Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de julio de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, el 9 de abril de 2025, comparecen los abogados don Franco Aldo Brunetti Arredondo y don Óscar Andrés Fielbaum Villegas, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quienes interponen acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que estiman ilegal y arbitrario consistente en la negativa a darle tramitación a la solicitud de refugio de su representado, lo que vulnera la garantía consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Exponen que su representado se vio forzado a escapar de Venezuela e ingresar por paso no habilitado a Chile, debido a que su libertad y seguridad se encontraba amenazada por la violencia generalizada, los conflictos internos y la violación masiva de los derechos humanos.

Refieren que el actor: (i) salió de Venezuela el 5 de enero de 2021; (ii) arribó al país el día 16 del mismo mes y año; (iii) el 29 de octubre de 2024 solicitó ante el Servicio Nacional de Migraciones el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, oportunidad en que llenó el formulario respectivo y; (iv) el 3 de abril de 2025 recibió la Resolución Exenta N° NUM000, en cuya virtud se le tuvo por desistido de su solicitud, sin haberse remitido los antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

Explican que, en la referida Resolución Exenta se expresa como argumento que la solicitud “no reúne los requisitos para dar curso a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, por: a. Haber mantenido período de residencia o tránsito en un país diferente al territorio en que su vida o libertad está amenazada, sin entregar razones atendibles para no haber solicitado la protección de tal estado según lo establecido en el numeral 3 del artículo 26 de la ley 20.430 de 2010 y el artículo 2 del mismo cuerpo legal. b. Exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, según lo establecido en el art. 26 de la ley 20.430”.

Hacen presente que su representado efectuó una subsanación de su solicitud el 26 de marzo del presente año, a través del portal de trámites digitales del Servicio Nacional de Migraciones.

Aseveran que el argumento sostenido por la recurrida para resolver el desistimiento de la solicitud de su representado carece de validez, por cuanto dicha expresión dice relación con una manifestación de voluntad en el sentido de abandonar su pretensión, lo que no ha tenido lugar.

De otra parte, sostienen que la autoridad migratoria ha aplicado retroactivamente la reforma establecida por la Ley N° 21.655 del 20 de febrero de 2024, vulnerando el principio de irretroactividad de la ley y de las sanciones consagrado en la Constitución Política.

Agregan que, conforme al artículo 27 de la Ley N° 20.430, corresponde únicamente a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado ponderar el cumplimiento de los requisitos por parte del solicitante, y no a los funcionarios de las Direcciones Regionales del Servicio Nacional de Migraciones.

Finalmente, denuncian que no se le ha otorgado al actor la visación de residente temporario de conformidad al artículo 32 inciso 1° de la ley N° 20.430.

Previa referencia a la garantía que entienden vulnerada, piden que se deje sin efecto la Resolución Exenta N° NUM000 y que se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio de conformidad al artículo 32 de la ley N° 20.430, mientras se espera la evaluación de la solicitud de su representado.

Segundo: Que, el 24 de abril de 2025, el abogado don Javier Muñoz Reyes, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, evacuó el informe que le fue requerido, solicitando el rechazo del presente arbitrio, por no existir acto u omisión ilegal o arbitrario de su representado.

Expone que: (i) el actor ingresó de manera clandestina al país, eludiendo los controles migratorios fronterizos; (ii) no consta que haya solicitado refugio en frontera, pese a que dicha posibilidad se encuentra contemplada en el art. 36 del Decreto N° 837, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados; (iii) el 29 de octubre de 2024 el recurrente manifestó su intención de solicitar el reconocimiento de su condición de refugiado a través de la plataforma online dispuesta al efecto y; (iv) se citó al extranjero para el día 7 de marzo de 2025, oportunidad en que se le entregó el formulario respectivo y se realizó la entrevista personal, de conformidad a lo establecido en el artículo 28 bis inciso 6° de la Ley 20.430.

Explica que, realizada la revisión de los antecedentes acompañados por el actor, no fue posible dar curso a su solicitud de ingreso al procedimiento de la condición de refugiado, por no cumplir los requisitos formales mínimos establecidos en la ley N° 20.430, toda vez que, por un lado, mantuvo un periodo de residencia o tránsito en un país diferente al territorio en que su vida o libertad está amenazada sin entregar razones atendibles para no haber solicitado la protección de tal Estado, según lo establecido en el numeral 3 del artículo 26 de la ley 20.430 de 2010 y el artículo 2 del mismo cuerpo legal y, por otro lado, por exceder el plazo de 7 días desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones, según lo establecido en el artículo 26 inciso 5° de la ley 20.430.

Indica que, mediante Resolución Exenta N° NUM001, de 7 de marzo de 2025, se le otorgó un plazo al recurrente de 15 días hábiles a fin de subsanar su solicitud, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de ésta si no lo hiciera, y que el día 26 del mismo mes y año presentó una carta explicativa, sin embargo, ésta no dio cumplimiento a los requisitos formales referidos.

En efecto, refiere que, de acuerdo al formulario completado por el actor, éste salió de Venezuela el 21 de marzo de 2019, residiendo en Perú hasta octubre de 2020, sin pedir protección internacional en dicho país; luego, ingresó de manera irregular a Chile el 16 de enero de 2021, y se presentó ante el Servicio Nacional de Migraciones aproximadamente tres años después, el 29 de octubre de 2024.

Asevera que, atendido que la documentación presentada no permite tener por subsanados los requisitos formales aludidos previamente, la autoridad migratoria procedió a declarar el desistimiento de la solicitud, a través de la Resolución Exenta N° NUM000, de 3 de abril de 2025, según lo dispuesto en el artículo 28 bis inciso 3° de la ley 20.430 y en el artículo 31 inciso final de la ley N°19.880.

Hace presente que en dicha resolución exenta se reservaron los recursos administrativos pertinentes, que no fueron ejercidos, y que no se ha dispuesto sanción migratoria en contra del recurrente.

Finalmente, desarrolla en extenso el marco normativo aplicable, detallando los requisitos para la presentación, admisibilidad y formalización de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado conforme a la Ley N°20.430 y su Reglamento, modificados por la Ley N°21.655.

Tercero: Que, como reiteradamente se ha sostenido, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Que la actuación que se acusa ilegal o arbitraria es la dictación de la Resolución Exenta N° NUM001, de 7 de marzo de 2025, en cuya virtud se tuvo por desistido al requirente de la solicitud de refugio presentada, por haber mantenido un periodo de residencia en un país diverso a aquel en que su vida o libertad está amenazada sin entregar razones atendibles para no haber solicitado la protección de tal Estado y por exceder el plazo de 7 días desde el ingreso a Chile para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones.

Quinto: Que según prevé el artículo 6 de la Ley 20.430: “Refugio y Residencia Irregular. No se impondrán a los refugiados sanciones penales ni administrativas con motivo de su ingreso o residencia irregular, siempre que se presenten, dentro de los diez días siguientes a la infracción a la legislación que establece normas sobre extranjeros en Chile, ante las autoridades, alegando una razón justificada”.

Por su parte, el inciso primero del artículo 8 del reglamento de dicho texto legal, D.S. 837, señala: “Los extranjeros que hubieren ingresado irregularmente al país o cuya residencia actual fuere irregular y deseen formalizar una solicitud de refugio, deberán presentarse ante la autoridad migratoria correspondiente, dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello”. A su turno, el artículo 35 del mismo texto, en lo pertinente, indica: “Los extranjeros que hubiesen ingresado en forma clandestina, indocumentada o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona podrán solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 bis, habiendo cumplido previamente con lo establecido en el artículo 8°, inciso primero, de este reglamento”.

Sexto: Que, la autoridad administrativa funda su actuar en el artículo 28 bis de la Ley N°20.430, norma que establece que el Servicio evaluará si ésta cumple con los requisitos formales estipulados en los artículos 26 y 28 y en el artículo 37 del reglamento de dicha ley y si, de conformidad con el artículo 2º, es manifiestamente infundada, señalando al efecto su inciso tercero que “En caso de que no se cumplan los requisitos formales establecidos en los artículos 26 y 28 y en el artículo 37 del reglamento de esta ley, el Servicio Nacional de Migraciones deberá notificar al solicitante de la resolución. Ella especificará los requisitos formales que fueron incumplidos y la forma y el plazo en que deben cumplirse o subsanarse. Asimismo, la resolución advertirá al solicitante que, en caso de no cumplir con la subsanación dentro de plazo, su solicitud se tendrá por desistida y se entenderá que su estadía pasa a ser ilegal o irregular, según corresponda, y procederá por tanto el Servicio Nacional de Migraciones a ordenar y notificar la expulsión del territorio nacional del extranjero solicitante de refugio, cuando corresponda”.

Como se observa, la referida norma faculta a la autoridad a requerir subsanar solicitudes de iniciación o requerir antecedentes adicionales, si aquellas no reúnen los requisitos señalados en el artículo 30 y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, otorgando un plazo, con indicación de que, si así no lo hiciere el recurrente, se le tendrá por desistido de su petición.

Séptimo: Que, en consecuencia, el acto impugnado no puede tildarse de ilegal o arbitrario, en la medida que la autoridad recurrida ejerció la facultad de término al procedimiento administrativo, ya que actuando dentro de la órbita de su competencia, en un caso previsto en la ley, pues el acto impugnado, que tuvo por desistido al recurrente de su solicitud de refugio, se amparó en el artículo 28 bis de la ley N° 20.430, puesto que, pese a haber requerido antecedentes bajo el apercibimiento previsto en la norma, éste no acompañó antecedentes que permitan tener por subsanados los requisitos formales cuestionados de su solicitud.

Octavo: Que, en estas circunstancias, no existiendo acto ilegal o arbitrario que pueda atribuirse a la institución recurrida, procede desestimar el presente arbitrio.

Noveno: Que, a mayor abundamiento, cabe señalar que la recurrente tenía derecho a interponer recursos administrativos en contra de la resolución recurrida, posibilidad que le fue expresamente indicada en el resuelvo N°3 de la misma, sin que lo haya hecho.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en favor don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-6811-2025.

En Santiago, treinta y uno de julio de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.