Protección contra Dirección del Trabajo

C.A. de Santiago Santiago, treinta de octubre de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, factor de comercio, en representación de Córdoba Inmobiliaria e Inversiones S.A., persona jurídica de derecho privado, del giro comercial, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo acción de protección en contra de la Dirección del Trabajo, Equifax Chile S.A. y de la Cámara de Comercio de Santiago, por el acto que estima ilegal, arbitrario y vulnerador de las garantías constitucionales del artículo 19 N°4 y 24 de la Constitución Política de la República, consistente en la publicación de deudas por cotizaciones previsionales declaradas y no pagadas de los períodos 1998 y 1999.

Indica que recurre de protección en contra de la Dirección del Trabajo en su calidad de encargada de la base de datos denominada Boletín Laboral de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional y, en contra de Equifax Chile S.A. y de la Cámara de Comercio de Santiago en sus calidades de empresas a cargo de la administración y publicación de los datos del mencionado registro.

Señala que consta del certificado emitido por la Cámara de Comercio de Santiago de 30 de agosto pasado, relativo a Córdoba Inmobiliaria e Inversiones S.A., que en el informe se registran deudas por cotizaciones previsionales declaradas y no pagadas que corresponden a los períodos de los años 1998 y 1999, en circunstancias que estas deudas no han podido legalmente ser informadas, pues lo prohíben expresamente los artículos 17 y 20 de la Ley N°19.628, toda vez que dichas deudas no se encuentran incluidas en la enumeración de las obligaciones que las normas permiten difundir. Asimismo, el artículo 18 de la referida norma, indica que en ningún caso pueden comunicarse los datos a que se refiere el artículo 17, luego de transcurridos 5 años desde que la respectiva obligación se hizo exigible.

Estima que la actuación de las recurridas ha vulnerado las garantías constitucionales del artículo 19 N° 4 y 24 de la Constitución Política de la República. La primera garantía, en cuanto establece el respecto y protección de la vida privada y honra de las personas y el segundo, en cuanto afecta la capacidad comercial de la recurrente y, específicamente, su gestión comercial, en lo que respecta su capacidad de crédito, su capacidad de negociación con los proveedores y la relación con sus clientes.

Solicita se acoja el recurso y se dispongan las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, evacuando el informe solicitado todas las recurridas solicitan su rechazo, con costas.

En primer término, la Cámara de Comercio de Santiago A.G. solicita el rechazo de la acción por extemporánea, ya que si bien se acompaña un certificado de agosto de 2017, las anotaciones reclamadas fueron publicadas mucho tiempo antes, tratándose de cotizaciones previsionales impagas de los años 1998 y 1999.

Por otra parte, manifiesta que su parte y Equifax Chile S.A. tienen un contrato de licencia de uso de carácter temporal para cada edición del Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, correspondiéndole a Equifax la actualización del mismo, quedándole expresamente prohibido a su parte efectuar eliminaciones o aclaraciones.

Asegura que la acción deberá rechazarse por falta de fundamentos, ya que no se cumplen los presupuestos que deben concurrir para la procedencia del recurso, atendido que no estamos frente a una conducta ilegal y arbitraria, toda vez que el Título X del Libre II del Compendio de Normas de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones ha impuesto a las Administradoras de Fondos de Pensiones, la obligación de enviar bimestralmente un archivo conteniendo la información relativa a los empleadores morosos, para que ese organismo los incluya en el Boletín de Infractores de la Legislación Labora y Previsional vigente. Agrega que existe una excepción para no informar, únicamente, cuando se trata de personas naturales y haya transcurrido el plazo de 5 años desde que la cotización se hizo exigible; circunstancia que no aplica en este caso, pues la recurrente es una persona jurídica.

Finalmente, descarta la aplicación de la Ley N°19.628, ya que la protección de los datos de carácter personal sólo rige respecto a las personas naturales y plantea que para cesar en la publicación de las obligaciones previsionales incumplidas, la recurrente debería acreditar la extinción de las mismas, lo que no ha hecho.

En segundo término, Equifax señala que la acción dirigida en su contra deberá rechazarse, por cuanto el registro o banco de datos responsable de los datos materia del presente recurso es la Dirección del Trabajo, a través del Boletín Laboral de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional. Es decir, Equifax se limita a procesar y transmitir el boletín respectivo con información que bajo su exclusiva responsabilidad recopila la Dirección del Trabajo, conforme a la adjudicación de la licitación correspondiente, sin que tenga responsabilidad alguna en la recopilación de antecedentes.

Por otra parte, reitera lo señalado en el sentido que la normativa de la Ley N°19.628 invocada, no es aplicable a las personas jurídicas.

En tercer término, informando la Dirección del Trabajo, solicita el rechazo del recurso, con expresa condena en costas, reproduciendo íntegramente las argumentaciones expuestas por la Cámara de Comercio en su presentación.

Tercero: Que el recurso de protección es una acción cautelar establecida para resguardar ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que en la especia, las recurridas no han cometido ningún acto que pueda ser tachado de ilegal o de arbitrario. En efecto, la actividad desplegada por aquellas no puede contravenir la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada o Protección de Datos de Carácter Personal, pues tal normativa, de acuerdo a lo regulado en la letra ñ) de su artículo 2°, sólo es aplicable a las personas naturales y la recurrente es una persona jurídica.

Quinto: Que, por otra parte, la Dirección del Trabajo, al incluir esta deuda en el Boletín Laboral de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, no ha hecho otra cosa que dar cumplimiento a su normativa, contenida en los artículos 19 del D.L. 3.500, 30 de la Ley N°18.933 y 505 del Código del Trabajo.

Sexto: Que en definitiva, la parte recurrente adeudaría cotizaciones previsionales, no acreditándose la extinción de estas obligaciones, razón por la cual se la incluyó en el mencionado Boletín Laboral, publicado por Equifax S.A., de manera que ningún acto ilegal o arbitrario puede haber ni por parte de esta empresa ni por la Dirección del Trabajo ni la Cámara de Comercio de Santiago, lo que llevará al rechazo del recurso.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de 24 de junio de 1992, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional interpuesta en favor de Córdoba Inmobiliaria e Inversiones S.A., sin costas.

Regístrese y archívense estos autos en su oportunidad.

N°Protección-66994-2017.