrera de actuación en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica de Chile, pagando dicha carrera en un 100% con crédito fiscal. El segundo semestre académico fue suspendido por aplicación de una sanción disciplinaria y a raíz de un sumario administrativo iniciado en su contra fue expulsado de dicha casa de estudios por decreto de rectoría N° 27/83, de 26 de diciembre de 1983.

Indica que el 31 del citado mes y año, llegó la notificación de expulsión al finalizar el tercer semestre académico, razón por la cual en mayo de 1985 tomó la decisión de salir del país con rumbo a la ciudad de Buenos Aires, donde se le permitió continuar sus estudios; allí cursó la carrera de Actuación en la Escuela Nacional de Artes Dramáticos, comenzando desde el primer año nuevamente hasta egresar y titularse de actor.

En 1997 –continúa- regresó a Chile, trabajando en Santiago y en el año 2005 la Tesorería General de la República retuvo su devolución de impuestos por morosidad en el pago del crédito universitario. Lo mismo aconteció en los años 2006 a 2009 y ahora –el 23 septiembre de 2010- tomó conocimiento de la retención de dicho año.

Hace presente que este crédito universitario no le es exigible pues la deuda se encuentra prescrita hace más de 19 años, toda vez que en su momento obtuvo financiamiento para sus estudios bajo el denominado “crédito fiscal”, otorgado en los años 1982 y 1983, respectivamente, regulado por el DFL N° 4 de 1981 y no un “crédito solidario universitario”, que solo se otorga a partir del año 1987.

Añade que el 20 de enero de 2010, recibió una carta certificada del Fondo de Administración de la Universidad Católica, notificándole que según sus registros no había regularizado la errada morosidad que mantenía con dicha institución, adeudando a enero de 2010, por concepto de crédito solidario universitario, que nunca obtuvo, la suma de UTM 186,47 y que en cumplimiento a lo establecido en la ley N° 19.989, se había informado a Tesorería General de la República el referido monto impago, a fin de ejercer la facultad que confiere la ley en orden a retener dicha cantidad de su devolución anual de impuesto a la renta. Indica que el 1° de febrero del citado año, concurrió a la Administración de Fondos de Crédito Universitario y pidió un informe de deuda, con copia de los pagaré correspondientes, luego se entrevistó con el abogado señor Damaesti, a quien le expuso su caso, haciendo presente que el crédito fiscal que le fuera otorgado corresponde a una deuda prescrita, extinción reconocida por la Tesorería General de la República.

Indica que se ha vulnerado su derecho de propiedad, considerando que no se ha procedido a la devolución de impuestos, en virtud de deudas calificadas como prescritas por el mismo SII, lo que equivale a un hecho de ejecución continua y permanente, que al no cesar, le perturba día a día. Hace presente que el recurso intentado es oportuno desde que, con fecha 23 de septiembre de 2010, se enteró a través de un comprobante de egreso de la Tesorería General de la República que adjunta, que su devolución de impuestos del año 2010, se encuentra retenida.

Pide finalmente, se declare como contrario a derecho la retención de las sumas que se le adeudan por tal concepto, más reajustes e intereses.

2º.- Que a fojas 34 informando la Pontificia Universidad Católica de Chile alega, en primer lugar, la extemporaneidad del recurso por cuanto el recurrente habría tomado conocimiento de su situación por carta de 15 de enero de 2010, lo que se ratifica con la carta enviada por el abogado que patrocina este recurso, de 8 de febrero del mismo año.

En cuanto al fondo, solicita el rechazo de la acción intentada por estimar que es un hecho cierto que el recurrente nunca pagó las cuotas del Crédito Fiscal Universitario obtenido por sus años de estudio, nunca se acercó a las oficinas de la universidad a repactar la deuda, salvo sus cartas donde reconoce los estudios cursados, la calidad de beneficiario del crédito y el no pago de las cuotas.

En cuanto a no ser deudor de crédito universitario, sostiene que ello no es efectivo por cuanto con la dictación de la ley 18.591, de 1987, todas las deudas que los deudores mantenían a la fecha con la Tesorería General de la República, fueron traspasadas a la Universidad, creándose por ley el Fondo de Crédito Universitario, cuyo patrimonio se formó, en parte, sobre la base de los créditos fiscales originados con anterioridad a su dictación. Posteriormente en el año 1994, se dictó la ley 19.287, sobre Fondos Solidarios de Crédito Universitario, estableciendo claramente en su artículo 20, que esos Fondos son los sucesores y continuadores legales de los Fondos de Crédito Universitario y sus administradores. En consecuencia, existiendo hoy día solo un fondo que agrupa a todos los anteriores y que es el continuador natural y legal de los mismos, cualquier individuo que haya obtenido alguno de los créditos anteriores, es por ley, deudor del Fondo Solidario de Crédito Universitario.

Alega también, la improcedencia de la acción por estimar que el artículo 1° de la Ley N° 19.989, establece facultades para que la Tesorería General de la República pueda retener de la devolución anual de Impuesto a la Renta a los deudores del fondo solidario universitario los montos impagos, de acuerdo a lo informado por la entidad acreedora. En virtud de tal facultad el administrador del Fondo comunicó, oportunamente, a la Tesorería la existencia de la deuda de estudios del recurrente, previo aviso al mismo mediante carta de 15 de enero de 2010, y al no existir, en el plazo de 10 días, pronunciamiento del mismo, se envió la nómina referida a fin de proceder a la retención correspondiente conforme a la ley, por lo que, en su concepto, no se ha vulnerado la garantía constitucional que se denuncia sin que se haya demandado, por la vía procesal pertinente, la prescripción de la deuda, siendo esta la sexta retención efectuada sobre la base de la misma normativa legal.

3º.- Que a fojas 44 informa doña nombre reservado, en representación de Tesorería General de la República, señalando que efectivamente la declaración anual de renta del recurrente, año tributario 2010, arrojó un remanente de pagos provisionales a su favor ascendente a la suma de $73.760, cantidad que dicho Servicio debía restituir en el mes de agosto del año pasado, lo que no se verificó puesto que el administrador del Fondo Solidario de la Universidad Católica de Chile solicitó a Tesorería, en cumplimiento del mandato legal –artículo 1° de la ley 19.989- la retención de dicho monto, lo que se efectuó remitiendo dicha suma a la Universidad, razón por la cual el presunto acto que se califica de ilegal y arbitrario no es imputable a su representada.

Agrega que cuando la ley se refiere a los Fondos Solidarios de Crédito Universitario, ciertamente, se está refiriendo a los Fondos de Crédito Universitario que a su vez se crearon a partir de los fondos y activos provenientes del Crédito Fiscal Universitario.

En cuanto a la alegación de prescripción, sostiene que para que el opere es necesario que el deudor la alegue y que sea declarar judicialmente, lo que no ocurre en la especie.

4°.- Que a fojas 55 informa el Director del Servicio de Impuestos Internos, solicitando el total rechazo del recurso intentado, alegando, en un primer capítulo, su extemporaneidad, por cuanto el recurrente con fecha 6 de septiembre de 2010, presentó un recurso de protección contra la Tesorería General de la República y dicho Servicio, en idénticos términos, el que fue declarado inadmisible, por extemporáneo, según resolución de 8 de septiembre de 2010. En el nuevo recurso hace referencia al comprobante de egreso de Tesorería de 23 de septiembre de 2010, aludiendo a que en esa fecha tomó conocimiento de la retención, lo que es falso.

En un segundo capítulo, plantea la improcedencia del recurso, desde que no se aprecia ningún acto atribuible a ese servicio, pues se reclama por la retención efectuada por Tesorería, quien goza de facultad legal para ello, ley 19.989, de 31 de diciembre de 2004.

5°.- Que con los documentos acompañados a los autos, y de los hechos confesados en el libelo de autos, se tiene por acreditado que con fecha 15 de enero de 2010, el Administrador del Fondo de Crédito Universitario de la Pontificia Universidad Católica de Chile, informó al señor nombre reservado que según sus registros mantenía, a esa data, sin regularizar una deuda por crédito solidario universitario ascendente a la UTM 186,47 y que en cumplimiento a lo previsto en la ley 19.989 y su reglamento, se procedió a informar a la Tesorería General de la República, a fin de ejercer la facultad de retener dicha cantidad de su devolución anual de impuesto a la renta. (fojas 23). Por carta de 8 de febrero de 2010, la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, en representación del recurrente, consulta sobre a esa institución la situación de morosidad que afecta al recurrente, exponiendo los mismos hechos materia de autos, la que es atendida por la Universidad, respondiendo a sus dudas mediante carta de 16 de marzo pasado (documentos de fojas 5 y 7). Por otro lado, tal como lo expone el Servicio de Impuestos Internos y consta del sistema computación de este tribunal, el recurrente interpuso un recurso de protección el 6 de septiembre de 2010, planteando los mismos antecedentes fácticos que ahora esgrime, citando concretamente como acto ilegal y arbitrario la retención que se le habría efectuado por Tesorería en el año 2010 y, además, la de los años tributarios anteriores.

6º.- Que la finalidad de esta acción cautelar no es otra que el resguardo de ciertas garantías fundamentales, a objeto de restablecer el imperio del derecho a raíz de actos arbitrarios y/o ilegales que perturben el ejercicio legítimo de esas garantías. El Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, establece para su interposición un plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o desde el conocimiento cierto de los mismos.

7º.- Que si bien el recurrente dice haber tomado conocimiento de la decisión impugnada el 23 de septiembre de 2.010, al obtener el comprobante de egreso que acompaña a fojas 1, lo cierto es que el acto que en definitiva reprocha tuvo lugar en el mes de enero de 2010, al ser informado no solo de la existencia de la deuda por crédito universitario, sino de la decisión de comunicarla a Tesorería General de la República para efectos de proceder a la retención de la devolución de impuesto a la renta por el monto impago. Tal fue el grado de conocimiento de los hechos por parte del recurrente que intenta ante este Tribunal, el 6 de septiembre del citado año, la acción cautelar Ingreso de Corte N° 5550-10, calificando de ilegal y arbitrario el proceder de aquella autoridad llamada por ley a efectuar la retención y del Servicio de Impuestos Internos.

8º.- Que la presenta acción constitucional, por su naturaleza es independiente de cualquier otro mecanismo procesal o administrativo y por tal razón, el plazo para deducirla no puede interrumpirse ni suspenderse en modo alguno. Desde esa perspectiva, el legislador estableció que el ejercicio de la acción de protección lo era sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer el afectado, ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Por consiguiente, siendo este recurso compatible con cualquiera otra acción, la que por su carácter constitucional prevalece siempre, no puede sino concluirse que el intentado en autos el 21 de octubre de 2010, resulta extemporáneo, conclusión que no se altera por la circunstancia de haberse dirigido este recurso además contra el Fondo de Administración de Crédito Universitario de la Pontificia Universidad Católica de Chile, por cuanto el que ahora se revisa, se sustenta en hechos que eran de su conocimiento a lo menos el 6 de septiembre de 2010.

9º.- Que, por otro lado, el acto que realmente habría provocado perjuicio a al recurrente es, sin duda alguna, la comunicación de 13 de enero de 2010, no siendo pertinente computar el plazo para el ejercicio de esta acción desde la fecha en que el recurrente obtiene el Comprobante de Egreso de Tesorería General de la República, desde que con dicho documento no hace más que intentar revivir un término ya fenecido, como lo demuestran los documentos ya referidos anteriormente.

10º.- Que por lo razonado precedentemente, la acción constitucional intentada debe ser rechazada.

Y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se RECHAZA POR EXTEMPORÁNEO, sin costas, el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 10.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministro señora Jessica González T.

Rol Corte Nº 6826-2010.- Pronunciada por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mauricio Silva Cancino e integrada por la Ministro señora Jessica González Troncoso y el abogado integrante señor Angel Cruchaga Gandarillas. No obstante, de haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma la Ministro nombre reservado por estar ausente.