nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Cynthia Alejandra Martinic Jara, abogada, quien interpone acción de protección en favor de doña nombre reservado, y en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la no renovación de su contrata a partir del 31 de diciembre de 2023, lo que le fuera comunicado mediante carta certificada que recibió el día 6 de diciembre del año pasado.

Solicita se acoja la acción impetrada, decretando la invalidación de la decisión adoptada por la recurrida, disponiendo la reincorporación de la recurrente, el pago de todas las remuneraciones no percibidas durante el tiempo intermedio, con costas Expone que la recurrente se ha desempeñado como odontóloga en el CESFAM Juan Pablo II de la I. Municipalidad de Lampa, desde el 1 de marzo de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2023, de manera continua e ininterrumpida, bajo el estatuto de atención primaria de salud, con un contrato anual a plazo fijo de 22 horas semanales, sobre el cual ha tenido cinco renovaciones consecutivas; y posee otro contrato, pero a honorarios, de otras 22 horas semanales, bajo el programa “Sembrando Sonrisas”.

Argumenta que la comunicación recibida no indica fundamento alguno más allá del cumplimiento formal del contrato anual, regulado por el artículo 48 letra c) de la Ley 19.378 (Estatuto de atención primaria de Salud Municipal).

Refiere que luego de cinco renovaciones consecutivas, poseía la legítima expectativa de ser renovada nuevamente. Así ha sido reconocido además por el Dictamen N°E156769/2021 de la Contraloría General de la República que señala el Nuevo Instructivo Sobre Confianza Legítima en las Contratas, el que entre otras normas, indica la Ley N°19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, artículo 48, letra c), como parte del marco de protección y regulación de la actividad laboral de los funcionarios públicos, en virtud de lo cual, si el empleador determina una decisión diversa a renovar el vínculo en los mismos términos a su última contratación, este debe hacerlo mediante un acto administrativo debidamente fundado, acreditado y notificado con la anticipación que corresponde.

Agrega que la decisión de la recurrida vulnera sus garantías constitucionales del artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental e igualdad ante la Ley, sosteniendo que se le ha brindado un trato desigual frente a otros funcionarios públicos, por el sólo hecho de estar contratada por una Corporación Municipal.

Asimismo, estima infringida la garantía constitucional del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, pues ha perdido su fuente de trabajo después de más de 8 años en el CESFAM, sin justificación o motivación alguna, sometida a un trato indigno, situación que le ha generado diversas patologías psicológicas que padece actualmente.

Denuncia infringida igualmente la garantía del artículo 19 N° 16 de la Carta Fundamental, libertad de trabajo, en virtud de la cual se proscribe cualquier conducta discriminatoria que no se base en la capacidad o idoneidad personal.

Finalmente, expone que también se ha visto vulnerado su derecho de propiedad, en específico, su derecho a la continuidad de los servicios y las remuneraciones propias del cargo.

Segundo: Que informa doña nombre reservado, en representación de la recurrida Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa, solicitando el rechazo de la acción impetrada, con costas.

Precisa que el contrato que existía entre la recurrente y su representada era de 22 hrs. semanales, sujeto al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, el cual concluyó el 31 de diciembre de 2023 por la causal del artículo 48 letra c) de la Ley 19.378, esto es, por vencimiento del plazo, lo que le fuera comunicado el día 30 de noviembre de 2023 mediante carta certificada, formalidad que de acuerdo a la ley, no era necesaria.

Indica que de acuerdo al artículo 32 del Estatuto, “…el ingreso a la carrera funcionaria se materializará a través de un contrato indefinido, previo concurso público de antecedentes…”, y en la especie, la trabajadora nunca participó de tal concurso público ni suscribió contrato indefinido alguno, por lo que su relación laboral concluyó al vencimiento del último de los contratos a plazo fijo que suscribió, sin que la relación laboral se haya convertido nunca en una de carácter indefinida por la sucesiva suscripción de contratos a plazo fijo, por ser ello incompatible con la Ley N°19.378, conforme lo aclarado por la propia Dirección del Trabajo, en sus dictámenes, en donde se arguye que “las posteriores renovaciones no alteran la naturaleza jurídica de contrato a plazo fijo, ello porque en el sistema de salud municipal está abierta la posibilidad de renovar dicho contrato a su vencimiento tantas veces como se estime necesario por la entidad administradora, circunstancia que no tiene la virtud de transformar la contratación en indefinida, porque para la Ley 19.378 dicha renovación no altera su condición de contrato a plazo fijo”.

Argumenta que de acuerdo a la jurisprudencia, la acción de protección es una acción cautelar autónoma, excepcional, de urgencia y que goza de tramitación informal y sumaria, limitándose su ámbito de aplicación a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos prexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles, impidiéndose que este arbitrio pueda emplearse para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas, ya que las meras expectativas no constituyen derechos subjetivos públicos o posiciones activas susceptibles de tutela judicial efectiva mediante esta vía. En este sentido, la acción impetrada en el caso sublite, no es la vía idónea para resolver sobre la legalidad de un acto administrativo, disponiéndose para ello los recursos de reposición y jerárquico ante la propia Administración, o bien, la posibilidad de reclamar ante la Contraloría General de la República.

En relación a la confianza legítima que expresa la recurrente, si bien pudo existir en su expectativa de que su nombramiento a contrata se extendiera más allá del 31 de diciembre de 2023, lo cierto es que la transitoriedad de su vinculación se mantuvo inalterable, y los dictámenes que pudiere haber dictado Contraloría, no afectan las facultades que posee la autoridad competente para decidir la no renovación de un funcionario, o el término anticipado, tan sólo en este último caso, se exige la materialización de un acto administrativo fundado.

Concluye que en el actuar de su representada no ha existido acto ilegal o arbitrario que haya conculcado alguna garantía constitucional de la recurrente, dado que el cese de funciones se produjo por no ser necesarios sus servicios, de modo que la decisión de no renovar su contrata se encuentra ajustada a Derecho.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Es decir, se trata de una acción cautelar destinada a proteger a los individuos mediante la adopción de ciertos resguardos que eviten los efectos de un acto arbitrario o ilegal que haya afectado el ejercicio de un derecho indiscutido.

Luego, es requisito indispensable para que esa acción de protección pueda prosperar, el que se haya dirigido en contra de quienes han incurrido en el acto arbitrario o ilegal cuyos efectos se trata de enervar mediante la solicitud de protección.

Cuarto: Que del mérito de los antecedentes se desprenden los siguientes hechos:

a) Doña nombre reservado, prestó servicios a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa, de manera continua desde el 1 de marzo de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2023, bajo la modalidad de contrato a plazo fijo, por 22 horas, conforme al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal;

b) La última renovación del contrato a plazo fijo fue entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023;

c) Con fecha 30 de noviembre de 2023, mediante carta certificada, la recurrida le informó a la recurrente que no se le volvería a renovar el contrato, por lo que sus servicios se prestarían hasta el 31 de diciembre de 2023.

Quinto: Que al respecto, cabe tener en consideración que la Excma. Corte Suprema, en sentencias de 22 de noviembre de dos mil veintitrés y trece de febrero de dos mil veinticuatro, dictadas en causas sobre recursos de protección roles N°s 217.343-2023 y 246.245-2023, ha señalado lo siguiente:

“Cuarto: Que el artículo 1° de la Ley N° 19.378 que contiene el estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, dispone, en lo que interesa, que “Esta ley normará, en las materias que en ella se establecen, la administración, régimen de financiamiento y coordinación de la atención primaria de salud, cuya gestión, en razón de los principios de descentralización y desconcentración, se encontrare traspasada a las municipalidades al 30 de junio de 1991, en virtud de convenios regidos por el decreto con fuerza de ley N° 1- 3.063, del Ministerio del Interior, de 1980 (…) También regulará, en lo pertinente, la relación laboral, carrera funcionaria, deberes y derechos del respectivo personal que ejecute acciones de atención primaria de salud”. Por su parte, el artículo 14 establece, en lo que importa, que “El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido. Para los efectos de esta ley, son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresen previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas de este cuerpo legal. Asimismo, se considerarán funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario”. Finalmente, el inciso primero del artículo 4 prescribe que “En todo lo no regulado expresamente por las disposiciones de este Estatuto, se aplicarán, en forma supletoria, las normas de la ley N° 18.883, Estatuto de los Funcionarios Municipales”.

Quinto: Que, de los preceptos legales transcritos precedentemente, se desprende que la relación estatutaria entre las partes se encuentra regulada por la Ley N° 19.378, y sólo supletoriamente, en aquello no previsto de manera expresa, han de recibir aplicación las disposiciones contenidas en la Ley N° 18.883 sobre Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales. En este orden de consideraciones, si bien el artículo 14, inciso 2°, de la Ley N° 19.378 permite al Municipio la contratación a plazo fijo por un período igual o inferior al año calendario, es manifiesto que estas normas deben interpretarse en armonía con las normas laborales que regulan esta materia, puesto que la especialización de dicha área del derecho permite resguardar el principio protector del trabajador que es el eje del sentido interpretativo de dichas disposiciones”.

Sexto: Que, en la línea de lo que se viene razonando, es pertinente señalar que el numeral 4 del artículo 159 del Código del Trabajo señala: “El contrato de trabajo terminará en los siguientes casos: 4. Vencimiento del plazo convenido en el contrato. La duración del contrato de plazo fijo no podrá exceder de un año” y agrega “El hecho de continuar el trabajador prestando servicios con conocimiento del empleador después de expirado el plazo, lo transforma en contrato de duración indefinida. Igual efecto producirá la segunda renovación de un contrato de plazo fijo”.

Séptimo: Que, en este entendimiento, si bien la recurrida se asila en la normativa invocada y en la jurisprudencia administrativa para poner en término a la relación contractual sólo por el vencimiento del plazo convenido, lo cierto es que, conforme los antecedentes que se han tenido a la vista, la contratación del actor ha superado, en su extensión cronológica, el plazo máximo contemplado en el inciso 2°, artículo 14, de la Ley N° 19.378, esto es, un año, lo que obsta la aplicación de ésta disposición, debiendo aplicarse, en consecuencia, la norma citada en el considerando precedente del Código del Trabajo.

En esta línea de razonamiento, siendo un hecho pacífico que el contrato a plazo fijo de la parte recurrente fue renovado en más de dos ocasiones, dicha circunstancia que tuvo el efecto de transformar el contrato a plazo fijo en uno indefinido, por lo que el término del mismo debió sujetarse a las disposiciones del Código del Trabajo y no las invocadas erradamente por la recurrida”.

Sexto: Que compartiendo esta Corte los argumentos y consideraciones de los fallos citados y transcritos en el motivo que precede; y, habiéndose convertido el contrato a plazo fijo celebrado entre la recurrente y la recurrida, en indefinido, atendidas las sucesivas renovaciones que tuvieron lugar y la prestación continua de los servicios, la decisión de esta última de poner término al contrato de trabajo, resulta ilegal por contravenir la normativa laboral y conculcatoria de las garantías de igualdad ante la ley y de propiedad de la actora sobre sus remuneraciones, previstas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Séptimo: Que, atento a lo razonado, se acogerá el recurso en la forma que se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Lampa y se deja sin efecto el término de contrato efectuado mediante la comunicación de fecha 30 de noviembre de 2023, debiendo la recurrida reincorporar a la recurrente, en las mismas condiciones en que venían prestando sus servicios y enterar las remuneraciones y demás emolumentos legales, debidamente reajustados, entre la fecha de su separación y la de su reincorporación.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por la ministra Carolina Brengi Zunino.

N° Protección- 67-2024.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes, conformada por la Ministra señora Carolina Brengi Zunino y el Abogado Integrante señor Manuel Luna Abarza.