nombre reservado con INTELLEGO CHILE ASESORIAS Y CONSULTORIAS

Santiago, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha doce de septiembre último, comparece don nombre reservado, por sí, interponiendo recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada por don nombre reservado, y en contra de su actual empleadora, la empresa Intellego Chile Asesorías y Consultorías Ltda., por el acto que denuncia como arbitrario e ilegal que afecta su derecho constitucional de propiedad, consistente en la orden dada por la recurrida a su empleadora, en el sentido de descontar de sus remuneraciones las cuotas correspondientes a un crédito otorgado por la primera de ellas en su favor, en circunstancias de no haber otorgado mandato alguno a su empleador para descontar suma alguna en favor de la Caja, en circunstancias que dicho crédito es objeto de un juicio ejecutivo interpuesto por la Caja recurrida ante el 21° Juzgado Civil de Santiago.

Expone que con fecha 23 de abril de 2015, suscribió el pagaré N° 23.RUT reservado, por la suma de $ 10.081.158, el que ha sido objeto de cobro a través de una demanda ejecutiva que se ha interpuesto en su contra por la Caja recurrida, ante el 21° Juzgado Civil de Santiago, bajo el rol N° 7879-2017, procedimiento en el que se opuso a la ejecución a través de la excepción de prescripción, la que se encuentran pendiente de fallo. No obstante existir este litigio pendiente respecto de la obligación cuyo cobro pretende la Caja ha logrado que su actual empleador, sin autorización alguna de su parte, descuente de su remuneración el valor exigido por la Caja de Compensación Los Andes, pagándose a su nombre una obligación que, estima, se encuentra extinguida.

Además, indica que esta deuda fue contraída cuando no estaba trabajando para la segunda de las recurridas, actual empleador, y que en el presente paga pensiones alimenticias, por lo cual, se le está afectado su garantía constitucional de propiedad.

Solicita que se acoja la presente acción cautelar, y se declare que las recurridas están impedidas de obtener pago alguno de dinero mediante los descuentos efectuados, abstenerse de seguir haciéndolo y reintegrar las sumas descontadas arbitrariamente, con costas.

SEGUNDO: Que, esta Corte dio tramitación al recurso sólo respecto de la recurrida Caja de Compensación, no así respecto de la empleadora del recurrente, Intellego Chile Asesorías y Consultorías Ltda. Además, mediante resolución de veinte de septiembre último, esta Séptima Sala de esta Corte concedió la orden de no innovar pedida.

TERCERO: Que, evacuando su informe, el abogado Sergio Abarca Vargas, en representación de la Caja de Compensación Los Andes, solicita el rechazo de la acción, en primer lugar, por cuanto aduce el carácter social de los créditos otorgados por las Cajas de Compensación, invocando el artículo 22 de la Ley Nº 18.833, que permite efectuar los descuentos de las remuneraciones de los deudores, conforme se ha efectuado en la especie.

Señala la efectividad de los hechos narrados por el recurrente, en cuanto al crédito que le otorgó al recurrente por la suma de $ 10.081.158, pagadero en 60 meses, a razón de $ 295.878 mensuales, con vencimiento la primera cuota el día 31 de mayo de 2015; la existencia de la demanda ejecutiva interpuesta por su parte en contra del señor nombre reservado, la que se encuentra en curso ante el 21 Juzgado civil de Santiago; y los descuentos efectuados, justificando lo último en razón de la legalidad vigente, recién aludida.

En cuanto a la excepción de prescripción opuesta en el juicio ejecutivo, señala que esta institución aún no ha operado, pues debe ser declarada para que produzca sus efectos.

Por último, arguye que no se ha vulnerado la garantía de propiedad invocada por el recurrente, pues la propia ley ampara los descuentos efectuados.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio del derecho de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese atributo.

De lo que resulta, como requisito indispensable de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quién incurre en él, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

QUINTO: Que, el acto recurrido consiste en el descuento efectuado por la Caja de Compensación Los Andes, desde las remuneraciones del recurrente de las cuotas impagas de un crédito que le fuere otorgado en el año 2015, en circunstancias de encontrarse pendiente una acción ejecutiva interpuesta por dicha Caja en la que se persigue el cumplimiento de la misma obligación, habiéndose opuesto por su parte excepción de prescripción; sosteniendo por su lado, la institución recurrida, que no puede estimarse su actuar como arbitrario o ilegal, por cuanto ha ejercido una modalidad legal de cobro.

SEXTO: Que, al respecto el inciso primero del artículo 22 de la Ley N° 19.833 dispone que: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.”

En este mismo sentido se encuentra lo dictaminado sobre el particular por la Dirección del Trabajo en su Ordinario N° 0262 de 17 de enero de 2012 al haberse asimilado por el legislador lo adeudado por concepto de crédito social a una Caja de Compensación, a las cotizaciones de seguridad social aquellos descuentos que por dicho concepto se efectúen a la remuneración del trabajador, los que por consiguiente se tornan obligatorios y, consecuencialmente se enmarcan dentro de aquellos a que alude el inciso primero del artículo 58 del Código del Trabajo norma que previene: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.”

SEPTIMO: Que, resulta entonces que, la circunstancia de haberse descontado desde la remuneración del actor las cuotas impagas del crédito que se le otorgó, encontrándose la Caja recurrida facultada para ello, conforme la normativa legal ya reseñada, ello no deviene en un acto arbitrario e ilegal que afecte la garantía constitucional enunciada en esta acción cautelar. Tampoco, obsta la circunstancia de encontrarse accionando la Caja mediante otro arbitrio su cobro, por cuanto también se encuentra facultada para ello, sin que exista norma legal que se lo impida, así como tampoco las defensas que el recurrente pueda oponer en su favor, haciendo valer sus derechos en dicha vía procesal.

Razones, por las que el presente recurso de protección, no está en condiciones de prosperar, sin perjuicio, como se ha dicho, de otras acciones que pudieren corresponder al recurrente.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por don nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada por don nombre reservado, Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante, señor Mauricio Decap Fernández, quien estuvo por acoger el presente recurso de protección, en atención a que, si bien es cierto, existe la atribución legal para efectuar la deducción correspondiente, y con ella cobrar la deuda que no se discute, lo cierto es que, en este caso, la conducta de la recurrida resulta arbitraria al haberse optado por la vía de cobro judicial, la que se encuentra actualmente vigente.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redacción de la Ministro (I) Sra. Duran y del voto en contra, su autor.

N° 67082-2018 Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada por la Ministro (I) señora Inelie Duran Madina y por el Abogado Integrante señor Mauricio Decap Fernández. No firma el Abogado Integrante señor Decap, por encontrarse ausente.