nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Santiago, veinticinco de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Daniel Mancini Esquivel, abogado, interponiendo recurso de protección en favor de don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por la actuación arbitraria e ilegal consistente en haber ordenado y ejecutado descuentos excesivos en las remuneraciones del recurrente, lo que vulneraría los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de propiedad, garantizados en el artículo 19 numerales 2° y 24° de la Constitución Política de la República.

Fundamenta que el recurrente mantiene tres créditos sociales con la institución recurrida, cuyas cuotas deben ser descontadas por su empleador, Blesalco Minería S.A., donde mantiene el cargo de docente. Indica que, si bien percibía sus sueldos con normalidad, a partir de noviembre de 2025 se aplicaron descuentos por $347.890, seguidos por deducciones de $430.530 en los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026. Esgrime que su remuneración líquida asciende aproximadamente a $1.016.579, por lo que el descuento actual representa un 42,61% del total percibido, dejándole un saldo insuficiente para solventar gastos básicos de subsistencia, tales como alimentación, transporte y vivienda.

Sostiene que la recurrida ha infringido lo dispuesto en las Circulares N°2.052 y N°2.824 de la Superintendencia de Seguridad Social, instrumentos que fijan como límite máximo para el descuento de créditos sociales el 25% de la remuneración líquida del trabajador, permitiendo exceder dicho margen hasta un 30% solo bajo condiciones excepcionales y con autorización escrita del afiliado, requisitos que no se han cumplido en el caso de marras. Asimismo, aduce una contravención al artículo 58 del Código del Trabajo, que restringe las deducciones que el empleador puede practicar.

Refiere que se vulnera por la recurrida la garantía de igualdad ante la ley, por cuanto la recurrida se arroga privilegios y potestades que no le han sido conferidas legalmente, alterando la igualdad de trato que el ordenamiento jurídico debe dispensar; de igual modo, se conculca el derecho de propiedad del recurrente sobre su remuneración, bien incorporal que ingresa a su patrimonio y del cual se ve privado injustificadamente por la vía de un descuento que excede los parámetros normativos de la Ley N°18.833.

En mérito de lo expuesto, solicita que se ordene el cese inmediato de los descuentos que superen el tope legal, la restitución de las sumas indebidamente retenidas y se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Que la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes evacua el informe solicitado, instando por el íntegro rechazo de la acción de protección deducida en su contra.

Pormenoriza que el recurrente es deudor de tres operaciones de crédito social actualmente vigentes: la primera, identificada con el código N°043CON105055036, suscrita el 5 de agosto de 2024 por un capital de $2.029.269, pagadero a 48 meses, con una cuota mensual de $74.922.-; la segunda, código N°043CON105159586, de fecha 8 de enero de 2025 por la suma de $7.923.728, pagadero a 48 meses, con una cuota mensual de $272.968.-; y la tercera, bajo el código N°043CON105201093, de fecha 17 de marzo de 2025 por un monto de $1.810.245, pagadero a 36 meses, con una cuota mensual de $82.640.-. Sostiene que dichas obligaciones se encuentran con sus pagos al día mediante el mecanismo de descuento por planilla.

Argumenta que el actuar de la Caja se ajusta estrictamente al artículo 22 de la Ley N°18.833, el cual establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social debe ser deducido de la remuneración por el empleador, constituyendo un imperativo legal que se rige por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.

Descarta la existencia de un acto arbitrario o ilegal que afecte la garantía del artículo 19 N°24 de la Constitución Política, afirmando que no hay una privación ilegítima de propiedad sino el cumplimiento de una obligación contractual y legal emanada de un mutuo de dinero.

Adicionalmente, señala que mientras la prescripción no haya sido declarada judicialmente de conformidad a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, la deuda permanece actualmente exigible, citando al efecto el Dictamen N°2659-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social.

Tercero: Que, en cumplimiento de lo ordenado por esta Corte a folio 16 de los presentes autos, comparece la recurrida e informa que el monto descontado en la liquidación del recurrente supera el 25% de su remuneración líquida.

Al efecto, indica un desglose de los montos deducidos, primero, respecto del mes de diciembre 2025, en el cual la remuneración líquida del trabajador ascendió a $2.275.815.-, respecto de la cual el 25% corresponde a $422.436.- y el descuento que fue efectuado por la Caja alcanzó los $488.012.

En segundo lugar, refiere el desglose del mes de enero de 2026 en el cual la remuneración líquida resultó ser $1.367.810.-, respecto de la cual el 25% corresponde a $341.951.- y el descuento realizado por la Caja ascendió a $430.530.- Ante lo anterior, argumenta que esta situación se debe a que las condiciones contractuales del recurrente cambiaron desde las fechas de suscripción de los créditos, y la recurrida no puede modificar unilateralmente sus términos.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

Cuarto: Que la actuación que el recurrente reprocha como arbitraria e ilegal consiste en los descuentos efectuados en su remuneración por parte de la Caja de Compensación recurrida en los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, por deudas de créditos sociales, los que superan el porcentaje máximo previsto para tales deducciones.

Quinto: Que, no controvirtiéndose la legalidad de los descuentos realizados por la recurrida, sino que su monto, por estimarse que excede el máximo legal, conviene recordar que en el punto 1.17.9.7 de la Circular Nº3567, de 4 de enero de 2021, de la Superintendencia de Seguridad Social, modificada por la Circular Nº3894 de 13 de noviembre de 2025, se dispone que “Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar sólo podrán informar para descuento en las remuneraciones del trabajador o en la pensión del afiliado una sola cuota de un mismo crédito social, la que, además, deberá respetar el porcentaje máximo de descuento que es permitido realizar en conformidad con lo señalado en el N°1.10.2 de la presente Circular”. Por su parte, en el apartado 1.10.2 del citado estatuto se prescribe que “La cuota mensual del o de los créditos otorgados por una C.C.A.F. no podrá exceder del 25% de la remuneración, renta o pensión líquida mensual del trabajador o pensionado, respectivamente, definidas en el punto 1.9 precedente, si dicha remuneración, renta o pensión líquida, es igual o mayor al ingreso mínimo mensual para mayores de 18 años y hasta los 65 años de edad”.

Sexto: Que, como se ha señalado precedentemente, la recurrida admite que el monto que se ha descontado mensualmente al recurrente excede el 25% establecido reglamentariamente como un máximo por la autoridad regulatoria para esta clase de créditos sociales.

Séptimo: Que, a objeto de establecer el alcance e inteligencia de la voz ilegalidad que se describe el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha de considerarse que éste cautela la vigencia del bloque de legalidad o juridicidad, como mandato que ordena ajustarse al ordenamiento jurídico, entendido éste en un sentido amplio y por ende, abarca no solo la ley escrita, sino también los reglamentos y las instrucciones de los entes reguladores facultados por ley, es decir, considerando las facultades normativas y la potestad reglamentaria de la administración, que permiten el establecimiento de mandatos normativos vinculantes para los administrados, cuyo es precisamente el caso de la Superintendencia de Seguridad Social, entidad que tiene la potestad legal para interpretar las normas, dictar circulares y emitir resoluciones de cumplimiento obligatorio para las entidades de previsión y salud (como Isapres, COMPIN o mutualidades).

Octavo: Que, en este predicamento entonces, al no existir controversia sobre la existencia de los créditos que originan los descuentos, y que estos exceden el tope máximo previsto por la normativa a que están afectos, poca duda cabe que la recurrida ha incurrido en una actuación ilegal que vulnera el ordenamiento jurídico y lesiona la garantía de la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, contempladas en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de nuestro texto fundamental, al infringir la norma de carácter imperativo que rige su proceder en la determinación de la cuantía las deducciones desde las remuneraciones del actor por concepto de créditos sociales, disposición que tiene su razón en el interés de asegurar que la persona deudora tenga recursos para vivir el mes de la recaudación del crédito social.

Tal estado de cosas obliga a acoger el recurso, al constatar un proceder de la recurrida al margen de la normativa que la rige, ordenando las medidas procedentes para reestablecer el imperio del derecho.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción de protección impetrada en favor de don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, sólo en cuanto se dispone que la recurrida deberá limitar los descuentos mensuales desde las remuneraciones del recurrente, al límite máximo del 25% ya señalado, todo ello a contar del mes de interposición de la presente acción, esto es, febrero del año dos mil veintiséis, restituyendo el exceso deducido a contar de la fecha señalada.

La recurrida, deberá, además, efectuar la adecuación necesaria del plan de pago de la deuda que sirve el actor, para cumplir la norma reglamentaria conculcada, suspendiendo en el período intermedio el cobro de las cuotas no ajustadas. Para la labor ordenada, la Caja deberá aumentar el número de parcialidades sin generar nuevos intereses, realizando una extensión del plan de pagos.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-6785-2026.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Graciela Gómez Quitral, conformada por el ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno y la abogada integrante señora Ximena Insunza Corvalán.