Protección contra Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior

En Santiago, a veinticuatro de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que nombre reservado, de nacionalidad colombiana, interpone acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior, por la actuación que califica de ilegal y arbitraria consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000, de 22 de enero de 2026, notificada el 29 de enero de 2026, mediante la cual se rechazó la solicitud de residencia temporal excepcional presentada al amparo del artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, estimando vulnerada la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Expone que ingresó al territorio nacional el 5 de enero de 2022 por paso no habilitado, a los 19 años, situación que atribuye a un contexto de desplazamiento forzado derivado del conflicto armado interno en Colombia, particularmente en la zona de Pradera, Valle del Cauca, señalando provenir de un núcleo familiar reconocido como víctima de dicho fenómeno. Una vez en Chile, procedió a autodenunciar su ingreso irregular y a empadronarse, manifestando su voluntad de someterse a la normativa migratoria vigente y regularizar su situación. Señala que, con fecha 1 de agosto de 2024, presentó una solicitud de residencia temporal excepcional en conformidad al artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, acompañando certificados de antecedentes penales de Chile y Colombia, así como antecedentes destinados a acreditar su arraigo laboral y social. Sostiene que la autoridad rechazó dicha solicitud por estimar insuficientes los antecedentes aportados para configurar un caso calificado o humanitario, sin efectuar un análisis pormenorizado de las circunstancias expuestas, omitiendo ponderar su contexto de desplazamiento forzado, su conducta posterior al ingreso, su arraigo laboral, la inexistencia de antecedentes penales y la celebración de un acuerdo de unión civil con una persona con residencia definitiva en Chile.

Agrega que tampoco se le otorgó la posibilidad de complementar los antecedentes acompañados ni de formular observaciones antes de dictarse la resolución impugnada, infringiendo, a su juicio, los principios de contradictoriedad, impulso de oficio y fundamentación previstos en la Ley N°19.880.

Afirma que el acto recurrido vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, solicitando que se deje sin efecto la resolución impugnada y se ordene a la autoridad efectuar un nuevo examen de su solicitud conforme a derecho.

Segundo: Que, al informar, el Servicio Nacional de Migraciones solicita el rechazo del recurso, sosteniendo, en primer término, que no ha incurrido en acto u omisión ilegal o arbitrario alguno que vulnere las garantías constitucionales invocadas. Expone que el recurrente no registra ingreso al territorio nacional por paso habilitado y que, mediante Parte Policial N°NUM001, de 6 de enero de 2023, de la Policía de Investigaciones de Chile, fue denunciado por ingreso al país por paso no habilitado. Agrega que, con fecha 1 de agosto de 2024, el actor presentó una solicitud de regularización migratoria al amparo de los numerales 8 y 9 del artículo 155 de la Ley N°21.325, la que fue rechazada mediante Resolución Exenta N°NUM000, dictada por la Subsecretaría del Interior.

Sostiene que el Servicio Nacional de Migraciones carece de competencia para pronunciarse sobre dicha solicitud, por cuanto la facultad de establecer mecanismos de regularización migratoria y de otorgar permisos de residencia temporal en casos excepcionales corresponde exclusivamente a la Subsecretaría del Interior, de conformidad con el artículo 155 N°8 y N°9 de la Ley N°21.325, autoridad que además dictó el acto administrativo impugnado. En consecuencia, afirma que el recurso debe rechazarse respecto del Servicio Nacional de Migraciones, por no ser el órgano que emitió la resolución recurrida ni el competente para resolver la materia objeto de autos.

Tercero: Que, al informar, la Subsecretaría del Interior solicita el rechazo del recurso. Expone, en primer término, que la solicitud del recurrente debe resolverse conforme a la Ley N°21.325, la cual contempla dos mecanismos de regularización migratoria: uno de carácter general, previsto en el artículo 155 N°8, cuya implementación depende de los procesos de regularización que determine la autoridad, y otro de carácter excepcional, regulado en el artículo 155 N°9, que faculta al Subsecretario del Interior para otorgar permisos de residencia temporal únicamente en casos calificados o por motivos humanitarios.

Señala que actualmente no existen procesos generales de regularización vigentes, por lo que la solicitud del actor fue analizada exclusivamente bajo esta última hipótesis.

Agrega que la acción de protección no constituye la vía idónea para revisar el mérito de una decisión adoptada en ejercicio de una potestad discrecional conferida por la ley, existiendo además recursos administrativos previstos en los artículos 139 y 140 de la Ley N°21.325.

Expone que, en cuanto al fondo, la autoridad ponderó los antecedentes aportados por el recurrente y concluyó que éstos no permitían configurar un caso excepcional, calificado o humanitario, por tratarse de circunstancias de carácter general vinculadas a su situación personal, laboral y económica, insuficientes para justificar el ejercicio de la facultad prevista en el artículo 155 N°9 de la citada ley.

Añade que el arraigo laboral o familiar invocado no constituye, por sí solo, fundamento bastante para acceder a la regularización excepcional y que correspondía al solicitante acreditar la concurrencia de circunstancias calificadas o humanitarias que justificaran el otorgamiento del beneficio, lo que, a su juicio, no ocurrió en la especie. Finalmente, sostiene que el acto impugnado se encuentra debidamente fundado, no vulnera las garantías constitucionales invocadas y que acoger la presente acción importaría conferir un trato privilegiado respecto de otros extranjeros cuyas solicitudes fueron rechazadas sobre la base de los mismos criterios.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que la presente acción constitucional tiene por objeto determinar si la Resolución Exenta N°NUM000, mediante la cual la autoridad rechazó la solicitud de regularización extraordinaria presentada por el recurrente al amparo del artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, constituye un acto ilegal o arbitrario que vulnere la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Sexto: Que, en cuanto a la alegación formulada por el Servicio Nacional de Migraciones, en orden a no ser la autoridad competente para resolver la solicitud del recurrente, cabe señalar que, si bien dicho organismo interviene en la tramitación administrativa recibiendo la solicitud y remitiendo los antecedentes a la Subsecretaría del Interior, la facultad de resolver las solicitudes de regularización extraordinaria previstas en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325 corresponde exclusivamente a esta última autoridad, quien emitió la Resolución Exenta N°NUM000, acto administrativo que constituye el objeto de la presente acción constitucional. En consecuencia, no advirtiéndose que el Servicio Nacional de Migraciones haya dictado el acto impugnado ni que subsista a su respecto actuación pendiente cuya legalidad corresponda revisar en esta sede, el recurso será rechazado en lo que dice relación con dicho Servicio.

Séptimo: Que, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable, excluyéndose así la existencia de una actuación arbitraria e ilegal de la autoridad recurrida.

Octavo: Que el acto impugnado corresponde a la Resolución Exenta N°NUM000, totalmente tramitada con fecha 22 de enero de 2026 y notificada al recurrente el 29 de enero siguiente, mediante la cual la Subsecretaría del Interior rechazó la solicitud de otorgamiento de un permiso de residencia temporal excepcional presentada al amparo del artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325. En lo sustancial, la controversia radica en determinar si dicha decisión, adoptada en ejercicio de la facultad conferida por la citada disposición legal, se ajustó a derecho y se encuentra suficientemente motivada o, por el contrario, constituye un acto ilegal o arbitrario en los términos denunciados por el recurrente.

Noveno: Que el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325 confiere al Subsecretario del Interior la potestad de disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a personas extranjeras que se encuentren en el territorio nacional, por casos calificados o motivos humanitarios, con independencia de su condición migratoria. De la disposición legal se desprende que se trata de una facultad de carácter excepcional cuya procedencia exige la ponderación de las circunstancias particulares expuestas por el solicitante, correspondiendo a la autoridad administrativa apreciar si los antecedentes aportados permiten configurar alguno de los supuestos previstos por la norma.

Décimo: Que, en la especie, no se advierte que la Resolución Exenta N°NUM000 constituya un acto ilegal o arbitrario. En efecto, ésta fue dictada por la autoridad legalmente competente, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, y contiene una exposición suficiente de los antecedentes de hecho y de derecho que sustentan la decisión adoptada. En particular, la autoridad explicitó las razones por las cuales estimó que el ingreso del recurrente al país por paso no habilitado, unido a la inexistencia de un proceso general de regularización migratoria vigente y a la insuficiencia de los antecedentes aportados para configurar un caso excepcional, calificado o humanitario, impedían acceder al permiso de residencia temporal excepcional solicitado. De esta manera, el acto administrativo aparece debidamente motivado, exteriorizando el razonamiento que condujo a su dictación.

Undécimo: Que, por consiguiente, la discrepancia del recurrente con la ponderación efectuada por la autoridad respecto de los antecedentes invocados para justificar el carácter excepcional de su situación no permite calificar la resolución impugnada como ilegal o arbitraria, ni autoriza a esta Corte para sustituir el juicio de mérito que el legislador ha confiado a la Subsecretaría del Interior en el ejercicio de la potestad prevista en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325. En consecuencia, no verificándose la vulneración de la garantía constitucional invocada, la presente acción constitucional será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°6662-2026 Protección