COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL DETALLISTA LIMITADA con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL VISTA EN POS DEL ING. CORTE 56934-2019.-

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de enero de dos mil veinte.

Visto y teniendo presente:

1°.- Que comparece don Arturo Fermandois Vöhringer, abogado, en representación de Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limitada, Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriente Limitada (“ORIENCOOP”), Cooperativa Ahorrocoop Limitada (“AHORROCOOP”), Institución Financiera Cooperativa Coopeuch (“COOPEUCH”), Cooperativa de Ahorro y Crédito Talagante Limitada (“COOCRETAL”), Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Aérea Limitada (“CAPUAL”) y Cooperativa de Ahorro y Crédito el Detallista Limitada (“DETACOOP”), todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, (en adelante SUSESO),representada por el Superintendente de Seguridad Social don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haber emitido la Circular N°3.435 de 9 de julio de 2019, (en adelante la Circular), acto ilegal y arbitrario que priva y perturba las garantías consagradas en el artículo 19 de nuestra Carta Magna, consistentes en la igualdad ante la ley (N°2), de la no discriminación arbitraria en materia económica (N°22), de libre iniciativa en materia económica (N°21), y de propiedad (N°24).

Pide se deje sin efecto la referida Circular, en la parte que altera el orden de prelación de los descuentos de los llamados “créditos sociales”, sin perjuicio de las demás medidas que esta Corte estime necesarias para restaurar el imperio del derecho.

Funda su pretensión cautelar señalando que las recurrentes son cooperativas de ahorro y de crédito regidas por la Ley de Cooperativas (DFL N°5 de 2004, del Ministerio de Economía) y sujetas a la fiscalización tanto del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, como de la Comisión para el Mercado Financiero, dando cuenta de la cantidad de socios que posee cada una de ellas y los créditos otorgados.

Explica que una parte relevante de la actividad de las Cooperativas consiste en otorgar créditos a sus socios, en condiciones ventajosas para ellos, a las que no pueden acceder en la banca. Actualmente, cuentan con más de RUT reservado socios que pueden potencialmente acceder a los productos de créditos y la principal modalidad para su otorgamiento consiste en el pago por medio de descuento por planilla que realiza mensualmente el empleador, lo que otorga mayor seguridad de pago. Esta seguridad de pago, a su vez, permite al socio acceder a condiciones ventajosas de tasas, montos y plazos.

Precisa que actualmente, más de 330.000 socios de las Cooperativas han recibido créditos en esta modalidad, los que pagan mes a mes por medio de descuentos por parte de su empleador y es precisamente esta modalidad de créditos la que la Circular recurrida, junto con el Dictamen N°14.951 de 2019 que altera e impacta sobrevinientemente, hasta el límite de hacer prácticamente imposible su otorgamiento por parte de las Cooperativas.

Sostiene que, si por efecto de la Circular el crédito que otorguen las Cajas de Compensación siempre tendrá preferencia, con independencia del momento de su otorgamiento, las recurrentes no podrán evaluar razonablemente el riesgo de sus socios, porque el pago con preferencia del crédito posterior otorgado por la Caja implicará que se exceda del límite legal de descuento de la remuneración, eliminándose el descuento en beneficio de las Cooperativas.

Estima que, por aplicación de la Circular, las posibilidades de pago serán siempre inciertas para sus representadas, mientras que son aseguradas a todo evento para las Cajas de Compensación.

Afirma que, sin existir una ley o sentencia judicial, y sin haber cumplido con el procedimiento administrativo previsto por la ley, la Circular de que se trata altera las reglas básicas de la actividad de las Cooperativas, privándolas de la posibilidad de analizar con un mínimo de seguridad el riesgo de un socio que solicita un crédito, poniendo en riesgo, además, la cobranza de créditos vigentes, lo que, en los hechos, implica impedirles ejercer su actividad social Explica que hasta la emisión de la Circular y del impugnado Dictamen N°14.951, tratándose de funcionarios públicos, el descuento por planilla para pagar las cuotas de créditos voluntarios se venía haciendo según el orden de antigüedad de los mismos, en caso que concurriesen conjuntamente créditos de una Caja de Compensación y una Cooperativa, y el descuento máximo del sueldo no alcanzase dentro del tope legal para cubrir las cuotas correspondientes a ambos créditos.

Refiere que por sentencia Rol Nº 35.110-2017, de 19 de marzo de 2018, la Excma. Corte Suprema afirmó que los llamados “créditos sociales” de las Cajas de Compensación no constituyen prestaciones de seguridad social, sino créditos voluntarios, lo que tiene importancia porque sólo las prestaciones de seguridad social pueden ser descontadas del sueldo del funcionario con preferencia, por tratarse de descuentos legales. De este modo, la Corte Suprema confirmó el criterio sostenido por la Contraloría General de la República en su dictamen N°3.646, de 2 de febrero de 2017, en cuanto a que los llamados “créditos sociales” que otorgan las Cajas de Compensación son operaciones de carácter voluntario y no legal, de modo que a su vez los descuentos (“deducciones”) para pagar dichos créditos “tienen el carácter de voluntarias” y se rigen por las reglas generales.

Precisa que, en forma inconsulta y sin cumplir el procedimiento previsto en la ley orgánica, con fecha 9 de julio de 2019 la Superintendencia dictó la Circular N°3.435, mediante la cual modificó el citado numeral 10.4 de la Circular N°2.052 e incorporó un último párrafo que confiere el ilegal privilegio que impugna, por el cual “Además, y dado que el artículo 69 de la Ley N°18.833 indica expresamente que los créditos sociales en favor de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar gozan de la preferencia del artículo 2472 N°6 -actual N°5-, del Código Civil, procede que los descuentos que se efectúen para su pago se ajusten a las reglas de los créditos de primera clase, teniendo preferencia para su descuento en las remuneraciones del funcionario”.

Alega que la Circular 435 revoca completa y absolutamente la regla de descuento previo, innovando con una preferencia contraria a la ley en beneficio de las Cajas de Compensación y pone en riesgo las actividades de las Cooperativas, al asignar ilegalmente dicha preferencia, con independencia de su antigüedad.

En relación con las ilegalidades de la Circular impugnada, sostiene que al conferirle a los “créditos sociales” otorgados por las Cajas de Compensación el privilegio del N°5 del art. 2472 del Código Civil, ordenando que los descuentos que se efectúen para su pago deben ajustarse a las reglas de los créditos de primera clase, incurrió en las siguientes ilegalidades y arbitrariedades:

A.- Actuó sin sujetarse al procedimiento establecido en la ley, omitiendo la consulta pública (art. 2, letra b, Ley 16.395) y la coordinación con los otros órganos del Estado competentes sobre la materia (art. 37 bis, Ley N°19.880) y con ello, impidió a las recurrentes ejercer el derecho constitucional y legal de participar en los procedimientos administrativos que las afecten y ofrecer sus comentarios, los que legalmente debían ser evaluados por la SUSESO, pese a que los actores son los únicos perjudicados por este acto. Por esto, la omisión de esta consulta pública tiñe de especial arbitrariedad la decisión de la Superintendencia;

B.- Omitió señalar y explicar las razones o fundamentos de su actuación, resultando la Circular un acto sin motivación, en abierta infracción a las exigencias de la Ley N°19.880 (art. 11 y 41);

C.- Aplicó ilegalmente el estatuto jurídico de la prelación de créditos (Libro IV, Título XLI del Código Civil) a descuentos mensuales de deudores que no están en condición de insolvencia, ni están siendo objeto de liquidación concursal o ejecución individual;

D.- Extendió el privilegio contenido en el art. 69 de la Ley N°18.833 a créditos que no derivan de prestaciones de seguridad social, infringiendo el tenor literal de dicho precepto, y lo resuelto por la Excma. Corte Suprema (rol N°35.110-2017), en causa originada entre diversas cajas de compensación y la Contraloría General, sentencia conocida por la Superintendencia;

E.- Desconoció insólitamente lo dispuesto en el art. 22 de la Ley N°18.833, precepto que excluye expresamente a las cuotas de créditos sociales que se encuentren pendientes de descuento del privilegio del número 5 del art. 2472 del Código Civil. Esto es, el art. 22 niega el privilegio que el Superintendente instruye aplicar en su Circular;

F.- Infringió la prohibición de analogía que gobierna al estatuto de prelación créditos, por tratarse de normas excepcionales, de aplicación restrictiva.

En relación con las garantías constitucionales denunciadas, señala que la SUSESO, mediante la dictación de la Circular vulneró el derecho de las recurrentes consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política, al menos en cuatro formas complementarias.

En primer lugar, privó a las actoras de hacer valer sus derechos en el procedimiento de consulta pública exigido expresamente por la Ley N°16.395 (art. 2, letra b). Mientras en la generalidad de los casos, al dictar circulares, la Superintendencia cumple con la exigencia de consulta pública, en este caso los omitió, en directo perjuicio de las recurrentes.

En segundo lugar, la Circular aplica exorbitantemente las reglas excepcionales de la prelación de créditos del Código Civil, a situaciones diversas a las contempladas por dicha norma, fundamentalmente, los artículos 69 de la Ley N°18.833 y 2472 y 2473 del Código Civil a situaciones no contempladas por el legislador.

En tercer término, la Circular vulnera la llamada “presunción de igualdad”, la que supone dos elementos o reglas: a) la igualdad constitucional, como regla generalísima, “exige un trato similar y sólo permite un trato diferente si aquel puede ser justificado por una razón suficiente”; y b) en caso de duda, la igualdad debe preferirse a la desigualdad.

Expresa que la Circular invierte estas dos reglas. En efecto, la institución jurídica de la prelación de créditos constituye en sí misma una desigualdad o diferencia de trato por parte del ordenamiento jurídico, y, por tanto, constituye una excepción a la regla general de igualdad entre los acreedores (par conditio creditorum). En consecuencia, su interpretación debe ser siempre restrictiva, o a lo menos estricta, sin que jamás se pueda extender a otras situaciones, ni siquiera utilizando el expediente de la analogía (primera regla). Aún en el caso que existieran dudas legítimas acerca de la eventual aplicación de las normas de prelación de créditos a la situación de autos, igualmente se debió haber optado por no utilizarlas (segunda regla).

En cuarto lugar, la Circular crea una desigualdad en perjuicio de las recurrentes, sin que exista justificación suficiente. Se trata, por tanto, de una discriminación arbitraria que consiste en que a las Cooperativas no se le respetará ni la antigüedad de sus créditos ni la igual preferencia de cobro al concurrir con otros acreedores. Ello por cuanto el pago de créditos posteriores a los suyos, entregados al mismo deudor, preferirán automáticamente a los suyos.

En cuanto a la garantía del N°21, inciso primero, del artículo 19 de la Carta Fundamental relacionada con el derecho a desarrollar una actividad económica lícita, la Circular impacta gravemente en la actividad de las recurrentes, elevando hasta niveles extremos el riesgo del otorgamiento de créditos a sus socios, los que enfrentarán siempre la contingencia de un crédito social posterior otorgado por una Caja de Compensación al mismo deudor, que impedirá su cobranza.

2°.- Que en su informe don Francisco Calvo Fernández de la Peña, abogado, en representación de la Superintendencia De Seguridad Social, solicita el rechazo del recurso, con costas.

Funda sus alegaciones señalando que la Superintendencia, el 9 de julio de 2019, publicó la Circular N°3435 que modificó la Circular N°2.052, de 2003, en lo relativo a la preferencia de que gozan los descuentos para el pago de créditos sociales otorgados por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, la que fue redactada en uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 16.395, Orgánica de la Superintendencia, y en la Ley N°18.833, tratándose de funcionarios públicos. Lo anterior, de acuerdo al pronunciamiento emanado de la Contraloría General de la República, a través de su Dictamen N° 14.951, de 2019.

Cita el artículo 1° de la Ley N°18.833 y señala que Las C.C.A.F. pueden establecer y administrar, respecto de sus trabajadores y pensionados afiliados, los regímenes de: Crédito social, Prestaciones Adicionales y Prestaciones Complementarias.

Respecto al Crédito Social señala que se trata de una prestación de seguridad social que otorgan las C.C.A.F. a sus afiliados, consistente en préstamos en dinero otorgados al trabajador o pensionado afiliado para finalidades relacionadas con las necesidades de éstos y de sus causantes de asignación familiar. Estos créditos sociales, de acuerdo al artículo 4° del D.S. 91, de 1978, del Ministerio del Trabajo, que aprobó el Reglamento del Régimen de Prestaciones de Crédito Social de las C.C.A.F., se otorgan para las finalidades relacionadas con las necesidades del trabajador y del pensionado afiliados, y de sus causantes de asignación familiar, relativas a: a) Bienes de consumo durables, trabajo, educación, salud, recreación, ahorro previo para la adquisición de viviendas, contingencias familiares, y otras necesidades de análoga naturaleza. El plazo de restitución de estos préstamos no podrá exceder de cinco años. En el caso de los créditos de educación, el plazo es de hasta 15 años; b) Préstamos destinados a la adquisición, construcción, ampliación y reparación de viviendas, y al refinanciamiento de mutuos hipotecarios. El plazo de restitución de estos préstamos no podrá exceder de cuarenta años.

En cuanto a su mecanismo de pago, explica que el Crédito Social se rige por lo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, precepto que señala que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro de las cotizaciones previsionales. Junto con lo anterior, el artículo 69 de la Ley N°18.833 preceptúa que “los créditos de las Cajas de Compensación derivados de las prestaciones de seguridad social de los regímenes que administren y contra cualquier persona, quedarán comprendidos en la sexta causa del artículo 2.472 del Código Civil”, artículo este último que fue modificado por la Ley N°20.720, pasando la sexta causa a ser parte de la quinta de los créditos de primera clase.

Puntualiza que las obligaciones de carácter previsional se encuentran previstas en la causal N°5 del artículo 2.472 del Código Civil, misma causal de preferencia de los créditos sociales que otorgan las C.C.A.F.

Hace presente que el Fondo Social de las C.C.A.F. se sustenta principalmente en los intereses obtenidos por el otorgamiento de créditos sociales a sus afiliados y que es con cargo a dicho Fondo que las Cajas de Compensación, en su calidad de entidades de previsión social, deben cumplir con las diversas funciones que establece la Ley N°18.833. En efecto, el referido Fondo Social permite a las Cajas no sólo financiar sus gastos operacionales y posibilitar el acceso a nuevos créditos sociales por parte de trabajadores y pensionados afiliados, sino también financiar su régimen de prestaciones adicionales, lo que se traduce en el otorgamiento de beneficios de seguridad social para sus afiliados, tales como bonos por natalidad, nupcialidad y fallecimiento; bonos por becas escolares, prestaciones de salud y prestaciones de carácter recreacional (acceso a infraestructura deportiva y vacacional), entre otros beneficios vinculados con el bienestar social de los mismos.

En consecuencia, resulta innegable que el Crédito Social que dichas entidades otorgan a sus afiliados constituye, desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, una prestación de seguridad social.

Agrega que, en cumplimiento de su mandato legal, corresponde a esta Superintendencia, entre otras funciones, emitir pronunciamientos vinculantes en el ámbito administrativo, a través de dictámenes, respecto de todas aquellas entidades sujetas a su supervigilancia y fiscalización integral, entre las que figuran las Mutualidades de Empleadores de la Ley N° 16.744, el Instituto de Seguridad Laboral; las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.) y los Servicios de Bienestar del Sector Público.

Expresa que, en lo concerniente a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.), de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 3° de la Ley N°18.833 (que contiene el Estatuto General de las C.C.A.F.) y 23 de la Ley N°16.395, corresponde a la Superintendencia ejercer respecto de ellas la supervigilancia y fiscalización integral y en uso de sus facultades reguladoras, en el año 2003, se dictó la Circular N° 2.052, que impartió Instrucciones sobre el Régimen de Prestaciones de Crédito social administrado por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.

Precisa que esta Circular reguló la naturaleza y finalidades del crédito social, el financiamiento del régimen de crédito social, los beneficiarios, las formas de acceder al citado crédito social, cauciones, normas mínimas obligatorias de resguardo que deben adoptar las C.C.A.F para la concesión del crédito social, la determinación del monto del crédito social, fijación de tasas de interés, la responsabilidad en su otorgamiento, renegociación y reprogramación de crédito social y sus efectos, y el pago anticipado, entre muchos otros aspectos.

Dicho instrumento ha sido objeto de diversas modificaciones a lo largo del tiempo, conforme se fueron introduciendo a su vez modificaciones legales y reglamentarias. Sin embargo, también fue necesario modificar esta Circular de modo de adecuarla a los dictámenes de la Contraloría General de la República, por ser vinculante para esta Superintendencia lo resuelto por este ente contralor.

Expone que luego que la Contraloría General emitiera su dictamen N°14.951, de junio de 2019, la Superintendencia, en virtud de la misma vinculación obligatoria tuvo que modificar su Circular N°2.052/2003 para introducir la complementación que realizó el ente contralor, con el fin de otorgar certeza a los organismos regulados, esto es, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, relativo a los descuentos de cuotas de créditos sociales en las remuneraciones de los funcionarios públicos regidos por la Ley N° 18.883.

Afirma que el 9 de julio de 2019, la Superintendencia sustituyó el numeral 10.4 de la Circular N° 2.052/2003, para tan solo agregar que el límite de descuento del 15% en las remuneraciones de los funcionarios públicos por concepto de cuotas de crédito social aplica tanto a funcionarios regidos por la Ley N° 18.834 como por la Ley 18.883 (funcionarios municipales), y en su último párrafo agregó lo que manifestó la Contraloría General, en cuanto a que los créditos sociales en favor de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar gozan de la preferencia del artículo 2472 N°6-actual N°5- del Código Civil, por lo que procede que los descuentos que se efectúen para su pago se ajusten a las reglas de los créditos de primera clase, teniendo preferencia para su descuento en las remuneraciones del funcionario.

En cuanto a lo señalado en el recurso de protección de autos, relativo a que la Circular recurrida que crea una preferencia ilegal en beneficio de las Cajas de Compensación y en perjuicio de las recurrentes, señala que la preferencia para el descuento en las remuneraciones del trabajador está reconocida en varios artículos de la Ley N°18.833, de Cajas de Compensación de Asignación Familiar. El primero de ellos, es el artículo 22 de la Ley N°18.833, que indica: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.”

Añade que también queda demostrada la preferencia del descuento de la cuota del crédito social en el artículo 69 de la misma Ley N°18.833, en cuanto establece que: “Los créditos de las Cajas de Compensación derivados de las prestaciones de seguridad social de los regímenes que administran y contra cualquier persona, quedarán comprendidos en la sexta causa del artículo 2.472 del Código Civil.”

Alega que el recurso de protección de autos debe desestimarse en todas sus partes, por cuanto, en primer lugar, el asunto es ajeno a la naturaleza del recurso de protección, toda vez que éste corresponde a una acción cautelar de origen constitucional que tiene por objeto proteger a los individuos frente a los efectos de actos arbitrarios e ilegales que hayan privado, perturbado o amenazado un derecho indiscutido, a través de medidas que eviten las consecuencias de tales actuaciones, restableciendo el imperio del derecho.

En cuanto a que la Circular recurrida no fue publicada, efectivamente, la letra b) del artículo 2° de la Ley N°18.833 establece que Superintendencia previamente a dictar Circulares o instrucciones convocará un proceso de consulta pública y recepción de comentarios. Sin embargo, la misma disposición establece que lo anterior no se efectuará cuando por la naturaleza de la materia de que se trata o de oportunidad con que deban surtir efecto las respectivas instrucciones, esta instancia no sea procedente, lo que permite concluir que dicha consulta no es obligatoria. En efecto, los dictámenes de la Contraloría General de la República son obligatorios o vinculantes para todos los órganos de la Administración del Estado y en ese sentido, la Circular N°3.435 de 2019, de la SUSESO, solo es la consecuencia del dictamen de la Contraloría General de la República N°14.951/2019, tal como se hizo con la Circular anterior, N° 3.355 de 2018.

Luego del dictamen N°14.951/2019 de la Contraloría General, atendida la naturaleza de lo instruido, esto es, la preferencia en los descuentos de los créditos sociales, no había posibilidad de elevar en consulta la Circular N°3.435 de 2019, toda vez que solo cabía dar aplicación a la misma como una forma de dar certeza a las Cajas de Compensación en la manera en que proceden los descuentos de cuotas de crédito social en las remuneraciones de los funcionarios públicos.

En cuanto a la falta de fundamentación de la Circular N°3.435 de 2019, que alegan las recurrentes, debe precisarse que su motivación se encuentra en su encabezado, en cuanto precisa lo siguiente: “Esta Superintendencia, en uso de las atribuciones que le confieren las Leyes N°s. 16.395, Orgánica de este Servicio, y 18.883, que contiene el Estatuto Orgánico de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.), ha estimado necesario modificar, como se indica, la Circular N° 2.052, de 2003, que regula el Régimen de Prestaciones de Crédito Social, en lo que dice relación con la preferencia de que gozan los descuentos que se efectúan para el pago de los créditos sociales tratándose de funcionarios públicos afiliados que se rijan por las disposiciones contenidas en las Leyes N° 18.834 y 18.883.

En cuanto a la supuesta infracción del fallo de la E. Corte Suprema, expone que la Superintendencia no fue parte del recurso de protección resuelto en el ingreso N°35110- 2017 y, además, atendido el efecto relativo de las sentencias judiciales, no pudo con su Circular cuestionada, infringir el fallo que alegan las recurrentes, toda vez que dicha sentencia fue obligatoria sólo respecto del caso concreto en que se pronunció y, por ende, no constituyó lo que se denomina un precedente, tal como lo señala el inciso segundo del artículo 3 del Código Civil.

En relación con las garantías constitucionales, resalta que no es efectivo que la Circular vulnere el derecho de las actoras a desarrollar su actividad económica, toda vez que solo menciona a qué funcionarios públicos se aplica el 15% de descuento en las remuneraciones a efectos de créditos sociales y que tales descuentos gozan de una preferencia que señala la ley. No advierte cómo la Circular pueda afectar el derecho mencionado por las recurrentes, sobre todo considerando que sus cooperados muchas veces son personas distintas de las reguladas por medio de la citada Circular, sin perjuicio que tienen garantizado por ley un descuento que llega hasta el 25%, a diferencia de las Cajas cuyo tope ha señalado la Contraloría General llega sólo al 15% de la remuneración del funcionario público.

En relación con la conculcación de la igualdad ante la ley, refiere que la Circular recurrida sólo explícita el reconocimiento a la preferencia que indica la ley y de la cual se hizo expresamente cargo el dictamen de la Contraloría General, mediante el cual no se hizo una diferencia legal ni arbitraria que afecte a las actoras, toda vez que dicho órgano de control sólo ha determinado el alcance del citado art. 69 de la Ley N° 18.833, reconociendo el privilegio que este precepto ha dado a los créditos otorgados por las Cajas de Compensación, sin referirse a demás descuentos voluntarios que pueden concurrir al pago junto con éstos.

En cuanto a los argumentos de forma.

3°.- Que lo que se denunció por intermedio de la presente acción cautelar, es un acto administrativo emitido por la Superintendencia de Seguridad Social , el cual en opinión de los recurrentes, al haber sido dictado mediando ilegalidad y arbitrariedad por aquélla institución, vulneró diversas garantías constitucionales de sus representados protegidas por el artículo 20 de nuestra Carta Magna, por lo que corresponde que esta Corte se avoque a su análisis y resolución, y no que sea dirimido el conflicto en sede civil, por tratarse de una cuestión de interpretación normativa.

En cuanto al fondo.

4°.- Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

5°.- Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

6°.- Que el acto recurrido es la Circular N° 3.435 de 9 de julio de 2019, que sustituyó el numeral 10.4 de la Circular N° 2.052/2003, que fue dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, el cual según los recurrentes es ilegal y arbitraria y afecta garantías constitucionales que están protegidas por el artículo 20 de nuestra Carta Magna, las que indican.

7°.- Que en el orden constitucional, de acuerdo al artículo 19 N° 18 inciso cuarto de nuestra Carta Magna, “El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social”.

En el plano legal, de conformidad al artículo 1° de la Ley 16.395, Orgánica de la Superintendencia de Seguridad Social, ésta es un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por intermedio de la Subsecretaría de Previsión Social. Y se le reconoce, para todos los efectos legales, el carácter de institución fiscalizadora, en los términos del Título I del decreto ley N° 3.551, de 1981.

Dentro de sus funciones le corresponde, (artículo 2 letra b), dictar las circulares, instrucciones y resoluciones a las entidades sometidas a su supervigilancia, en tanto sean necesarias para el ejercicio de las funciones y atribuciones que le confiere esta ley. Además, es la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión. (Artículo 3).

A su vez, la Ley 18.833, que establece el Estatuto General para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, en su artículo 3° expresa que “Las Cajas de Compensación estarán sometidas a la supervigilancia y a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, sin perjuicio de las facultades que le pudieren corresponder a la Contraloría General de la República de acuerdo con su ley orgánica.”.

8°.- Que en conformidad a la normativa constitucional y legal reseñada en el motivo anterior, no cabe sino concluir que la SUSESO, actuó dentro de la esfera de sus atribuciones al haber emitido la Circular 3.435 de 9 de julio de 2019, por la cual sustituyó el numeral 10.4 de la Circular N° 2.052/2003, sólo en cuanto determinó que el límite de descuento del 15% en las remuneraciones de los funcionarios públicos por concepto de cuotas de crédito social se aplica tanto a funcionarios regidos por la Ley N° 18.834 como por la Ley 18.883 (funcionarios municipales). Asimismo, agregó que lo declarado por la Contraloría General de la República, en cuanto a que los créditos sociales en favor de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar gozan de la preferencia del artículo 2472 N°6-actual N°5- del Código Civil, por lo que procede que los descuentos que se efectúen para su pago se ajusten a las reglas de los créditos de primera clase, teniendo preferencia para su descuento en las remuneraciones del funcionario.

En conclusión, la Circular recurrida fue pronunciada en uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 16.395, Orgánica de la Superintendencia, y en la Ley N°18.833, para el caso de los funcionarios públicos, y solo es consecuencia del dictamen de la Contraloría General de la República N°14.951/2019, el que por lo demás, resulta ser vinculante para la SUSESO, por ser un acto administrativo pronunciado por el ente contralor.

9°.- Que, en consecuencia, de conformidad a la normativa constitucional y legal reseñada en los motivos anteriores, no cabe sino concluir que el recurrido, al dictar la Circular 3.435 de 9 de julio de 2019, actuó dentro de la esfera de su competencia, la que emana de las normas tanto constitucionales como legales citadas, asimismo, tampoco se advierte que el acto ejecutado por la SUSESO sea infundado o inmotivado, sino que por el contrario su motivación se precisó en su encabezado, en cuanto se estableció que éste fue consecuencia del ejercicio de su función de fiscalización de las instituciones de previsión. Ergo, la referida circular, no es ilegal ni arbitraria, y por ende, mal pudo haber vulnerado las garantías constitucionales alegadas por el actor.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

Que se rechaza, sin costas, la presente acción constitucional interpuesta por el abogado don Arturo Fermandois Vöhringer, en representación de Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limitada, Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriente Limitada (“ORIENCOOP”), Cooperativa Ahorrocoop Limitada (“AHORROCOOP”), Institución Financiera Cooperativa Coopeuch (“COOPEUCH”), Cooperativa de Ahorro y Crédito Talagante Limitada (“COOCRETAL”), Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Aérea Limitada (“CAPUAL”) y Cooperativa de Ahorro y Crédito el Detallista Limitada (“DETACOOP”), en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada por el Superintendente de Seguridad Social don Francisco Calvo Fernández de la Peña, por haber emitido la Circular N°3.435 de 9 de julio de 2019.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro señor Carreño.

N°Protección-67449-2019.

No firma el Ministro señor Jorge Zepeda Arancibia, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse en comisión de servicio en la Excma. Corte Suprema.