nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, treinta de septiembre de dos mil veinticinco.

Al folio 22: téngase presente.

Vistos y teniendo presente PRIMERO: Que comparece nombre reservado, de nacionalidad colombiana, técnico, interponiendo recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por haber rechazado su solicitud de devolución total de fondos previsionales acogida a la Ley N°18.156, bajo el argumento de que su título técnico profesional obtenido en Colombia correspondería a una formación para el trabajo que no sería equivalente a un título de formación técnica profesional. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la normativa aplicable no establece distinciones ni requisitos adicionales respecto de la calidad técnica del trabajador extranjero más allá de acreditar conocimientos especializados debidamente legalizados, vulnerando con ello el derecho fundamental a la propiedad consagrado en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, que garantiza a todas las personas el dominio sobre sus bienes corporales e incorporales y las facultades esenciales de uso, goce y disposición sobre los mismos, por lo que solicita se acoja el presente recurso y se ordene a la recurrida la devolución íntegra de sus fondos previsionales.

Expone que en su país de origen cursó estudios de la carrera de técnico en nombre reservado logística en la cadena de abastecimiento en el Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA", institución de la cual se tituló en el año 2017. Posteriormente, motivado por diversas oportunidades laborales, decidió trasladarse a Chile para desarrollar su actividad profesional en territorio nacional. Así, durante el año dos mil dieciocho, encontrándose su situación migratoria regularizada, celebró contrato de trabajo manifestando mediante anexo contractual de fecha 7 de febrero de 2024 su voluntad expresa de acogerse a las disposiciones de la Ley N°18.156, manteniéndose de este modo afiliado al sistema de seguridad social y previsional de su país de origen, Colombia.

Relata que a la fecha se encuentra afiliado a la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida, entidad en la cual sus cotizaciones previsionales acumuladas alcanzan la suma de $11.897.642. Durante su permanencia en Chile, se ha desempeñado en el cargo de control de producción, funciones que resultan concordantes y acordes con el título técnico del cual es poseedor y que obtuvo en su país de origen. Sin embargo, producto de la actual situación económica y social que atraviesa el país, junto a su grupo familiar tomó la decisión de retornar a Colombia de manera definitiva.

En virtud de lo anterior, procedió a solicitar formalmente a la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida el retiro total de sus fondos previsionales ahorrados y administrados por dicha entidad. Para tales efectos, debió completar un formulario denominado "Solicitud de Devolución de Fondos Previsionales Ley 18.156", al cual adjuntó diversos documentos requeridos por la entidad administradora, entre los cuales se encontraba su título de Técnico en nombre reservado en la Cadena de Abastecimiento otorgado por el Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA".

No obstante lo anterior, con fecha 10 de marzo pasado, recibió vía correo electrónico una comunicación emanada de la recurrida, mediante la cual se le informó el rechazo de su solicitud. En dicha comunicación, se señaló textualmente que el título presentado correspondería a una formación para el trabajo que no sería equivalente a títulos de formación técnica profesional, agregando que el título debía ser técnico profesional o técnico superior universitario. Frente a estos hechos, el recurrente solicitó explicaciones adicionales, obteniéndose únicamente la reiteración de que su título técnico de Colombia no tendría validez para los efectos de la ley en comento, toda vez que para acceder a los beneficios de esta normativa su título debía ser técnico profesional o técnico superior universitario.

Indica que la ley antes referida, en su artículo primero, dispone que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos. Dicha exención opera siempre que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones al menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Sostiene que los documentos por él acompañados al momento de solicitar la devolución cumplen plenamente con esta descripción, lo cual refuerza el carácter ilegal y arbitrario del actuar de la recurrida al negar la devolución basándose en que su título técnico correspondería a una formación para el trabajo no equivalente a títulos de formación técnica profesional.

En atención a lo expuesto, sostiene que la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida, al negarse a hacer devolución de los fondos previsionales que ha depositado a lo largo de los años que ha vivido y trabajado en Chile, lo priva arbitraria e ilegalmente del legítimo y libre ejercicio de su derecho de propiedad sobre dichos fondos provenientes de su cuenta de capitalización individual.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. entregar al recurrente la totalidad de sus fondos previsionales, sin perjuicio de las medidas o condiciones que la Ilustrísima Corte determine como mejores en favor del recurrente, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que, informa la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., representada legalmente por su apoderado, el abogado Daniel Santoni, quien solicita el rechazo de la acción constitucional, en todas sus partes.

En primer término, plantea la improcedencia formal de la acción cautelar intentada, argumentando que el recurso de protección no constituye la vía idónea para resolver materias que, por su naturaleza y complejidad, requieren de un procedimiento de lato conocimiento y de carácter contradictorio.

En subsidio de lo anterior, sostiene que su actuación ha sido plenamente ajustada a derecho, negando categóricamente haber incurrido en actos u omisiones ilegales o arbitrarios que pudieran vulnerar las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

En efecto, esgrime que su actuación se encuentra sometida a las instrucciones y fiscalización de la Superintendencia de Pensiones, organismo técnico encargado de ejercer la supervigilancia de todas las Administradoras de Fondos de Pensiones, resultando imperativo para ProVida observar rigurosamente todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero. Asimismo, destaca como circunstancia relevante el hecho de que el actor no había recurrido previamente ante la Superintendencia de Pensiones para exponer su caso y obtener un pronunciamiento del organismo regulador, lo que, a juicio de la recurrida, evidenciaría la falta de agotamiento de las instancias administrativas pertinentes antes de acudir a la vía jurisdiccional extraordinaria.

En ese sentido, expone el marco normativo aplicable, comenzando por el análisis del Decreto Ley N° 3.500 de 1980 y su reglamento, que señala las funciones de las AFP y las sanciones por incumplimiento a sus deberes.

Entrando específicamente al análisis de la Ley N° 18.156, explica que en materia laboral y previsional rige en Chile, por regla general, el principio de territorialidad, esto es, que a los trabajadores que se desempeñen en el país, sean chilenos o extranjeros, se les aplican las leyes laborales y previsionales vigentes en Chile. No obstante, identifica dos situaciones excepcionales en las cuales un trabajador extranjero puede quedar exento de cotizar en el sistema chileno: cuando se encuentre acogido a un Convenio Bilateral de Seguridad Social en calidad de desplazado, o cuando dé cumplimiento a las exigencias establecidas en la Ley N° 18.156 sobre exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros.

Respecto de esta última hipótesis, la Administradora detalla que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones regulan la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, siempre que den cumplimiento copulativo a tres requisitos esenciales. El primero de ellos consiste en que el trabajador detente la calidad de técnico, entendiéndose por tal a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El segundo requisito exige que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza, y en el que conste su obligación de otorgar prestaciones, a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, circunstancia que debe cumplirse con anterioridad a la fecha de su contrato en Chile. Finalmente, el tercer requisito establece que en el contrato de trabajo respectivo, el trabajador debe manifestar expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen.

A partir de este análisis normativo, concluye que su actuación no puede ser calificada de ilegal ni arbitraria, puesto que la denegación de la solicitud de devolución de fondos previsionales obedeció exclusivamente a la constatación de que el recurrente no cumplía copulativamente con todos los requisitos que establece la normativa vigente, específicamente en lo relativo a la acreditación de su calidad de técnico mediante la presentación de un título técnico profesional o técnico superior universitario.

Por ese motivo, argumenta que al no existir un acto u omisión ilegal o arbitraria de su parte, que prive, perturbe o amenace alguna garantía constitucional del artículo 19 de la Carta Fundamental, resulta evidente que el recurrente no ha sufrido agravio alguno por la conducta ejecutada por AFP ProVida.

En virtud de todo lo expuesto, solicita rechazar en todas sus partes el presente recurso de protección interpuesto en su contra, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones, del siguiente tenor:

En primer término, esgrime que la normativa aplicable a la exención de cotizar y devolución de fondos previsionales, constituye un régimen de excepción, sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales, y que, además, den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la Ley N°18.156.

Por ello, las Administradoras de Fondos de Pensiones sólo pueden acceder a las solicitudes de los trabajadores extranjeros para obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales o la exención de cotizar en el Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500 de 1980, siempre y cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, de conformidad a la normativa aplicable en la especie, y conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de esta institución.

Ahora bien, si un trabajador extranjero presta servicios en Chile, quedará sujeto a la ley chilena conforme al Principio de la Territorialidad de la Ley, de lo cual se sigue que, según lo previsto en el artículo 58 del Código del Trabajo el empleador debe deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos. Este precepto legal es imperativo y obliga al empleador a deducir las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, las que deben ser declaradas y pagadas en la AFP que corresponda, según lo dispuesto por el artículo 19 del DL N° 3.500, de 1980.

De este modo, conforme a lo previsto en los artículos 17 y 84 del D.L. N°3.500, de 1980, el empleador está obligado a descontar las cotizaciones previsionales y de seguridad social de las remuneraciones de los trabajadores extranjeros que presten servicios en Chile. Así, los trabajadores dependientes tienen acceso a la cobertura previsional que le otorga el sistema de seguridad social chileno, el cual comprende la protección ante los riesgos de vejez, invalidez, sobrevivencia y salud de origen común, según lo previsto en el Título II del D.L.N°3.500, de 1980 y el artículo 84 de ese cuerpo legal. Sin embargo, si el trabajador extranjero pretende obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales respecto de los servicios prestados en Chile, de conformidad al artículo 7° de la Ley N°18.156, deberá acreditar ante la AFP el cumplimiento de todos los requisitos copulativos contemplados en el artículo 1° de ese mismo cuerpo legal.

Ahora bien, en cuanto al requisito a que hace referencia el recurrente y que, en su opinión, no estaría contemplado por la ley, esto es, que el trabajador extranjero cuente con un título técnico o profesional, el que deberá acreditar con el documento respectivo debidamente apostillado o legalizado, según corresponda, se hace presente que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, dictado por ese organismo fiscalizador en el ejercicio de las facultades de regulación e interpretación antes mencionadas, en su Libro II, Título XI, número 1, dispone lo siguiente:

“1. Estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en una Administradora, los trabajadores extranjeros que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que detenten la calidad de "técnicos", a lo menos.

Se entenderá por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, adquiridos en entidades educacionales extranjeras, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores(…)”.

Asimismo, la jurisprudencia administrativa ha señalado que, para los efectos del requisito consignado en la letra a), debe entenderse como técnico aquel trabajador que posee conocimientos de una ciencia o técnica que importe un nivel significativo de especialización o estudio; lo cual se acredita con un título de nivel técnico superior o profesional otorgado por una institución educacional reconocida por la autoridad rectora de educación en el país respectivo.

En cuanto a las formalidades de los documentos que se acompañan para acreditar el título de técnico superior o profesional, cabe señalar que en el Oficio N° 27.935, de 2018, señala que, si un trabajador extranjero presenta un certificado emitido por una universidad o una institución educacional situada fuera de Chile con el objeto de acreditar su calidad de profesional o técnico, deberá presentarlo debidamente apostillado o legalizado, según corresponda.

Asimismo, precisa que mediante el Oficio N°32.365, de fecha 27 de diciembre de 2016, esta Superintendencia se pronunció acerca de la aplicación del Convenio de la Apostilla, instrumento internacional que entró en vigor el 30 de agosto de 2016 para Chile, en relación con la Ley N°18.156, que autoriza a los Trabajadores Técnicos o Profesionales Extranjeros para obtener la exención o devolución de sus cotizaciones previsionales. En el mencionado Oficio N°32.365, esta Superintendencia explicó que, para la implementación de dicha convención, se creó un marco jurídico compuesto por la ley N° 20.711, la cual modificó diversos cuerpos legales de nuestro ordenamiento jurídico, reconociéndosele validez como instrumento público a los documentos apostillados en el extranjero, fijando la competencia de las autoridades que están autorizadas para expedir apostillas en nuestro país, respecto de los documentos públicos que se otorguen en conformidad a nuestra legislación y que deban ser presentados en el territorio de otro Estado miembro de la convención.

Sobre este punto, resulta pertinente señalar que el artículo 1° de la Ley N°20.711 agregó el artículo 345 bis al Código de Procedimiento Civil, reconociendo validez en Chile a los instrumentos públicos otorgados en un Estado Parte de la Convención de la Haya, sin necesidad de legalización, siempre y cuando respecto de éstos se haya otorgado apostilla por la autoridad designada por el Estado de que emana dicho instrumento.

Ahora bien, indica que al revisar la normativa que regula en Colombia al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), específicamente la Ley N° 119 de 1994, se constató que su artículo 48 dispone lo siguiente:

"Revisión de las especialidades de formación profesional. El Consejo Directivo Nacional, previas las recomendaciones del Comité Nacional de Formación Profesional y de los Consejos Regionales, determinará anualmente las especialidades en las cuales el SENA ofrecerá programas de formación profesional integral, considerando entre otros criterios, la demanda del sector productivo y social, la oferta existente y los requerimientos de calidad".

A su vez, el artículo 50 establece: "Educación formal. El Gobierno Nacional podrá señalar los requisitos necesarios para que los egresados del SENA puedan ingresar a los programas de educación superior".

Por tanto, el SENA no otorgaría títulos profesionales técnicos o universitarios que permitan dar cumplimiento al requisito de contar con un título técnico expedido por una institución educacional reconocida por la autoridad rectora de la educación en el país de origen y, en consecuencia, no permitiría al recurrente acreditarse en Chile como técnico.

En relación con la invocación del recurrente de su derecho constitucional de propiedad sobre sus fondos previsionales señala que dicha propiedad no puede concebirse de manera aislada de la naturaleza del bien sobre el cual recae. Los Fondos de Pensiones constituyen un sistema de previsión social que forma parte del Derecho de Seguridad Social, garantía también tutelada constitucionalmente en el artículo 19 N°18 de la Carta Fundamental. Agrega que dado que la Ley N°18.156 es una norma especial aplicable únicamente a trabajadores técnicos o profesionales extranjeros, todos quienes pretendan acceder a sus beneficios —sin excepción de su país de origen— deben acreditar el cumplimiento copulativo de todas las exigencias establecidas en su artículo 1°.

Finalmente, esta Superintendencia informa que no cuenta con antecedentes sobre la situación previsional del señor nombre reservado que permitan concluir que cumple con los requisitos de la Ley N°18.156 para acceder a la devolución de sus fondos previsionales.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

QUINTO: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., de rechazar la solicitud de devolución total de fondos previsionales del recurrente, nombre reservado, acogida a la Ley N°18.156, bajo el argumento de que su título técnico profesional obtenido en Colombia correspondería a una formación para el trabajo que no sería equivalente a un título de formación técnica profesional.

SEXTO: Que, sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7° de la Ley N°18.156: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley".

Por su parte, el artículo 1° de la referida normativa establece que "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley N°16.744";

SÉPTIMO: Que, así las cosas, es necesario manifestar que a la luz de los antecedentes que se acompañaron al expediente computacional, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, toda vez que la recurrida ha actuado en estricto apego a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, organismo fiscalizador competente en la materia, el que, al revisar la normativa que regula en Colombia al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), específicamente la Ley N°119 de 1994, constató que dicha institución no otorgaría títulos profesionales técnicos o universitarios que permitan dar cumplimiento al requisito de contar con un título técnico expedido por una institución educacional reconocida por la autoridad rectora de la educación en el país de origen.

OCTAVO: Que, encontrándose controvertida la naturaleza y alcance del título técnico obtenido por el recurrente, así como su equivalencia con los títulos técnicos profesionales que exige la normativa chilena y siendo la acción constitucional de urgencia una vía destinada a dar protección de derechos que se encuentran indubitados y no discutidos, la tutela requerida no puede satisfacerse por la presente acción, ni del modo en que se pide, pues debe ser determinada en un procedimiento legal de lato conocimiento que no puede ser sustituido por esta vía cautelar.

NOVENO: Que, en estas circunstancias, no procede sino desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-6779-2025.