nombre reservado con SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTICACIÓN OFICINA REGIONAL

C.A. de Santiago Santiago, nueve de julio de dos mil veintiséis.

Al folio 18, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece José Sánchez Rubín, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad argentina, de profesión abogada y doctora en Derecho, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo sistemático de las solicitudes de su primera cédula de identidad para extranjeros, no obstante contar con una situación migratoria plenamente regular y haber cumplido con cada una de las exigencias dispuestas por la normativa vigente.

Refiere que obtuvo un permiso de residencia temporal (subcategoría de Reciprocidad Internacional) otorgado por el Servicio Nacional de Migraciones mediante la Resolución Exenta N° 25273955 de 13 de mayo de 2025, válido por dos años. Tras descargar su estampado electrónico N° 49942630, ingresó regularmente al territorio nacional el 7 de junio de 2025, esto es, dentro del plazo legal de 90 días establecido en el artículo 72 de la Ley N° 21.325.

Añade que, el 12 de junio de 2025, dentro del plazo de 30 días que prescribe el artículo 43 de la citada ley, la recurrente inició en la oficina de Quilicura del servicio recurrido su primera solicitud de cédula de identidad, la cual quedó registrada bajo el RUN provisorio N° RUT reservado. Ante la excesiva demora del trámite, dedujo el reclamo Folio N° 73305, siendo informada verbalmente el 30 de octubre de 2025 en la oficina de Ñuñoa que su solicitud había sido rechazada, bajo el pretexto de que los documentos acompañados no se encontraban digitalizados. Ese mismo día fue instada a iniciar una segunda solicitud, registrada bajo el RUN N° RUT reservado, presentando nuevamente copia de su pasaporte, la resolución de residencia y el certificado de viajes emitido por la Policía de Investigaciones.

No obstante, el 12 de diciembre de 2025 recibió un correo electrónico genérico informándole que esta segunda solicitud también había sido rechazada. Al concurrir presencialmente, el 22 de diciembre de 2025 a la oficina de Ñuñoa, se le hizo entrega de un documento informal, desprovisto de fecha, firma, timbre o identificación de la autoridad emisora, donde se indicaba confusamente: "no tiene documentos adjuntos digitalizados, tomar nueva captura y adjuntando el documento...".

Sostiene que el actuar del Servicio recurrido es ilegal por cuanto infringe el artículo 43 de la Ley N° 21.325 y los artículos 5, 11, 16, 17 letra d) y 41 de la Ley N° 19.880, y arbitrario al sustentarse en un error de la propia administración (la omisión de digitalizar los documentos que físicamente le fueron entregados), lo cual conculca los derechos consagrados en el artículo 19 N° 2, N° 9, N° 16, N° 23 y N° 24 de la Constitución Política de la República, toda vez que la falta de cédula de identidad le impide ejercer su profesión de abogada y docente, abrir cuentas bancarias, cotizar en el sistema previsional y acceder a cobertura de salud para ella y su hija lactante, de nacionalidad chilena. Solicita que se acoja el recurso, declarándose la ilegalidad y arbitrariedad del acto y ordenando la entrega inmediata de su cédula de identidad, con costas.

Segundo: Que, al evacuar informe, nombre reservado, nombre reservado del Servicio de Registro Civil e Identificación, solicitó el rechazo del recurso con expresa condena en costas.

Expone que la recurrente registra en la base de datos del Servicio una solicitud de cédula de identidad asociada al RUN N° RUT reservado, la cual fue rechazada el 6 de enero de 2026, debido a que se trata de una primera filiación y la usuaria no acompañó los documentos requeridos debidamente digitalizados (DNI o pasaporte y estampado electrónico con código de verificación).

Respecto a la primera solicitud de 12 de junio de 2025, asociada al RUN N° RUT reservado, señaló que esta fue rechazada por cuanto la solicitante debía enviar su pasaporte y estampado electrónico vigente para crear su ficha en la base de datos.

Sostiene la falta de legitimación pasiva del Servicio, toda vez que su actuar se ciñe estrictamente al principio de legalidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución y al DFL N° 1/19.653, argumentando que la emisión del documento de identidad se encuentra supeditada al cumplimiento de los requisitos legales pertinentes por parte del extranjero, sin que exista discriminación o capricho en las resoluciones denegatorias.

Tercero: Que, evacuando informe el Servicio Nacional de Migraciones a través de las abogadas Carolina Fernandoy Catalán y Sarai Estrada González refirió que la ciudadana argentina nombre reservado es titular de un permiso de residencia temporal, subcategoría Reciprocidad Internacional, otorgado mediante la Resolución Exenta N° 25273955 de 13 de mayo de 2025, con una vigencia de dos años. Hacen presente que la extranjera descargó su estampado electrónico N° 49942630 y que este fue activado en control de fronteras por la Policía de Investigaciones de Chile el 7 de junio de 2025, encontrándose actualmente su situación migratoria en estado de plena vigencia y regularidad.

Aclaran que el Servicio Nacional de Migraciones no tiene competencia legal en la emisión de cédulas de identidad para extranjeros, función que recae de manera exclusiva en el Servicio de Registro Civil e Identificación, de conformidad a la Ley N° 19.477, por lo que solicitan el rechazo del recurso a su respecto, al no haber incurrido en acto u omisión ilegal o arbitraria alguna.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo urgentes ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste dicho ejercicio.

Para la procedencia de esta acción, es requisito indispensable la existencia de una conducta contraria a la ley (ilegalidad) o carente de proporcionalidad y razón (arbitrariedad), imputable a la recurrida, y que de ella emane una privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de las facultades constitucionales del afectado.

Quinto: Que, del análisis de los antecedentes acompañados al expediente digital, consistentes en copia de pasaporte argentino, resolución de residencia temporal, certificado de viajes emitido por la Policía de Investigaciones de Chile, comprobantes de solicitudes de cédula de identidad y constancias de reclamos ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, es posible tener por acreditados los siguientes hechos:

1. Que la recurrente, doña nombre reservado, es titular de un permiso de residencia temporal vigente en Chile por el periodo comprendido entre el 7 de junio de 2025 y el 7 de junio de 2027.

2. Que la actora ingresó legalmente al territorio nacional el 7 de junio de 2025, cumpliendo el plazo de 90 días establecido en el artículo 72 de la Ley N° 21.325.

3. Que la actora requirió por primera vez su cédula de identidad ante el Servicio de Registro Civil e Identificación el 12 de junio de 2025, esto es, al quinto día de su ingreso al país, satisfaciendo con creces el plazo de 30 días dispuesto en el artículo 43 del mismo cuerpo normativo.

4. Que, tras el rechazo de la primera solicitud, la recurrente inició una segunda solicitud de cédula de identidad, la que igualmente fue rechazada por la autoridad recurrida por estimar que los antecedentes de respaldo (pasaporte y estampado electrónico) no se encontraban digitalizados.

Sexto: Que, centrado el debate en la justificación de los rechazos informados por el Servicio de Registro Civil e Identificación, consistentes en la supuesta omisión de la recurrente de acompañar sus antecedentes digitalizados, cabe señalar que del examen de los comprobantes de solicitud de folio 30 y 31 se observa que la recurrente concurrió de manera presencial a las dependencias de la recurrida en Quilicura y Ñuñoa, donde exhibió y entregó copia de su pasaporte y estampado electrónico N° 49942630. Es más, en el primer comprobante consta una anotación manuscrita por el funcionario receptor que reza "Pendiente de Digitalizar", lo que demuestra inequívocamente que los documentos fueron aportados por la interesada y que la tarea de digitalización y carga al sistema computacional interno del Servicio de Registro Civil era una carga administrativa que pesaba sobre el propio órgano y no sobre la usuaria.

Al respecto, cobra especial relevancia lo dispuesto en el artículo 17 letra d) de la Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos, que consagra como un derecho de las personas en sus relaciones con la Administración el “eximirse de presentar documentos que no correspondan al procedimiento, o que emanen y se encuentren en poder de cualquier órgano de la Administración del Estado”. En la especie, tanto el estampado electrónico que acredita la residencia como el flujo migratorio de la actora constan en bases de datos de servicios públicos de la misma administración (Servicio Nacional de Migraciones y Policía de Investigaciones), por lo que exigir a la recurrente volver a presentarlos de forma indefinida, bajo apercibimiento de rechazar su filiación por un defecto formal y puramente interno del sistema de captura del Registro Civil, constituye una exigencia desproporcionada que traspasa los efectos de la ineficiencia de la administración a la ciudadana.

Séptimo: Que la arbitrariedad e ilegalidad de la recurrida se acentúa al constatarse que las denegaciones de las solicitudes no fueron formalizadas a través de actos administrativos fundados, por escrito y debidamente suscritos por la autoridad competente, conforme lo exigen los artículos 5, 11 y 41 de la Ley N° 19.880. Por el contrario, la primera negativa le fue comunicada verbalmente tras meses de espera, y la segunda mediante un correo electrónico que la obligó a retirar una hoja suelta sin firma, timbre ni indicación del órgano emisor. Dicha omisión de formalidad y fundamentación sume a la actora en la más absoluta indefensión y desatiende el deber de motivación que valida la actuación del Estado.

Octavo: Que, respecto de las garantías constitucionales afectadas, es menester recordar que nuestro máximo tribunal ha establecido de manera uniforme que la cédula de identidad para extranjeros no es un mero instrumento de registro, sino que constituye el único documento oficial cuya vigencia y posesión condiciona el normal desenvolvimiento de la vida civil, laboral, económica y familiar en el país (Excma. Corte Suprema, Rol N° 115.064-2022).

De esta forma, la conducta del Servicio de Registro Civil e Identificación, al exigir a la usuaria una digitalización de documentos que no está contemplada en la ley y negar de manera injustificada la entrega de la cédula de identidad a una residente temporal con estatus migratorio regular, lesiona gravemente la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, pues introduce una diferencia de trato caprichosa que la desmejora frente a otros extranjeros en idéntica situación jurídica. Asimismo, se perturba su libertad de trabajo (artículo 19 N° 16), su derecho a desarrollar actividades económicas (artículo 19 N° 23) y su derecho de propiedad (artículo 19 N° 24), al verse impedida de iniciar actividades ante el Servicio de Impuestos Internos para emitir boletas de honorarios, afectándose, además, como consecuencia, su posibilidad de incorporarse al sistema previsional.

Noveno: Que, en cuanto al informe evacuado por el Servicio Nacional de Migraciones, de sus antecedentes aparece que la recurrente es titular de un permiso de residencia temporal vigente y que dicho organismo carece de competencia legal para la emisión de cédulas de identidad para extranjeros, función que corresponde al Servicio de Registro Civil e Identificación. En consecuencia, el referido informe solo viene a corroborar la regularidad de la situación migratoria de la recurrente y no altera lo razonado precedentemente.

Décimo: Que, constatada la existencia de un acto ilegal y arbitrario por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación que perturba y amenaza de manera actual los derechos constitucionales de doña nombre reservado, resulta imperioso acoger la acción de protección deducida con el objeto de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida tutela de la recurrente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

Se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, solo en cuanto se ordena al Servicio de Registro Civil e Identificaciones proceder al procesamiento inmediato de la solicitud de cédula de identidad de la actora, digitalizando, si fuere menester la información ya aportada por la peticionaria y, de cumplirse los requisitos legales y reglamentarios pertinentes, emitir y entregar dicho documento oficial en un plazo que no excederá de quince días hábiles contados desde la notificación de la presente sentencia.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el Servicio recurrido deberá utilizar los antecedentes que ya obren en su poder o coordinar internamente su obtención con los órganos competentes de la Administración del Estado, absteniéndose de exigir a la recurrente la presentación de documentos que ya le fueron entregados o que emanen de la Administración.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-678-2026.