Protección contra Municipalidad de Las Condes

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de julio de dos mil veintiséis.

Proveyendo a los escritos folios 16 y 17: a todo, téngase presente.

Proveyendo a lo principal del escrito folio 18: a sus antecedntes; al otrosí, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña Johanna Valeska Solange Pedrero Cantillana, abogada, en representación de doña nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Municipalidad de Las Condes, por estimar ilegal y arbitrario el acto consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio N°NUM000, de 28 de noviembre de 2025, que dispuso la no renovación de su contrata para el año 2026, así como del Decreto Alcaldicio N°NUM001, de 20 de enero de 2026, que rechazó el recurso de reposición deducido en contra del primero.

Refiere que la recurrente registra una trayectoria de catorce años en la municipalidad recurrida, habiendo ingresado el 2 de mayo de 2012 bajo la modalidad de honorarios, para desempeñarse, desde el 1 de enero de 2020, en calidad jurídica de contrata, en el estamento Técnico, grado 14, cumpliendo funciones de paramédico, encargada del Área de Enfermería en el Centro Deportivo Rolf Nathan y Spa El Alba.

Añade que, durante los seis años consecutivos en que se mantuvo bajo dicho régimen, obtuvo de manera ininterrumpida precalificación con nota máxima 7,0, en Lista 1 de Distinción, sin sumarios ni medidas disciplinarias en su hoja de vida funcionaria.

Sostiene que el acto impugnado carece de justificación racional y fáctica, toda vez que se funda en supuestos atrasos correspondientes al período calificatorio de 2025, que motivaron una rebaja excepcional a nota 6,8 en el subfactor “Asistencia y Puntualidad”, puntaje que fue enmendado por la propia autoridad edilicia mediante el Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N° NUM002, de 19 de diciembre de 2025, que acogió parcialmente su recurso de apelación y reconoció que las inasistencias y atrasos que se le reprochaban se encontraban amparados por permisos médicos y administrativos debidamente autorizados.

Agrega que las razones de reorganización interna y déficit presupuestario invocadas por la recurrida son genéricas y abstractas, sin correlación específica con el cargo servido, vulnerando el deber de motivación previsto en el artículo 11 de la Ley N°19.880 y el principio de confianza legítima reconocido por la jurisprudencia.

Denuncia como conculcadas las garantías de los numerales 2°, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y solicita se acoja el recurso, se dejen sin efecto los decretos impugnados, se ordene su inmediata reincorporación y el pago de las remuneraciones devengadas durante el período de separación, con costas.

Segundo: Que, evacuando el informe correspondiente, la Municipalidad de Las Condes solicita el rechazo íntegro de la acción, con costas. Expone que la desvinculación se ajustó al marco legal vigente, toda vez que los empleos a contrata revisten carácter transitorio conforme al artículo 2° de la Ley N°18.883, de manera que cada designación anual constituye un acto autónomo, independiente y discrecional, que no genera derechos adquiridos ni expectativas de permanencia.

Añade que el Decreto Alcaldicio N°NUM000 se sustenta, en primer término, en un proceso de reestructuración y modernización derivado de un nuevo Reglamento de Organización Interna, que conllevó la redistribución de funciones del Departamento de Centros Spa, y en limitaciones presupuestarias que obligan a optimizar los recursos humanos, encontrándose el municipio próximo al límite legal del 40% del gasto en personal a contrata.

Indica, enseguida, que la decisión descansa también en antecedentes relativos al desempeño de la funcionaria, toda vez que su jefatura directa solicitó no considerar la prórroga de su designación atendido su rendimiento poco eficiente y reiterados atrasos, lo que se reflejó en la disminución de su calificación correspondiente al período 2025, cuyo puntaje final descendió de 70 a 68 puntos.

Descarta, finalmente, la aplicación del principio de confianza legítima por carecer de consagración normativa expresa, y concluye que ha actuado con estricto apego al principio de juridicidad.

Tercero: Que, conforme lo dispone el artículo 2° de la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, los empleos a contrata revisten, por regla general, un carácter transitorio, de manera que la Administración no tiene, en principio, el deber de invocar fundamentos para no perseverar en el vínculo estatutario para el período siguiente, dado que este concluye por el solo ministerio de la ley.

Sin embargo, esta facultad discrecional cede tratándose de aquellos funcionarios que, por la extensión temporal de su vinculación mediante renovaciones sucesivas, han adquirido protección al amparo del principio de confianza legítima, criterio que la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia en sede de amparo de derechos y garantías fundamentales ha fijado en el umbral de cinco años de vinculación continua bajo la modalidad de contrata; tratándose de un plazo que se estima prudente para que la Administración evalúe íntegramente el desempeño del funcionario y la necesidad de continuar contando con el cargo que este sirve.

Cuarto: Que, en la especie, consta que la protegida se desempeñó, en calidad de contrata, en forma ininterrumpida desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de dictación del acto impugnado, esto es, por un período de seis años, superior al umbral señalado en el motivo precedente, circunstancia que no ha sido controvertida por la recurrida.

En consecuencia, a la época del Decreto Alcaldicio N° NUM000 le asistía a la protegida la confianza legítima de mantenerse en su cargo, de suerte que la decisión de no renovar su designación exigía, para ajustarse a derecho, encontrarse revestida de una motivación objetiva y reforzada, sea a través del sistema de calificaciones, de un sumario administrativo, o de un acto administrativo debidamente fundado en motivos que justificaran tal determinación.

Quinto: Que, en lo que respecta al primero de los fundamentos invocados por la recurrida (esto es, el pretendido desempeño deficiente de la protegida sustentado en el informe de su jefatura directa) cabe consignar que dicho antecedente constituyó, precisamente, el insumo considerado para su calificación correspondiente al período 2025, la que, en definitiva, fue determinada por la autoridad competente en Lista 1, con nota final 6,8, esto es, dentro de la más alta categoría de calificación funcionaria.

No puede soslayarse que el propio municipio, mediante el Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N°NUM002, de 19 de diciembre de 2025, acogiendo parcialmente el recurso de apelación deducido por la protegida, elevó la nota del subfactor “Asistencia y Puntualidad” de 5 a 6, estableciendo que las inasistencias y atrasos que se le reprochaban a la protegida se encontraban justificados por permisos médicos y administrativos debidamente autorizados.

En las condiciones apuntadas, el pretendido bajo rendimiento invocado como fundamento de la no renovación no se encuentra acreditado por antecedentes objetivos, sino que, por el contrario, aparece desvirtuado por el propio proceso calificatorio de la Administración Municipal, que concluyó reconociendo el desempeño sobresaliente de la funcionaria.

Sexto: Que, en cuanto a los restantes fundamentos esgrimidos por la recurrida, esto es, la reestructuración y modernización de la organización interna del municipio, la redistribución de funciones del Departamento de Centros Spa, y las limitaciones presupuestarias derivadas del límite legal de gasto en personal a contrata, se trata de razones de carácter genérico, que aluden a una necesidad institucional abstracta, sin que la recurrida haya explicado ni acreditado de qué manera dichas circunstancias determinan, necesaria y específicamente, la desvinculación de la protegida de su cargo particular de paramédico encargada del Área de Enfermería.

En efecto, no se ha invocado la supresión del cargo servido por la protegida, ni se ha acreditado que sus funciones hayan dejado de ser necesarias para el municipio, limitándose la recurrida a formular alegaciones generales, aplicables indistintamente a cualquier funcionario a contrata, lo que resulta insuficiente para sustentar la decisión de poner término a un vínculo amparado por la confianza legítima y no hace más que confirmar la desviación de poder que trasunta la marginación del empleo público de la actora por circunstancias que aparecen flagrantemente omitidas.

Séptimo: Que, en consecuencia, al no haberse dispuesto el término de la contrata de la protegida por alguno de los medios que correspondía, inclusive un acto debidamente fundado en razones atendibles, no obstante la confianza legítima que le asistía en razón de sus más de seis años de vinculación continua con la Administración municipal, el Decreto Alcaldicio N°NUM000, de 28 de noviembre de 2025, y su acto confirmatorio atinente al Decreto Alcaldicio N°NUM001, de 20 de enero de 2026, resultan ilegales y arbitrarios, por carecer de la fundamentación objetiva que resultaba exigible, lo que importa una infracción a lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, en relación con el artículo 8° de la Constitución Política de la República.

Octavo: Que dicha ilegalidad y arbitrariedad ha vulnerado, además, la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en tanto la desvinculación de la protegida, fundada en motivos no acreditados objetivamente, importa una diferencia arbitraria en su perjuicio, careciendo de razonabilidad la distinción efectuada respecto de aquellos funcionarios en similar situación cuya designación sí fue renovada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña Johanna Valeska Solange Pedrero Cantillana, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Las Condes, en cuanto se deja sin efecto la decisión de no renovar su designación a contrata, materializada en el Decreto Alcaldicio N° NUM001, de 20 de enero de 2026, que confirma lo resuelto por el Decreto Alcaldicio N° NUM000, de 28 de noviembre de 2025, y se dispone que la recurrida deberá reincorporar a la protegida a sus funciones, dictando los actos administrativos necesarios para estos efectos, y deberá, además, proceder al pago de las remuneraciones correspondientes al período transcurrido en que fue separada de sus funciones y hasta su efectivo reintegro.

Regístrese, notifíquese y comuníquese.

N°Protección-6809-2026.