nombre reservado con JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS (JUNAEB)

Santiago, uno de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado Negrón Chu-han, abogado, interpone recurso de protección a favor de nombre reservado, y en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (en adelante JUNAEB), por dictar la Res. Exenta Nº 3000, de 17 de diciembre de 2020, que rechazó el recurso de reposición deducido en contra de la Resolución Nº 2165, de 2020, ambas de la JUNAEB, y que declara terminado el proceso disciplinario, aplicando la sanción de censura, contemplada en el artículo 121, letra a), de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, a fin de que se ordene la reapertura del procedimiento disciplinario, se corrijan los vicios procedimentales que se acusan, y en su lugar, el Servicio dicte la resolución que, conforme a derecho, corresponda.

Refiere que la Dirección Nacional de la JUNAEB inició una investigación sumaria destinada a investigar la denuncia realizada por don nombre reservado en contra de doña nombre reservado por actos de acoso laboral, que por Res. Exenta Nº 714, se ordenó se tramitara conforme al procedimiento de Sumario Administrativo, formulándose los siguientes cargos a la Sra. nombre reservado:

i. Agresión y hostigamiento público por parte de nombre reservado, mientras el funcionario nombre reservado, se encontraba en el pasillo de acceso al Departamento de Informática, ubicado en el piso 13º del edificio institucional, hecho ocurrido el 4 de diciembre de 2019, cerca de las 16 hrs. La ocurrencia de este hecho consta en la propia declaración de la denunciada, quien reprochó a viva voz y mediante gritos en la zona del pasillo de acceso, en presencia de nombre reservado y nombre reservado, además de otros funcionarios, oportunidad en le gritó que, “como era posible que nombre reservado nos tratara como nido de ratas. Que eso era una falta de respeto”. Al respecto, reconoce en la aludida declaración que “lo hice a viva voz, no gritando y reconozco que no fue en una sala de reuniones como debía haber sido, ya que yo hablo así, en tono alto”, en abierta referencia a comentarios que el denunciante habría hecho respecto del departamento.

ii. Agresión y hostigamiento público de la denunciada nombre reservado en contra de nombre reservado, hecho ocurrido el día 4 de diciembre de 2019, en las oficinas del Departamento de Informática, quien lo habría insultado a viva voz gritándole en lenguaje soez, “habla po weón”, como consta en el testimonio de fojas 85, de doña nombre reservado.

iii. Amenazas y hostigamiento público de la denunciada doña nombre reservado, hecho ocurrido el 4 de diciembre de 2019, en las oficinas del Departamento de Informática de JUNAEB, cerca de las 17 hrs., en presencia de otros compañeros, donde la denunciada le recriminó viva voz, “por qué me miras”, lo cual consta en la propia declaración de nombre reservado, de fojas 32. La denunciada reconoce en la misma declaración que posteriormente habría pedido disculpas al denunciante por su actitud. También fue testigo de este hecho el funcionario de JUNAEB don nombre reservado, como consta a fojas 83, quien relata que nombre reservado le gritó al denunciante, “qué mirai”, en voz alta y desde un lugar alejado. Tales hechos también fueron presenciados por el funcionario don nombre reservado, que en su declaración de fojas 87, señala que estando en las dependencias del Departamento de Informática la denunciada se habría dirigido a nombre reservado, mediante gritos, diciéndole “y tú qué mirai”, lo que había ocurrido con las puertas abiertas del departamento de Informática y en presencia de otras personas.

iv. Hostigamiento y descrédito público de la idoneidad profesional y personal de don nombre reservado, para indisponerlo antes sus superiores, lo cual consta en la propia declaración de doña nombre reservado, de fojas 32, quien señaló a sus superiores que no le parecía apropiado que el señor nombre reservado volviera a prestar apoyo al Sistema de Adquisición 2.0, “porque en todo ese periodo no se hizo nada”, en directo cuestionamiento a su desempeño laboral.

Mediante Resolución Interna Nº 11, de 29 de mayo de 2020, la Fiscalía tiene por evacuado los descargos efectuados por la recurrente, disponiendo la apertura de un período probatorio de 7 días hábiles, apercibiéndola a presentar minuta de preguntas a más tardar el día 2 de junio de 2020. Hace presente que, si bien esta resolución fue notificada a la Sra. nombre reservado, por correo electrónico de 29 de mayo de 2020, dicha resolución no se encuentra firmada por la Fiscalía, ni tampoco fue incorporada al expediente sumarial.

Luego, por Resolución Interna Nº 10 (sic) de 2 de junio de 2020 (foja 128 del expediente sumarial), tiene por evacuado los descargos, disponiendo la apertura de un término probatorio de 20 días para rendir prueba testimonial y presentar minuta de preguntas.

El 2 de junio de 2020, la recurrente acompaña la Minuta de preguntas relativas a las diligencias testimoniales requeridas (fojas 130 del expediente sumarial), solicitando presenciar dichas diligencias vía plataforma de videollamada y la reprogramación de las audiencias testimoniales fijadas para ciertos días del término probatorio, atendida la licencia médica que afectaba a doña nombre reservado durante los dos primeros días del término probatorio.

A fojas 157 del expediente sumarial, el Fiscal Octavio Arellano Zelaya dicta la Vista Fiscal, propone la sanción de censura comprendida en los artículos 121, letra a), y 122 del Estatuto Administrativo.

Mediante Resolución Exenta Nº 2165, de 25 de agosto de 2020, el Secretario General de la JUNAEB, nombre reservado, aprueba la Vista Fiscal en Sumario Administrativo, aplicando la medida disciplinaria de censura, en contra de doña nombre reservado.

El 10 de septiembre de 2020, la funcionaria sancionada deduce Recurso de Reposición en contra de la Resolución Exenta Nº 2165, de 2020.

Por último, la JUNAEB dicta la Resolución Exenta Nº 3000, de 17 de diciembre de 2020, que rechaza, en todas sus partes, el recurso de reposición deducido por doña nombre reservado, declara afinado el procedimiento disciplinario y aplica la medida disciplinaria de censura.

La parte recurrente sostiene que el acto impugnado es ilegal y arbitrario, pues no cumple con los estándares de motivación exigidos por nuestro ordenamiento jurídico, vulnerándose el principio de congruencia que debe salvaguardar la coherencia entre la formulación de cargos y la resolución final, y que ponen término a un procedimiento que se ha sustanciado con infracción al debido proceso.

Respecto de las infracciones al debido proceso señala que no se encuentran incorporadas al proceso ni el correo electrónico donde consta el envío de la Resolución Interna Nº 11, ni la propia Resolución. Es más, la resolución no se encuentra firmada ni por el Fiscal, Octavio Arellano, ni por el actuario, don nombre reservado. Entonces, el primer vicio del procedimiento dice razón con el hecho de que esta parte fue notificada de una Resolución que no existe y que fue sustituida con posterioridad, con total desconocimiento absoluto de la inculpada.

El segundo vicio que infringe el debido proceso, es la Resolución Interna Nº 11, de 3 de junio de 2020, que tampoco fue notificada, ni por correo electrónico, ni por otra vía. En otras palabras, a la parte acusada del procedimiento disciplinario, no se le informó oportunamente que se le estaba negando la reprogramación solicitada, ni tampoco que se denegaba la solicitud de asistencia a las diligencias testimoniales requeridas por las misma.

En cuanto a la Infracción al principio de congruencia. Expresa que se le formulan cargos por agresión y “hostigamiento público”, “amenazas” y “descrédito público” y luego es sancionada por “maltrato de palabra”, cuestión que infringe el principio de congruencia que debe observar un procedimiento disciplinaria de esta naturaleza.

En opinión de la recurrente, la formulación de cargos no guarda relación con la sanción aplicada, en definitiva, para ello transcribe el motivo 39° de la resolución impugnada: “39. Que, en consecuencia, esta superioridad acuerda con la fiscalía en orden a que corresponde formular reproche de responsabilidad en contra de doña nombre reservado, por configurarse en su caso la figura de maltrato de palabra en contra del exfuncionario don nombre reservado, infracción administrativa consignada en el artículo 61 letra c) de la ley y en el artículo 84 letra l), de la ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo”.

Luego, se refiere a la Infracción al principio de motivación, cuestionando que la recurrida al dictar, tanto su Resolución Exenta Nº 2165, como en la Resolución Exenta Nº 3000, no cumple con los estándares de motivación suficiente, tornando dicha calificación en una apreciación caprichosa, arbitraria y antojadiza.

En la fase investigativa del Sumario Administrativo, como se señaló en los descargos evacuados por esta parte, existen 5 declaraciones categóricas, y una declaración grabada incorporada a los autos disciplinarios, que hablan sobre el buen trato profesional que guarda doña nombre reservado con los funcionarios del Servicio, en su quehacer diario, a saber, declaraciones de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado.

En la fase probatoria, adiciona, hay 13 declaraciones incorporadas por medio de Constancia de Registro Sonoro, en el mismo sentido, que son de los funcionarios nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, donde consta que todos lo deponentes coincidieron en no haber presenciado nunca un maltrato de palabra de doña nombre reservado hacia el funcionario nombre reservado, ni a ningún otro funcionario en general. Inclusive, los testigos directos de los hechos ocurridos el 4 de diciembre del 2019, señalan que no presenciaron ningún tipo de maltrato de palabra realizado por doña nombre reservado a don nombre reservado (nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado).

Pide se dejen sin efecto la Resolución Exenta Nº 3000, de 17 de diciembre de 2020 y la Resolución Exenta Nº 2165, de 25 de agosto de 2020, dictadas por la JUNAEB, y se retrotraiga el procedimiento disciplinario instruido por Resolución Exenta Nº8, de 2020, y Nº 714, de 2020, por la Dirección Nacional de la JUNAEB, al momento inmediatamente posterior a la presentación de descargos de doña nombre reservado, con el fin de corregir las infracciones al debido proceso.

Segundo: Que, evacua el informe requerido el abogado Alejandro Laiseca Astudillo, por la recurrida, JUNAEB, solicitando el rechazo del recurso de protección por las razones que pasa a explicar.

En primer lugar, señala que el recurso de protección, dado su carácter de acción cautelar constitucional, no es vía idónea atendida a la existencia del recurso de reclamación ante el Órgano Contralor.

Refiere que las argumentaciones de la recurrente se basan en la falta de integridad del expediente administrativo, faltas al debido proceso en materia disciplinaria, falta de congruencia y falta de la proporcionalidad de la sanción en el procedimiento sumarial seguido por los actos ya referidos.

Sin embargo, los supuestos y eventuales vicios alegados por la parte recurrente, no refieren ni precisan de qué manera los procesos y la decisión terminal del mismo incumplen, en lo tocante a las garantías constitucionales y de qué manera las eventuales faltas, implican un supuesto reproche de arbitrariedad, simplemente enunciándolo y citando jurisprudencia que no es pertinente a los hechos que sustentan el presente recurso de protección.

El artículo 160 de la ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, establece un procedimiento especial de reclamación aplicable al efecto: “Los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República, cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere el presente Estatuto. Para este efecto, los funcionarios tendrán un plazo de diez días hábiles, contado desde que tuvieren conocimiento de la situación, resolución o actuación que dio lugar al vicio de que se reclama. Tratándose de beneficios o derechos relacionados con remuneraciones, asignaciones o viáticos el plazo para reclamar será de sesenta días. (…) La Contraloría General de la República deberá resolver el reclamo, previo informe del jefe superior, Secretario Regional Ministerial o Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según el caso. El informe deberá ser emitido dentro de los diez días hábiles siguientes a la solicitud que le formule la Contraloría. Vencido este plazo, con o sin el informe, la Contraloría procederá a resolver el reclamo, para lo cual dispondrá de veinte días hábiles”.

Enseguida, se refiere a la extemporaneidad de las alegaciones realizadas. Señala que, habiendo el recurrente conocido de los eventuales vicios producidos en el proceso disciplinario, no ejerció en ningún momento del proceso, la ahora utilizada acción cautelar, ni menos aun el proceso antes descrito del artículo 160 de la ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo.

Por lo que respecto de las eventuales vulneraciones provocadas durante la tramitación del proceso tomo conocimiento previamente, encontrándose -por ende- fuera del plazo requerido por el artículo 20 de la Constitución Política de la República para efectuar su interposición.

Señala que no existe Infracción Legal en la tramitación del proceso disciplinario. Expresa que el proceso instruido por resolución exenta N°8 y 714, de 2020 de JUNAEB, se inició por don nombre reservado, quien formuló denuncia ante el Departamento de Desarrollo y Gestión de Personas, mediante Formulario de Denuncia de Maltrato y Acoso Laboral y Sexual y Carta denuncia de 5 de diciembre de 2019, dirigida al jefe del Departamento de Gestión de Personas, en contra de la funcionaria doña nombre reservado, para lo cual adjuntó diversos correos electrónicos en que fundamenta su denuncia.

Es así, como en consideración todos los antecedentes testimoniales, documentos acompañados. la prueba documental y testimonial rendida, consignados en el sumario administrativo, en cuestión, es que la fiscalía arribó a la siguiente conclusión: NO CORRESPONDE QUE LOS HECHOS DENUNCIADOS POR DON nombre reservado, nombre reservado LABORAL en los términos establecidos en el artículo 2° del Código del Trabajo, toda vez que no se ha acreditado que los mismos hayan tenido la gravedad para afectar la dignidad del denunciante, no tienen la característica de haber sido actos de agresión u hostigamiento reiterados en el tiempo, que hayan tenido como resultado su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.

En consecuencia, no se ha concretado en su caso la infracción al artículo 84 letra m) de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en relación con la ley N° 20.607 de 2012, del Ministerio del Trabajo, que sanciona el acoso laboral.

Sin perjuicio de lo anterior, mediante Resolución Exenta N°2165, de 2020, se decidió absolver a la acusada y recurrente de autos de la denuncia de ACOSO LABORAL realizada por don nombre reservado. Sin embargo, la autoridad recurrida decidió aplicar, por haberse configurado la figura de maltrato, la sanción de CENSURA a doña nombre reservado, mediante una ANOTACIÓN DE DEMÉRITO DE 2 PUNTOS en el FACTOR DENOMINADO GESTIÓN DE PERSONAS, SUBFACTOR DENOMINADO LIDERAZGO, del reglamento vigente especial de calificaciones del personal de la JUNAEB. De conformidad a los artículos 121 letra a) y 122, ambos de la ley N°18.834, Estatuto Administrativo. Cabe señalar que, es la sanción más baja del espectro de sanciones que reúne el Estatuto Administrativo.

Con todo, la recurrente de autos repuso dentro de plazo, de conformidad al artículo Nº 141 letra a) de la ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo.

Según lo establecido, expresamente, en el artículo 35 de la ley N° 19.880, los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento administrativo como el de la especie, podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, apreciándose en conciencia y no conforme con las reglas de la sana crítica ni menos aun conforme reglas de prueba legal tasada, como serían por ejemplo contenidas en el Código de Procedimiento Civil, sistemas de valoración -y en particular este último- que permitirían sopesar para efectos de acreditar hechos la cantidad de testigos, y no la veracidad, concordancia, y peso de las declaraciones por ellos vertidas.

En consecuencia, de todo lo anterior, se desprende que en el caso sublite, no hay infracción alguna al derecho de igualdad ante la ley, garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución vigente.

Tercero: Que, se trajeron los autos en relación.

Cuarto: Que, el recurso de protección es una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Constituyen presupuestos de esta acción cautelar, los siguientes: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que producto de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República;

Quinto: Que, en situaciones como la planteada en autos, interesa poner especialmente de relieve la naturaleza cautelar de la acción ejercida, esto es, que tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de mantener un statu quo. Desde esa perspectiva, no resulta procedente examinar o analizar la ocurrencia de hechos supuestamente acaecidos en el año 2019, como es la pretensión de la recurrente, por mucho que se les asigne una relación de continuidad con la situación actual, porque ello importaría mudar la naturaleza de esta acción y hacer revivir situaciones fenecidas o superadas por el tiempo;

Sexto: Que, así las cosas, de la profusión de hechos relatados en el libelo de la recurrente, todos dice relación con el sometimiento arbitrario a un sumario administrativo, el que, en su opinión, habría vulnerado las normas del debido proceso.

Séptimo: Que, en relación con lo señalado por la actora, ha de referirse que –contrariamente a la afirmación de la recurrente– respecto al sumario administrativo, de su sola instrucción no es posible extraer indicios de persecución u hostigamiento ni tampoco que ello derive de un proceder arbitrario. Antes bien, los antecedentes dan cuenta que se trata de un ejercicio ponderado y razonable de atribuciones que la ley asigna a la superioridad respectiva, sin que se advierta vulneraciones al debido proceso, por cuanto la recurrente convalido los actos del sumario administrativo que ahora reprocha.

Octavo: Que, de las situaciones examinadas, cabe considerar que en su mayor parte los antecedentes desvirtúan las aseveraciones de la recurrente, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad que autorice la adopción de algún tipo de medida por parte de este tribunal y, en lo restante, ya fue sometida al imperio del derecho, razón por la que cabe desestimar la acción constitucional.

Por estas razones, disposiciones legales citadas y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, SIN COSTAS, el recurso de protección intentado a favor de nombre reservado, por estimarse que hubo motivo plausible para recurrir.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redactó la abogado integrante Sra. Herrera Fuenzalida.

Rol N° 674-2021. Protección.