nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

PAGE Santiago, diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete.

A los folios 483385 y 485109: Por cumplido lo ordenado, agréguese a los autos. Rija el estado de acuerdo.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 28 de septiembre de 2017 comparece don nombre reservado, en representación de su hermano nombre reservado, mediante poder debidamente conferido, interponiendo recurso de protección en contra de la Jefa del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y del Subsecretario del Ministerio del Interior, por la demora en la respuesta a su pedido expuesto en recurso de revisión ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, con la finalidad de que se deje sin efecto la medida de expulsión del recurrente, para efectos que realice su retorno a Chile y poder continuar residiendo en integración familiar.

Funda su recurso señalando que con fecha 22 de julio de 2016 ingresó recurso de revisión ante el Departamento de Extranjería y Migración en contra de la medida de expulsión decretada a su hermano nombre reservado, quien se encuentra en Perú desde el 19 de diciembre de 2014.

Señala que por Decreto N° 643 de fecha 2 de agosto de 2011, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública ordenó la expulsión del recurrente, basado en que éste cometió un delito de robo con intimidación, la cual a su juicio constituye una doble sanción a la aplicada por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, el cual fue condenado a una pena de 3 años y un día cumplida bajo libertad vigilada, constituyendo esto un hecho aislado en la vida de su hermano y un error en su vida social.

Agrega que antes que su hermano viajara a Perú se emitió con fecha 22 de agosto de 2014 certificado consular de antecedentes penales mediante el cual se acredita que el recurrente no registra antecedentes penales de ninguna índole, el que fue ingresado en original junto a las peticiones formuladas a la autoridad administrativa con el fin de que se accediera a la solicitud de revocación de la medida de abandono.

Indica que en su oportunidad, además, se acompañó propuesta de contrato de trabajo para acreditar que su hermano tenía medios con los cuales sustentarse en Chile, declaración jurada de convivencia con nombre reservado, ciudadana peruana para acreditar que tiene una vinculación sentimental en Chile y declaración jurada de apoyo económico.

Manifiesta que con la demora en la resolución del recurso presentado por su parte, se han afectado las garantías constitucionales establecidas en numerales 1, 2, 3, 4 y 10 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que con fecha 16 de noviembre de 2017, doña nombre reservado, Jefa Suplente del Departamento de Extranjería y Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, informando el recurso solicita su rechazo.

Indica que con fecha 21 de enero de 2008 el señor nombre reservado solicitó permiso de residencia sujeta a contrato de trabajo por primera vez, la cual se le otorgó con fecha 22 de febrero de 2008 y que el día 6 de abril de 2014 requirió permiso de permanencia definitiva el que le fue otorgado el 31 de mayo de 2010.

Agrega que mediante parte policial N° 6889 de 13 de junio de 2011 del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, denunció ante la recurrida la comisión del delito de robo con intimidación, por el cual el recurrente fue condenado por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago con fecha 5 de junio de 2011 en causa RIT C-3019-2011, a la pena de 3 años y un día.

Señala que mediante Decreto N° 643 de 2 de agosto de 2011 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública se ordenó la expulsión del territorio nacional del recurrente, basado en la comisión del delito ya referido, y respecto del cual, con fecha 28 de agosto de 2014 se solicitó la reconsideración de la expulsión decretada, sin perjuicio de que el recurrente, en cumplimento del decreto de expulsión, salió del país el 19 de diciembre de 2014. Expresa que mediante Decreto Exento N° 1492 de fecha 23 de abril de 2015 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública rechazó la consideración, y nuevamente el recurrente con fecha 22 de julio de 2016, presentó un recurso extraordinario de revisión respecto de esta expulsión, la cual mediante Decreto N° 23046 de 25 de enero del año en curso del mismo Ministerio, fue a su vez nuevamente rechazada.

Añade que no se configuran los presupuestos constitucionales para la interposición de esta acción, por cuanto la resolución de expulsión fue dictada por autoridad competente, dentro de la esfera de sus atribuciones, por causal legal expresa y por existir fundamentos plausibles, no ha existido ninguna resolución arbitraria ni ilegal que perturbe, amenace o prive de algunas de las garantías constitucionales del artículo 20 de la Constitución Política de la República. Funda su resolución en los artículos 91 N°7 del Decreto Ley N°1.094 de 1975, Ley de Extranjería, en relación a los artículos 17 y 15 N°2 del mismo cuerpo legal.

La ponderación de los antecedentes que ha hecho la autoridad para dictar el decreto en cuestión, ha sido en base a normas legales citadas precedentemente y se encuentra dentro del margen de discrecionalidad que el propio legislador le ha otorgado a esta autoridad. El ejercicio de dicha prerrogativa, se ajusta a los estándares normativos, en el sentido de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 en relación al artículo 15 N°2 de la Ley de Extranjería. Dichos preceptos facultan a esta autoridad a expulsar a aquellos extranjeros residentes que realicen actos de tal gravedad, que atenten contra bienes jurídicos resguardados por el Estado, en este caso el extranjero al haber sido condenado por la comisión del delito de robo con intimidación, ha vulnerado bienes jurídicos que poseen un valor esencial tutelado por el Estado de Chile.

Añade que no se aprecia de qué manera los actos impugnados, tanto el Decreto de Expulsión como las resoluciones dando respuesta a las reconsideraciones interpuestas, pudieron haber vulnerado alguna de las garantías constitucionales hechas valer por el recurrente, teniendo en consideración que el actuar de esta autoridad se encuentra amparada en el cumplimiento del deber legal que se le ha impuesto. Finalmente señala que la medida de expulsión tiene un carácter indefinido e imprescriptible en la medida en que se funda en lo dispuesto en el artículo 15 N°6 y 16 N°2 de la Ley de Extranjería, en concordancia con el artículo 26 N°6 del respectivo Reglamento.

Que el recurrido Subsecretaría del Ministerio del Interior no evacuó informe solicitado.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la presente acción cautelar.

Quinto: Que el fundamento de esta acción cautelar es la demora en la respuesta del recurso extraordinario de reconsideración del Decreto de Expulsión, esto es, el silencio administrativo a su petición formulada con fecha 22 de julio de 2016, la cual fue resuelta mediante Resolución Exenta N°23046 de fecha 25 de enero de 2017, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y conforme a la respuesta dada por la autoridad administrativa dando cumplimiento a la medida para mejor resolver, informó que “dicho oficio ordinario fue despachado con fecha 27 de noviembre de 2017, a domicilio reservado, inmueble que fue informado por el extranjero en comento a esta autoridad como su domicilio”. De esta manera constituyéndose el reproche en la demora u omisión en resolver el recurso de revisión deducido contra el decreto de expulsión, lo cierto es que en la actualidad la autoridad ha emitido el pronunciamiento requerido, de manera que no existe medida que adoptar para instar a ello; y si bien hubo demora en su notificación, a la fecha tal comunicación también se ha verificado.

Así, a juicio de esta Corte este recurso ha perdido oportunidad, toda vez que no existe actualmente algún acto que calificado como ilegal y arbitrario, amenace, conculque o prive al recurrente del legítimo ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales invocados en esta acción.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en representación de su hermano nombre reservado en contra de la la Jefa del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y del Subsecretario del Ministerio del Interior Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

Redacción del Ministro (I) don Juan Manuel Escobar Salas.

Rol Nº66987-2017.