Protección contra Hospital Santiago Oriente “Dr

C.A. de Santiago Santiago, ocho de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece Eduardo Alonso Orellana Medel, abogado, en representación de nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra del Hospital Santiago Oriente “Dr. nombre reservado”, por la dictación de las Resoluciones Afectas Nos. NUM000 y NUM001, ambas de 2026, mediante las cuales se dispuso la aplicación de la medida disciplinaria de destitución y se rechazó el recurso de reposición deducido en contra de dicha decisión.

Expone que el recurrente se desempeñaba como médico cirujano en el referido establecimiento hospitalario y que, a raíz de antecedentes remitidos por la Contraloría General de la República, acerca de funcionarios que habrían registrado salidas del país mientras hacían uso de licencias médicas, mediante Resolución Exenta N.º NUM002, de 17 de septiembre de 2025, se instruyó sumario administrativo en su contra.

Refiere que durante el período comprendido entre el 6 y el 12 de noviembre de 2024, hizo uso de una licencia médica por lumbago, con indicación de reposo laboral total, oportunidad en que viajó a la República Argentina por motivos personales y familiares.

Señala que la licencia fue emitida por un profesional competente, se encontraba vigente y no fue rechazada, reducida, invalidada ni cuestionada por los organismos técnicos competentes. Añade que, culminado el procedimiento disciplinario, mediante Resolución Afecta N.º NUM000, de 5 de enero de 2026, se aprobó la vista fiscal y se impuso la medida disciplinaria de destitución, decisión que fue confirmada por Resolución Afecta N.º NUM001, de 20 de enero del mismo año, al rechazarse el recurso de reposición interpuesto.

Sostiene que los actos impugnados son ilegales y arbitrarios, por cuanto la autoridad no habría ponderado adecuadamente su extensa trayectoria funcionaria, la inexistencia de sanciones disciplinarias previas, la alegada ausencia de dolo, fraude o simulación, y la decisión de no hacer uso de doce días de feriado legal. Aduce, además, que habría recibido un trato desigual respecto de otra funcionaria del mismo establecimiento, quien, frente a hechos que estima similares, fue sancionada con suspensión de funciones y no con destitución.

Invoca la vulneración de las garantías previstas en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando dejar sin efecto las resoluciones impugnadas, disponer su reincorporación y adoptar las demás medidas conducentes al restablecimiento del imperio del derecho.

Segundo: Que comparece el abogado Rodrigo López Estay, en representación del Hospital Santiago Oriente “Dr. nombre reservado”, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Expone que la Contraloría General de la República, por Oficio N.º NUM003, puso en conocimiento del Hospital antecedentes relativos a funcionarios que habrían salido del país durante períodos de licencia médica, conforme a información proveniente de registros de la Policía de Investigaciones de Chile y de la Superintendencia de Seguridad Social.

Señala que instruido el correspondiente sumario administrativo, se acreditó que el recurrente viajó a la República Argentina entre los días 6 y 12 de noviembre de 2024, período que coincidió íntegramente con la licencia médica folio N.º NUM004, emitida el 6 de noviembre de 2024, con indicación de reposo laboral total.

Añade que mediante Resolución Afecta N.º NUM000 se aprobó el sumario y se aplicó la sanción de destitución, conforme a los artículos 121 letra d) y 125 del DFL N.º 29, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N.º 18.834. Agrega que la reposición fue rechazada por Resolución Afecta N.º NUM001, la cual fue tomada de razón con alcance por la Contraloría General de la República el 4 de marzo de 2026, haciéndose efectiva la medida a contar del 21 de marzo del mismo año.

Alega que la acción cautelar no constituye una instancia de revisión del mérito del sumario administrativo ni de la valoración de los antecedentes efectuada por la autoridad competente.

Enfatiza que el procedimiento administrativo fue tramitado conforme a la normativa aplicable, que el funcionario fue notificado de las actuaciones pertinentes, formuló descargos y dedujo recurso de reposición.

En cuanto a la alegación de trato desigual, sostiene que las circunstancias de la otra funcionaria mencionada por el actor no son equivalentes a las de autos, toda vez que su situación particular obedecía a circunstancias diferentes.

Argumenta que la salida del país durante todo el período del reposo laboral, coincidiendo la emisión de la licencia con el día de salida y extendiéndose hasta el retorno a territorio nacional, constituye una infracción grave al principio de probidad administrativa, circunstancia que imponía la aplicación de la medida disciplinaria de destitución.

Tercero: Que la jurisprudencia invariable de la Corte Suprema, refrendada por la doctrina, sostiene que el recurso de protección que consagra el artículo 20 de la Constitución Política constituye una acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores de justicia, a fin de requerirles que adopten de inmediato las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad y los tribunales correspondientes.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia, asimismo, han sostenido de manera uniforme que esta acción tiene naturaleza cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopción de medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho privado, amenazado o perturbado. Finalmente, se sostiene también uniformemente que para acoger una acción como la de la especie es menester constatar el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado.

Dicho de otro modo y en lo que específicamente interesa, el recurso consagrado en el artículo 20 de la Carta Fundamental ha sido concebido como una acción eminentemente cautelar, que tiene por objeto brindar protección inmediata, pronta y eficaz ante privaciones, perturbaciones o amenazas en el legítimo ejercicio de derechos y garantías reconocidos por la Constitución, frente a ataques o peligros que requieren de una actuación pronta para ser eficaz, mas no para crear situaciones jurídicas definitivas o consolidadas. Por lo mismo, su ejercicio deja a salvo los demás derechos que pueda hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, no sólo en relación al recurrente, sino también respecto de aquel contra quien el recurso se deduce.

Cuarto: Que de los antecedentes aportados durante la substanciación del recurso, valorados conforme a las reglas de la sana crítica de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo primero del Nº 5 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se tiene por establecido que mediante Oficio N.º NUM003 la Contraloría General de la República puso en conocimiento del Hospital Santiago Oriente “Dr. nombre reservado” antecedentes relativos a funcionarios que habrían registrado salidas del país mientras se encontraban haciendo uso de licencias médicas. En mérito de tales antecedentes, por Resolución Exenta Nº NUM002, de 17 de septiembre de 2025, se ordenó instruir sumario administrativo a fin de determinar la eventual responsabilidad funcionaria de don nombre reservado.

En el marco de dicha investigación se estableció que el recurrente viajó a la República Argentina entre los días 6 y 12 de noviembre de 2024, período que coincidió íntegramente con la vigencia de la licencia médica folio Nº NUM004, emitida el 6 de noviembre de 2024, con indicación de reposo laboral total.

Asimismo, se ha demostrado que, concluido el procedimiento disciplinario, mediante Resolución Afecta Nº NUM000, de 5 de enero de 2026, se aprobó la vista fiscal y se aplicó al actor la medida disciplinaria de destitución, prevista en los artículos 121 letra d) y 125 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834.

Dicha decisión fue objeto de recurso de reposición, el cual fue rechazado mediante Resolución Afecta Nº NUM001, de 20 de enero del mismo año, acto que fue tomado de razón con alcance por la Contraloría General de la República el 4 de marzo de 2026.

Pues bien, el análisis de la sucesión de hechos antes reseñada permite concluir que los actos impugnados fueron dictados por autoridad competente, en ejercicio de la potestad disciplinaria que la ley le confiere y luego de un procedimiento en que se observaron los trámites esenciales destinados a garantizar la defensa del inculpado, sin que se advierta contravención manifiesta a la ley, habiéndose impuesto una sanción expresamente prevista por el ordenamiento jurídico.

En tales condiciones, corresponde desestimar los reproches de ilegalidad planteados en el recurso.

Quinto: Que en cuanto a la arbitrariedad alegada las impugnaciones del recurrente se dirigen, en lo sustancial, a controvertir la ponderación de los antecedentes reunidos en el sumario, así como la proporcionalidad de la sanción de destitución impuesta.

Sin embargo, lo cierto es que tales cuestiones constituyen aspectos de mérito de la decisión disciplinaria cuya revisión excede la naturaleza cautelar de esta acción constitucional, que no está concebida como una instancia de revisión de los procedimientos sancionatorios de la Administración.

En efecto, el control que por esta vía corresponde ejercer se circunscribe a verificar la legalidad y razonabilidad de la actuación impugnada, pero no habilita a esta Corte para sustituir la apreciación de los antecedentes efectuada por el Fiscal Instructor ni por la autoridad dotada de potestad disciplinaria.

En este orden, cabe recordar que el procedimiento de protección es especialísimo y se encuentra destinado a restablecer el imperio del derecho de aquellos preexistentes e indubitados, mas no a declarar la existencia de éstos. La función de la Corte no es la de superponerse a la autoridad administrativa y calificar el mérito de las decisiones que ésta adopte en el ejercicio de las potestades que le son propias, sino únicamente controlar que ese ejercicio que ciña al marco que señala la ley y que las determinaciones que ésta tome expliciten con el suficiente fundamento que la misma ley les demanda.

Sobre la base de lo expresado, es menester consignar que los antecedentes del proceso dan cuenta que la aplicación de la sanción de destitución fue consecuencia de un sumario administrativo en que el recurrente tuvo conocimiento de los cargos formulados en su contra, pudo efectuar descargos, obtener la apertura de un término probatorio y deducir los recursos administrativos que estimó procedentes.

Del mismo modo, consta que las resoluciones impugnadas, expresan los antecedentes de hecho y de derecho que la autoridad estimó suficientes para concluir que la conducta atribuida al actor constituía una infracción grave al principio de probidad administrativa, satisfaciendo así la exigencia de fundamentación contemplada en los artículos 11 inciso segundo y 41 inciso cuarto de la Ley Nº 19.880.

Sexto: Que, en consecuencia, no se advierte en la especie la existencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de afectar las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, toda vez que los actos administrativos impugnados fueron dictados por autoridad competente, dentro de un procedimiento reglado, con respeto al debido proceso administrativo y sobre la base de antecedentes suficientes que permitieron fundadamente estimar configurada la responsabilidad disciplinaria de la actora y aplicar la sanción que se cuestiona.

Séptimo: Que, en razón de lo dicho y por no configurarse los supuestos esenciales que exige el artículo 20 de la Constitución para otorgar la protección que se demanda, el recurso debe ser necesariamente declarado sin lugar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en representación de nombre reservado en contra del Hospital Santiago Oriente “Dr. nombre reservado”.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro (s) señor Carrasco.

N° 6659-2026.