Protección contra Servicio de Registro Civil y de Identificación por el acto arbitrario e ilegal e

Santiago, dieciséis de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Mario Alejandro López Fabbri, abogado, actuando en representación de nombre reservado deduciendo recurso de protección en contra del Servicio de Registro Civil y de Identificación por el acto arbitrario e ilegal en que dice incurrió y que funda la interposición del recurso.

Argumenta que consta en el certificado de anotaciones que se adjunta hoja de vida del conductor, que fue condenado por manejar un vehículo motorizado en estado de ebriedad por resolución de enero de 1996 a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo más una multa de 1 sueldo vital, pena que le fue remitida.

Asimismo, que mediante resolución de 14 de marzo de 2023, el 34° Juzgado del Crimen de Santiago informó que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 N°7, 97, 98, 99 y 102 y siguientes del Código Penal, además del artículo 408 N°5 del Código Procesal Penal, se declaró extinguida su responsabilidad penal por prescripción de la pena, omitiéndose pronunciamiento de la prescripción de la pena de multa por encontrarse pagada con fecha 25 de abril de 2022 y, la suspensión de licencia de conducir por encontrarse cumplida con fecha 17 de junio de 1997, la de inhabilidad de 61 días para cargos públicos, y la suspensión de 6 meses de la licencia para conducir, más vigilancia de 1 año, tiempo de medida alternativa.

Agrega que con fecha 11 de septiembre de 2023 solicitó la eliminación de las anotaciones en la hoja de vida del conductor cancelando la suma de $5.600, pero que a la fecha no tiene noticias de esa solicitud.

Dice que el 17 de enero de 2024 solicitó la evaluación del beneficio para eliminar de su hoja de vida los antecedentes antes enunciados, para lo que adjuntó certificado de término de causa y de cumplimiento de condena, y mandato del asesor legal, pero que a la fecha no tiene noticia del Servicio de Registro Civil y de Identificación.

Agrega que estos hechos le han generado un perjuicio, pues no puede obtener trabajo maniobrando vehículos pesados, toda vez que se le niega licencia profesional producto de sus antecedentes; y que en su trabajo es necesario utilizar vehículos pesados, de manera que muchas veces no se cuenta con el conductor para realizar las faenas y deben parar el trabajo hasta que llegue el chofer.

Añade que por razones que ignora el Servicio se ha negado a su legítimo derecho a limpiar sus antecedentes, habiendo cumplido con los plazos legales y judiciales para que tal situación suceda, lo que ha significado que no pueda realizar funciones de conductor profesional, negándosele la posibilidad de mejores trabajos y que se acceda a un incremento de sus ingresos personales, no pudiendo tampoco trabajar en empresas de transportes, lo que conllevaría para el recurrente ingresos superiores.

En lo que dice relación con el derecho, argumenta que es el Servicio de Registro Civil e Identificación el encargado de llevar un registro de todas las personas que registran condenas, pero que es el Poder Judicial quien ordena al Servicio que sus resoluciones sean cumplidas, eliminando aquellas anotaciones que fueron cumplidas por prescripción o cumplimiento de la pena, de acuerdo con el Decreto N°64, que reglamenta la eliminación de prontuarios penales, de anotaciones, y el otorgamiento de certificados de antecedentes del Ministerio de Justicia.

Señala que, por la fecha de la dictación de la sentencia, corresponde aplicar el DL 409, de acuerdo con el cual los antecedentes penales pueden cancelarse si después de terminarse el cumplimiento de una pena, la persona no ha cometido nuevo delito en un período que varía entre 6 meses y 10 años, dependiendo de la gravedad del delito, y conforme con lo dispuesto por el artículo 136 del Código Penal.

Invoca el artículo 20 de la Constitución Política de la República que consagra el recurso de protección, además del artículo 19, en relación con los derechos a la vida, la integridad física y psíquica y la libre contratación, además de la igualdad ante la ley y el derecho a la libre elección de trabajo con una justa retribución.

Pide que se acoja el recurso de protección, arbitrando todas las medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho, frente al acto arbitrario e ilegal de la negativa a eliminar de su registro la condena por manejo de un vehículo motorizado en estado de ebriedad pese a que se cumplen todos los requisitos legales.

Segundo: Que, evacuando informe, el Servicio de Registro Civil e Identificación informa que ‒revisada la base de datos del Registro General de Condenas‒ aparece que don nombre reservado registra anotación penal por la causal rol 967- 1996 del 18° Juzgado del Crimen de Santiago por el delito de manejo de vehículo en estado de ebriedad, y que por sentencia de 12 enero de 1996 fue condenado a 61 días de presidio menor en su grado mínimo, así como al pago de una multa ascendente a 1 sueldo vital, otorgándosele para su cumplimiento la pena sustitutiva de remisión condicional de la pena de acuerdo con la ley 18.216, agregando que en razón de lo anterior, con fecha 28 de enero de 1999 se le otorgó el beneficio de omisión de antecedentes penales en certificados para ingresar a la Administración Pública para fines particulares y para fines especiales de acuerdo con el artículo 38 inciso 1° de la Ley 18.216, figurando su anotación vigente tanto en el Registro General de Condenas como en el Registro Nacional de Conductores.

Agrega que posteriormente, según consta del prontuario penal del recurrente, con fecha 14 de marzo de 2023, el 34° Juzgado del Crimen de Santiago ‒continuador del 18° Juzgado del Crimen‒ emitió una resolución mediante la cual decretó la prescripción de la pena corporal y dio cuenta que con fecha 25 de abril de 2022 había cumplido la pena de multa.

Añade que el recurrente no registra orden de aprehensión vigente, y que no figura en la nómina de prófugos de la justicia Añade que el recurrente ingresó solicitud, respecto de la cual el Servicio dio respuesta mediante Oficio Ordinario 8075, de 21 de febrero de 2024 del Departamento de Filiación Penal, en el que le informa que en la causa 967- 1996 del 18° Juzgado del Crimen de Santiago se encuentra en la situación de excepción prevista en el artículo 8 letra b) del Decreto Supremo N°64 de 1960 del Ministerio de Justicia, toda vez que ha sido sobreseído definitivamente por extinción de su responsabilidad penal por prescripción de la pena (art. 93 N°7 del Código Penal), de manera que no procede otorgarle el beneficio de eliminación de antecedentes penales.

Agrega que, para efectos de eliminar sus anotaciones prontuariales, debe acogerse a los beneficios del DL 409 de 1932, debiendo concurrir previamente a Gendarmería de Chile correspondiente a su domicilio.

Señala que, de acuerdo con el inciso primero del artículo 210 del DFL N°1 de 2009, que crea el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, se crea un Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados que está a cargo del Servicio de Registro Civil y de Identificación y cuyos objetivos son reunir y mantener los antecedentes de los conductores de dichos vehículos y de informar de ellos a las autoridades competentes, el que reemplazó al señalado en el artículo 44 de la Ley 15.231 y conforme con el que no se considerarán anotaciones las correspondientes a las infracciones efectuadas en ellos, salvo las que se refieren a la cancelación de licencias por sentencia judicial y a la conducción en estado de ebriedad.

Agrega que de acuerdo con el artículo 211 del mismo cuerpo normativo, el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, deberá enrolar a los conductores de vehículos motorizados, registrando las sentencias en que se le condene por delitos, cuasidelitos, faltas, infracciones gravísimas y graves tipificadas en la ley, así como a las condenas por los delitos de conducir en estado de ebriedad o conducir bajo la influencia de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, entre otras.

Consigna del mismo modo que, de acuerdo con el artículo 4 de la norma citada, dentro de las funciones del Servicio de Registro Civil en relación con el mencionado registro se encuentra la de emitir certificados de antecedentes del conductor. documento que contendrá las sanciones a las que haya sido condenado el titular de la inscripción correspondiente, dentro de las que se cuentan las sentencias condenatorias como autor de delitos e infracciones que menciona.

Agrega que, por su parte, el artículo 217 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2009 del Ministerio de Transporte y de Telecomunicaciones, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, establece el procedimiento para borrar las anotaciones del Registro, previendo que ‒en el caso de aquellas no señaladas expresamente y que figuren además en el Registro Nacional de Condenas‒ se borrarán cuando se haya procedido a la eliminación de las anotaciones prontuariales o del prontuario penal mismo, de conformidad con la ley.

De este modo, de acuerdo con lo establecido en el referido artículo 217, debe procederse primero a la eliminación del Registro Nacional de Condenas para luego eliminarse del Registro Nacional de Conductores, previo pago de los derechos correspondientes.

Agrega que, conforme con la referida normativa, nuestro ordenamiento jurídico no contempla el beneficio de omisión de las anotaciones contenidas en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, toda vez que la normativa que rige dicha materia tiene relación con las anotaciones penales, esto es, las realizadas en el Registro Nacional de Condenas, las cuales ‒por tratarse de normas de carácter público y de derecho estricto‒ no es posible aplicar por analogía.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, señala que el Servicio se encuentra imposibilitado de acceder al beneficio de eliminación de antecedentes solicitado, toda vez que las causales de eliminación se encuentran expresamente indicadas en los artículos 8 y 9 del Decreto Supremo N°64 de 1960 del Ministerio de Justicia, el cual Reglamenta la Eliminación de Prontuarios Penales, de Anotaciones y el Otorgamiento de Certificados de Antecedentes, que se encuentra obligado a respetar.

Que respecto de la eliminación administrativa de la anotación que figura en el Registro General de Condenas, esta se encuentra en la situación de excepción prevista en el artículo 8 letra b) del DS 64 de 1960 del Ministerio de Justicia, de ahí que no proceda la eliminación de acuerdo con la letra g) de ese mismo Decreto, debiendo procederse a ello conforme con lo establecido en el DL N°409 de 1932 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, debiendo acercarse el recurrente a una oficina de Gendarmería de Chile para comenzar a cumplir con control de firma voluntaria ante dicha institución por el término de dos años.

Agrega que, sin perjuicio de ello, el recurrente no registra causa penal alguna en su Hoja de Vida de Conductor, siendo ya beneficiado con la omisión en los certificados de antecedentes penales para la administración pública para fines particulares y para fines especiales de acuerdo al artículo 38 de la Ley 18.216 como también en la Hoja de Vida del Conductor, como consta en documento que se adjunta en autos.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el Servicio afirma que no ha incurrido en ningún acto ilegal o arbitrario al negarse a eliminar la causal rol 967- 1996 en el Registro de Vida de Conductor del recurrente, en la medida en que se ha fundado en las normas ya consignadas para proceder en los términos en que lo ha hecho; descartando, asimismo, haber lesionado las garantías constitucionales de los numerales 1, 2 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues ha obrado aplicando reglas generales para eliminar antecedentes penales de manera que no resulta procedente que el Servicio realice distinciones de ninguna especie, solicitando en consecuencia que se rechace en todas sus partes el recurso de protección intentado.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Constituyen requisitos indispensables de la acción cautelar de protección, la constatación de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él; que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que en la especie el acto que se dice ilegal y arbitrario sería la falta de pronunciamiento o la negativa del Servicio de Registro Civil e Identificación a eliminar administrativamente los antecedentes penales del Registro de Vida del Conductor recurrente.

Quinto: Que de los antecedentes y del informe evacuado por el Servicio se desprende que:

1. Al 21 de abril de 2025, en el extracto de filiación y antecedentes del recurrente figura la condena en la causa rol 967/1996 por manejo en estado de ebriedad dispuesta por el 18° Juzgado del Crimen de Santiago, además de la resolución del 34° Juzgado del Crimen de 14 de marzo de 2023 que declara la prescripción de la pena impuesta en ella;

2. Que al 21 de abril de 2025, en la hoja de vida del conductor recurrente aparece, entre otras, la anotación de 12 de enero de 1996 del siguiente tenor “condenado a 61 días de presidio menor en su grado mínimo, multa de 1 sueldo vital, pena remitida” y a continuación “mediante resolución de fecha 14-03-2023 el 34° Juzgado del Crimen de Santiago informa que visto lo dispuesto en los artículos 93 N°7, 97, 98, 99, 102 y siguientes del Código Penal y artículo 408 N°5 del Código de Procedimiento Penal se declara: extinguida la responsabilidad penal., por prescripción de la pena, se omite pronunciamiento de prescripción por la pena de multa por encontrarse pagada con fecha 25.04.2022 y suspensión de licencia de conducir se encuentra cumplida con fecha 17.06.1997. Inhab: 61 días para cargos públicos. Suspens: 6 meses de licencia de conducir. Vigil.: 1 año tiempo de medida alternativa”

3. Por sentencia de 14 de marzo de 2023 dictada por el 18° Juzgado del Crimen de Santiago en los autos rol 967- 1996 se declaró extinguida la responsabilidad penal por prescripción de la pena impuesta al recurrente;

4. Por oficio respuesta de 21 de febrero de 2024 del Subdepartamento de Filiación Penal del Servicio de Registro Civil e Identificación informó al recurrente, en relación con su solicitud de beneficios, que se encuentra en la situación de excepción prevista en el artículo 8 letra b) del Decreto Supremo N°64 de 1960 del Ministerio de Justicia, de manera que no se puede otorgar el beneficio de eliminación de antecedentes penales, no obstante lo cual se actualizó su prontuario con la información aportada. Asimismo, que con el objeto de eliminar sus anotaciones prontuariales, puede acogerse a los beneficios del DL 409, de 1932, debiendo concurrir previamente ante Gendarmería.

Sexto: Que de lo antes señalado se advierte que el Servicio de Registro Civil y de Identificación respondió negativamente la solicitud del recurrente de eliminar administrativamente la anotación prontuarial contenida en su Registro de Conductor, como consta de oficio respuesta de 21 de febrero de 2024, de ahí que no concurra la omisión que denuncia al momento de recurrir.

Séptimo: Que, al decidir en esos términos, el referido servicio se fundó en la disposición contenida en el Decreto Supremo N°64 de 1960 del Ministerio de Justicia, que reglamenta la eliminación de prontuarios penales, de anotaciones y el otorgamiento de certificados de antecedentes, la que dispone expresamente en su artículo 8 letra b) que no procede la eliminación de una anotación cuando “se haya pronunciado en causa terminada por sentencia condenatoria y se hubiese fundado en la extinción de la responsabilidad penal por el cumplimiento de la condena, indulto, o prescripción de la pena”.

Que la mencionada excepción resulta aplicable también a la Hoja de Vida del Conductor de acuerdo con el inciso segundo del artículo 217 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 que contiene el texto refundido de la Ley 18.290 de la Ley de Tránsito, disposición conforme con la cual: “Las demás anotaciones en el registro, que también figuren en el Registro General de Condenas, se borrarán, según corresponda, cuando se haya procedido a la eliminación de las anotaciones prontuariales o del prontuario penal mismo, en conformidad con la ley”.

Octavo: Que el recurrente se encuentra en la situación de excepción prevista en el artículo 8 letra b) del Decreto Supremo N°64 pues, como se señaló en el considerando Quinto, fue sobreseído por resolución de 14 de marzo de 2023 dictada por el 34° Juzgado del Crimen de Santiago por prescripción de la pena que le fuera impuesta, de ahí que no correspondía que el Servicio de Registro Civil procediera a la eliminación administrativa de la anotación penal contenida en el Registro de Conductor.

Noveno: Que, así las cosas, al rechazar la solicitud de eliminación del antecedente prontuarial, el Servicio de Registro Civil e Identificación ha obrado conforme con las normas que le ordenan obrar en esos términos, razón por la que no puede estimarse que su actuar sea ilegal o arbitrario.

Décimo: Que, faltando la ilegalidad y arbitrariedad denunciadas, resulta innecesario analizar la vulneración de las garantías constitucionales denunciadas en la acción impetrada.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula el recurso de protección, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado en contra del Servicio de Registro Civil y de Identificación.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la abogada integrante señora Krause.

Rol N°6805-2025.

No firma la Ministra señora Barrientos, por estar haciendo uso de su feriado legal, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

No firma el Ministro (S) señor Escobar, por haber terminado su suplencia, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Elsa Barrientos Guerrero, conformada por el Ministro (S) señor Carlos Escobar Salazar y la Abogada Integrante señora Soledad Krause Muñoz.