nombre reservado con nombre reservado

Santiago, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho.

Al folio 417366: estese a lo que se resolverá.

Vistos:

Que, comparece nombre reservado, quien recurre de amparo contra el Universidad de las Américas, y contra el prosecretario de la misma, nombre reservado, fundado en el acto arbitrario e ilegal consistente en la negativa a permitirle tomar ramos para el segundo semestre de 2018, fundado en una deuda que la recurrente tendría para con la Universidad.

Expresa que celebró un contrato de prestación de servicios profesionales con fecha 20 de diciembre de 2017 con la recurrida, por el cual se le prestarían servicios educativos para estudiar la carrera de contador auditor en el campus de Viña del Mar.

En el contrato se estipuló que pagaría una matrícula de $0, y un arancel anual de $616.498, pagadero en 12 cuotas mensuales de $51.375; y expone que, no obstante haber cumplido en forma íntegra la obligación de pago establecida en el contrato, en el mes de agosto intentó inscribir las asignaturas correspondientes al segundo semestre de 2018, lo que no pudo realizar ya que el sistema se lo impedía, por registrar una deuda por concepto de arancel.

Indica que reclamó esta situación ante los funcionarios pertinentes de la Universidad, quienes dilataron la respuesta, hasta que finalmente el 16 de agosto de 2018 se cerró el período regular de inscripciones; sin solucionar su problema, lo que constituye una omisión ilegal que le impidió continuar estudiando.

En este contexto indica que reclamó ante SERNAC, y el 30 de agosto de 2018 esta institución informó que la recurrida rechazó la solicitud, alegando que “la Beca de Estudios para Funcionarios no es una condición u oferta del contrato de prestación de servicios sino un beneficio o derecho laboral- negociado y pactado en los convenios colectivos los sindicados UDLA”. Estima que lo expuesto es impertinente, ya que el precio del arancel y la matricula están pactados en el contrato, no en elementos externos a este, como pretende hacer valer la recurrida.

Indica que finalmente en el mes de agosto el director de asuntos estudiantiles le remitió un correo en el que le señalaba que el arancel a pagar ascendía a $2.163.150, muy superior al pactado; por lo que en la especie la Universidad ha modificado en forma unilateral el precio pactado entre las partes, aplicándole condiciones contractuales muy diversas a las celebradas, e imputándole por lo demás una deuda inexistente, que le impide tomar asignaturas y continuar sus estudios, lo que constituye un acto arbitrario e ilegal, al no haberse respetado el contrato y sus estipulaciones.

Expone que en última instancia se reunió con el Prosecretario de la Universidad, en compañía de su abogado, pero no obstante ello la Universidad persistió en su postura de no respetar el contrato, no permitiéndole inscribir ramos mientras no solucionara la deuda.

Concluye que, mediante las conductas descritas, se ha conculcado las garantías de los artículos 19 N°2 y N°24 de la Constitución, ya que se le priva de su derecho a inscribir asignaturas, no obstante haber dado cumplimiento a sus obligaciones correlativas; impidiéndole ejercer los derechos que emanan del contrato y forman parte de su patrimonio.

Pide ordenar a la recurrida permitirle la inscripción de las asignaturas correspondientes al segundo semestre de este año, y eliminar de sus registros la deuda que se le imputa, con costas.

La recurrida al informar indica que la recurrente omite antecedentes vitales para entender la situación, consistentes en que ella se desempeñó, entre diciembre de 2016 a enero de 2018, en el cargo de Orientadora de Admisión en la UDLA, y mientras trabajó para la recurrida formó parte del Sindicato de Trabajadores de la Universidad, los que por Convenio Colectivo de Trabajo celebrado el 30 de enero de 2017 pactaron diversos beneficios, entre ellos, la “Beca de Estudios para Funcionarios”, en la cláusula 18°, la que cubre el 70% del arancel anual y el 100% de la matrícula, y en cuanto a la vigencia establece que estas se mantendrán mientras dure la relación contractual con el trabajador, y, si por cualquier causa, termina el contrato de trabajo, cesará inmediatamente la beca.

Indica que tal es el caso ocurrido con la recurrente, quien con fecha 20 de diciembre de 2017 celebró el contrato de prestación de servicios educacionales, acogiéndose a la Beca antedicha, por lo que no pagó matrícula, y le correspondía un arancel de $616.498; y tras dos semanas de celebrado el contrato, con fecha 4 de enero de 2018, presentó su renuncia voluntaria a la Universidad, suscribiendo finiquito al día siguiente, lo que puso término a la relación laboral entre las partes.

En tal orden de ideas, tan solo se hizo aplicable las disposiciones precitadas, habiendo cesado la vigencia de la Beca, al no detentar la recurrente la calidad de funcionaria de la institución.

Señala que el monto del arancel, sin el beneficio de la beca, asciende a $2.163.150, lo que se le informó por correo a la recurrente, con fecha 22 de agosto de 2018; y de tal modo, conforme dispone el artículo 22, letras a) y b) del “Reglamento del Alumno”, para inscribir las actividades curriculares el alumno debe encontrarse al día en sus compromisos con la UDLA, y no contar con impedimentos administrativos, lo que no ocurre en el caso de la recurrente.

Indica que la actora estaba en pleno conocimiento de esta situación, aun antes de acudir ante SERNAC, como darían cuenta los diversos correos que acompañó al recurso la propia recurrente, los que dan cuenta que ella tenía claridad sobre el motivo de la deuda, y por lo demás ella se desempeñó como Orientadora de Admisión, estando a cargo precisamente de las Becas, por lo que no puede alegar desconocimiento de esta situación.

Argumenta que de tal modo no ha incurrido en arbitrariedad o ilegalidad alguna, ya que su actuar se ajustó a las disposiciones contenidas en el contrato colectivo bajo el imperio del cual se celebró el contrato de prestación de servicios profesionales; no habiendo existido un aumento de arancel, sino el término de las condiciones de la Beca, y que la imposibilidad de inscribir ramos mientras exista deuda pendiente, está establecida en el Reglamento del Alumno.

Expone por lo demás, que no estarían frente a la existencia de derechos indubitados que habiliten a recurrir por vía proteccional, ya que el asunto esencialmente trata de un conflicto sobre la interpretación de cláusulas contractuales, existiendo acciones y procedimientos idóneos para conocer hechos de esta naturaleza en procesos de lato conocimiento; por lo que pide el rechazo del recurso, con costas.

Considerando:

Primero: El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, amague o perturbe ese ejercicio. En concordancia con lo anterior, corresponde a esta Corte dilucidar si el acto impugnado por la presente acción existe, luego si es ilegal o arbitrario, para por último examinar si dicho acto afecta o conculca alguna de las garantías constitucionales que se denunciaron como vulneradas por el recurrente.

Segundo: Como se advierte, es requisito indispensable de la acción constitucional de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

Tercero: Sobre la existencia del acto recurrido, con los antecedentes agregados y lo expuesto por las partes, es posible tener por cierto que entre las partes se celebró un contrato de prestación de servicios educacionales el 20 de diciembre de 2017, prohibiéndosele a la recurrente -en agosto de 2018- inscribir las asignaturas correspondientes al Segundo Semestre del año 2018, debido a una deuda invocada por la recurrida, informándosele luego un arancel diferente al pactado en el contrato aludido.

Cuarto: Explicaron los recurridos que en el contrato celebrado entre la Universidad y la recurrente, ésta -en su calidad de afiliada al Sindicato respectivo- se acogió a un beneficio pactado en el Convenio Colectivo suscrito con el Sindicato de Trabajadores de Empresa Universidad De Las Américas, de 30 de enero de 2017, que se trataba de una trabajadora parte de dicho Sindicato, quien con fecha 4 de enero de 2018, presentó carta de renuncia voluntaria, celebrándose el finiquito respectivo. Expone que, debido al término de la relación laboral, por aplicación de lo pactado en el Convenio Colectivo la recurrente perdió la beca que la beneficiaba, calculándose nuevamente su arancel, registrando una deuda, que le impide- por aplicación del Reglamento de la Universidad -inscribir ramos.

Quinto: Constan en autos, documentos que dan cuenta de lo anteriormente expuesto, evidenciándose así, que el conflicto cuya solución se pretende a través de la presente acción cautelar, es uno que atañe a la situación contractual de las partes, una vez finiquitado su vínculo laboral, en relación con el Convenio Colectivo que contempla una beca de estudios para funcionarios.

Sexto: Así las cosas, la materia propuesta excede los márgenes de una acción cautelar como la propuesta, ya que supone una discusión lata, donde las partes puedan discutir y probar con amplitud sus posiciones jurídicas. En otras palabras, no fluye de lo expuesto- y por el contrario- se descarta la existencia de un derecho indubitado, que permita adoptar medidas como las que se pretenden en el recurso, esto es, permitir la inscripción de todas las asignaturas correspondientes al segundo semestre de 2018, y ordenar a la recurrida eliminar de todos sus registros la deuda imputada ilícitamente a su nombre.

Séptimo: Conforme a lo expuesto el recurso será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el deducido por nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redacción de la Ministra señora Adelita Ravanales Arriagada.

Protección 66.519-2018