nombre reservado con DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE

8 Santiago, nueve de julio del año dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, en estos autos rol N°669-2021 ha comparecido con fecha 20 de enero del año en curso, doña ALEJANDRA MIRANDA DELGADO, abogada, con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA), representada legalmente por don Juan Hernández Rivera, contador auditor, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por haber dictado con fecha 30 de noviembre de 2020 la resolución exenta RA N°94/324/2020, que califica como acto administrativo arbitrario e ilegal, que dispuso la no renovación de la contrata de la funcionaria doña nombre reservado, vulnerando la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°2 (igualdad ante la ley) y 19 N°24 (propiedad sobre el empleo y las remuneraciones) de la Constitución Política de la República. Solicita dejar sin efecto la resolución impugnada, ordenando la prórroga de la contrata de la actora hasta el 31 de diciembre de 2021, o en su defecto, el pago de todas las remuneraciones que le habría correspondido de haber continuado en el cargo hasta dicha fecha, con costas.

Expone que en su calidad de ingeniera comercial, ingresó a la institución el 8 de febrero de 2019. A pesar de sus buenas calificaciones y anotaciones de mérito el Director Nacional, con fecha 30 de noviembre de 2020 firmó la resolución exenta RA N°94/324/2020, en la que se indica que no se renovará la contrata porque “de acuerdo a lo manifestado por su jefatura directa no tuvo el desempeño esperado en el cargo durante el año 2020”.

Estima curiosa dicha afirmación, considerando que el mismo día 30 recibió anotación de mérito y que su última calificación (con nota 7,0 en todos los factores) le fue notificada el 16 de noviembre de 2020.

Si bien remitió una carta de reconsideración al Director Nacional, con fecha 8 de enero de 2021, se le informó el rechazo de la misma.

Reprocha de la decisión impugnada su falta de fundamentación e infracción a la confianza legítima de que su contrata sería renovada, por cuanto la funcionaria se desempeñaba desde 2019.

Finalmente, pide “Tener por interpuesto el presente recurso de protección, ordenando que el Director General de Previsión de Carabineros de Chile, señor Juan Hernández Rivera, o quién lo reemplace, informe en el plazo perentorio que VSI fije y, en definitiva, se ordene dejar sin efecto la resolución RA N°94/324/2020, ordenando la prórroga de la contrata de la funcionaria nombre reservado, entre el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2021 o, en su defecto, el pago de todas las remuneraciones que le habría correspondido de haber continuado en el cargo hasta dicha fecha.

“Además de todas las medidas que, en concepto de VSI, sean conducentes al restablecimiento y protección del derecho, con costas del recurso.”

2°) Que ha comparecido don Miguel Ángel Vergara Báez, abogado, en representación convencional de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA), ambos domiciliados en domicilio reservado, quien evacua el informe de rigor solicitando el rechazo de la acción. Expuso, en lo pertinente, que la contratación de la recurrente era esencialmente transitoria, y de acuerdo a la jurisprudencia y legislación vigente, es requisito que la decisión de no renovar la contrata se encuentre fundada, como es el caso. Por lo demás, la decisión impugnada corresponde a una facultad discrecional del Director Nacional del Servicio. Por otro lado, no existen dos anualidades renovadas, sino que solo una, por lo tanto no es aplicable la confianza legítima que esgrime la actora. Argumenta que la actora solo fue evaluada en una oportunidad, pero no pudo ser nuevamente calificada por su desempeño real, atendida la pandemia.

Por último, asegura que no ha desconocido su obligación ni afectado las garantías constitucionales de la recurrente y pide no dar lugar a la acción de protección, por carecer de todo fundamento, con expresa condena en costas.

3°) Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

4º) Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

5°) Que, ya desarrollando el asunto puesto en conocimiento de esta Corte, hay que señalar que en conformidad con lo dispuesto en la letra c) del artículo 3° de la Ley N°18.834, que contiene el Estatuto Administrativo, para los efectos de esta normativa se entiende por empleo a contrata aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución. El inciso primero del artículo 10 del mismo texto de ley prescribe que los empleos a contrata durarán, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.

Como es evidente, el que las normas transcritas consagren de manera explícita la transitoriedad de la contrata, no constituye una circunstancia que habilite a la Administración -en el caso de la especie a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA)- para poner término anticipado a la misma, por las razones que en el caso de que se conoce esgrimió.

6°) Que, en efecto, la adecuada interpretación de las disposiciones citadas conduce a concluir que la transitoriedad de la contrata no dice relación con la persona que sirve el cargo, sino que con el cargo mismo, esto es, que lo circunstancial o precario es el tipo o clase de trabajo que se desarrolla en la institución, mas no el funcionario específico o determinado que lo sirve.

De otro lado, las más elementales normas sobre respeto al trabajador, en cualquiera de las calidades que pueda revestir y ante cualquier empleador que se preste la labor, señalan que a quien emplea a una persona no le es lícito poner fin a la relación si no es por alguno de los motivos o en alguna de las hipótesis que establezca la ley.

En este escenario, el término anticipado de la contrata será procedente en tanto el servicio que motivó la contratación haya dejado de ser necesario, pero no lo será si se pretende obtenerlo porque la persona que desempeña la labor lo hace en forma deficiente. En este último caso el servicio sigue siendo necesario y el trabajo sigue existiendo, pero lo que se busca es que sea desempeñado por otra persona que lo haga de mejor forma. Especialmente en el caso de autos, en que las conductas que se han reprochado a la funcionaria recurrente, según es fácil comprender, dicen relación precisamente con un deficiente desempeño funcionario, según ha explicado la parte recurrida, el que se ha venido a advertir recién en el último tiempo, no obstante que comenzó a prestar servicios en la institución el 8 de febrero de 2019, tras adjudicarse un concurso para servir como profesional de la Unidad de “Tiempos Válidos”, en calidad de contrata con grado 18°.

Para esta Corte no resulta comprensible que el desempeño de una persona, que ingresó al sistema público, al menos en la entidad recurrida, durante el año 2019, ahora presente las conductas que se la imputan, sin que nada se le pudiere imputar en el respectivo proceso de calificaciones que debió llevarse a efecto durante el año 2020, y que incluso durante el año 2019 su jefa directa señora nombre reservado, la calificó con la nota más alta que permite el sistema de calificaciones de la Dirección de Previsión. Tales calificaciones fueron refrendadas en forma unánime por la Junta Calificadora. Consta además, en los documentos que acompañó la recurrente, que fue felicitada por su jefatura directa en dos oportunidades durante el año 2020, generando las respectivas anotaciones de mérito. El 30 de noviembre del año 2020, la misma jefatura le informó, vía correo electrónico, que se procedería a estampar una anotación positiva en su hoja de vida por su dedicación y amabilidad para resolver los casos de los usuarios.

Empero, el mismo día 30 de noviembre el Director Nacional firmó la resolución exenta RA N°94/324/2020, en la que se indica que no se renovará la contrata porque “de acuerdo a lo manifestado por su jefatura directa no tuvo el desempeño esperado en el cargo durante el año 2020”, nada de lo cual ha sido desmentido por la entidad recurrida.

7°) Que cabe añadir que si un funcionario a contrata desempeña deficientemente su trabajo, pero la labor que realiza sigue siendo necesaria, no puede la Administración, invocando la transitoriedad de la contrata, poner término anticipado al servicio específico de ese funcionario y reemplazarlo por otro. Un correcto proceder indica que, en este evento, la autoridad podrá evaluar en términos deficientes el desempeño y fundado en eso y observándose las normas que gobiernan la materia, separar de sus funciones al empleado, o bien iniciar los sumarios administrativos correspondientes, que pueden eventualmente culminar con la destitución. Lo que se quiere significar es que la autoridad administrativa no puede invocar la transitoriedad de la contrata para separar al empleado que considera deficiente. La autoridad debe utilizar solo los mecanismos que específicamente se han previsto para tal finalidad, a fin de evitar cualquier sospecha de arbitrariedad.

8°) Que en el caso de la especie se recurrió a una calificación de desempeño funcionario distinta a la que prevé la ley, que no se condice con la efectuada en cumplimiento de ésta, debiendo además destacarse que el año 2019 se le renovó su contrata para mantener el ejercicio de la misma función, entre el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2020 y que tuvo las anotaciones de mérito ya referidas.

No obstante, sobre esta base ilegítima se dispuso la terminación anticipada de la contrata de quien recurre, en circunstancias que nada se ha dicho por la recurrida en cuanto a que el trabajo desempeñado por la recurrente ya no resulte necesario. Efectivamente, si se revisa Resolución RA N°94/324/2020, así como el informe expedido, se advierte que los reproches dicen relación con generalidades, esto es, que “de acuerdo a lo manifestado por su jefatura directa no tuvo el desempeño esperado en el cargo durante el año 2020”, además de asilarse en la frase o expresión de rigor consistente en “no ser necesarios sus servicios.”

De este modo, se aprecia con claridad que el término anticipado de la contrata constituye una represalia por el hecho de haberse estimado que la recurrente incurrió en un deficiente desempeño de labores, y que se usó la fórmula de no ser necesarios sus servicios, esto es, el mero arbitrio de la Administración.

9°) Que, de este modo, basta con revisar y estudiar someramente la resolución Exenta N°94/324/2020, de la fecha ya indicada, para concluir en la ilegalidad y arbitrariedad de la decisión adoptada por Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA), que no se acomoda a la normativa legal previamente indicada y que se visualiza como una actuación indebida e infundada. Además, el proceder de la Administración ha producido la vulneración de la garantía fundamental de igualdad ante la ley, que la Carta Fundamental de la República reconoce a la recurrente en el N°2 de su artículo 19, todo lo que justifica que el recurso sea acogido.

Por lo anterior, no resulta necesario analizar si ha habido o no transgresión de la otra garantía constitucional invocada en el recurso.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema sobre tramitación de recursos como el de la especie, se declara que se acoge el recurso de protección presentado por doña ALEJANDRA MIRANDA DELGADO, abogada, en representación y en favor de la funcionaria doña nombre reservado, en contra de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA), por haber dictado el acto arbitrario e ilegal consistente en la Resolución RA N°94/324/2020 de 30 de noviembre de 2020, que puso término anticipado a la designación a contrata de dicha persona, bajo el mecanismo de no disponer su renovación.

Se ordena, en consecuencia, que la señalada autoridad administrativa debe dictar un nuevo Decreto o Resolución, que disponga la continuidad de la contrata de doña nombre reservado hasta el periodo máximo permitido por la ley, esto es, hasta el 31 de diciembre del año 2021 en curso, dejando sin efecto el anterior, objeto del recurso, o bien ampliándolo en los términos indicados, debiéndose pagar a dicha recurrente las remuneraciones correspondientes a todo el período por el que ha permanecido ilegalmente separada de sus funciones.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los antecedentes.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

Rol N°669-2021.