nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, once de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, comerciante, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado.

Expone que el 19 de enero del año en curso, suscribió con el recurrente un contrato de arrendamiento respecto de los locales 1 y 2 del Edificio ubicado en Nueva Los Leones 030, comuna de Providencia, el que fue autorizado ante Notario Público, estipulándose que tendría una duración hasta el 1 de julio de este año y que se renovaría automáticamente todos los meses hasta que una de las partes decida terminarlo, mediante aviso con sesenta días de anticipación.

Manifiesta que el 14 de agosto pasado, la recurrida en forma ilegal y arbitraria saco literalmente al recurrente del local comercial, cambiando los candados de los locales arrendados y no permitiendo ingresar al señor nombre reservado, situación que permanece hasta el día de hoy, impidiendo al recurrente ejercer sus derechos como arrendatario de los locales indicados en el contrato, siendo propietario del derecho personal de usar y ocuparlos, con lo que se le ha impedido ejercer sus legítimos derechos respecto del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes.

Señala que si el recurrente consideraba que debía abandonar los locales arrendados, debió ejercer sus derechos ante los tribunales de justicia y no tomar por mano propia acciones legales y arbitrarias, toda vez que a la fecha no ha recibido resolución judicial alguna que ordene desalojar los locales comerciales arrendados, menos se le ha notificado una sentencia emitida por un tribunal de justicia que declare terminado el referido contrato.

Afirma que el proceder del recurrente transgrede las garantías constitucionales consagradas en los numerales primero, tercero y vigésimo cuarto, toda vez que por medio de acciones ilegales y arbitrarias constantes, al impedir su ingreso a los locales comerciales; limitando su ejercicio, lo que por tratarse de un derecho constitucional, deben ser establecidas mediante normas de rango legal.

Por todo lo anterior, solicita, que esta Corte ordene al recurrido que le permita ocupar, usar y gozar de los locales 1 y 2 del Edificio ubicado en domicilio reservado, con el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario, respetando los derechos que el contrato de arriendo válidamente celebrado por las partes y que han sido cumplido por la recurrente, permitiéndole trabajar sin in inconveniente.

SEGUNDO: Que evacuó el conforme el recurrido nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso deducido en su contra.

Expone que el contrato de arriendo celebrado con el recurrente se acordó una renta de $1.700.000, la que se pagaría los viernes de cada semana en cuotas de $425.000, mediante depósito en la cuenta corriente que mantiene en el Banco BICE.

Refiere que desde la fecha del inicio del contrato y hasta el día de hoy, el recurrente sólo ha depositado $1.005.000 del total de $10.200.000, que debió pagar por concepto de arriendo por seis meses.

Señala que el 1 de junio de este año, avisó personalmente y frente a todo el personal como testigo, que el contrato no se renovaría el 1 de agosto, cumpliendo así los 60 días de anticipación que se requería por contrato; pero entre el 1 y el 14 de agosto, nombre reservado continuó usando el local “en forma ilegal”, por lo que se le solicitó en buenos términos que no volviera, dado que su contrato ya estaba vencido conforme a la ley.

Puntualiza que el señor nombre reservado no tiene ningún derecho sobre el local, ya que se le puso fin al contrato de acuerdo a lo establecido en el mismo documento y conforme a la ley.

Por lo anterior, requiere que el presente recurso de rechace en todas sus partes.

TERCERO: Que el recurso de protección es una acción destinada a cautelar ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones de carácter ilegal o arbitrario, en las que pueden incurrir particulares o autoridades. Ha sido creado para la mantención regular del orden jurídico; en otras palabras, para reparar de inmediato la juridicidad quebrantada y devolver a las partes al estado en que se hallaban antes de padecer la reclamada afectación de sus garantías amparadas por la Carta Fundamental.

CUARTO: Que por esta razón, para que la presente acción cautelar prospere, deben concurrir ciertos requisitos tales como la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria; que como consecuencia de esa acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho indubitado; y, que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Éstos deben ser tenidos en cuenta a la hora de resolver el asunto sometido al conocimiento de este Tribunal.

Acorde a lo anterior, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto precisado en el artículo 1º del Código Civil, es decir, todo aquello que implica antijuridicidad, violación o vulneración del ordenamiento jurídico -o arbitrario, producto del mero capricho o voluntarismo de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que, en este contexto, apreciado los antecedentes conforme a las reglas de la sana crítica, esta Corte adquiere convicción en el sentido que la decisión denunciada en el recurso, en torno a cerrar los locales comerciales arrendados con el objeto de impedir el ingreso del arrendatario a ellos, sin su autorización ni conocimiento y a la fuerza, es una acción arbitraria, pues carece de razonabilidad y de causa. Asimismo, es ilegal, si se tiene presente que el recurrente mantiene vigente a la fecha el contrato de arriendo de los referidos locales comerciales que mantiene con el recurrido. En esta tesitura y como lo ha sostenido en diversas oportunidad por esta Corte, repugna al ordenamiento jurídico que las partes de una controversia que, por muy incumplido que este haya sido, toen medidas por su cuenta al margen de la justicia, para obligar a la otra parte de una determinada conducta, de acuerdo al principio de que nadie se puede hacer justicia por sí mismo.

SEXTO: Que la conducta de la recurrida ha privado y perturbado el derecho del recurrente garantizado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, de igualdad ante la ley de todas las personas, en virtud del cual nadie tiene derecho a quebrantar un contrato legalmente celebrado, por mano propia, el que no puede ser dejado sin efecto, sino por causa legal y por el órgano jurisdiccional competente, lo que no ocurre en la especie, toda vez que el recurrido ha incurrido en conductas de hecho que en definitiva implican desconocer un contrato legalmente celebrado, respecto del cual sólo un juez competente puede resolver los conflictos existentes entre las partes.

Asimismo, se ha lesionado con la conducta del recurrido el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la misma Carta, al privarlo del beneficio pecuniario constituido por el uso y goce del predio arrendado que se había incorporado a su patrimonio.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, concurren en la especie todos los elementos que se requieren para que proceda la acción cautelar intentada, razón por la cual se impone el acogimiento de la acción promovida, en los términos que se expondrán en la parte dispositiva de esta resolución.

OCTAVO: Que esta Corte no desconoce prima facie el derecho del recurrido nombre reservado como arrendador de los señalados inmuebles, pero estima que existen otras vías legales por las cuales aquel puede ejercer de manera correcta y legítima sus derechos como comunero del inmueble, sin que ello importe necesariamente, desconocer, como se ha dicho, por vía de la fuerza el contrato de arrendamiento que existe entre ambos recurrentes respecto del mismo.

Por estas razones y de acuerdo también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se acoge, sin costas , el recurso deducido por don nombre reservado en contra de nombre reservado y en consecuencia, se ordena al recurrido a respetar el contrato de arrendamiento de los locales comerciales 1 y 2 del Edificio ubicado en domicilio reservado, del a comuna de Providencia, celebrado entre las partes de la presente causa, permitiendo al señor nombre reservado la entrada a los mismos, junto con todos sus enseres y materiales de trabajo, y permitiéndole el ejercicio libre de su industria, dentro de quinto día de notificada que sea esta sentencia, bajo el apercibimiento del Nº 15 del Auto acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 67.580-2018.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mauricio Silva Cancino, conformada por el Ministro señor Carlos Gajardo Galdames y el Abogado Integrante señor Oscar Torres Zagal.