nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE

nombre reservado, nueve de diciembre de dos mil quince VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que don nombre reservado, chileno, casado, Suboficial Mayor de Carabineros de Chile, domiciliado en domicilio reservado, ha recurrido de protección contra Carabineros de Chile, representado por su General Director señor nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, pidiendo se ordene a la recurrida dejar sin efecto “el acto de desvinculación”, que adopte la medidas necesarias para que continúe vigente su contratación y así se tomen medidas en su resguardo por verse afectados derechos que la Constitución Política le garantiza;

SEGUNDO: Que fundamentando la acción cautelar intentada, la recurrente señala lo siguiente: a) que con fecha 1 de septiembre de 1985 ingresó a la Institución de Carabineros de Chile permaneciendo en la institución, a la fecha de presentación de este recurso, 29 años y 10 meses; b) que durante toda su carrera mantuvo una conducta intachable; c) que el día 13 de enero de 2015, presentó ante el General Director de Carabineros, una solicitud de prolongación de su carrera profesional tal como lo autoriza el artículo 38 inciso primero de la Ley N°18.691, Orgánica Constitucional de Carabineros; d) que con fecha 13 y 28 de enero de 2015, tanto su Jefe Directo como el señor Prefecto de Carabineros nombre reservado Este, informaron que el recurrente no tenía objeciones del mando para continuar su carrera; e) que sin perjuicio de lo expuesto, el Señor General de Carabineros, mediante resolución exenta de fecha 18 de junio de 2015, resolvió no dar lugar a su solicitud de prolongación de su carrera, llamándolo a retiro absoluto a partir del 1° de septiembre del año en curso; f) que, el actuar del general Director infringió el artículo 39 que establece que en las resoluciones que dispongan el retiro absoluto se señalará la fecha en que se hará efectivo el retiro, la cual no podrá ser posterior en mas de seis meses a la de dichos decretos o resoluciones;

TERCERO: Que, según el recurrente, el recurrido al señalar como fecha para el retiro efectivo el 1° de septiembre de 2015, cometió un acto ilegal y arbitrario pues no respetó los seis meses que señala la ley mencionada que “priva, perturba o amenaza” garantías que la constitución reconoce a todas las personas, en particular:

a) la igualdad ante la ley que contempla el Nº2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

b) el derecho de propiedad que consagra el numeral 24 del artículo recién mencionado;

CUARTO:

Que, informando la recurrida a fs.35 expresa, en primer lugar, que el recurso interpuesto es improcedente por cuanto, una vez notificado el Suboficial de la resolución que ordenaba su retiro a partir del 1° de septiembre de 2015, solicitó reposición de la misma argumentando el beneficio de los seis meses que contempla el artículo 39 de la Ley N°18.961, recurso que fue acogido concediéndole los meses solicitados. En segundo lugar la recurrida expresa que este no cumple con los requisitos y condiciones establecidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, toda vez que en la especie no existen actos u omisiones por parte de la Superintendencia que se puedan calificar de arbitrarias o ilegales y menos que pudieren provocar perturbación o amenaza de los derechos garantidos por la Constitución.

En cuanto a la legalidad de la resolución, la recurrida afirma que ésta es plenamente legal pues se dictó por la autoridad competente en uso de las atribuciones exclusivas que la ley le otorga sobre el particular. Cita al efecto los artículos 38 y 39 de la Ley Orgánica de Carabineros.

En relación a la supuesta arbitrariedad imputada a la resolución impugnada, la recurrida sostuvo que la resolución impugnada en ningún caso podría ser considerada arbitraria o caprichosa, pues fue el fruto de un detenido estudio que guardó plena armonía con el espíritu de la ley.

QUINTO:

Que, de acuerdo a lo señalado en los considerandos anteriores, a juicio de esta Corte, para resolver el asunto sometido a su conocimiento y decisión, se debe determinar, en primer término, la procedencia del recurso de protección interpuesto, para luego, si fuera del caso, analizar el acto denunciado como ilegal o arbitrario y determinar si éste afecta las garantías constitucionales de la recurrente.

SEXTO: Que, en relación a la procedencia de la acción intentada se debe considerar lo siguiente:

El recurso de protección –como es unánimemente aceptado- requiere para su procedencia, la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos. Entre ellos, -la existencia de un acto o una omisión ilegal o arbitraria; -que dicho acto viole, perturbe, conculque o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas; y, finalmente, -que quién lo interpone, se encuentre ejerciendo legítimamente un derecho indubitado. Tan solo en este último caso se le puede reconocer al que acciona de protección, legitimidad activa.

SEPTIMO:

Que, analizando los referidos requisitos en un orden inverso al recién señalado, esto es, estudiando en primer lugar la legitimación activa, cabe tener presente que el derecho comparado la ha definido señalando: “el interés legítimo se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo o negativo actual o futuro pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real. Se trata de la titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quién ejercita la pretensión, que se materializaría de prosperar ésta” (Tribunal Constitucional de España, STC52/2007).

Que, por su parte La Excma. Corte Suprema de Chile ha sostenido sobre el particular: “la voz interés utilizada en esa disposición, (se está refiriendo al artículo 292 del Código del Trabajo), porque si bien la norma otorga legitimación activa a cualquier interesado, no por eso cualquier persona puede accionar en esta materia, ya que se precisa de interés y el interés procesal es el móvil del actor y debe ser actual, no basta con que sea futuro o eventual; directo, o sea, particular de quien lo ejerce y legítimo, es decir, lícito”. El mismo fallo agrega que la acción de autos no es popular.... (24 de marzo de 2009, rol 196-09).

De la misma manera, el máximo tribunal ha resuelto: “Aun cuando se puede recurrir de protección por sí o por otro a su nombre, es requisito básico para que la acción sea acogida que quien, o para quien se pide protección, sea un sujeto específico "afectado" en el ejercicio legítimo de su derecho, que es el legitimado para accionar, aunque otro deduzca la acción por él, por cuanto no se trata de una acción popular, desde que el imperio del derecho que hay que restituir es el que ha sido alterado por el menoscabo que sufre en su derecho el afectado con el agravio, mediante un interés personal, concreto y actualmente comprometido. (19 de marzo de 1997, rol 4658-96)

OCTAVO:

Que, planteado lo anterior resulta útil para el análisis que se viene desarrollando, establecer ciertos antecedentes fácticos que rodean el presente recurso de protección:

En primer lugar, es dable tener presente que el verdadero motivo que fundamenta el presente recurso de protección es el hecho de haberse comunicado al recurrente que su retiro se haría efectivo el 1° de septiembre de 2015, en circunstancias que –según el recurrente- le correspondía que fuera en diciembre del mismo año.

NOVENO: Que, no obstante lo expuesto, de la simple lectura del documento agregado a fojas 39 y que corresponde al Acta sobre fijación de la fecha en que se haría efectivo el retiro del recurrente y que aparece firmado por el mismo, se observa que fue don nombre reservado, quién pidió con fecha 19 de enero de 2015 que se le fijara como fecha en que se haría efectivo el retiro absoluto de la institución de Carabineros, el día 1° de septiembre del año en curso de manera que, habiendo obtenido lo solicitado no se comprende como lo allí resuelto puede causar un perjuicio al hoy día recurrente que justifique la interposición de esta acción constitucional.

DECIMO: Que, sin perjuicio de lo recién señalado, y sólo a mayor abundamiento, es dable precisar que el artículo 39 de la Ley Orgánica de Carabineros es clara en su redacción de manera que la interpretación que de ella hacía el recurrente es equivocada por cuanto al señalar ésta que el retiro “no puede ser posterior en más de seis meses de la fecha de la Resolución” se está refiriendo a un plazo máximo y no mínimo.

UNDECIMO: Que, en tales circunstancias, la acción cautelar interpuesta deberá desecharse por cuanto la recurrente no ha aportado antecedentes que formen convicción suficiente para estimar que en el presente caso, exista un acto arbitrario o ilegal que amague, altere o prive al actor del legítimo ejercicio de los derechos que la Constitución asegura a todas las personas.

Por estas consideraciones y de acuerdo, también, a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en lo principal de fojas 5.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección Nº67.480-2015.

Redacción del Abogado Integrante señor Cruchaga, quien no firma por ausencia.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de nombre reservado, presidida por la Ministra señora Gloria Solís Romero, conformada por el Ministro suplente señor Jorge Norambuena Carrillo y el Abogado Integrante señor Angel Cruchaga Gandarillas.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de nombre reservado.

En nombre reservado, a nueve de diciembre de dos mil quince, se notificó por el estado diario la sentencia que antecede.