LUX QUIROPRÁCTICA SPA con COMUNIDAD EDIFICIO STUDIO OFICCE TOBALABA

C.A. de Santiago Santiago, seis de enero de dos mil veintiuno.

Al folio 22, 24 y 25: téngase presente.

Al folio 23: a sus antecedentes.

VISTOS:

Que comparece nombre reservado, en representación de Lux Quiropráctica SpA, deduciendo acción de protección en contra de la Administración Comunidad Studio Office Tobalaba, representada por don nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal de impedir el acceso a su propiedad y desarrollar la actividad de prestación de servicios de salud a través de la quiropráctica, vulnerando las garantías constitucionales del artículo 19 Nº 16, 21 y 24 de la Constitución Política de la República de Chile.

Expone que la empresa recurrente funciona desde el año 2018 bajo todos los reglamentos de la ley y regulaciones de salud pertinentes, bajo el Giro: "Otros Servicios De Atención De La Salud Humana Prestados Por Empresas (869091)" y el servicio que se imparte es efectivamente de promoción, protección y recuperación de la salud y rehabilitación de la persona enferma.

Señala que desde el 2018 son arrendatarios y usuarios de la oficina Nº 301 del Edificio Studio Office Tobalaba, ubicado en domicilio reservado.

Expone que con la actual situación de pandemia una de las primeras comunas que entró en cuarentena fue Providencia, lo que hasta la fecha de presentación de este recurso se mantiene. Producto de esta situación, la recurrida decidió cerrar completamente el edificio.

Explican que los primeros días del mes de julio de 2020, se enteran por llamado telefónico a los conserjes del edificio que durante el mes de junio de 2020 el Comité de Administración informa en un comunicado que en atención a que la cuarentena continúa por quinta semana consecutiva, han resuelto abrir el edificio de 10:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes, aunque indicando lo siguiente: "Ahora bien, cumpliendo la nueva normativa dispuesta por la autoridad sanitaria, se permitirá el acceso para trabajar en las oficinas, en TELETRABAJO, previo envío por parte del comunero, del nuevo Certificado Único Laboral personalizado".

Reclama que el Comité de Administración decidió unilateralmente, sin explicaciones ni fundamentos, quién y cuándo iba a ingresar a las dependencias; imponiendo un horario específico y el requisito de que sea netamente para el teletrabajo, pero no a las actividades que sí han sido reconocidas como esenciales.

Estima que esta situación es claramente una decisión arbitraria y que va contra las normativas legales en medio de esta pandemia. La decisión de la administración en ningún momento fue consultada a los arrendatarios del edificio que realizan actividades esenciales o de salud, ni a los arrendatarios ni a los propietarios del inmueble.

Afirma que la Administración se arroga facultades que, dado el estado de excepción constitucional, competen a las autoridades, tales como restringir la libertad de reunión.

Señala que lo decidido fue confirmado a través de correo electrónico de 20 de julio de 2020, en el que frente a una consulta le indica que para revisar la situación que se especifique a qué se dedica el arrendatario, y que les envié el permiso de funcionamiento que dice poseer, haciendo presente que, en caso de salud, sólo se acepta atender casos de urgencia, y máxime un caso diario quedando, el profesional que atiende, con la responsabilidad del aseo del pasillo.

Explica que la empresa funciona bajo todos los reglamentos de la ley y regulaciones de salud pertinentes bajo el giro: Otras actividades empresa, resguardas por la salud humana y el servicio que se imparte es efectivamente de promoción, protección y recuperación de la salud y rehabilitación de la persona enferma, sin embargo, la administración insistió en que solo se pueden atender urgencias y un paciente diario a pesar que son un rubro esencial, obteniendo a través de la Comisaría Virtual el "Permiso único Colectivo" durante estas semanas.

Estima que el actuar de la recurrida no solo contradice la normativa establecida por el Ministerio de Salud sino que también a las directrices científicas, puesto que las empresas privadas de salud, son esenciales y pueden operar con normalidad según el gobierno en situación de pandemia.

Agrega que ni la Ley Nº 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria, ni el Reglamento de Copropiedad del Edificio Studio Office Tobalaba otorga facultades a la Administración para impedir el acceso a las oficinas o dependencias del edificio. Tampoco la autoridad sanitaria como lo es el Ministerio de Salud, ni el Presidente de la República ni las Fuerzas Armadas que toman el control del orden interno en una estado de excepción constitucional han delegado las funciones en las administraciones de edificios.

Asimismo, tampoco existe un acto donde consten los fundamentos de la decisión adoptada por la Administración, como tampoco un acta donde la asamblea se hubiera pronunciado al respecto, resulta necesario concluir que el acto por el cual se cierran las puertas de acceso al edificio es completamente arbitrario y carente de fundamento legal.

Solicita se acoja el recurso y se ordene dejar sin efecto la orden de cerrar los acceso del edifico edificio Studio Office Tobalaba y permitir a la recurrente, a su personal y a los usuarios acceder a la oficina Nº 301 para acceder a las prestaciones de salud que la recurrente realiza y mantener el acceso a propietarios y arrendatarios de las oficinas y los estacionamientos, con costas.

Comparece nombre reservado Manásevich nombre reservado, abogado, por la recurrida, integrante del Comité de Administración de la Comunidad Edificio Studio Office Tobalaba, informando este recurso, solicitando su rechazo, con costas.

Hace presente que el 28 de julio de 2020, la recurrente interpuso el presente recurso de protección, al cual se le asignó el número de ingreso 67571-2020, el que se declaró inadmisible el 30 de julio pasado, deduciéndose reposición con apelación subsidiaria en contra de aquella resolución.

Reclama que sin embargo, lo que la contraria no informa, es que el 31 de julio de 2020 -es decir, declarada la inadmisibilidad de este recurso de protección-, la misma contraria dedujo idéntico recurso de protección, por las mismas partes, patrocinada por el mismo abogado, bajo el número de ingreso 69366-2020, el que también fue declarado inadmisible.

Luego, la Excma. Corte Suprema revocó la resolución de inadmisibilidad respecto a este número de ingreso 67571-2020 pero entiende que subsiste para todo efecto legal, la declaración de inadmisibilidad dictada en el ingreso número 69366-2020, resolución que fue dictada con fecha 3 de agosto de 2020, y que se encuentra firme para todo efecto legal.

En consecuencia, sobre la base de lo preceptuado en los artículos 175, 177 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, deduce excepción de Cosa Juzgada respecto del presente recurso de protección, ya que se satisfacen, con creces, los requisitos de: identidad legal de personas, identidad de cosa pedida, e identidad de causa de pedir.

Sobre el fondo, indica que cuando el Comité de Administración, decidió restringir el acceso a la comunidad (entrada del edificio, uso de hall de acceso, de ascensores, y demás espacios comunes), es evidente que por consecuencia, se iba a afectar el uso de las unidades individuales. Dicha decisión fue adoptada por el Comité, debido al estado de Catástrofe decretado, entendiendo que el artículo 21 de la Ley Nº 19.537 faculta al Comité de Administración a “…dictar normas que faciliten el buen orden y administración del condominio, como asimismo imponer las multas que estuvieren contempladas en el reglamento de copropiedad, a quienes infrinjan las obligaciones de esta ley y del reglamento de copropiedad”.

Indica que el artículo Cuadragésimo Quinto del Reglamento de Copropiedad establece que: “Todo lo concerniente a la administración de los Bienes de Dominio Común y a las relaciones entre copropietarios, arrendatarios, ocupantes y usuarios a cualquier título de Unidades en todos los diversos sectores del Edificio, será resuelto por los copropietarios reunidos en Asamblea General”. Luego, el artículo 21 de la Ley Nº19.537 ordena: “La asamblea de copropietarios en su primera sesión deberá designar un Comité de Administración compuesto, a lo menos, por tres personas, salvo que el número de copropietarios fuere inferior, que tendrá la representación de la asamblea con todas sus facultades, excepto aquellas que deben ser materia de asamblea extraordinaria y no hubieren sido delegadas por ésta conforme al artículo 17”.

Hace presente que debido a que la cuarentena fue decretada por la autoridad central, en un brevísimo plazo -de un día para el siguiente, se hizo físicamente imposible citar a una asamblea ordinaria o extraordinaria, para tratar el asunto.

Agrega que la Comunidad Studio Office Tobalaba, está integrado sólo por profesionales que ejercen la actividad de manera liberal y por técnicos. Existe un total de 106 oficinas, se cuenta con seis trabajadores y una de ellas contrajo coronavirus.

Señala que su parte efectivamente, decidió restringir el ingreso de los comuneros a las instalaciones del edificio. Muchos residentes, al momento de presentarse a la comunidad para retirar implementos de trabajo, traían consigo un permiso distinto al permiso que habilitaba para trabajar en las oficinas. Es decir, se presentaban ante el conserje en cuestión, la gran mayoría, con el permiso para concurrir a los supermercados o farmacias. No obstante, se permitía que el comunero ingresara a retirar los implementos necesarios que le permitirían laborar desde su casa, en teletrabajo, evitándose transgredir las medidas sanitarias decretadas.

Explica que al momento de limitar el ingreso a las instalaciones del edificio, buscó que se respeten las cuarentenas y ayudar, dentro de las limitadas posibilidades de acción a que se contuviera el contagio del virus lo antes posible. Además, pretendió velar por la salud de los comuneros y también de los funcionarios.

Finalmente, estima que el presente recurso de protección debe ser rechazado, debido a que la comunidad se encuentra abierta, al día de hoy y eso era precisamente lo solicitado en el petitorio del recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección puede conceptualizarse como una acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores de justicia, a fin de requerirles que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicios de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad y los tribunales correspondientes.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia uniformemente han sostenido que esta acción tiene naturaleza cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopción de medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho privado, amenazado o perturbado.

Segundo: Que, en lo que respecta a la excepción de cosa juzgada que opone la recurrida, si bien es un hecho posible de establecer en estos antecedentes, que existe identidad legal de personas, porque la recurrente y recurrida son las mismas que las comparecientes en el Ingreso N° 69366-2020, sobre recurso de protección, por el que impugnó actos y lo fundó en hechos similares, invocando el mismo motivo y causa de pedir, el que fue declarado inadmisible, no es posible sin embargo considerar para determinar la procedencia de dicho instituto, únicamente criterios aplicables al derecho civil, porque a diferencia de los conflictos entre partes, esta acción constitucional es de naturaleza cautelar, y con ella se busca proteger la afectación o amenaza de los derechos fundamentales de las personas, cuando por acciones u omisiones ilegales o arbitrarios pueden verse conculcados, amenazados o vulnerados, circunstancias que pueden acontecer en una oportunidad diversa a la de aquellos que sustentaron una causa anterior o incluso mantenerse en forma prolongada en el tiempo, todos motivos suficientes para esta Corte que permiten desestimar la alegación de la recurrida en este sentido.

Tercero: Que del tenor del recurso, del análisis del informe evacuado, la documentación acompañada y los propios dichos del recurrente en presentación de 9 de noviembre de 2020, consta que no existe ningún impedimento para el ingreso a las dependencias del signado edificio desde que la comuna avanzó de fase.

Cuarto: En este orden de ideas, el acto recurrido -impedir a la actora el acceso a su propiedad, privándola del uso goce y disposición de su oficina, fue dejado sin efecto sin sujeción a condición o plazo alguno, con posterioridad a la interposición del recurso, de lo cual se desprende que no concurre la conducta vulneratoria de derechos alegada en la acción cautelar deducida, de modo tal que esta Corte no se encuentra en situación de adoptar medida alguna a favor de la parte que recurre.

Quinto: Que en las condiciones descritas el recurso deducido debe necesariamente ser declarado sin lugar por haber perdido oportunidad, resultando inoficioso pronunciarse sobre si existió o no afectación o vulneración de los derechos referidos por la actora y sobre las demás alegaciones de la recurrida.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, el recurso de protección interpuesto por Lux Quiropráctica SpA, en contra de la Administración Comunidad Studio Office Tobalaba.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-67571-2020.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por la Ministro señora Jenny Book Reyes, la Ministro (S) señora Paula Rodríguez Fondón y el Abogado Integrante señor Rodrigo Rieloff Fuentes.