nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Santiago, treinta de septiembre de dos mil quince.

VISTOS:

Primero: Que a fs. 23 comparece Miguel Arbiol Quezada, abogado, domiciliado en domicilio reservado; en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, y deduce la acción constitucional en contra de la Ilustre Municipalidad de Santiago, representada por su alcaldesa Carolina Tohá Morales, ignora profesión, domiciliada en domicilio reservado. Explica que con fecha 3 de julio del año 2013 (sic), cada uno de los profesores recurrentes recibieron su liquidación de remuneración con un descuento aproximado del 20% del promedio total de haberes que percibían por concepto de “atrasos e inasistencias antic.”. Esta abreviatura pareciera que debe entenderse que el descuento a realizar constituye un anticipo a un hecho futuro que podría darse o que se definiera más adelante con el tiempo. En cada caso, detalla el monto que por descuento se hizo a cada uno de los recurrentes (cuadro fs. 26).Hace presente que la recurrida realizó el descuento sin adjuntar antecedente alguno que acreditara la razón de su actuar, solo disminuyó en forma ilegal, unilateral, abusiva y arbitraria las remuneraciones de sus representados, contraviniendo los principios de transparencia y publicidad que deben cumplir los actos de la administración pública conforme al artículo 16 de la Ley 19.880. Agrega que tampoco realizó los pagos de los montos adeudados por concepto de créditos contraídos por sus representados con las Cajas de Compensación o entidades financieras como tampoco el descuento que correspondía por ley traspasar al Colegio de Profesores dada la calidad de afiliados de los recurrentes a dicha entidad gremial, todo lo cual demuestra la actuación ilegal, arbitraria y abusiva de la recurrente. Indica que no se ha dictado y/o celebrado ningún acto administrativo atingente como lo es la dictación de un Decreto Alcaldicio que autorice y/o ordene los descuentos reclamados o el no pago de las cuotas sociales o de los créditos que se reclaman. Lo anterior, en concepto de los recurrentes vulnera el artículo 3° de la Ley 19.880 y 12 de la Ley 18.695 en la medida que no exista ese acto administrativo en el que consten los fundamentos y razones por los que la autoridad municipal realizó los descuentos o remuneraciones y no enteró ni pagó los créditos sociales y crediticios, entonces sus representados tienen derecho al integro de la remuneración. Agrega que la Dirección de Educación Municipal de la recurrida, a cargo de doña nombre reservado, a través del Departamento de Remuneraciones, no está facultada por ley, para disponer descuentos de las remuneraciones de los recurrentes. Tampoco se le ha entregado información alguna que indique los criterios utilizados para proceder a su aplicación ni llevó a cabo procedimiento alguno destinado a establecer debidamente la inasistencia y que el tiempo no trabajado no esté justificado por alguna de las causales contenidas en la ley; solo hizo el descuento masivo, sin distinguir si el docente cumplió o no la jornada laboral como tampoco determinó el monto real y preciso que les correspondía descontar vulnerándose el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental, pues se le aplicó una sanción sin un procedimiento previo. También se incumplió el artículo 69 inciso 1° de la Ley 18.883, por cuanto establece que los descuentos que se hacen por concepto de atrasos e inasistencias deben llevarse a cabo “….a requerimiento escrito del Jefe inmediato…” que en este caso es el respectivo Inspector General del Colegio y/o Liceo.

El descuento en la forma antes dicha ha significado un detrimento patrimonial, conculcando la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Hace presente que la remuneración se paga con desfase de un mes, de modo que, en la especie, la prestación de servicios correspondió al mes de mayo del año 2015. Si el recurrido aduce al informar que la causa del descuento es por “paro de actividades”, hace presente que en el mes de mayo éste no se produjo. En todo caso, los colegios estaban tomados y tampoco se aclaró si se hizo el descuento también por los días sábados, domingos y festivos. En relación al no pago de los créditos sociales de los colegiados a la Asociación Gremial y cuotas de créditos adeudados a la Caja de Compensación, también configura un acto arbitrario, abusivo e ilegal, contrariando el inciso 2° del artículo 69 de la Ley 18.883, norma que dispone que cuando se realicen descuentos de las remuneraciones, estos no pueden afectar el monto de las imposiciones y demás descuentos, los que deben calcularse sobre el total de la remuneración, según corresponda, adicionando además lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 58 del Código del Trabajo. En definitiva el no pago de las cuotas de créditos afecta directamente al deudor, ya que deberá pagar lo adeudado conjuntamente con los intereses que se hayan devengados.

Hace presente que los descuentos masivos y sin prolijidad produjeron situaciones arbitrarias. En efecto, en el caso de nombre reservado, se le descontó por atrasos e inasistencias el monto de $1.192.976 y estuvo con licencia médica por siete días desde el 15 de junio. Respecto de los señores nombre reservado y nombre reservado, se le hicieron descuentos por atrasos e inasistencias; a ambos se les descontó cuota en favor del Colegio de Profesores AG por $17.475, sin considerar que ese descuento legal es el equivalente al 1% del sueldo. A nombre reservado no le hicieron descuento alguno a pesar que públicamente reconoció haber adherido al paro de actividades convocado por el Colegio de Profesores AG. En consecuencia, expone que de acuerdo a lo indicado se acredita que hay ausencia de un acto administrativo, de un procedimiento administrativo y reglado para calcular el monto real para hacer el descuento y de este modo determinar, fehacientemente, el monto por inasistencia y atrasos, incumpliendo el empleador de las normas legales que regulan los actos administrativos municipales, por la arbitrariedad y falta de proporciones en los cálculos de los montos que se descontaron por atrasos e inasistencias lo que vulneró los artículos 6, 7, 19 N°s 2, 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República. Finalmente pide que, previa tramitación, se acoja el recurso, se disponga que se dejen sin efecto los descuentos ya anotados, se ordene el pago de las cuotas sociales al Colegio de Profesores AG y de las cuotas contraídas por los recurrentes. En caso que se haya procedido a efectuarse el descuento por supuestos atrasos e inasistencias ya anticipados o no, o bien se hubiere dejado de pagar las cuotas sociales o créditos, se ordene que dichos montos sean reintegrados íntegramente, todo con costas.

Segundo: Que a fs. 56, la Municipalidad recurrida, solicita se desestime la acción constitucional porque no se ha alegado por los recurrentes un derecho indubitado lo que se contrapone con la naturaleza de la acción cautelar. En efecto, no hay acto arbitrario e ilegal porque no existe un derecho adquirido toda vez que las remuneraciones que alegan no fueron devengadas, ya que los recurrentes adhirieron a un paro ilegal de actividades y no se han incorporado al patrimonio. Sin perjuicio de lo anterior, evacua el informe solicitando el rechazo del recurso, indicando que el día 18 de mayo del año 2015, luego de la votación realizada, el Colegio de Profesores inició un paro de actividades, a contar del 1 de junio de 2015, huelga de carácter nacional e indefinida. Dicho paro fue depuesto en su mayoría el día 27 de julio y otros el 30 de julio del año en curso. Durante el mes de junio, hubo nula actividad académica, y los establecimientos educacionales solo estuvieron abiertos para brindar alimentación y albergue, descendiendo progresivamente el número de alumnos porque no había docentes que impartieran clases. Por lo anterior, la Dirección de Educación Municipal informó al Ministerio de Educación mediante Boletín de Asistencia del mes de junio del año 2015, de cada uno de los establecimientos dependientes de la recurrida, con asistencia promedio bajísima. En 40 establecimientos la asistencia fue menor a 0 y solo en 4 hubo algún grado de actividad. Esta declaración de asistencia produjo que la subvención recibida en el mes de julio del año 2013, sufriera una disminución del 30%. En virtud de esta paralización de actividades, se dictó la Resolución N° 1086 de 23 de junio de 2015, por el que se ordenó descontar por los días no trabajados entre el día 1 al 26 de junio del año 2015, a todos los docentes adheridos a la paralización, indicándose el número RUT, nombre y monto a descontar. El 26 de junio, su representada informó a los profesores y a las comunidades escolares que se haría el descuento, pero en cuatro cuotas mensuales: la primera por 20% el mes de junio del año 2015; la segunda cuota por 20% a descontar el mes de julio de 2015 y 30% los meses siguientes. El descuento se realizó aplicando el algoritmo señalado por el órgano contralor. En consecuencia, el día 3 de julio de 2015, se pagó la remuneración aplicando el descuento del 20% correspondiente al mes de junio del año 2015, por ausencias injustificadas entre el 1 y el 26 de junio de 2015. Agrega que el 10 de julio de 2015, se confeccionó la Planilla Complementaria de Remuneraciones del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección de Educación Municipal y se incluyeron allí los docentes que, según se informó por las directoras y directores, no se adhirieron a la paralización de actividades y habían estado a disposición de la Jefatura directa así como los docentes con ausencia justificada. Por lo anterior, entiende que su representada no ha incurrido en ningún acto arbitrario e ilegal. Indica que el artículo 35 del Estatuto Docente establece las causales de ausencia laboral, entre las que no se encuentra la paralización de actividades.

Contrariamente a lo sostenido por la recurrente, sí se dictó el acto administrativo, dándose a conocer e indicando la forma y oportunidad en que éste se ejecutaría.

Hace presente que en el recurso se confunde la subvención que el Estado paga a las Municipalidades –que constituyen sus ingresos- con la remuneración que dicho sostenedor paga a sus funcionarios; sin embargo, su representada no es una caja pagadora que recibe subvención y lo distribuye entre sus funcionarios; por el contrario, la subvención que recibe es la que corresponde al promedio de los últimos tres meses que preceden al pago (artículo 13 del DFL N°2) y no como se sostiene por los recurrentes que en el mes de junio se pagó la subvención del mes de mayo del año 2015. En junio del año 2015 se pagó la subvención correspondiente al promedio de marzo, abril y mayo del año 2015. A continuación, explica que cada uno de los docentes ha recibido tantas remuneraciones mensuales como meses se ha desempeñado. En consecuencia, lo pagado el día 3 de julio del año 2015 a los recurrentes, es lo que se devengó en el mes de junio recién pasado. En cuanto al conocimiento de los descuentos, indica que ocho días antes de llevarse a efecto el descuento hubo una reunión entre el Subdirector de Administración y Finanzas de la Dirección de Educación de Santiago, el Jefe del Departamento de Recursos Humanos y la Mesa Directiva Comunal de Santiago del Colegio de Profesores AG, en los que se les informó los días de descuento (1° al 26 de junio de 2015) y las cuatro cuotas en que se efectuaría el descuento. Paralelamente, se reunió la Directora de Educación Municipal doña nombre reservado con 44 directores y directoras de Establecimientos dependientes de la Municipalidad para informar la misma decisión.

No se ignoraba por tanto, el descuento ni los motivos del mismo. Hace presente publicaciones de diversas declaraciones públicas sobre el tema. Además sí se dictó el acto administrativo que corresponde a la Resolución Exenta N° 1.086 de 23 de junio del año 2015, que dispuso realizar el descuento, encontrándose la Directora de Educación Municipal, facultada para hacerlo, según lo dispuesto en el artículo 23 letra s) del Decreto con Fuerza de Ley N° 1/96; y, en la especie, el procedimiento era innecesario si como en el caso de autos, hay antecedentes de la inasistencia de docentes, no solo en Santiago, si no en todo el país, con el 100% de adhesión. En consecuencia, no procede el pago del total de la remuneración si no hubo contraprestación; en cuanto a la forma de cálculo, no existe ninguna disposición que obligue indicar el mecanismo o forma en que éste se llevó a efecto, pero, la Dirección de Educación Municipal, a solicitud de la Secretaria General del Comunal Santiago, doña nombre reservado, se le envió el Ordinario N° 28 de 2015, explicando el algoritmo del cálculo.

En cuanto a los descuentos voluntarios entre docentes y sostenedores relativo al pago de cuotas sociales al Colegio de Profesores y las cuotas de créditos adeudados a Cajas de Compensación, no es posible exceder los porcentajes del artículo 48 del Código del Trabajo (sic). Tal descuento, sí se hizo en el mes de julio del año 2015, porque ese mes se incrementó la remuneración con el denominado “Bono de Invierno” de naturaleza convencional y que correspondía al Protocolo de Acuerdo celebrado entre su representada y el Comunal Santiago del Colegio de Profesores AG, que equivale a $4.612 por hora cronológica contratada semanalmente, lo que para un docente con 44 horas semanales equivale a $202.928, lo que otorgó mayor margen de descuentos. No existe por tanto ninguna de las normas reglamentarias, legales ni constitucionales que se exponen en el libelo, quebrantadas por lo que solo cabe desechar el recurso.

Tercero: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República consagra una acción de carácter cautelar para el caso que aquel que, por un acto u omisión arbitrario o ilegal sufra privación, perturbación o amenaza en el legitimo ejercicio de los derechos y garantías que en ella se contempla concurra a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará las medidas necesarias para que se restablezca el imperio del derecho y asegure la debida protección del afectado.

Cuarto: Que conforme ha quedado señalado en forma precedente, los recurrentes solicitan la protección de esta Corte, por la actuación que estiman ilegal y arbitraria por la recurrida por los siguientes hechos:

a) Descuentos de las remuneraciones correspondientes al mes de junio del año en curso.

b) No haber enterado los montos correspondientes a los créditos contraídos con Cajas de Compensación y las cuotas sociales del Colegio de Profesores AG.

Quinto: Que de acuerdo con los antecedentes allegados por ambas partes, apreciados conforme a la sana critica, es posible establecer los siguientes hechos:

a) Que a contar del día 1° de junio del año 2015 los docentes iniciaron un paro indefinido de actividades convocado por el Colegio de Profesores AG.

b) Que dicho paro se mantuvo, para lo que interesa, a lo menos durante todo el mes de junio del año 2015.

c) Que todos los recurrentes, excepto doña nombre reservado, presentan en su liquidación de remuneraciones correspondientes al mes de junio de 2015, descuentos por “atrasos e inasistencias” o “atrasos e inasistencias antic.”.

d) Por Resolución Exenta N° 1086 de 23 de junio del año en curso, la Directora de Educación de la Municipalidad de Santiago doña nombre reservado, decidió descontar a los profesionales de educación de esa comuna, diferentes montos por haber adherido al paro nacional, por los días 1° y 26 de junio de ese año, nómina en la que aparecen todos los recurrentes. Se dispuso que dicho descuento se realizaría en 4 cuotas: la 1°, por 20% en el mes de junio; la 2°, por 20% en el mes de julio; la 3° en el mes de agosto por 30% y la última cuota, en el mes de septiembre, también ascendente al 30%.

e) En dicha Resolución se incluye a todos los recurrentes de autos por las sumas que en la misma se indican.

Sexto: Que en lo tocante al descuento de las remuneraciones de los recurrentes, con la salvedad hecha en las letras c) y e) del motivo anterior que constan de la simple lectura de las liquidaciones de remuneraciones allegados a estos autos, es consecuencia de la decisión adoptada por la recurrida, específicamente, la Directora de Educación Municipal.

Séptimo: Que dicha resolución se funda, en el hecho público y notorio del paro de actividades que ene el carácter de indefinido afectó a los Colegios Municipales a lo menos durante el mes de junio del año en curso; en los informes remitidos por la Municipalidad de Santiago al Ministerio de Educación relativo a la asistencia a sus establecimientos municipales del mes de junio para los efectos del pago de la subvención y en que conforme a lo que en ellos se detalla y particulariza, los establecimientos educacionales los días trabajados son iguales a 0. En cuanto a las citas legales se señalan los artículos 35 y siguientes del DFL N° 1 de 1996 y leyes complementarias; además de los Dictámenes N° 52.122 de 2009; 72.198 de 2009, 18.871 de 2010 y 74.030 de 2014 de la Contraloría General de la República.

Octavo: Que, efectivamente, la Ley N°19.070, ”Estatuto Docente”, regula las normas relativas a los profesionales de la educación, cuya función principal que deben realizar en los establecimiento educacionales en que son contratados o asignados se detalla en los respectivos decretos alcaldicios; y a su vez tienen derecho a recibir por tales servicios, la remuneración convenida.

Noveno: Que los artículos 35 y siguientes del Estatuto Docente establecen las causas justificadas para no asistir a sus labores, dentro de los cuales no se contempla “asistir o participar en un paro de actividades”.

Décimo: Que constando de los informes de asistencias que se remitieron al Ministerio de Educación, el hecho que los docentes se hayan ausentado de sus actividades laborales en los establecimientos educacionales por adherir a un paro, conllevó a que el pago integro de las remuneraciones carece de causa legal, porque durante aquellos días, no hubo prestación de servicios, por lo que no procede que se pague o se exija el pago integro de sus remuneraciones si estuvieron ausentes sin que tuvieran causa justificada para ello.

Undécimo: Que, en consecuencia, el acto administrativo que en realidad se impugna es legal al haberse dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 19.880, dictado por quien conforme a la ley- artículo 23 letra b) del DFL N° 1 de 1996 que fija el texto refundido y sistematizado de la Ley Orgánica de Municipales- está facultado para ello; y, no es arbitrario. Por el contrario, ha sido debidamente fundado, como lo dispone el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo, desde que se han explicitado las razones tanto de hecho como de derecho así como se explicitaron los días descontados, monto y forma en que ese descuento debía llevarse a efecto y que se ejecutó en la liquidación entregada con fecha 3 de julio de 2015.

Duodécimo: Que esta Corte no entrará a analizar lo relativo a la subvención escolar dado que ésta no dice relación con el acto arbitrario e ilegal que ha llevado a los recurrentes ha ejercer la presente acción cautelar.

Décimo tercero: Que conforme a lo que se viene razonando, esta Corte ha concluido que la decisión de la recurrida en orden a realizar respecto de los docentes recurrentes descuentos en su liquidación de remuneraciones del día 3 de julio del año en curso, correspondiente al mes de junio de ese mismo año, no incurrió en un acto arbitrario ni ilegal y consecuentemente no ha quebrantado ninguna de las garantías que se han denunciado, de manera que ninguna medida debe adoptarse en su favor.

Décimo cuarto: Que en lo tocante al no haberse realizado los descuentos por créditos otorgados por diferentes Cajas de Compensación o el relativo a las cuotas sociales al Colegio de Profesores AG, debe señalarse que de las propias liquidaciones de remuneración que se acompañaron aparece que éstos sí si se realizaron respecto de nombre reservado fs. 2, nombre reservado (fs.6), nombre reservado (fs. 7), nombre reservado (fs. 13), nombre reservado (fs. 14), nombre reservado (fs. 16) y nombre reservado (fs. 17).

Décimo quinto: Que respecto de los demás recurrentes, efectivamente, no consta de sus liquidaciones de remuneraciones que se les haya realizado descuentos sea por créditos concedidos por Cajas de Compensación o Entidades Financieras ni pago de cuotas sociales al Colegio de Profesores; sin embargo, tampoco consta que estos hayan contratado dichos créditos o estén afiliados a la referida entidad gremial; y el monto al que, en tales casos, ascienden las referidas cuotas.

Décimo sexto: Que respecto de los hechos referidos en los dos motivos que anteceden: sea porque no se configuró ningún acto arbitrario e ilegal o porque no existe un derecho indubitado en favor de los recurrentes, no procede que esta Corte disponga medida alguna en su favor.

Décimo séptimo: Que también se rechazará la alegación de los recurrentes en cuanto a que en el caso en estudio era aplicable el artículo 69 de la Ley 18.883, toda vez que en el caso de los profesionales de la Educación, a la ley N° 19.970, contraria a su artículo 71, se le aplica supletoriamente el Código del Trabajo; el que contempla- al igual que el Estatuto Docente- que la ausencia injustificada por determinado número de días configuraría el incumplimiento grave las obligaciones y causal de cese de funciones.

Décimo octavo: Que, en consecuencia, esta Corte en los términos que ha razonado, concluye que, la presente acción cautelar no podrá prosperar y será desechada.

Por estas consideraciones; citas legales y lo dispuesto por el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de la Excma. Corte Suprema sobre Recurso de Protección, se declara:

que se rechaza, sin costas, la acción constitucional de naturaleza cautelar, prevista en el artículo 20 de la Carta Fundamental y deducida a fs. 23.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya.

N° 68.058-2015.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Marisol Rojas Moya e integrada por la Ministro (S) señora Ana Cienfuegos Barros y por el Ministro (S) señor Tomás Gray Gariazzo.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a treinta de septiembre de dos mil quince, notifique en secretaría por el estado diario la resolución precedente.