SOCIEDAD DE SEVICIOS MÉDICOS MOELLER Y CIA LTDA. con nombre reservado

Santiago, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno.

Vistos y considerando:

Primero: Que con fecha 25 de julio de 2020 comparece doña nombre reservado, en representación de Sociedad Servicios Médicos Moeller SpA, quien interpone acción constitucional de protección en contra de doña nombre reservado y de doña nombre reservado, por los actos que estima ilegales y arbitrarios consistentes en publicaciones realizadas en redes sociales, por medio de las cuales sostiene que se afectan las garantías constitucionales del números 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y pide que se ordene a las recurridas su eliminación, como asimismo la abstención de nuevas conductas similares y la publicación de disculpas públicas a la actora, con costas.

Expone que la Sociedad Servicios Médicos Moeller SPA, cuyo nombre de fantasía es “Clínica Elements”, es un recinto de salud dedicado a la estética que, en el año 2018, estuvo dentro del contexto de una denuncia por el delito de violación, realizada por una médico, distinta a las recurridas, en contra de don nombre reservado, quien se desempeña hasta la fecha de la presentación del recurso, como médico de la clínica.

Señala que, habiéndose iniciado una causa penal, el señor nombre reservado fue sobreseído en 2020, situación que fue confirmada por esta Ilustrísima Corte en julio de aquel año.

Hace alusión a lo anterior, por cuanto las publicaciones de las recurridas se relacionan con el procedimiento penal, el cual fue objeto de diversos comentarios por redes sociales, inclusive mediante la difusión de un hashtag “viviyotecreo”, en referencia a la denunciante. Enfatiza al respecto que Clínica Elements no tiene relación alguna con los hechos materia de investigación penal, a pesar de lo cual ha sufrido consecuencias perniciosas para su imagen, al ser vinculada al denunciado, como un lugar en que se ejerce la labor médica protegiendo a un violador.

De esta forma y en cuanto a los hechos que específicamente vincula a las recurridas, sostiene que nombre reservado, el 6 de julio de 2020, siendo a ese tiempo médico del recinto de la recurrente, publicó en un grupo de la red social Facebook, denominado “Asociación Doctora Mamá Chile” una crítica anónima al establecimiento de salud, donde sin mencionar el nombre de aquel lugar, refiere que su lugar de trabajo estaría obligando a sus trabajadores a retornar al trabajo presencial, sin tomar en cuenta el carácter estético de las intervenciones que realiza y que una de sus funcionarias estaría embarazada de 23 semanas, calificando los hechos como una conducta inmoral de la empresa.

Indica que si bien la publicación anterior, no mencionaba el nombre de la clínica, en los mismos comentarios habilitados en aquella, la recurrida admitía ser su autora, imputando infundadamente conductas al recinto del cual señala la recurrente en caso alguno responden a la realidad, desprestigiando a la empresa.

Asimismo, arguye que el mensaje fue divulgado y comentado más de 500 veces, en un grupo de 5.700 personas; agregando que a su turno le siguió una segunda publicación realizada por la misma recurrida, el 7 de julio de 2020, donde comentó haber sido desvinculada “misteriosamente” de su trabajo, para posteriormente en los comentarios identificar a su empleador como Clínica Elements, mismo lugar donde trabaja don nombre reservado, identificándolo como violador de una colega y que por miedo a represalias, en su momento, omitió unirse a la “funa“ de este profesional. Agrega haber sido desvinculada sólo por el hecho de pertenecer al grupo de Facebook donde la funa fue publicada. Acto seguido, habría utilizado el hashtag “viviyotecreo”.

En cuanto a los hechos que vinculan a la recurrida nombre reservado, menciona que el 16 de julio de 2020, sin mediar provocación alguna, publicó en la red social Twitter un llamado a “funar al violador que trabaja en Clínica Elements”, instando a difamaciones y descréditos, los cuales fueron replicados en 58 “retweets”.

Considera que las conductas antes descritas no sólo son falsas y generan el descrédito de la clínica, sino que a su vez le atribuyen al centro médico la calidad de encubridor de un delito, que por lo demás fue sobreseído por un Tribunal.

Asevera que Clínica Elements es una empresa liderada y administrada por mujeres, siempre cumpliendo con excelencia los procedimientos y atención a sus clientes que, no obstante, sufre un desprestigio y daño patrimonial, sumado a llamados anónimos donde diversas personas afirman que irán a “reventar” el lugar.

Sostiene que el recinto también se ha visto privado de utilizar redes sociales con fines publicitarios, por cuanto los comentarios que reciben se refieren a la causa resuelta y a la relación laboral con doña nombre reservado, debiendo bloquear los comentarios públicos.

Ante lo expuesto, refiere haberse vulnerado, tanto para la Clínica como para su administradora y representante legal, las garantías del artículo 19 números 4 y 24 de la Carta Fundamental, razón por la cual solicita se acoja la acción, restableciendo el imperio del derecho, y se ordene a las recurridas la eliminación de toda expresión directa o indirecta contra el recinto de salud, que se abstengan de realizar conductas similares en cualquier medio de comunicación social y la realización de un mensaje público, ofreciendo disculpas por las imputaciones indicadas, todo ello con expresa condena en costas.

Segundo: Que la recurrida nombre reservado, evacuando informe, solicita el rechazo con costas de la presente acción.

En primer término, indica que son efectivas las publicaciones señaladas por la actora, las cuales ya fueron bajadas de sus redes sociales el 31 de julio de 2020.

Luego, señala que lo relativo a la causa penal fue una reacción de apoyo y solidaridad a un abuso de género cometido por un médico cirujano que estaría “manchando la profesión” y que la publicación anónima sobre el retorno obligado al trabajo presencial fue motivada por una falta de empatía de la recurrente al hacer trabajar a mujeres embarazadas presencialmente en una pandemia, especialmente considerando que las intervenciones estéticas son de última prioridad.

Hace ver que, en este último caso, se buscó alertar a otras mujeres médicas sobre malas prácticas laborales, dentro de un grupo privado y cerrado de cirujanas, denominado “Asociación Doctora Mamá Chile”, negando la intención de funar a la clínica, al no existir una difusión de mensaje público.

Por lo expuesto, entiende que sus acciones nacen como una respuesta a una profunda desigualdad de género en la sociedad, negando un ánimo vindicativo o agresivo contra la recurrente.

Sin embargo, al comprender que sus comentarios fueron actos irreflexivos y que la vía idónea es la judicial, decidió borrar los comentarios, negando cualquier tipo de afectación a las garantías constitucionales de la actora y considerando innecesaria la acción propiamente tal al carecer de causa de pedir.

Tercero: Que, informando la recurrida nombre reservado, solicita el rechazo de la acción.

En cuanto a los hechos que la vinculan con la clínica, refiere que sería por una publicación realizada en Twitter alusiva al caso penal y sobreseimiento decretado, no explicando la actora cómo se estaría afectando su derecho a la honra.

Niega derechamente que haya indicado en algún mensaje que el recinto médico “protegía a un violador”.

Enfatiza que la publicación en caso alguno hace un llamado a difamar a la recurrente, tampoco la acusa de darle resguardo a un violador, ni la vincula en la causa judicial seguida contra el médico en cuestión, señalando únicamente que éste trabaja en Clínica Elements, cuestión que en caso alguno es falsa, difamatoria o injuriosa, sino que corresponde a un dato de individualización del profesional, sin calificativo o acusación de encubrimiento por parte de la actora.

De esta forma, sostiene que su mensaje es completamente distinto al indicado por la acción, negando cualquier tipo de acto arbitrario e ilegal en contra del recinto.

Finalmente, en cuanto a la solicitud de eliminación del tweet, sostiene que este ya fue removido de la red social con anterioridad.

Cuarto: Que, ambas partes acompañaron documentación que estiman pertinentes a sus respectivas pretensiones.

Quinto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Sexto: Que, teniendo en consideración lo que ambas recurridas señalan en sus respectivos informes en cuanto a que las publicaciones a las que hace referencia la recurrente ya fueron eliminadas, lo que no fue controvertido por el abogado compareciente por la actora, vía el ejercicio de la rectificación de hecho a la que procesalmente tiene derecho, es claro que el acto alegado como ilegal y arbitrario ya no existe.

Atendido lo señalado, ya no hay medidas que esta Corte pueda adoptar al respecto, desde que el recurso ha perdido oportunidad.

En cuanto a ordenar a las recurridas abstenerse de efectuar publicaciones similares en el futuro, esta Corte considera que no corresponde mediante esta vía cautelar emitir pronunciamientos y advertencias de esa naturaleza, máxime si las recurridas han asegurado que no procederán de nuevo en la forma que originó esta acción.

Séptimo: Que, por otra parte, consta de autos que la acción penal iniciada, mencionada precedentemente, se encuentra sobreseída a esta fecha.

Octavo: Que, la documentación acompañada por la recurrente y la recurrida en nada alteran lo concluido precedentemente.

Noveno: Que, por lo antes expuesto, el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar.

En conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección, se declara que se rechaza el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en representación de Sociedad Servicios Médicos Moeller SPA, en contra de nombre reservado y de nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia.

Protección 66.680-2020.- No firma la Ministra (s) señora Merino Verdugo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por la Ministra señora María Rosa Kittsteiner Gentile e integrada por la Ministro (s) doña María Paula Merino Verdugo y el abogado integrante don Jorge Benítez Urrutia.

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