nombre reservado con nombre reservado

Santiago, dieciocho de junio de dos mil catorce.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1º.- Que don nombre reservado, Director del Servicio de Salud Metropolitano Central, ha recurrido de protección, a favor de nombre reservado, enfermero universitario y en contra de nombre reservado, técnico paramédico, en su calidad de Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud HUAP, en adelante FENATS, toda vez que por actuaciones ilegales y arbitrarias, se habrían lesionado sus derechos garantizados por la Constitución Política de la República, de conformidad a los dispuesto en los números 2 16, 24 y 26 del artículo 19 de dicho cuerpo legal.

Las conductas que han afectado las garantías constitucionales referidas son, que el recurrido habría exigido a la actual Dirección del Hospital, doña nombre reservado, la renuncia del recurrente.

Además existiría acoso laboral, por parte de los funcionarios de dicha Asociación, quienes han manifestado que deje de ejercer el cargo, lo que se manifestaría en que una vez terminado el paro dispuesto por la CUT el día 11 de julio del 2013, los funcionarios del ya referido Centro Asistencial, decidieron continuar con la paralización de sus actividades con la única finalidad de exigirle a la Dirección de la HUAP, que el recurrente sea desvinculado de sus funciones.

2º.- Que, el recurrente, fundando su acción de amparo constitucional expone, que las conductas descritas vulneran el derecho de propiedad, en relación al cargo que ejerce el enfermero nombre reservado desde el año 2004. De acuerdo a lo descrito en el artículo 19 N° 2 y 16 de la Constitución Política de Chile, que en armonía con los artículos 6 y 7 de dicho cuerpo normativo, la FENATS y algunos de sus asociados se arrogan facultades que no le corresponden, generando daños para el Sr. nombre reservado, en lo que respecta a su ejercicio profesional y al cumplimiento de las obligaciones que siempre ha ejercido como funcionario.

El recurrente califica de “mobbing” o acoso laboral en contra de nombre reservado, los hechos descritos precedentemente.

Concluye solicitando, que cesen las supuestas medidas de apremio ilegítimas, realizadas en contra de nombre reservado.

3º.- Que, informando a fojas 27 y siguientes la recurrida, solicita el rechazo del recurso porque ya no existe ni amenaza ni perturbación alguna que se pueda corregir por cuanto el imperio del derecho ya primo, merced a que la autoridad del Hospital Asistencia Pública, considerando sus legítimas demandas de sus propios funcionarios procedió como se le pedía, y accedió e inició conforme a derecho un sumario administrativo en contra del enfermero señor nombre reservado; y que el resto de los asertos del recurso distan de lo que ocurrió en el contexto del movimiento gremial por cuanto no hubo desatención del público concurrente, no poniendo en riesgo ninguna garantías de las señaladas como conculcadas, amagadas o amenazadas.

En cuanto a la vulneración del legítimo ejercicio de los derechos que invoca el actor, fundado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, hace presente que, no existiría acto u omisión arbitraria que traiga una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos que la norma indica.

Señala que más allá de discrepar con el fundamento del recurso, no existiría amenaza ni perturbación alguna que esta magistratura pueda corregir por cuanto, la autoridad del Hospital Asistencia pública, inició conforme a derecho, un “sumario administrativo” en contra del enfermero Sr. nombre reservado.

Según el informe no existió desatención al público concurrente, por lo que nunca estuvo siquiera en riesgo ninguna de las garantías que señala el recurso como conculcadas.

En relación a la acusación por acoso laboral, estima el informante que aún en el caso de ser efectivas, no son materias que puedan ser conocidas por la Iltma. Corte, toda vez que el Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo regulan dichas materias.

Pide el rechazo del recurso interpuesto por extemporáneo; En subsidio, se rechace por manifiesta falta de fundamento; En subsidio, se rechace por no ser veraces los fundamentos del mismo y que la recurrente sea condenada en costas.

4º.- Que, previo al análisis del fondo del Recurso, es preciso consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

5º.- Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto precisado en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas, contempladas taxativamente en el señalado artículo 20 de la Carta Fundamental, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que es materia de autos.

6º.- Que esta Corte, luego de examinar los antecedentes proporcionados -los que se aprecian de acuerdo a las reglas de la sana crítica- y escuchar en estrados lo expuesto por las partes, puede concluir que a la fecha de la vista de la causa, hace más de un mes, ya había cesado el paro de los funcionarios de FENATS, por lo que al tenor del petitorio del recurso, ya individualizado precedentemente, esta Ilustrísima Corte no podría adoptar ninguna de las medidas solicitadas, ya que cesó la situación que dio origen al recurso, por lo que perdió oportunidad lo que implicará el rechazo del recurso.

7º.- Que a mayor abundamiento, se rechazará esta acción constitucional, por estimar que el recurso de protección no es la vía para resolver una situación de acoso laboral, que puede discutirse en otra instancia.

8°.- Que por no haberse constatado los presupuestos de la acción de protección arbitrariedad y/o ilegalidad del acto, resulta innecesario ocuparse de las garantías constitucionales que han sido mencionadas como vulneradas.

9°.- Que, el presente recurso se ordenó ver en pos de los recurso de protección números 64.116-2013, 64.111-2013 y del 68.010-2013, procediéndose en su vista conforme a lo ordenado.

Y de acuerdo, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, 1, 3 y 5 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección deducido en lo principal del escrito de fojas 2.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Abogada Integrante Teresa Álvarez Bulacio, quien no firma por ausencia.

Nº 67.781-2013.- Dictada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por el ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez y conformada por la Fiscal Judicial señora nombre reservado y la abogado integrante señora Teresa Alvarez Bulacio.