COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA SANTIAGO LIMITADA con FISCO TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

En Santiago, a treinta de abril de dos mil diecinueve.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, abogado, por Cooperativa Agrícola y Lechera Santiago Limitada, del giro de su denominación, todos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone acción de protección en contra de: a) La Dirección Regional Santiago Poniente del Servicio de Impuestos Internos, representada por su Directora Regional doña María José Castillo V., ignora profesión u oficio, ambas domiciliadas en domicilio reservado y; b) La Dirección Regional Santiago Poniente de la Tesorería General de la República, representada por don nombre reservado, ignora profesión u oficio, en su calidad de Juez nombre reservado y Director Regional, ambos domiciliados en domicilio reservado, por los actos y omisiones ilegales y arbitrarios que conculcarían las garantías de los numerales 2, 21 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Pide se declaren arbitrarios e ilegales los actos y omisiones incurridos por los recurridos en contra de la recurrente y se ordene: a) Al Servicio de Impuestos Internos anular los Giros Formulario N°21, Folios N° 926075, 926107 y 926121, y/o b) A la Tesorería General de la República dejar sin efecto el embargo trabado el 23 de agosto de 2018 sobre la cuenta corriente bancaria N°[cuenta reservada] de la recurrente abierta en el Banco de Chile, y el procedimiento de cobro ejecutivo tramitado en el expediente administrativo N°10768-2016 de la Dirección Regional Santiago Poniente, sin perjuicio de otros derechos, con costas.

Funda su pretensión cautelar señalando que el 29 de julio de 2011 el Servicio practicó y notificó a la actora las Liquidaciones N° 240, 241 y 242 correspondientes a los AT 2008, 2009 y 2010, determinando diferencias de Impuesto a la Renta de Primera Categoría fundadas en que habría subdeclarado su Impuesto a la Renta de Primera Categoría al no incluir ciertas rentas que estimaba afectas.

Indica que contra de dichos actos administrativos terminales, la recurrente dedujo reclamo tributario ante el Tribunal Tributario de la XIV Dirección Regional Metropolitana Santiago Poniente, siendo rechazado en su totalidad por sentencia definitiva de primera instancia de 23 de febrero de 2016, respecto de la cual se interpuso recurso de apelación, siendo elevados los autos ante esta Corte de Apelaciones.

Señala que durante la tramitación del recurso de apelación, el Servicio emitió los Giros Formulario N°21, Folios N° 926075, 926107 y 926121, por $1.001.446.793.-, $868.552.036 y $851.289.034.- respectivamente, notificados el 8 de agosto de 2016 y atendido que el artículo 147 del Código Tributario establece, para el caso del rechazo total o parcial del reclamo, el derecho a solicitar a la Corte de Apelaciones la suspensión del cobro de los impuestos que no correspondan a impuestos sujetos a retención o recargo, se solicitó dicha suspensión el 5 de septiembre de 2016.

Precisa que esta Corte concedió la suspensión del cobro por un término de 6 meses, el 7 de octubre de 2016 dentro del cual, fue acogido el recurso de apelación por sentencia de 17 de abril de 2017 en los siguientes términos: “(…) se revoca la sentencia apelada de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, escrita a fojas 150 y siguientes, y en su lugar se resuelve que se acoge el reclamo tributario deducido por Cooperativa Agrícola Lechera Santiago Limitada a fojas 1 y siguientes, y en consecuencia, se dejan sin efecto las liquidaciones 240, 241 y 242 de 29 de julio de 2011”.

Expone que dicha sentencia definitiva de segunda instancia fue impugnada por el Consejo de Defensa del Estado a través de un recurso de casación en el fondo, encontrándose actualmente la causa en relación ante la Excma. Corte Suprema bajo el Rol de Ingreso N°34.221-2017, pero conforme a lo dispuesto en el artículo 773 del Código de Procedimiento Civil, la interposición de un recurso de casación en el fondo no suspende la ejecución del fallo de segunda instancia. En consecuencia, con la dictación de la sentencia de segunda instancia favorable a los intereses del recurrente, el procedimiento de cobro ejecutivo llevado por la Tesorería debió cesar de inmediato al no existir deuda fiscal, toda vez que la pérdida de eficacia jurídica de las Liquidaciones, afecta a los Giros que fueron dictados en virtud de éstas, lo que trae consigo el decaimiento del procedimiento de cobro.

Agrega que el Servicio, con la dictación de la sentencia de segunda instancia, debió dejar sin efecto los giros informando ello a la Tesorería quien debió cesar en el cobro ejecutivo, pero no obstante ello se ha continuado con el cobro, pese a estar en conocimiento de ello, lo cual queda de manifiesto en la resolución de 11 de julio de 2018 dictada por la propia Tesorería, y notificada el 18 de julio de 2018. En la resolución de 11 de julio de 2018 la Tesorería reconoció de oficio y expresamente que las Liquidaciones habían sido dejadas sin efecto, ante lo cual dispuso la suspensión del cobro de impuestos mientras pendía la anulación de los giros, tarea esta última que correspondía al Servicio atendido el tenor del fallo de segunda instancia.

Añade que la Tesorería ha continuado con el cobro ejecutivo de impuestos “inexistentes” ordenando al recaudador fiscal, por resolución de 10 de agosto de 2018, trabar embargo en los dineros depositados en la Cuenta Corriente Bancaria N°[cuenta reservada] de la recurrente abierta en el Banco de Chile, actuación que se materializó el 23 de agosto de 2018, siendo notificada la resolución que ordena trabar embargo el 23 de agosto de 2018.

Manifiesta que el Servicio ha incurrido en una omisión permanente y que se mantiene hasta hoy al no anular los giros emitidos, de acuerdo al tenor de lo resuelto por la sentencia de segunda instancia que dejó sin efecto las liquidaciones impugnadas, teniendo en consideración la congruencia que debe existir entre las Liquidaciones y los Giros conforme a los artículos 24 inciso 2° y 124 inciso 1° del Código Tributario. Esta omisión amenaza el derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución, al verse la recurrente enfrentada a un procedimiento de cobro por más de $3.278.595.580, que carece de título ejecutivo.

Adiciona que se vulnera la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución, en tanto el Servicoi se abstrae de la aplicación de normas generales, entre ellas, aquella que dispone que el recurso de casación no suspende la ejecución del fallo como lo prevé el artículo 773 del Código de Procedimiento Civil, conducta que es también ilegal, toda vez que no existe norma legal que le permita suspender la ejecución del fallo de segunda instancia, que ha sido favorable a la contribuyente y que ha dejado sin efecto las Liquidaciones.

Expresa que la conducta es arbitraria en la medida que obedece a un mero capricho de la autoridad fiscal, toda vez que no existe norma que suspenda la ejecución del fallo de segunda instancia, debiendo darse cumplimiento al mismo.

Por su parte, sostiene que al trabar embargo sobre los fondos depositados en la cuenta corriente, la Tesorería ha privado a la recurrente de su derecho de propiedad sobre dichos fondos, impidiendo el desarrollo económico normal de la Cooperativa por cuanto ha debido buscar otras formas de financiamiento a fin de continuar operando, incurriendo consecuencialmente en costos como intereses, etc. que podría haber evitado si no se hubiese incurrido en dicho acto, lo cual atenta con la libertad económica garantizada en el artículo 19 N°21 de la Constitución.

Expone que esta conducta es ilegal y arbitraria por cuanto la Tesorería, sin fundamento legal y estando en conocimiento de que la sentencia definitiva de segunda instancia dejó sin efecto las Liquidaciones, continuó con el cobro a sabiendas de las consecuencias perjudiciales que trae ello consigo.

Refiere que la acción se interpone dentro de plazo, toda vez que la omisión ilegal y arbitraria del Servicio ha sido permanente de manera que dicho plazo se renueva y mantiene día a día, mientras no anule los giros. Por otra parte, el 23 de agosto de 2018 la recurrente tomó conocimiento de que la Tesorería había embargado los fondos depositados en su cuenta corriente bancaria, siendo privada de su derecho de propiedad sobre dichas sumas, lo que ha perturbado el normal desempeño de su actividad económica.

Considerando que la sentencia de segunda instancia dejó sin efecto las Liquidaciones, los Giros debieron ser anulados, en aplicación de los artículos 24 inciso 2° y 124 inciso 1° del Código Tributario. Así este deber de adecuación entre la liquidación y el giro, impide al Servicio apartarse legítimamente de la liquidación al momento de emitir un giro.

En consecuencia, liquidación y giro, se tratan de actos concatenados, de manera que todo defecto, vicio o error que afecte a la liquidación repercutirá necesariamente en el giro, por cuanto este debe conformarse al primero.

Recalca que en relación con la igualdad ante la ley, el SII se atribuye el carácter de grupo privilegiado que está por sobre la Constitución y las leyes, ya que al desatender el artículo 773 del Código de Enjuiciamiento Civil, también infringe los artículos 6° y 7° de la Constitución que establecen el principio de legalidad, al no anular el Servicio los giros; y la Tesorería, al proseguir con el cobro de una obligación que no existe.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, la recurrente acompañó los siguientes documentos: 1. Resolución de 10 de agosto de 2018 dictada por nombre reservado, Juez nombre reservado del expediente administrativo Rol N°10.768-2016; 2. Acta de embargo firmada por el recaudador fiscal que da cuenta del cumplimiento de la resolución indicada en el número anterior. 3. Comprobante de envió de carta certificada de 23 de agosto de 2018, por medio del cual se notificaron la resolución y el acta indicada en los Nº1 y 2 anteriores; 4. Copia del Giro Formulario 21 folio N°926075; 5. Copia del Giro Formulario 21 folio N°926107; 6. Copia del Giro Formulario 21 folio N°926121; 7. Copia de la Notificación N°183 de 8 de agosto de 2018; 8. Copia de las Liquidaciones N°240, 241 y 242 de 29 de julio de 2011; 9. Copia de la Notificación N°390 de 29 de julio de 2011 10. Sentencia dictada por esta I. Corte en causa Rol Ingreso Nº6894-2016; 11. Resolución de 11 de julio de 2018 dictada el Juez nombre reservado del expediente administrativo Rol N°10.768-2016; 12. Comprobante de envió de carta certificada de 18 de julio de 2018; 13. Resolución de 29 de junio de 2018 dictada por el Juez nombre reservado del expediente administrativo Rol N°10.768-2016 seguido ante TGR. 14. Comprobante de envió de Carta Certificada de 6 de julio de 2018.

Tercero: Que, evacua el informe requerido don nombre reservado, abogado del Departamento de Defensa Judicial Civil del Servicio de Impuestos Internos, quien solicitó el rechazo del recurso.

Funda sus alegaciones reproduciendo los hitos del proceso de fiscalización que culminó con la emisión de tres liquidaciones que fueron reclamadas judicialmente, pretensión que fue desestimada en primera instancia y cuya decisión fue revocada por esta Corte, precisando que en segunda instancia se solicitó la suspensión del cobro de los impuestos, previa emisión de los giros correspondientes.

Indica que en contra de la decisión de esta Corte, el Consejo de Defensa del Estado, actuando como representante del Fisco y del Servicio de Impuestos Internos, dedujo recurso de casación en el fondo y encontrándose actualmente la causa en tramitación ante la Excma. Corte Suprema, la reclamante, mediante presentación de 20 de agosto de 2018, solicitó que “se decrete la suspensión del cobro de los impuestos”, petición que fue acogida, mediante resolución de 10 de septiembre de 2018, encontrándose, en consecuencia, actualmente suspendido el procedimiento de cobro de impuestos, por el término de 90 días.

Hace presente que el Servicio no ha incurrido en la omisión imputada, toda vez que no existe acto alguno que dé cuenta del incumplimiento pretendido, ni se ha tenido siquiera la oportunidad de pronunciarse al respecto. En efecto, para que tal negativa se hubiera producido, debe partirse de la base que, compelido el Director Regional de la XIV Dirección Regional Metropolitana Santiago Poniente, en su calidad de jefe superior de dicha repartición, se hubiere pronunciado en el sentido de que no anulará los giros, o que se abstendrá de ello; hecho que no ha ocurrido. Para que se proceda al cumplimiento del fallo señalado, esta Corte, en causa Rol N°6894-2016, debiera remitir, una vez que se encuentre “firme” (sic) y ejecutoriado el fallo correspondiente, el expediente al Tribunal Tributario que sustancia la causa, a fin de que decrete el cumplimiento del mismo, ordenando al Departamento correspondiente la anulación de las liquidaciones y sus consecuentes giros, lo cual no ha ocurrido.

Precisa que en la causa sobre recurso apelación, interpuesto en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Tributario, el Servicio de Impuestos Internos no es parte, toda vez que quien asumió la defensa de los intereses fiscales, en dicha instancia, es el Consejo de Defensa del Estado.

Luego, reclama la extemporaneidad del recurso intentado, ya que la acción u omisión concreta que se imputa a la recurrida es el no haber anulado los giros emanados de las Liquidaciones N°s 240, 241 y 242, los que, a su entender, habrían perdido eficacia en virtud del fallo de esta Corte, lo que habría traído como consecuencia que la Tesorería, continuara con el procedimiento de cobranza judicial de los mismos, procediendo al embargo de la cuenta corriente que su representada mantiene con el Banco de Chile.

Precisa que si lo que se le está imputando al Servicio de Impuestos Internos, es el no haber anulado los giros, cuyo antecedente son las liquidaciones reclamadas, ni haber comunicado de esta supuesta anulación al Servicio de Tesorerías, producto de lo cual, ésta habría continuado el procedimiento de cobro judicial de los mismos; precisa que, de este hecho, el actor tuvo conocimiento cierto al menos desde el 18 de julio de 2018 fecha en que fue notificado de la resolución del sr. Juez nombre reservado, del procedimiento de cobranza judicial, de fecha 11 de julio de 2018.

Concluye que la recurrente, habría tomado conocimiento irrefutable de la supuesta omisión arbitraria e ilegal de la recurrida, al menos desde la notificación de la resolución señalada, es decir, 63 días antes de la interposición de la presente acción: razón por la cual ésta claramente debe ser declarada extemporánea.

Luego, alega que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer del presente asunto, ya que al ser el acto que se impugna la no anulación de los giros que son consecuencia de las liquidaciones impugnadas y dejadas sin efecto por el fallo de esta Corte, cualquier alegación en relación con el supuesto incumplimiento de dicho fallo, debe ser planteada en dicha gestión, la que actualmente se encuentra en recurso de casación, ante la Excma. Corte Suprema, tal como se resolvió en el fundamento 2° de la resolución de 14 de agosto de 2018, que declaró la inadmisibilidad de la presente acción.

Adiciona que el recurso de protección no procede contra resoluciones judiciales, conforme dan cuenta las sentencias judiciales que reproduce, concluyendo que si se analiza el libelo de autos, se desprende que el recurrente estima que se ha visto perjudicada, más que por los giros, por la continuación del procedimiento de cobro judicial de los mismos, por parte del Juez nombre reservado, quien procedió al embargo de la Cuenta Corriente que mantiene en el Banco de Chile. Lo anterior sería consecuencia de la dictación de la resolución de 11 de julio de 2017, notificada el 18 del mismo mes y año en el expediente administrativo Rol N°10.768-2016, que decreta la continuación de procedimiento de cobro seguida en su contra.

Agrega que existen otras instancias para obtener el cese del procedimiento de apremio contra la recurrente, en concreto, mediante la suspensión de cobro que debe presentarse en la sede competente, de conformidad con lo establecido en el artículo 147 del Código Tributario; la que ha sido la escogida por la recurrente. En ese orden de ideas, la presente acción cautelar debe ser rechazada pues, su forzada y desnaturalizada utilización, no es más que un intento de obtener, de manera impropia, aquello que puede conseguir por las vías declarativas de fondo; lo que claramente excede la naturaleza excepcionalísima de este recurso.

Sostiene que las consecuencias perniciosas que puedan derivarse de su propia negligencia, no pueden considerarse de responsabilidad del Servicio de Impuestos Internos, especialmente considerando que, el artículo 147 del Código Tributario le brindó la posibilidad de suspender, oportunamente, la marcha del procedimiento de cobro, lo que sin explicación alguna no efectúo.

Luego, alega la inexistencia de arbitrariedad o ilegalidad por parte del Servicio de Impuestos Internos, toda vez que, no existe acto alguno que dé cuenta del incumplimiento pretendido, ni se ha tenido siquiera la oportunidad de pronunciarse al respecto.

Reitera lo señalado en el sentido de que el Tribunal Tributario respectivo no ha recibido oficio y/o comunicación alguna, por parte de esta Corte, ya sea en forma verbal o escrita, por medio de la cual se le remita, el expediente autos Rol N°6894-2016, a fin de que, decrete el cúmplase de lo resuelto en segunda instancia, o bien, mediante la cual se informe, el resultado de la apelación señalada.

Analizando los efectos de la interposición del recurso de casación, señala que suspenderá la ejecución de la sentencia cuando: a) Su cumplimiento haga imposible llevar a efecto la que se dicte si se acoge el recurso y; b) La parte vencida así lo solicite, mientras no se rinda fianza de resultas por la parte vencedora a satisfacción del tribunal.

Analizado lo anterior al caso concreto, nos encontramos con que la anulación de los Giros de impuestos, emanadas de las Liquidaciones impugnadas, previo a la obtención de una sentencia definitiva firme, redundaría en que el Servicio, en el evento de revertir la sentencia de segunda instancia, no podría cobrar los impuestos adeudados, toda vez que el inciso 1° del artículo 200 del Código Tributario prescribe que: “El Servicio podrá liquidar un impuesto, revisar cualquiera deficiencia en su liquidación y girar los impuestos a que hubiere lugar, dentro del término de tres años contado desde la expiración del plazo legal en que debió efectuarse el pago”. Lo anterior, por cuanto el inciso final del artículo 201 del Código Tributario establece que: “Los plazos establecidos en el presente artículo v en el que antecede se suspenderán durante el período en que el Servicio esté impedido, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 24, de girar la totalidad o parte de los impuestos comprendidos en una liquidación cuyas partidas o elementos hayan sido objeto de una reclamación tributaria”. Teniendo presente que las Liquidaciones de impuestos dicen relación con los años comerciales 2007, 2008 y 2009, dejándose sin efecto las mismas, sería imposible retrotraer a las partes a la situación precedente, en el evento de revocarse el fallo de segunda instancia, por cuanto habría operado la prescripción de los referidos de impuestos de acuerdo con lo señalado en el artículo 201 del Código Tributario antes citado; no pudiendo emitirse los giros respectivos.

Luego, estima que las liquidaciones reclamadas son exigibles al tenor del artículo 3° de la Ley N°19.880, las que gozan de presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad.

Señala que una vez dictada y notificada una liquidación, se autoriza su ejecución de inmediato; la que se suspenderá, única y exclusivamente, por el tiempo y bajo las consideraciones señaladas en el inciso 2° del artículo 24 del Código Tributario, que señala, “Salvo disposición en contrario, los impuestos determinados en la forma indicada en el inciso anterior y las multas respectivas se girarán transcurrido el plazo de noventa días señalado en el inciso 3° del artículo 124°. Sin embargo, si el contribuyente hubiere deducido reclamación, los impuestos y multas correspondientes a la parte reclamada de la liquidación se girarán notificado que sea el fallo pronunciado por el Tribunal Tributario y Aduanero. Para el giro de los impuestos y multas correspondientes a la parte no reclamada de la liquidación, dichos impuestos y multas se establecerán provisionalmente con prescindencia de las partidas o elementos de la liquidación que hubieren sido objeto de la reclamación.”

En caso de interponerse un reclamo tributario, el plazo se suspende sólo durante el tiempo de tramitación de éste en primera instancia y hasta la dictación del fallo correspondiente, sin distinguir, el legislador, si se trata de un fallo que acoge o rechaza el reclamo. Luego, si la causa llega a la Corte de Apelaciones respectiva, conociendo del recurso de apelación, o de la Corte Suprema, a través del recurso de casación, la ley ha previsto que se siga adelante con el procedimiento de cobro de los giros emitidos, autorizando el artículo 147 del Código Tributario, que se ordene la suspensión del mismo, a petición del propio contribuyente.

Concluye que de acuerdo a lo expuesto no existe por parte de la recurrida un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace alguna de las garantías constitucionales denunciadas, por cuanto, el actuar del Servicio se enmarca dentro de las facultades que le confiere la ley.

Cuarto: Que, evacua el informe solicitado don nombre reservado, abogado por el Tesorero Regional Santiago Poniente, quien solicita el rechazo del recurso intentado, con costas.

Funda sus alegaciones señalando que la contribuyente Cooperativa Agrícola Lechera Santiago Ltda., Rut N° RUT reservado, mantiene una deuda con el fisco derivada de los formularios 21 folios 926075, 926107 y 926121, emitidos por el Servicio de Impuestos Internos por concepto de Impuesto a la Renta que, a la fecha, asciende a $3.362.946.765.-, según da cuenta el certificado de deudas.

Agrega que dicha deuda actualmente se encuentra en proceso de cobro en el Expediente Administrativo Rol No 10.768-2016 - Estación Central, reproduciendo los hitos del procedimiento ejecutivo.

Luego, alega la extemporaneidad del recurso de protección fundado en que la recurrente ha tenido conocimiento, que se dejó sin efecto la suspensión y se ordenó continuar la ejecución, como constade la resolución de 11 de julio de 2018 notificada por carta certificada el 18 de julio de 2018, escrita en fojas 32 del expediente administrativo.

Señala que si bien la recurrente fundamenta su solicitud en el hecho del embargo de la cuenta corriente, no es menos cierto que lo que se cuestiona es que haber proseguido con la ejecución establecida en el título V del libro III del Código Tributario y hasta la presentación del recurso de protección (12.09.2018) ha transcurrido con creces el plazo de 30 días corridos establecido en el Auto Acordado respectivo.

Destaca que la contribuyente fue notificada del mandamiento de ejecución y embargo el 8 de octubre de 2016, por cédula, no pudiendo desconocer o ignorar que en el procedimiento ejecutivo de autos.

Formula como nueva alegación que el recurso es improcedente por no ser la vía idónea, considerando que el legislador estableció un procedimiento ejecutivo, regulado en el Título V del Libro III del Código Tributario, para el conocimiento y juzgamiento de esta materia, existiendo recursos e instancias jurisdiccionales destinadas a solucionar el conflicto, previstas en varias disposiciones del procedimiento de cobro, entre ellas, se pueden mencionar las siguientes normas contenidas en el Código Tributario: a) El artículo 177 inciso 3°; b) El artículo 190; c) El inciso 2° del referido artículo 190 y el artículo 2° del Código Tributario; y d) No obstante ser restringido el número de excepciones en los juicios ejecutivos tributarios, conforme lo conviene el artículo 177 del mismo cuerpo legal, las demás excepciones del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil quedan siempre reservadas al ejecutado para el juicio ordinario correspondiente.

Expone que tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, el recurso de protección no ha sido creado para solucionar conflictos cuando para ello existen procedimientos ordinarios.

En relación con la supuesta no eliminación de los giros del Servicio de Impuestos Internos, el recurso es improcedente también, por no ser la vía idónea, pues el legislador estableció un procedimiento declarativo, regulado en el Título II del Libro III del Código Tributario, para el conocimiento y juzgamiento de esta materia, denominado “Del Procedimiento General de Reclamaciones”. Si la recurrente considera que los giros 926075, 926107 y 926121, debieron ser dejados sin efecto, pudo solicitar a esta misma Corte en el expediente Rol N°6894-2016 o bien a la Excma. Corte Suprema, la anulación de los mismos o la corrección del procedimiento, pues la recurrente estima que no procedía aplicar el inciso 1° del artículo 773 del Código de Procedimiento Civil.

Formula otra alegación relacionada con el hecho que el recurso es improcedente dado que no existe un derecho indubitado, por estimar que se pretende debatir sobre los efectos en la interposición de un Recurso de Casación en el Fondo en el marco del Procedimiento General de Reclamaciones del Título II del Libro III del Código Tributario. Señala que queda en evidencia que el recurrente no tiene un derecho indubitado respecto a que debieron dejarse sin efecto (anularse) los giros, por el hecho de interponerse el recurso de casación en el fondo, ya que el procedimiento de reclamación aún no ha terminado, encontrándose no ejecutoriada la sentencia de dichos autos.

En cuanto al fondo, refiere que el recurso debe desestimarse también ya que no ha existido ninguna actuación arbitraria o ilegal de parte del Servicio de Tesorerías, ya que, en el caso de autos, dada la fecha de las actuaciones, esta reclamación ha sido conocida en primera instancia por el Director Regional de la XIV Dirección Regional Metropolitana Poniente, en segunda instancia por esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol Ingreso de Corte N°6.894-2016 y actualmente conoce la Excma. Corte Suprema, en causa Rol N°34.221-2017. Sin perjuicio de lo anterior, señala que el inciso 2° del artículo 24 del Código Tributario, establece que los impuestos y multas correspondientes a la parte reclamada de una liquidación, se girará una vez que el Director Regional (hoy el Tribunal Tributario y Aduanero) se haya pronunciado sobre el reclamo, lo que es congruente con la facultad que se otorga a los contribuyentes el inciso 1° del artículo 147 del mismo texto legal, que dispone que “…no será necesario el pago previo de los impuestos, intereses y sanciones para interponer una reclamación en conformidad a este Libro, pero la interposición de ésta no obsta al ejercicio por parte del Fisco de las acciones de cobro que procedan.”

Precisa que una vez que el impuesto ha sido girado, la obligación debe ser cumplida, de forma voluntaria o coercitiva a través de otro procedimiento jurisdiccional de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias, actividad de cobranza que desarrolla la Tesorería General de la República conforme el N°2 del artículo 2° del D.F.L. N°1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías. Por ello, entiende que la recurrida entidad ha actuado dentro de sus competencias, no pudiendo pretenderse que trabar embargo sobre fondos depositados en cuenta corriente de la empresa deudora, constituya un acto ilegal, pues se encuentra esta facultad expresamente establecida en nuestra legislación.

Dado lo anterior, no existiría un acto arbitrario, pues de acuerdo al Código Tributario, el Juez nombre reservado ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones, sin perjuicio que, además, el procedimiento de cobro se encuentra suspendido por resolución de fecha 10 de septiembre de 2018, dictada por la Excelentísima Corte Suprema a solicitud de la recurrente, en recurso de Casación Rol N° 34.221-2017.

Quinto: Que, en apoyo de sus alegaciones, la recurrida Servicio de Tesorerías, acompañó los siguientes documentos: a) Certificado de Deuda de la recurrente Cooperativa Agrícola Lechera Santiago Ltda.; b) Copia del Expediente Administrativo Rol N°10.768-2016- Estación Central; c) Copia de escrito presentado por la recurrente el 5 de septiembre de 2016, en causa sobre reclamo tributario seguido ante esta Corte, en causa Rol N° 6894-2016, donde se pide la suspensión establecida en el artículo 147 inciso 6° del Código Tributario; d) Copia de resolución de 7 de octubre de 2016, dictada por esta Corte que da lugar a la suspensión establecida en el artículo 147 inciso 6° del Código Tributario; e) Copia de resolución de 23 de mayo de 2017, dictada en causa sobre reclamo tributario Rol N°6894-2016, mediante la cual se tiene por interpuesto recurso de casación en el fondo y se ordena elevar los antecedentes a la Excma. Corte Suprema; f) Copia de escrito presentado por la recurrente el 4 de septiembre de 2018, en causa sobre casación en el fondo en reclamo tributario seguido ante Excma. Corte Suprema, en causa Rol N°34.221-2017, donde pide la suspensión establecida en el artículo 147 inciso 6° del Código Tributario; g) Copia de resolución de 10 de septiembre de 2018, dictada por Excma. Corte Suprema, en causa Rol N° 34.221-2017 que da lugar a la suspensión establecida en el artículo 147 inciso 6° del Código Tributario, por el término de 90 días; h) Sentencia de la Excma. Corte Suprema, de 17 de julio de 2014, en autos Rol Nº13.325-2014.

Sexto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Séptimo: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Octavo: Que, se rechazan las alegaciones sobre la extemporaneidad del recurso, dado que lo que se denuncia es la conducta ilegal y arbitraria del Servicio de Impuestos Internos de dar efecto a los Giros, a partir de la sentencia definitiva de segunda instancia que rechazó las Liquidaciones a que acceden; y las acciones ilegales y arbitrarias de la Tesorería General de la República, que culminan con el embargo trabado sobre los dineros depositados en la cuenta corriente del contribuyente, no obstante de carecer la recurrida de título ejecutivo, al haber sido dejadas sin efecto las Liquidaciones y en la continuación del cobro ejecutivo de impuestos, actos que, según la recurrente, vulneran sus derechos fundamentales;

En consecuencia, se trata de actos de carácter continuados, por lo que el plazo para la interposición del recurso se computa desde la fecha en que se haya cesado totalmente la omisión y ejecución respectiva, lo que hasta la fecha no ha sucedido.

Noveno: Que, en cuanto al fondo del recurso, se debe tener presente que de acuerdo al artículo 145 del Código Tributario, los recursos de casación que se interpongan en contra de las sentencias de segunda instancia, se sujetarán a las reglas contenidas en el Título XIX del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil.

Décimo: Que el artículo 773 incisos 1º y 2º de este Código dispone:

“El recurso de casación no suspende la ejecución de la sentencia, salvo cuando su cumplimiento haga imposible llevar a efecto la que se dicte si se acoge el recurso, como sería si se tratare de una sentencia que declare la nulidad de un matrimonio o permita el de un menor.

La parte vencida podrá exigir que no se lleve a efecto la sentencia mientras la parte vencedor no rinda fianza de resultas a satisfacción del tribunal que haya dictado la sentencia recurrida, salvo que el recurso se interponga por el demandado contra la sentencia definitiva pronunciada en el juicio ejecutivo, en los juicios posesorios, en los de desahucio y en los de alimentos”.

Undécimo: Que, en consecuencia, es excepcional el alcance del efecto suspensivo en el recurso de casación de no poder llevarse a cabo de inmediato el cumplimiento de lo resuelto por la sentencia de la instancia.

Duodécimo: Que el efecto del recurso de apelación de la sentencia de primera instancia y el de la casación en cuanto lo admite la sentencia de segunda instancia, es totalmente independiente de las situaciones procesales que contempla el artículo 147 inciso 5º del Código Tributario, que se refiere a la suspensión de los pagos que pide al tribunal el contribuyente por cantidades que se le cobran y que adeudare por impuestos, pendiente la decisión del reclamo formulado por éste y que se ha rechazado por sentencias de primera y de segunda instancia.

En efecto, en lo atinente este artículo 147 inciso 5º dispone, en su primera hipótesis:

"Si se dedujere apelación en contra de la sentencia definitiva que rechaza parcial o totalmente una reclamación, en los casos a que se refiere los incisos anteriores, la Corte de Apelaciones respectiva podrá a petición de parte previo informe del Servicio de Tesorerías, ordenar la suspensión total o parcial del cobro del impuesto por un plazo determinado que podrá ser renovado.”

En su segunda hipótesis: “Igualmente y también por un plazo determinado renovable, podrá hacerlo la Corte Suprema conociendo de los recursos de casación”.

Décimo Tercero: Que, en consecuencia, esta última disposición del artículo 147 inciso 5º del Código Tributario, se aplica a otra situación distinta a la de la norma procesal del artículo 773 del Código de Procedimiento Civil, que dispone acerca de los efectos generales del recurso de casación, ello porque ambas normas tienen propósitos distintos, la norma jurídica tributaria tiene como finalidad primordial la obtención de un ingreso para el Estado, contexto en el cual protege el interés fiscal y promueve una herramienta para obligar al deudor que incumple y darle a éste solo la oportunidad de una suspensión del cobro si se encuentra todavía judicialmente discutida la obligación tributaria (Jaime nombre reservado Orrico, Juicio Ejecutivo Tributario, segunda edición editorial Librotecnia, año 2017, páginas 17 y 18), en cambio, el efecto del recurso de casación persigue evitar que este recurso se transforme en una tercera instancia, o sea un medio destinado a dilatar la ejecución de lo resuelto por los jueces de fondo (Mario Casarino Viterbo. Manual de Derecho Procesal Tomo IV, Editorial Jurídica de Chile año 2007, página 183).

Décimo Cuarto: Que la contribuyente Cooperativa Agrícola Lechera Santiago Limitada, reclamó en contra de los actos terminales del recurrido Servicio de Impuestos Internos, de fecha 29 de julio de 2011, notificados ese mismo día, consistentes en las Liquidaciones N°s 240, 241 y 242, correspondiente a los Años Tributarios 2008, 2009, y 2010, determinando diferencias de Impuesto a la Renta de Primera Categoría, basadas en que la recurrente Cooperativa Agrícola Lechera Santiago Limitada, fundadas en que había subdeclarado su Impuesto a la Renta de Primera Categoría, al no incluir ciertas rentas que el Servicio estimaba afectas, siendo este reclamo rechazado en su totalidad por sentencia definitiva de primera instancia de 23 de febrero de 2016, notificada por cédula, con fecha 09 de marzo 2016.

Posteriormente, interpuesto por la contribuyente en contra de ese fallo recurso de apelación, éste fue tramitado por esta Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el rol de ingreso Corte Nº 6894 - 2016; durante la tramitación del recurso el Servicio emitió los Giros Formulario Nº 21, Folios Nº 926075, 926107 y 926121 por $ 1.001.446.793, $ 868.552.036, y $581.289.034, respectivamente, notificados a la contribuyente el 08 de agosto de 2016, asimismo en la tramitación del recurso de apelación la Corte decretó, con fecha 7 de octubre de ese mismo año, previo informe de la Tesorería General de la República, la suspensión del cobro, conforme al antes citado artículo 147 inciso 5º del Código Tributario.

Que la Corte al fallar el recurso de apelación revoca la citada sentencia de primera instancia - encontrándose suspendido el cobro de acuerdo al artículo 147 del Código Tributario - y en su lugar se resuelve que se acoge el reclamo tributario deducido por la recurrente Cooperativa Agrícola Lechera Santiago Limitada, a fojas 1 y siguiente, y, en consecuencia, deja sin efecto las liquidaciones 240, 241 y 242 de 29 de julio de 2011.

Décimo Quinto: Que, de este modo, los Giros emitidos por el Servicio de Impuestos Internos antes singularizados, entendidos como órdenes inmediata de pago del Servicio al contribuyente para que ingrese también de inmediato en arcas fiscales los valores determinados antes referidos, por concepto de impuestos, reajustes, intereses y multas, se tornan ilegales y arbitrarios, al decidir el ente fiscalizador darles una consecuencia jurídica que no tenían, y no sincerar esto último, dado que las Liquidaciones que le servían de antecedentes conforme al artículo 124 inciso 1º del Código Tributario, fueron dejadas sin efecto por sentencia definitiva de segunda instancia del tribunal de fondo, y, en consecuencia, los Giros no se conformaban a Liquidaciones algunas que le hayan servido de antecedente, estando a la fecha de la sentencia, además, suspendido el cobro de acuerdo al artículo 147, y el recurso de casación interpuesto en contra de esta última no suspendía su ejecución, sin que el Servicio de Impuestos Internos haya exigido en su oportunidad fianzas de resultas del recurso.

Décimo Sexto: Que, en consecuencia, también son ilegales y arbitrarias las actuaciones del cobro compulsivo de los referidos Giros por parte de la recurrida Tesorería General de la República, por no encontrarse el contribuyente jurídicamente en mora que autorice a ésta la cobranza, pues la ejecución requiere siempre de un derecho declarado, reconocido, y contenido en un título ejecutivo, sin que en la especie lo haya, pues, el título ejecutivo en el juicio ejecutivo tributario está constituido respecto del contribuyente que se encuentre en mora conforme al artículo 169 inciso 1º del Código Tributario, de acuerdo a la respectiva orden de ingreso después de las Liquidaciones efectuadas por el Servicio, en este caso de carácter individual, atendido el objeto del cobro cuyo origen son las fiscalizaciones de éste.

En consecuencia, también todas las actuaciones de la Tesorería General de la República, por medio del recaudador fiscal, que culminan con el embargo ilegal y arbitrario de fecha 23 de agosto de 2018, ordenado trabar por resolución de fecha 10 de agosto de 2018, de los dineros depositados en la Cuenta Corriente Bancaria Nº [cuenta reservada], de la recurrente Cooperativa Agrícola Lechera Santiago Limitada, del Banco de Chile.

Todo lo anterior sin que haya existido un título ejecutivo válido, lo cual permite concluir que ese Servicio además de su actuar arbitrario ha actuado infringiendo las normas contempladas en los artículos 1 y 2 de la Ley Nº 18.575, 1 y 13 del DFL Nº 1 Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, en relación con los artículos 168 inciso 1º y 170 del Código Tributario.

Décimo Séptimo: Que, la tutela de esta acción de protección de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, se extiende en este caso al legítimo ejercicio de éstos de acuerdo a la juridicidad vigente por parte de la recurrente Cooperativa Agrícola Lechera Santiago Limitada, especialmente, conforme a los antecedentes del recurso y razonamientos efectuados, al del numeral 2, de igualdad ante la ley, en la dimensión que lo resuelto por los tribunales de justicia debe ser cumplido oportunamente como manifestación de dicho derecho; al del numeral 21º, esto es, el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, debido al impedimento que afecta actualmente a la recurrente, pues, la culminación del cobro de impuestos sin título que lo fundamente, trajo consigo el embargo de los fondos en la cuenta corriente bancaria de la recurrente; y al del numeral 24, es decir, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, manifestada la vulneración con la privación de la disposición de los fondos de la recurrente mantenidos en su cuenta corriente bancaria.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se decide:

I.- Que, se acoge, el recurso de protección deducido por nombre reservado, por la Cooperativa Agrícola y Lechera Santiago Limitada, en contra del Servicio de Impuestos Internos ordenando al Servicio de Impuestos Internos anular los Giros Formulario N°21, Folios N° 926075, 926107 y 926121.

II.- Que, se acoge el recurso de protección en contra de la Tesorería Regional Santiago Poniente, en cuanto se deja sin efecto el embargo trabado en los autos rol N°10.768-2016-Estación Central, respecto de los dineros depositados en la cuenta corriente de la recurrente que mantiene en el Banco de Chile N° [cuenta reservada], debiendo alzarse el mismo por medio de Recaudador Fiscal.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo, quien fue de parecer de no hacer lugar al recurso de protección por encontrarse el asunto materia de éste formando parte de una controversia sometida a los procedimientos tributarios que correspondan y no procede, en consecuencia, este arbitrio constitucional para alterar la competencia natural en juicios que se encuentran pendientes, toda vez que, a los tribunales competentes antes los cuales se ha radicado el proceso, es a quienes les corresponde dirimir el conflicto planteado, en la especie, en la causa sobre reclamo tributario ante el Tribunal Tributario y Aduanero y ante la Tesorería General de la República, en la ejecución de lo resuelto.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N°66961-2018.- Redacción del Ministro señor Zepeda y del voto disidente su autor.

No firma la abogada integrante señora Paola Herrera Fuenzalida, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia.