MIGUEL MANRIQUEZ Y CIA. LIMITADA con A.F.P. PROVIDA S.A.

Santiago, once de diciembre de dos mil dieciocho.

Al folio 394696: a sus antecedentes.

Vistos:

nombre reservado, en representación de Miguel Manríquez y Compañía Limitada, en adelante AVANT LTDA., deduce recurso de protección en contra de AFP PROVIDA S.A.

Señala que Miguel Manríquez y Compañía Limitada, es una empresa familiar, catalogada como pyme, de giro imprenta, dedicada a dicho rubro por más de 20 años y que actualmente cuenta con más de 10 colaboradores, agrega que hace algunos años en la empresa, colaboró doña nombre reservado, quien comenzó a prestar servicios personales a la empresa con fecha 1 de abril de 2010. Manifiesta que con ocasión de la desvinculación de doña nombre reservado, esta última dedujo acciones de competencia laboral, las que fueron conocidas por el Segundo Juzgado del Trabajo, en causa RIT T-58-2012, causa en la que se arribó a una conciliación en audiencia de 29 de febrero de 2012, donde su representada sin reconocer los fundamentos de la demanda, ofreció pagar a la demandante la suma de única y total de $3.000.000, otorgándose las partes amplio y completo finiquito.

Indica que no obstante lo anterior, con fecha 13 de noviembre de 2012, la recurrida AFP Provida presentó demanda ejecutiva en contra de la sociedad recurrente, la recurrida fundó su demanda ejecutiva en una supuesta deuda de su representada por una suma total de $1.413.744 por concepto de cotizaciones previsionales por los periodos desde abril del año 2010 hasta noviembre del año 2011, correspondientes a la trabajadora doña nombre reservado. En contra de dicha demanda ejecutiva, su representada opuso excepción de pago, alegando además que el cálculo de la remuneración era errado.

Señala que finalmente, por sentencia de fecha 4 de julio de 2013, se rechazó la excepción de pago, pero se acogió la alegación en el sentido de que solo debían pagar las cotizaciones en base a la remuneración imponible mensual de $250.000, por cada uno de los meses que comprende el periodo de abril al 2010 hasta el 17 de noviembre de 2011.

Refiere que uno de sus clientes es el Banco Itau, institución financiera que cada vez que renueva el listado de proveedores les solicita un certificado de antecedentes laborales y previsionales que cada empresa obtiene a través de la plataforma web de la Dirección del Trabajo, agrega que al respecto grande fue su sorpresa cuando verificaron que en el certificado figuraban como deudores de obligaciones previsionales, por imposiciones no declaradas, y cuyo informante y/o acreedor era precisamente la recurrida AFP Provida.

Indica que dicho certificado señala que actualmente su representada adeuda $358.325, por imposiciones no declaradas, razones por las cuales se comunicaron con la AFP Provida para aclarar este mal entendido, los que le comunicaron que su representada debía una suma mayor, debido a que se habrían generado supuestos intereses. Sostiene que los periodos que ilegalmente la AFP Provida pretende cobrarle a su representada son los mismos que fueron liquidados por el Juzgado de Cobranza Laboral de Santiago y que fueron íntegramente pagados.

Señala que AFP Provida sin darles una solución concreta y plausible que les permita ser eliminados de los registros de deudores, perturba y amenaza gravemente el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y, por supuesto, el prestigio comercial que tantos años les ha costado ganar. Indica como garantía conculcada la del artículo 19 Nº 21 de la Constitución Política de la Republica.

Informó la Dirección del Trabajo, señalando que se procedió en primer lugar a revisar su sistema informático, buscando por el RUT de la persona jurídica individualizada en la acción constitucional, posteriormente, se procedió a buscar en el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional y se pudo determinar que dicha empresa figura publicada en el boletín con una deuda por imposiciones no declaradas, por un monto de $358.325, que fue el informado por la AFP Provida a ese Servicio, para su inclusión en el Boletín Laboral.

Por su parte AFP Provida, solicitó el rechazo en todas sus partes del recurso con expresa condenación en costas.

Alegó la improcedencia de la acción cautelar por no ser la vía idónea, para resolver materias de lato conocimiento con carácter de contradictorio, citando distintos fallos que así lo han resuelto. Indica que claramente en estos autos se desprende que no existe un derecho indubitado, sino que existe un derecho controvertido, motivo por el cual no puede solucionarse vía recurso de protección.

Señala que revisada su base de datos, se pudo constatar que producto de una demanda de Tutela Laboral se tomó conocimiento que la afiliada nombre reservado, registraba impagas sus cotizaciones previsionales obligatorias por los periodos abril de 2010 a noviembre de 2011, adeudadas por parte de la recurrente de autos en su calidad de empleador moroso de cotizaciones previsionales obligatorias.

Señala que dicha causa laboral la recurrente pagó a la afiliada, la suma única y total de $3.000.000 y se estableció que la causal de término de la relación laboral fue la establecida en el artículo 159 Nº1 del Código del Trabajo, esto es, mutuo acuerdo de las partes. Posteriormente y consciente que su representada ejercería acciones de cobro judicial en su contra por las cotizaciones adeudadas, es que con fecha 9 de noviembre de 2012, presentó un recurso de aclaración y enmienda en contra de la referida conciliación, solicitando al Tribunal se oficiara a su representada AFP Provida, con el objeto de aclarar que nada se adeudaba a propósito del referido acuerdo judicial, no obstante, con fecha 13 de noviembre de 2012, el Tribunal resolvió no ha lugar a dicha presentación.

Refiere que atendido que existió reconocimiento expreso de relación laboral, sumado al hecho que dichas cotizaciones no fueron pagadas dentro del plazo legal, con fecha 13 de noviembre de 2012, iniciaron acciones de cobro judicial en contra de la recurrente, en su calidad de empleador en causa RIT P-40029-2012.

Con fecha 5 de septiembre de 2013, la recurrente de estos autos, en su calidad de deudor moroso, efectuó en la referida cobranza una consignación por la suma total de $1.388.044, dándose por terminado el proceso judicial, ordenándose su archivo, no obstante lo anterior producto de la interposición de la presente acción de protección, se realizó una exhaustiva revisión de los antecedentes, constatando que había quedado vigente parte de la deuda que se había cobrado en su oportunidad, razón por la cual fue rebajada inmediatamente.

Por lo señalado anteriormente se ha procedido a instruir a la Dirección del Trabajo, respecto de la recurrente de autos, la eliminación definitiva del Boletín de empleadores morosos de cotizaciones previsionales.

Finalmente señala que su actuar se ajustó totalmente, siendo el único motivo de reproche, el no haber rebajado oportunamente la totalidad de la deuda de la recurrente de autos, en su calidad de empleador moroso de cotizaciones, solicita el rechazo del presente recurso, con expresa condenación en costas, fundado en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato de conocimiento con carácter contradictorio y, en subsidio, por cuanto su representada, la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., no ha asumido una actitud arbitraria e ilegal, sino que un estricto cumplimiento a la normativa previsional.

Con fecha 17 de octubre del año en curso, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, amague o perturbe ese ejercicio. En concordancia con lo anterior, corresponde a esta Corte dilucidar si el acto impugnado por la presente acción existe, luego si es ilegal o arbitrario, para por último examinar si dicho acto afecta o conculca alguna de las garantías constitucionales que se denunciaron como vulneradas por el recurrente.

Segundo: Como se advierte, es requisito indispensable de la acción constitucional de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

Tercero: El acto que motiva la interposición del recurso es la inclusión de la empresa recurrente en el Boletín de Infractores a la legislación Laboral y Previsional de la Inspección del Trabajo, como deudora de cotizaciones previsionales pagadas en el año 2013. Las partes no han discutido su existencia, la que por lo demás se acredita con la documentación acompañada, reconociendo, además la AFP Provida que a la fecha de presentación del recurso se mantenía la citada información en el Boletín referido.

En efecto, señaló la recurrida que “producto de la interposición” del presente recurso “analizó exhaustivamente” los antecedentes que originaron la cobranza judicial en contra de la recurrente, “constatando que había quedado vigente parte de la deuda que se había cobrado en su oportunidad”, razón por la que la habrían rebajado inmediatamente, instruyendo a la Dirección del Trabajo para la eliminación definitiva del recurrente del Boletín de Empleadores Morosos de Cotizaciones Previsionales.

Cuarto: En definitiva, acreditado quedó que la empresa recurrente figuraba como deudora morosa de cotizaciones previsionales, ya pagadas, en el Boletín de Infractores a la legislación Laboral y Previsional de la Inspección del Trabajo y que sólo a raíz de la presentación del recurso de autos, se revisó la situación, rebajando la deuda y solicitando la eliminación del Boletín respectivo, verificándose así una actuación ilegal y arbitraria, desde que sin sustento en los hechos, ni en el derecho se informa una deuda inexistente, afectando el derecho a desarrollar una actividad económica por parte de la recurrente, al no poder postular ni ser proveedora de otras empresas, lo que conduce a acoger el recurso que se examina, ya que sin perjuicio de las medidas descritas por la recurrida al informar, las mismas se adoptan a raíz de la presentación del recurso no obstante las gestiones realizadas ante el call center y estudio de abogados de la recurrida.

Quinto: Al no constar de manera fehaciente el cese del acto y sus efectos, esta Corte dispondrá la eliminación de la Sociedad Miguel Manríquez y Compañía Limitada rol único tributario 77.099.450 de los registros donde aparezca la deuda con AFP Provida, por imposiciones en razón de la relación laboral habida con doña nombre reservado.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de Protección, se acoge, con costas el deducido a favor de la Sociedad Miguel Manríquez y Compañía Limitada (AVANT LTDA o AVANT) en contra de AFP Provida, disponiendo que la recurrida deberá adoptar las medidas conducentes a eliminar toda información en los registros respectivos de la deuda que dio origen a estos autos.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la Ministro señora Adelita Ravanales Arriagada.

No firma la Abogado Integrante señora Tavolari, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Rol Nº 67.489-2018.