Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo Presente:

Primero: Que, Jorge Correa Fuentes, abogado, deduce acción constitucional de Protección en favor de nombre reservado, ciudadano venezolano, en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, en virtud de la omisión ilegal y arbitraria en el pronunciamiento concreto y oportuno sobre la solicitud de protección complementaria, presentada con fecha 27 de febrero de 2024, lo que vulnera su derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los antecedentes de hecho que fundan su recurso, señala que inicialmente, el señor nombre reservado había solicitado refugio en Chile para regularizar su situación migratoria, considerando la grave crisis política y social en Venezuela. Sin embargo, su solicitud fue rechazada por no asistir a la entrevista, ya que la notificación de la cita llegó con retraso. Ante esto, presentó una solicitud de protección complementaria, argumentando su riesgo de persecución por haber sido miembro de las Fuerzas Armadas venezolanas, grupo que ha sufrido represalias y amenazas en el contexto político actual de su país.

Expone que la solicitud fue entregada formalmente en la Dirección General de Migraciones y cuenta con timbre de recepción oficial, lo que acredita su ingreso conforme al procedimiento. Además, se envió una carta al Subsecretario del Interior solicitando una regularización extraordinaria de su estatus migratorio, dada la demora excesiva en la respuesta.

Indica que el señor nombre reservado demuestra arraigo familiar y laboral en Chile, tiene una hija nacida en el país, un trabajo estable y cotizaciones previsionales al día, lo que evidencia su integración y compromiso con la sociedad chilena.

Sostiene que la omisión del Servicio Nacional de Migraciones —al no emitir una resolución en más de un año— constituye una actuación arbitraria e ilegal, que vulnera el derecho a la igualdad ante la ley (art. 19 N° 2 de la Constitución), ya que otros extranjeros en situación similar sí han recibido respuesta. Asimismo, se infringen los principios de celeridad y eficacia administrativa consagrados en la Ley N° 19.880, que fija plazos para resolver procedimientos.

Menciona que las garantías y derechos constitucionales que resultan afectadas lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta de solicitud ya referida, habiendo transcurrido más de 1 año y 1 mes, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre la solicitud formulada o haya emitido un acto terminal.

Solicita en definitiva se ordene al Servicio Nacional de Migraciones a emitir el pronunciamiento respecto de la solicitud ingresada conforme a derecho y los requisitos establecidos.

Segundo: Que, a folio 9, comparece Alejandra Salinas Silva, abogada, en representación de la Subsecretaría del Interior, informando al tenor del recurso.

Indica sobre el caso concreto que, según lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones, de manera interna, consta que el recurrente presentó una solicitud de protección complementaria con fecha 28 de febrero del año 2024, por lo que el análisis de su requerimiento ya se encuentra asignado para su debida tramitación ante dicho Servicio. señala que, una vez concluida la tramitación del acto administrativo que resuelva dicha solicitud, aquel será debidamente notificado a la parte recurrente, de conformidad con el procedimiento y competencias definidas en la normativa.

Hace presente que el citado Servicio informó que la solicitud de protección complementaria del recurrente de autos fue presentada un año después del pronunciamiento de la resolución exenta N° NUM000, de 07 de febrero de 2023, del Servicio Nacional de Migraciones, que archivó por abandono del procedimiento la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por el mismo recurrente. Como se expresa en la citada resolución, el recurrente no concurrió a su entrevista de elegibilidad, trámite esencial del procedimiento, por lo que el procedimiento quedó paralizado más de 30 días, y luego, después de informársele vía oficio que disponía de 7 días para efectuar las diligencias de su cargo y reactivar la tramitación bajo apercibimiento de tener por abandonado el procedimiento, se ordenó el archivo de su solicitud.

Sin perjuicio de lo antes informado, considera que la acción de protección de autos debe ser rechazada totalmente, en base a los siguientes argumentos:

Primero, las solicitudes de protección complementaria son sometidas a un análisis exhaustivo, lo cual significa una tramitación más extensa que la esperada por las personas que las realizan, atendiendo a la necesidad de recopilar y estudiar los antecedentes e información que requiere cada caso específico.

Segundo, es razonable que la tramitación de dichos procesos se encuentre sometida a un tiempo de tramitación extenso, sobre todo si se considera el aumento exponencial de requerimientos migratorios que se ha verificado en los últimos años. Además, refiere que, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia tanto de la Excma. Corte Suprema como de la Contraloría General de la República, el plazo máximo de 6 meses que el artículo 27 de la ley N° 19.880 establece para todo procedimiento administrativo no constituye un plazo fatal, por lo que su vencimiento no implica la caducidad ni invalidación del acto respectivo En ese sentido, razona que, al no verificarse una omisión ilegal ni arbitraria en el caso concreto, la acción de protección de autos no puede prosperar.

Añade que, incluso cuando se pudiese considerar que se está ante una omisión arbitraria o ilegal en el caso concreto, eso no basta para su procedencia, ya que, además, debe probar que aquello le significa una privación, perturbación o amenaza de alguno de los derechos o garantías consagradas constitucionalmente, para efectos de que su acción de protección sea admisible y, eventualmente, acogida.

Destaca que la parte recurrente debe explicar por qué, en este caso, la no dictación del acto administrativo terminal es ilegal o arbitraria, además de señalar expresamente cuál o cuáles derechos o garantías tuteladas se encontrarían privadas, perturbadas o amenazadas por esa circunstancia y la relación de causalidad entre la supuesta omisión antijurídica y el agravio a dichos derechos o garantías.

Finaliza haciendo presente que el acoger acciones de protección como la de la especie, implica una afectación a la garantía de igualdad ante la ley, al poner en una situación favorable a la parte recurrente sin que exista una razón aparente que la justifique, en desmedro de las personas extranjeras que efectúan sus solicitudes de protección internacional, por la vía regular, sin activar mecanismos judiciales, e incluso con una fecha anterior a la parte recurrente, y que aún no cuentan con una respuesta de tal solicitud.

En base a las consideraciones expuestas, solicita el rechazo de la acción de protección de autos.

Tercero: Que, a su turno el Servicio Nacional de Migraciones, informa al tenor del recurso, solicitando el rechazo en todas sus partes de la misma, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Como antecedentes de hecho refiere que con fecha 06 de febrero de 2018, el recurrente, ingresó a territorio nacional, por paso no habilitado.

Posteriormente, con fecha 28 de abril de 2021, formalizó su petición de refugio ante la Sección de Refugio y Reasentamiento del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En dicho procedimiento se le citó a la entrevista de elegibilidad, tramite esencial del procedimiento administrativo, a la cual no asistió, por lo que se tuvo por archivada la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, declarándose caducado el permiso de residencia temporaria otorgado.

Añade que con fecha 28 de febrero de 2024, el extranjero recurrente envió una carta dirigida al Servicio Nacional de Migraciones solicitando la protección complementaria regulada en el artículo 10 de la Ley N° 21.325.

Dicha solicitud se encuentra en tramitación, siendo está debidamente analizada, toda vez que, debido a la alta demanda de solicitudes y que estas son sometidas a un análisis exhaustivo, lo cual significa una tramitación más extensa que la esperada, atendiendo a la necesidad de recopilar y estudiar los antecedentes e información que requiere cada caso específico, dada la importancia, tanto jurídica como práctica, que implica reconocer a una persona extranjera como beneficiaria de una protección especial por parte del Estado.

Aclara que el Servicio Nacional de Migraciones no es el órgano facultado por ley para resolver este tipo de solicitudes, encontrándose únicamente en una etapa de análisis preliminar respecto de su admisibilidad y pertinencia. La tramitación sustantiva y el pronunciamiento final sobre la solicitud corresponde exclusivamente a la Subsecretaria del Interior, conforme a lo establecido en la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería.

Por lo que, queda de manifiesto que carece de facultades legales para resolver la solicitud planteada por la parte recurrente.

Agrega que, si bien subsististe una actuación pendiente por parte del Servicio Nacional de Migraciones, consistente en un análisis meramente preliminar de la solicitud presentada, dicha actuación se enmarca exclusivamente dentro de las competencias en calidad de ente colaborador, sin que implique una decisión sobre el fondo del asunto, cuya resolución corresponde de forma privativa a la Subsecretaria del Interior.

En base a lo expuesto anteriormente, sostiene que, la presente acción deducida en su contra debe ser desestimada por una evidente falta de legitimación pasiva.

Solicita en definitiva el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a su condena en costas.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Quinto: Que, el acto que motiva la presente acción de protección es que no ha existido un pronunciamiento sobre la solicitud de protección complementaria presentada por el recurrente el 27 de febrero de 2024, solicitud que la recurrida indica se encuentra en trámite, específicamente en etapa de Análisis preliminar de admisibilidad.

Sexto: Que para resolver se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880, atendido que, en su carácter de ley de bases, tiene aplicación supletoria de los procedimientos administrativos.

En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.

Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

Séptimo: Que, como ya se dijo, es un hecho pacífico que no ha existido un pronunciamiento por parte de la entidad administrativa. En consecuencia, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva, al dejar de resolver la solicitud por más de un año, ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de las solicitudes de permanencia definitiva.

Octavo: Que puede concederse que los parámetros y exigencias de prontitud y oportunidad, aplicables al caso, no pueden prescindir de la realidad que implica el conocido volumen que han alcanzado las peticiones en materias de migración. Sin embargo, tampoco es posible desconocer que acá se ha superado el plazo razonable para emitir la decisión, lo que ha dado lugar a la incertidumbre reclamada, de manera que la demora deviene en arbitraria.

Noveno: Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes con una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que:

SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, dirigido en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se ordena a la autoridad recurrida, como medida para restablecer el imperio del derecho, emitir el pronunciamiento, que en derecho corresponda, sobre la solicitud de ratificación de residencia temporal que tiene pendiente, ello dentro del plazo de sesenta días hábiles contados desde que el presente fallo adquiera el carácter de firme.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-6806-2025.