nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL REGIÓN DEL BÍOBÍO (VISTA EN POS IC 16010-23)

Santiago, veinticinco de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que con fecha 31 de enero de 2024, comparece nombre reservado, chilena, empleada, 54 años, deduce recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por los antecedentes de hecho y de derecho que se exponen.

Señala que su situación de salud de la recurrente se originó con posterioridad a un grave accidente laboral que tuvo lugar en las dependencias donde actualmente trabajo, específicamente el día 22 del mes de febrero del año 2023, en que luego de practicarse exámenes le diagnosticaron una fractura no desplazada en la zona del sacro, por lo cual se le otorgó licencia médica, y luego de unos días, al efectuarse un control médico es informada que no se le otorgarían más licencias médicas.

Producto del trauma físico y psicológico provocado por el accidente, no se encontraba capacitada de ninguna manera para volver a retomar sus labores, por lo cual, se vio en la necesidad de buscar ayuda médica, agregando que en el mes de agosto de 2023, tuvo que reincorporarse a su trabajo, aun cuando no había sido dada de alta, pues, el rechazo y no pago de sus licencias médicas la obligaron a ello.

Impugna la Resolución Exenta N°R-01-S-02566-2024, de 05 de enero de 2024, que resolvió confirmar el rechazo de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, (en adelante COMPIN) de las licencias médicas Nro. 88906940-6, extendida por un total de días de 15 días, a partir del día 13 de julio de 2023 y la licencia médica Nro. 89394147-9, a partir del día 27 de julio de 2023, por un periodo de 15 días.

En efecto, dicha Resolución expresa: “Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos tenidos a la vista, no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 68 días, lo que en ausencia de elementos psicopatológicos de gravedad, se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y reintegro laboral.”

Arguye que dicha Resolución constituye un acto ilegal y arbitrario desde que concluye que el reposo no estaría justificado, fundándose, según se lee en la misma resolución, sin ni siquiera haber realizado peritaje previo, y en circunstancias que la licencias médicas otorgadas por la médico psiquiatra, se rechazaron aun cuando mantenía el cuadro clínico psiquiátrico.

Asevera que la recurrida respecto al informe extendido por la médico psiquiatra con fecha 4 de agosto de 2023, en opinión de la recurrida resulta ser insuficiente, en circunstancias que se señala el tratamiento farmacológico indicado que corresponde a Antalin 12.5mg/5mg HS y que fue recetado en la primera consulta médica de fecha 13 de julio de 2023, hasta el siguiente control que se debía realizar.

Afirma que, además, la recurrida omitió el informe psicológico, que reafirma el diagnóstico entregado por la médico psiquiatra, avalándose el tratamiento farmacológico recetado y reafirmando los síntomas evidentes.

Alega vulneradas las garantías constitucionales del artículo 19 N° 1, 2 y 24, de la Carta Fundamental, esto es integridad física y psíquica; la igualdad ante la ley; y el de derecho de propiedad, respectivamente.

Pide que se acoja el recurso, ordenando a la recurrida acoger el reclamo y autorizar el pago de las licencias médicas Nro. 88906940-6 y Nro. 89394147-9, como asimismo cualquier otra medida que esta Corte considere necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar el debido resguardo y respeto a las garantías fundamentales, con costas de la recurrida.

Segundo: Que a folio 11 con fecha 21 de marzo del año 2024, informa la recurrida Superintendencia de Seguridad Social; alegando en primer lugar, que el recurso sería improcedente por referirse en el fondo a materias de seguridad social, derecho que no se encuentra incluido entre aquellos que hacen procedente el recurso de protección; en subsidio de lo anterior, en cuanto al fondo, indica que se recabaron los antecedentes médicos del caso de la COMPIN respectiva, a saber, el registro histórico de licencias médicas (FONASA) y la cartola medica del Servicio de Salud. En este último documento se señala que la Sra. nombre reservado: “…06-09-2023 17:16:06> RR LM 6940: Adjunta informe de médico psiquiatra con fecha agosto/2023, informe del cual no se pueden desprender más argumentos para prolongar reposo. No adjunta carnet de psicoterapia, escala de gravedad, pronóstico Sin más antecedentes médicos que justifiquen prolongación del reposo. SE rechaza. Art 16 DS 3. ULME”.

“…26-09-2023 11:58:50> RR LM 4147: Adjunta IM emitido por médico psiquiatra, con fecha 04/08/2023. No adjunta carnet de psicoterapia indicando sesiones realizadas, escala de gravedad, ajuste de tratamiento Sin más antecedentes médicos que justifiquen prolongación del reposo. Se rechaza. Art 16 DS 3. ULME”.

Por presentación de fecha 28 de octubre de 2023, reclamó ante este Servicio por cuanto la Compin Región Metropolitana, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 88906940-6, 89394147-9, extendidas por un total de 30 días, a contar del 13 de julio de 2023, por reposo no justificado.

Indica que esa Superintendencia, estudió los antecedentes del caso de la Sra. nombre reservado, concluyendo que no cuenta con informe de refractariedad o resistencia a tratamiento, ni con tratamiento farmacológico adecuado a patología por la extensión de reposo, tampoco acredita asistencia regular a terapia psicológica durante toda la extensión de su reposo.

Agrega que de conformidad al D.S. Nº 7, de 2013, del Ministerio de Salud, respecto a las patologías mentales, establece que si un reposo por patología psiquiátrica es superior a 30 días, debe ser extendido por un médico especialista (psiquiatra), contar con un informe de peritaje médico, debe haber evaluaciones periódicas y que cada episodio clínico debe considerar tratamiento farmacológico, psicoterapia e intervenciones psicosociales.

Concluye que no existe ilegalidad en su decisión, porque se trató de una decisión fundada en motivos técnicos, propios del área de medicina con pleno apego a la normativa que regula el derecho denominado licencia médica, en una decisión apoyada en la revisión de los antecedentes por los profesionales médicos de la Compin y a mayor abundamiento, por los profesionales médicos especializados de la Suseso.

Agrega que el recurrente no tiene un derecho indubitado al pago de sus licencias dado que el asunto de fondo es uno técnico-médico, que escapa del objeto del recurso de protección.

Finaliza solicitando que se desestime la presente acción, con expresa condena en costas.

Tercero: Que, a folio 6, con fecha 19 de febrero de 2024, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M.), evacuó informe.

Señala que, analizada la base del sistema Maestro Licencias Médicas Fonasa, se desprende que, la Licencias Médica Nºs 88906940-6, se rechaza, dado que se presenta sin nuevos antecedentes médicos que justifiquen prolongación del reposo.

En cuanto al Recurso de Reposición de la Licencia Nº 88906940-6, se rechaza, toda vez que, la recurrente adjunta informe de médico psiquiatra con fecha agosto/2023, del que no puede desprenderse más argumentos para prolongar reposo. No adjunta carnet de psicoterapia, escala de gravedad, pronóstico, sin más antecedentes médicos que justifiquen prolongación del reposo.

En lo relativo a la Licencia Nº 89394147-9, se rechaza, ya que se presenta sin antecedentes que justifiquen seguir manteniendo el reposo; y respecto del Recurso de Reposición, al que adjunta informe médico emitido por un médico psiquiatra, con fecha 4 de agosto de 2023, no adjunta carnet de Psicoterapia indicando sesiones realizadas, escala de gravedad, ajuste de tratamiento sin más antecedentes médicos que justifiquen prolongación del reposo. Se rechaza.

Concluye señalando que las actuaciones realizadas por COMPIN al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica se enmarcan dentro de los parámetros objetivos que se han dispuesto, en la búsqueda de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

Cuarto: Que, conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Quinto: Que, el acto que se imputa como ilegal y arbitrario es el rechazo por parte de la COMPIN R.M. y de la confirmación de este rechazo por parte de la SUSESO de dos licencias médicas extendida por un total de 30 días, a partir del 13 de julio de 2023, por reposo no justificado.

Sexto: Que, respecto a la improcedencia del recurso por guardar relación con materias de seguridad social, será desestimado, pues basta considerar que el recurrente denunció, además como conculcadas las garantías de los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo que obliga a su revisión, en los términos en que el recurso ha sido intentado.

Séptimo: Que en razón de todo lo expuesto es que es necesario determinar la eventual ilegalidad o arbitrariedad en la decisión de los recurridos.

Octavo: Que, en cuanto al fondo, es necesario tener presente la normativa aplicable al caso de marras. Así, el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto. En su artículo 156, se trata del beneficio de licencia médica que también le es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, conforme al artículo 19 Nº 18 inciso 4º de la Constitución Política; y, el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

Noveno: Que, por su parte, el procedimiento para la autorización de las licencias médicas, está regulado en el Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, específicamente, artículo 11 y siguientes, “corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos”.

La COMPIN debe resolver- como en el caso de la recurrente-, acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

De las resoluciones que las COMPIN emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y/o reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

Décimo: Que, por su parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, se señalan las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

Enseguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo, la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por último, en el artículo 27, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

Undécimo: Que, de lo antes expuesto, debe concluirse que, corresponde a la Superintendencia de Seguridad Social, la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley, teniendo la calidad de organismo técnico de control de las instituciones de previsión, entre las que se encuentra la COMPIN.

Duodécimo: Que, por otra parte, debe considerarse que una de las características principales de la licencia médica es su temporalidad, así se desprende del artículo 1 del Decreto Nº 3, que Aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, que preceptúa que :“entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la "COMPIN", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "SEREMI", o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”.

Décimo Tercero: Que, en efecto, lo decidido por la Resolución Exenta, impugnada mediante el presente arbitrio constitucional, guarda correspondencia con el concepto de temporalidad que de las licencias médicas entrega el artículo señalado en el motivo precedente, puesto que el argumento para el rechazo de las licencias de la recurrente, se fundamenta en:

“Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 88906940-6, 89394147-9, no se encontraba justificado.

Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos tenidos a la vista, no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 68 días, lo que en ausencia de elementos psicopatológicos de gravedad, se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y reintegro laboral.

Que, en efecto, el informe médico aportado por la parte interesada resulta insuficiente, por cuanto no describe el plan de manejo clínico, evolución, limitación funcional actual (con resultado evaluación GAF), Ajuste de terapia farmacológica y fecha de alta médica. No acredita derivación o ingreso al Programa de Garantías Explícitas en Salud (GES) para manejo por equipo multidisciplinario. Tampoco acompaña informe de psicólogo (a), que acredite atención psicoterapéutica.”

Décimo Cuarto: Que, tal como se advierte, el fundamento para rechazar las licencias médicas es que, los informes médicos y ficha clínica no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado por la misma patología, por lo que no se justifica el rol terapéutico del reposo de la recurrente.

Décimo Quinto: Que, de todo lo reseñado en los considerandos precedentes, dable es concluir que la actividad realizada por la Superintendencia se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras. Así las cosas, decidido el rechazo de las licencias de la recurrente por la COMPIN, y que la SUSESO confirmó dicha decisión, ambas han obrado dentro de las facultades que la ley les confiere; y en el caso de la segunda, además, actúa de acuerdo con el carácter técnico que ostenta y las atribuciones de fiscalización con que cuenta, dejando constancia de los fundamentos tenidos en vista para decidir como lo hizo.

Décimo Sexto: Que, descartada la ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado, resulta innecesario hacerse cargo de las garantías constitucionales alegadas como vulneradas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección 667-2024 (en vista conjunta con Protección 16010-2023).