Protección contra Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparecen nombre reservado, y nombre reservado, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones, por haber negado la debida tramitación de la solicitud de refugio del recurrente y no haber otorgado la visación de residente temporario prescrita en el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N° 20.430, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que vulnera el derecho fundamental a solicitar refugio y el principio de no devolución establecido en la normativa nacional e internacional, vulnerando con ello el derecho constitucional a la igualdad ante la ley consagrado en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se concluya el procedimiento cuyo inicio ha sido solicitado por el recurrente, dándole curso, y se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio.

En cuanto a los antecedentes fácticos, exponen que don nombre reservado es un ciudadano venezolano que se vio forzado a abandonar su país natal debido a las amenazas contra su integridad y seguridad personal, consecuencia de la violencia generalizada y la constante violación de derechos humanos que caracteriza la crisis social venezolana, circunstancias que han deteriorado su dignidad humana y lo han dejado en completa indefensión. Estas circunstancias adversas lo llevaron a tomar la difícil decisión de dejar Venezuela el día 5 de agosto de 2021, ingresando a territorio chileno por pasos inhabilitados el 15 de agosto del mismo año.

Una vez establecido en territorio nacional, procedió a recabar información respecto de su situación migratoria y de los mecanismos legales disponibles para regularizar su permanencia en el país. En consecuencia, con fecha 10 de septiembre de 2024, acudió personalmente a las oficinas de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado conforme a lo establecido en la Ley N° 20.430, sin que a la fecha de interposición del recurso, la autoridad migratoria hubiera resuelto su solicitud.

Refiere además que tampoco le ha sido otorgada la visación de residente temporario que expresamente prescribe el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N° 20.430, documento que constituye un elemento fundamental para garantizar la protección del solicitante durante la tramitación de su petición de reconocimiento de la condición de refugiado. Esta omisión administrativa constituye, según los recurrentes, uno de los elementos de mayor importancia para justificar la interposición del presente recurso de protección.

En el ámbito jurídico, fundamentan su pretensión en el reconocimiento del derecho a buscar y recibir asilo como un derecho humano fundamental que no puede ser limitado de forma arbitraria por las autoridades estatales, citando tratados internacionales ratificados por Chile, además del principio de No Devolución establecido en el artículo 4° de la Ley N° 20.430, el cual debe aplicarse desde el momento en que se manifieste, de forma oral o escrita, ante la autoridad competente la intención de formalizar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.

Para configurar la situación protegible que exige el artículo 20 de la Constitución Política, los recurrentes argumentan que concurren los siguientes elementos fundamentales: en primer lugar, existe una omisión arbitraria e ilegal por parte de la autoridad recurrida, consistente en la negativa a dar curso adecuado a la solicitud de refugio presentada y en la falta de otorgamiento de la visación de residente temporario prescrita legalmente. Esta omisión debe considerarse arbitraria en el sentido de ser injustificada, contraria a la racionalidad y desproporcionada, además de ser ilegal por contravenir el Derecho positivo y el ordenamiento jurídico vigente.

Según la argumentación de los recurrentes, la actuación de la Oficina de Migraciones vulnera específicamente el derecho a la igualdad ante la ley establecido en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que el proceder de la autoridad administrativa importa una discriminación en relación con el trato dispensado a otros extranjeros que se encuentran en situación similar. Esta discriminación se manifiesta en la falta de respuesta oportuna a la solicitud de refugio presentada en forma y oportunidad legal, así como en la omisión de otorgar la visación de residente temporario que la ley expresamente prescribe para estos casos, generando una situación de desprotección e incertidumbre jurídica que afecta gravemente los derechos fundamentales del recurrente.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se resuelva que la autoridad migratoria y administrativa ha actuado de manera arbitraria e ilegal, vulnerando derechos fundamentales del recurrente, que se concluya el procedimiento cuyo inicio ha sido solicitado por el recurrente dándole curso, y se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio prescrita bajo el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N° 20.430, mientras se espera la evaluación por parte de la comisión calificada competente.

SEGUNDO: Que evacuando el informe ordenado por esta Corte, comparece Luis Ignacio Salvo, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo en todas sus partes de la acción constitucional de protección interpuesta, fundando su petición en la circunstancia de que la presente acción habría perdido oportunidad y eficacia al haberse pronunciado definitivamente el Servicio respecto de la solicitud de refugio del recurrente, mediante la dictación de un acto administrativo conclusivo del procedimiento.

En cuanto a los antecedentes fácticos expuestos en el informe evacuado, establece una cronología de los hechos que difiere sustancialmente de la planteada por los recurrentes en su libelo. En primer término, señala que mediante los canales dispuestos al efecto por dicha repartición pública, con fecha 9 de enero de 2025, el extranjero nombre reservado, nacional de Venezuela, habría iniciado efectivamente la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, asignándosele para tales efectos el número de identificación ID NUM000, desvirtuando los antecedentes aportados por los recurrentes, quienes afirmaron que la solicitud había sido presentada con fecha 10 de septiembre de 2024.

Manifiesta que, de acuerdo a la solicitud efectivamente realizada y verificándose el cumplimiento de los requerimientos determinados en la Ley N° 20.430 que establece disposiciones sobre protección de refugiados, se procedió a la tramitación correspondiente del expediente administrativo. No obstante lo anterior, mediante Resolución Exenta NUM001, de fecha 14 de mayo de 2025, se resolvió tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por el señor nombre reservado, fundándose tal decisión en el incumplimiento de la obligación legal de acompañar los documentos requeridos para la sustanciación del procedimiento administrativo.

Esta resolución administrativa constituye, según la perspectiva de la autoridad recurrida, un acto conclusivo del procedimiento iniciado por el solicitante, el cual habría puesto término definitivo a la tramitación de la petición de reconocimiento de la condición de refugiado. En consecuencia, al existir ya un pronunciamiento formal y definitivo respecto de la materia objeto del recurso de protección, la entidad estatal sostiene que se habría configurado una situación jurídica que priva de oportunidad y eficacia a la acción constitucional intentada.

En consecuencia, argumenta que actualmente no existiría un acto u omisión que pueda ser calificado como arbitrario o ilegal y que atente contra alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Por estas razones, solicita que se rechace íntegramente el recurso de protección interpuesto, por haber perdido oportunidad y eficacia al haberse dictado una resolución administrativa definitiva que puso término al procedimiento de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, circunstancia que habría eliminado el presupuesto fáctico que justificaba originalmente la acción constitucional intentada.

TERCERO: Que a folio 192 se confirió traslado al recurrente, sin que se hubiera evacuado el mismo.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que, el asunto sometido a conocimiento de esta Corte es la falta de pronunciamiento del servicio requerido, respecto de la solicitud de refugiado realizada por el recurrente, lo que se estima atentatorio de la garantía consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que, de acuerdo a lo informado por la recurrida, el procedimiento iniciado por el recurrente se encuentra concluido, siendo resuelta su solicitud de refugio a través de la Resolución Exenta NUM001 del 14 de mayo de 2025 por el servicio, que declaró desistida la solicitud por incumplimiento de requisitos exigidos en la ley 20.430.

SÉPTIMO: Que dicha resolución fue dictada por la recurrida en estricto apego a la normativa vigente y en uso de sus atribuciones legales y ámbito de competencia, por lo que no se advierte que el actuar de la recurrida sea ilegal o arbitrario, ni que hubiere vulnerado la garantía constitucional denunciada.

OCTAVO: Que, en consecuencia, habiendo cesado el hecho que quebrantaría el imperio del derecho, como ha sucedido en la especie, el recurso pierde su objeto, cual es, precisa y exclusivamente adoptar las medidas tendientes a su restablecimiento, en el caso de que existiere alguna garantía constitucional vulnerada, atendido además, que el acto terminal fue dictado por el servicio recurrido, como ya se refirió, en el ejercicio de sus facultades legales, todo lo cual obliga a desestimar el que se ha deducido en estos autos, por lo que no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, notifíquese y archívese.

N°Protección-6690-2025