nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de Tesorería General de la República, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la no devolución de la suma de $2.562.861 más reajustes e intereses por concepto de devolución de renta del año tributario 2024.

Expone que, en su oportunidad se ordenó la retención de dicha suma, sin embargo, luego de acompañar a la recurrida la resolución de término del procedimiento concursal de liquidación seguido en su contra -publicada el 29 de julio de 2019 en el Boletín Concursal- solicitó la devolución y mediante comunicación de 19 de agosto de 2024 se le informó que se encontraba autorizada la liberación de las sumas retenidas, indicándole, además, que el pago se realizaría mediante depósito en su cuenta bancaria dentro de 15 días hábiles.

Con todo, sostiene que aquello no ocurrió y habiendo asistido de forma presencial a las oficinas de la recurrida y realizado un requerimiento en diciembre de 2024, no ha recibido respuesta de ningún tipo.

Alega que el actuar de la recurrida supone una afectación al derecho de propiedad consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y, en consecuencia, solicita que se ordene la restitución de la suma correspondiente a la devolución de impuestos relativa al año tributario 2024 dentro del plazo de 5 días o el que se considere prudente.

Segundo: Que, informando comparece la recurrida, solicitando el rechazo de la acción.

Previa reseña del contenido del recurso reconoce que efectivamente el pago de la devolución de impuestos del recurrente respecto del año tributario 2024 se encuentra pendiente pese a haberse alzado la retención por concepto de liquidación concursal y que producto de “una rectificatoria verificada en la declaración” se bloqueó el pago, lo que no fue informado de manera oportuna al recurrente.

Sin perjuicio de lo anterior, sostiene que se le ha informado que el contribuyente mantiene órdenes de retención de renta vigente en las causas C-11607-2013 y C-5191-2014 seguidas ante el 14º y 4º Juzgados Civiles de Santiago, respectivamente. Producto de ello, se retendrá el 100% de la suma en cuestión a menos que el contribuyente pague tales deudas o se alcen las retenciones que mantiene vigentes.

A folio 19, complementó lo informado en el sentido de precisar que Tesorería ha mantenido la retención de dineros del recurrente, pues se mantiene vigente una retención judicial ordenada por el 14° juzgado Civil de Santiago causa rol C-11607-2013 en su calidad de aval y codeudor solidario de la demandada COMERCIAL E INVERSIONES SERRANO S.A.

Así las cosas, afirma que no ha existido acto arbitrario o ilegal de su parte, pues el derecho a recibir el pago de una devolución de renta no es absoluto y solo se produce en la medida que el contribuyente no mantenga causales de retención vigentes como ocurre en la especie.

Finalmente, indica que su parte adoptó las medidas correctivas del caso y existiendo restricciones vigentes respecto de la devolución, corresponde rechazar la acción.

Tercero: Que conforme es generalmente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Consecuentemente, para la procedencia de la acción cautelar de protección es requisito indispensable la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos, de manera que la Corte pueda quedar en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Cuarto: Que, a partir de lo expuesto por la recurrente se advierte con claridad que la afectación que motiva su acción consistiría en la no devolución correspondiente al año tributario 2024 pese a que dice el actor, la retención provocada por un proceso de liquidación concursal se encontraba alzada y así le fue comunicado por la recurrida.

Quinto: Que, atento a lo anterior, la recurrida ha aclarado que lo expuesto por el recurrente es efectivo y que por un bloqueo de su sistema el pago no fue realizado en la forma comunicada al recurrente. Pese a ello, sostiene haber recibido información acerca de que el contribuyente mantiene retenciones judiciales vigentes decretadas en causas Rol Nros C-11607-2013 y C-5191-2014 seguidas ante el 14º y 4º Juzgados Civiles de Santiago, respectivamente, motivo por el cual el pago de la devolución no puede realizarse mientras subsistan dichas órdenes judiciales.

Para fundar sus afirmaciones insertó una imagen en su informe que da cuenta de las retenciones correspondientes al contribuyente, destacando en ella una fila en que se consigna que el 23 de marzo de 2015 se registró una retención en los autos Rol Nro. C-5191-2014 seguida ante el 4º Juzgado Civil de Santiago.

También acompañó, en lo pertinente, los siguientes documentos:

(i) Estampado receptorial relativo a la causa Rol Nro. C-5191-2014 seguida ante el 4º Juzgado Civil de Santiago que da cuenta que el 20 de marzo de 2015 se trabó embargo sobre dineros que el Servicio de Impuestos Internos proceda a devolver “[...] en su calidad de contribuyente, en el Año Tributario 2015 o proceso de Operación Renta 2015 correspondiente al año comercial 2014, hasta por la suma de $ 6.087.699.- (seis millones ochenta y siete mil seiscientos noventa y nueve pesos), ya sea por concepto de devolución de impuestos a la renta de primera categoría, global complementario, adicional, segunda categoría, remanente de crédito fiscal del Impuesto de Valor Agregado (IVA), y en general cualquier otra suma de dinero a que tuviere derecho por concepto de devolución de cualquier otro impuesto. Estos dineros quedarán en dicha Tesorería General de la República, en calidad de depositario provisional, bajo su responsabilidad legal y a disposición del Tribunal”.

(ii) Estampado receptorial relativo a la causa Rol Nro. C-11607-2013 seguida ante el 14º Juzgado Civil de Santiago que da cuenta que el 22 de julio de 2015 se practicó embargo de dineros respecto de “[...] eventuales dineros, presentes y futuros, que le corresponda percibir al ejecutado de autos nombre reservado […] en calidad de aval y codeudor solidario”.

(iii) Mandamientos de ejecución y embargo despachados en causas Roles Nros C-5191-2014 seguida ante el 4º Juzgado Civil de Santiago y C-11607-2013 seguida ante el 14º Juzgado Civil de Santiago, el 16 de abril de 2014 y 3 de septiembre de 2013 en que se señala al recurrente como deudor.

(iv) Comprobante de egreso emitido por Tesorería General de la República el 1 de agosto de 2025 que da cuenta que respecto de nombre reservado existe un monto de devolución retenido por la suma de $2.680.126 y detalle de retención judicial que asocia la misma a la causa Rol Nro. C-11607-2013 seguida ante el 14º Juzgado Civil de Santiago y se consigna que la retención se encuentra activa.

Sexto: Que, en contraste con la documentación aportada por la recurrida, el recurrente acompañó junto a su acción y posteriormente, antecedentes que permiten tener por asentado que:

(i) La recurrida le comunicó mediante correo electrónico de 19 de agosto de 2024 que la devolución de impuestos relativa al año tributario 2014 sería pagada a través de depósito en cuenta bancaria o por caja en un plazo de 15 días. Lo anterior según refleja el correo electrónico acompañado junto a su recurso.

(ii) Mediante presentación de 5 de mayo de 2025 acompañó también resolución de liquidación, resolución de término y pronunciamiento de segunda instancia en ingreso Rol Nro. 11724-2019 (Civil) en relación a la segunda resolución en virtud de la cual se declara que “[…] quedan extintos todos los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el deudor con anterioridad al inicio del procedimiento concursal de liquidación”.

Séptimo: Que la conducta que el recurso tacha de arbitraria e ilegal, consiste en la no devolución al actor, por parte de la Tesorería General de la República, de la suma de $2.562.861.-, monto que corresponde a devolución de renta del año tributario 2024.

Octavo: Que los antecedentes antes expuestos permiten asentar que, si bien el procedimiento concursal que en principio justificó la retención realizada por la Tesorería General de la República se encuentra terminado por sentencia firme y ejecutoriada, declarando esta Corte en la causa Rol N° 11.724-2019 (civil) la extinción de todos los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por “el deudor”, existe una orden judicial que respaldaría dicha retención.

En efecto, en la causa C-11607-2013 seguida ante el 14° Juzgado Civil de Santiago, se ordenó el embargo de dineros “presentes y futuros”, que le corresponda percibir al recurrente “en calidad de aval y codeudor solidario”. Por consiguiente, no resulta relevante que al momento de ejecutarse el embargo el año 2015 no existieran montos sobre los cuales hacerse efectivo, como lo postula el recurrente.

Por otra parte, cabe resaltar que respecto de la deuda que en opinión del recurrente se habría extinguido de pleno derecho de conformidad al artículo 255 de la Ley NRO. 20.720 con la dictación de la resolución de término del procedimiento concursal, éste tiene la calidad de codeudor y aval, por ende, no resulta ser un asunto indubitado y no controvertido que dicha extinción hubiese operado a su favor. Lo mismo cabe concluir en cuanto a si en este caso, por aplicación del artículo 148 del mencionado cuerpo legal, quedan sin efecto los embargos y medidas precautorias decretadas con la dictación de la Resolución de Liquidación en un procedimiento seguido contra el deudor principal.

En todo caso, y esto es lo capital aquí, los efectos, y su alcance, que prevén dichas disposiciones, deben ser declarados por el órgano jurisdiccional competente en un procedimiento que respete el principio de bilateralidad de la audiencia, más aún si el citado artículo 255 contempla excepciones al efecto que regula, sin que tampoco tenga potestades el Servicio recurrido para efectuar oficiosamente dicha declaración.

Noveno: Que lo antes razonado evidencia que acceder a lo pretendido por el actor, pasa necesariamente por un juicio valorativo y declarativo en aplicación de las normas legales atingentes ya referidas.

Lo anterior, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional que sólo tiene por finalidad determinar si un derecho inobjetable, que sea a la vez constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una acción u omisión arbitraria o ilegal.

Décimo: Que a la conclusión anterior se arriba teniendo especialmente en consideración que la finalidad propia del recurso de protección es la de restablecer la vigencia del derecho, reaccionando frente a una situación anormal y evidente que atenta contra alguna de las garantías que establece la Carta Fundamental. Ciertamente, se trata de una acción cautelar de origen constitucional que protege a los individuos mediante determinadas providencias que evitan los efectos del acto arbitrario e ilegal que haya amagado un derecho indiscutido y evidente. En esta dirección se ha razonado por nuestro máximo tribunal que “[l]a Acción Constitucional de Protección ha sido establecida en nuestro derecho, como un remedio procesal de carácter extraordinario para la mantención regular del orden jurídico, sin embargo, esta es una acción de urgencia, de naturaleza cautelar y conocida por los tribunales en uso de sus facultades conservativas, cuyo objetivo es, como su nombre indica, la protección de derechos indubitados indiscutidos y no su declaración, por cuanto ello implicaría desnaturalizarla en su esencia, transformándola en un sustituto de los procedimientos ordinarios y extraordinarios que la ley contempla para tal objeto y de los cuales conocen los tribunales que la ley establece en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, la más propia esencial característica de los otros órganos del poder estatal” (Corte Suprema, Rol Nro. 1108-2009). En este mismo sentido sería posible citar un sin número de fallos.

Undécimo: Que la doctrina ha seguido la tendencia jurisprudencial descrita y la principal razón estriba en que la tramitación del recurso, pensada para resolver situaciones evidentes y apremiantes de vulneración de derechos constitucionalmente garantizados, no provee a la recurrida de las garantías propias de un justo procedimiento para hacer valer sus defensas. De esta forma, so pretexto del restablecimiento del imperio del derecho la recurrida puede ver quebrantados en sede de protección los derechos que le corresponden, si se tiene en cuenta que no estamos frente a un asunto palmario e imperioso.

En tal sentido, el profesor nombre reservado sostiene que “[…] conociendo de la acción de protección, el tribunal no dispone de los medios para agotar el conocimiento del asunto y la urgencia con que el caso de ser decidido. Por lo general el procedimiento es incompatible con un sopesamiento de todos los antecedentes de hecho y de derecho que inciden en el caso” (“El recurso de protección como medio de amparo de los contratos en Instituciones Modernas de Derecho Civil, Homenaje a nombre reservado”, Editorial Jurídica ConoSur, 1996, p. 333).

El profesor nombre reservado, por su parte, es categórico al afirmar que “[e]l recurso de protección no debe transformarse en un sustituto de las acciones ordinales sino que, por el contrario, su interposición debe circunscribirse exclusivamente para el caso que flagrantemente se hayan desconocido derechos personales o alguna de las partes o un tercero –sea autoridad o particular– pretenda aplicar justicia por sí mismo” (“Límites al recurso de protección en materia contractual”, Revista de Derecho de la Universidad Finis Terrae Nro. 6, 2002, p. 67).

En la misma dirección el profesor nombre reservado señala “[…] si bien se ha logrado este significativo avance en el resguardo de la garantías constitucionales, por otra parte se ha efectuado un abuso desmedido de este recurso, pretendiéndose por esta vía eminentemente sumaria, cautelar, zanjar situaciones jurídicas de suyo complicadas y materia de juicio de lato conocimiento” (“Alcances limitados del recurso de protección en relación a interpretación de contratos suscritos por municipios”, Gaceta Jurídica Nro. 207, 1997, pp. 38-39).

Duodécimo: Que, seguidamente, el recurso de protección es un instituto de carácter procesal constitucional, rápido, sumario y breve, encaminado a estudiar el asunto en caso de que se den los supuestos denunciados, correspondiendo a la Corte restablecer el imperio del derecho o de la justicia en la forma que mejor convenga. De suerte que el recurso de protección tiene los límites que le impone su propia naturaleza según se ha consignado y, en consecuencia, no es un medio idóneo para dilucidar, como sucede en este caso, sobre la extinción de la deuda y embargo ya referidos respecto del recurrente de autos.

En este sentido nombre reservado señala que “[…] si entendemos que nuestro recurso protección al igual que el amparo existente en otras legislaciones iberoamericanas es un proceso de urgencia entonces debemos concluir que para su procedencia es necesario que concurran los supuestos propios de todo proceso, de urgencia, esto es, una situación de peligro y cierto grado de evidencia en la reclamación, es decir cuando exista peligro de daño o amenaza a un derecho fundamental y cuando la conducta atentatoria sea manifiestamente arbitraria o ilegal” (El recurso de protección bajo la tutela de urgencia, Revista Ius Novum, Universidad Católica de Valparaíso, 2009, Nro. 2, p. 211).

Décimo tercero: Que de la forma en que se viene razonando es posible colegir que tanto la jurisprudencia como la doctrina están contestes acerca de los límites del recurso protección, estableciendo como condición sine qua non la existencia de un derecho indubitado de la recurrente que resulte evidente y flagrantemente afectado por su contraparte o por un tercero. Lo cierto es que un recurso de protección que pretenda dirimir aquello que se ha planteado por la impugnante no existe en nuestro ordenamiento jurídico y, por lo mismo, el de autos, no puede prosperar.

Décimo cuarto: Que, como corolario de lo hasta aquí reflexionado no puede sino concluirse que en el caso sub lite no se ha establecido que el recurrente posea un derecho indubitado que lo habilite para reclamar por la presente vía, pues, como se ha dicho, se requiere de una declaración previa de derechos que no procede hacer en este procedimiento, circunstancia ésta que lleva a concluir que no se dan los presupuestos que permitan acoger la presente acción de protección y, consecuencialmente, corresponde sea rechazada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en contra de la Tesorería General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Ingreso Nro. 6760-2025 (Protección)