Protección contra dictámenes de invalidez emitidos por las Comisiones Médicas Regionales

C.A. de Santiago Santiago, uno de diciembre de dos mil veinte.

A los escritos folios 13 y 14: a todo, téngase presente.

Al escrito folio 15: a lo principal, segundo y tercer otrosíes, a todo, téngase presente. Al primer otrosí, por no encontrarse en la hipótesis del artículo 9 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, al no haberse invocado antecedentes calificados, no ha lugar a la suspensión solicitada.

Vistos:

Con fecha 18 de diciembre de 2019, comparece la Fundación Valídame, quien deduce recurso de protección en favor de don nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, el que se dirige en contra de: a) AFP Provida S.A.; b) Asociación Gremial de Aseguradores de Chile A.G.; c) Superintendencia de Pensiones; d) Comisión Médica Central y; e) Comisión Médica Región Metropolitana Sur.

Afirma que las entidades emplazadas han incurrido en acciones ilegales y arbitrarias, consistentes en vulnerar el derecho de propiedad tal como se establece en la Constitución Política de la República y en el D.L. N° 3.500 de 1980, al incluir procedimientos administrativos lesivos que no han sido parte de la normativa, más allá de aquellos que el legislador había establecido en el Compendio de Normas del Sistema Previsional Chileno.

Previa solicitud de aclaración por parte de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, el recurrente complementa el recurso indicando que el acto recurrido es el Oficio Ordinario N° 23.190 de 25 de octubre de 2019, notificado el 20 de noviembre de 2019 mediante el cual la Superintendencia de Pensiones dio respuesta a la presentación formulada por Fundación Valídame, ratificando el actuar de las distintas recurridas en los procesos administrativos, esto es, los actos/trámites que comienzan el 7 de noviembre de 2011 con la primera Solicitud de Invalidez.

El recurrente da cuenta de la existencia de errores de hecho y derecho en el llenado del formulario de Solicitud de Pensión de Invalidez, que lo privó en definitiva de acceder al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

Explica que las recurridas han desplegado estrategias ilegales y arbitrarias tales como: realizar el control de siniestralidad; exigir más requisitos que los determinados en la ley, desnaturalizando la función de la administradora de pensiones.

Indica que el Informe de la Comisión Especial Investigadora, de los Actos de Gobierno, de los Ministerios del Trabajo y de Salud y la Superintendencia de Pensiones, acuerda “1. Fiscalizar, desde el año 2008 a la fecha, los actos de los Gobiernos realizados a través del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Pensiones, en relación con el cumplimiento de las normas relativas a las pensiones concedidas y denegadas por concepto de invalidez y sobrevivencia, según lo señalado en la parte considerativa de esta solicitud.” (página 14 del informe).

En relación a la arbitrariedad del órgano de control -fundamentalmente- a la hora de resolver la controversia que afecta y perjudican a su representado, da cuenta el Oficio Ordinario emanado de la Superintendencia de Pensiones N°18116, de fecha 14 de agosto de 2018, tras denegarse esa institución a entregar copia de los expedientes que obraban en poder de las Comisiones Médicas, además, el Oficio N° 146/2019 de Fundación Valídame a la Superintendencia de Pensiones y el Oficio N° 23.190 conocido por esta Fundación con fecha 20 de noviembre de 2019, al ser notificado por correo certificado por la empresa de Correos Chile.

Indica que en representación del actor concurrieron a denunciar ante la Superintendencia de Pensiones, mediante el Oficio N° 146 de fecha 1 de octubre de 2019, sosteniendo que la ausencia de cobertura -de la pensión de invalidez- no habría obedecido a la ausencia de menoscabo laboral en la primera y segunda solicitud de evaluación y calificación del grado de invalidez, producto de las enfermedades que le aquejaban en los dos trámites rechazados por las Comisiones Médicas Regional Metropolitana y Central.

En cuanto a los hechos, expone las solicitudes de invalidez formuladas por el recurrente.

A) Primera solicitud de evaluación y calificación del grado de invalidez de don nombre reservado, afiliado en la fecha de la referencia a A.F.P. Provida S.A., trabajador dependiente proveniente del Pilar Contributivo obligatorio del Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500 de 1980, realiza primera Solicitud de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez, con fecha 7 de noviembre de 2011.

Indica que el Dictamen de fecha 20 de enero de 2012, N° 1113.049/2012, evacuado por la Comisión Médica Regional Metropolitana N°11, rechazó el requerimiento, por obtener un 34% de menoscabo, esto es, inferior al 50% exigido como requisito mínimo para obtener una declaración de Invalidez Parcial Transitoria, o en su defecto sobre los dos tercios de menoscabo para obtener una Invalidez Total Definitiva.

Señala que las razones que fundamenta la composición del dictamen son aparentemente tres diagnósticos médicos: Polineuropatía G83 Código Internacional de Enfermedades (CIE10), Endocarditis Valvular I38, Tratamiento Anticoagulante NCOP8, con un menoscabo de la capacidad de trabajo del 34%, Afirma que el dictamen es apelado por el trabajador, siendo también rechazada la apelación por la segunda instancia, a decir, la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, confirmando un 34% de menoscabo menor que 50%, así queda establecido en la Resolución N° C.M.C. 002400/2012 de fecha 21 de marzo de 2012.

B) Segunda solicitud de evaluación y calificación del grado de invalidez para afiliado cubierto por el SIS Conforme lo dispone el D.L. N° 3.500, el trabajador se somete a una segunda Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez, en condición de afiliado cubierto, solicitud suscrita el 18 de octubre de 2012, ante AFP Provida S.A., trámite del cual emana el Dictamen N° 1313.0221/2013, que entre los fundamentos consigna: Polineuropatía G63, Endocarditis I38, Insuficiencia Renal Crónica Post QXT N18, Hipertensión Arterial I10, y Tratamiento Anticoagulante NCOP11, estableciendo un menoscabo de 34% nuevamente, rechazando la solicitud, participando nuevamente las dos Comisiones Médicas.

Agrega que los resultados de dichos procedimientos quedan sustentados según sea el caso, en un dictamen, cuya responsabilidad recae en las mismas Comisiones Médicas Regionales y una Resolución cuando corresponda, emanada de la Comisión Médica Central, también rechazada.

C) Tercera solicitud de evaluación y calificación del grado de invalidez cubierto por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

Expone que encontrándose desempleado como resultado del estado de salud que lo aqueja, con fecha 8 de agosto de 2017, realiza una tercera solicitud de evaluación y calificación del grado de invalidez, en calidad de Trabajador Independiente Cubierto por el SIS.

Indica que en este contexto, la Ejecutiva Previsional representando a AFP Provida S.A., doña nombre reservado, si hubiera ejercido su función de buen administrador, sin conflictos de interés, tendría que haber explicado al trabajador, tal como lo señala el Compendio de Normas lo expresado en la Solicitud de Invalidez, que la cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia SIS, se encontraba interrumpida por el retraso en el entero de la cotización, situación acaecida por encontrarse previamente hospitalizado, tal como daría cuenta la Solicitud de Calificación de Invalidez del Trabajador Afiliado.

Precisa que, al efecto, el día 25 de octubre de 2017, la Comisión Médica Regional de Santiago emitió el dictamen N° 016.7505/2017, que acordó aceptar la invalidez definitiva total, con un 82.0% de menoscabo, mayor a 2/3, con los siguientes fundamentos: Visión Subnormal H54, Polineuropatía por Fármacos G62,0, Insuficiencia Renal Crónica N18, y TTO Anticoagulante T45.5. Indica que la fecha de ejecutoria fue el 28 de noviembre de 2017 y fue notificado a Provida el 07 de diciembre de 2017.

Menciona que el siniestro no se encontró cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia, por cuanto el señor nombre reservado no cumplía con el requisito de cotizaciones para ello, de acuerdo a su calidad de trabajador independiente, ya que no tenía pagada la cotización del mes ante precedente en el mes precedente a la fecha del siniestro.

Afirma que la AFP Provida S.A. no procedió a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el legislador en el Compendio de Normas del Sistema Previsional Chileno, Libro III, Título I, Letra D Pensión de Invalidez, Capítulo II. Procedimientos al recepcionar la solicitud de pensión, pues de haber explicado verbalmente el contenido de los formularios “Solicitud de Pensión de Invalidez”, las incongruencias jurídicas que presentaba habrían alertado al afiliado administrado de que estaba siendo objeto de un aparente engaño, sin alertar en ningún momento a su afiliado administrado que carecía de la cobertura.

Sostiene que la vulneración que le privó de una pensión cubierta por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia SIS, proviene de las responsabilidades compartidas por la Comisión Médica Metropolitana y Comisión Médica Central, por A.F.P. Provida S.A. en su rol de administrador, la Asociación Gremial de Aseguradores de Chile A.G. y la Superintendencia de Pensiones, en calidad de ente fiscalizador.

Añade que atendido a lo dispuesto en el D.L. N° 3.500 de 1980, en orden a que las Administradoras de Fondos de Pensiones, deben administrar los fondos con ocasión de las imposiciones que deben ser enteradas en las “Cuentas de Capitalización Individual”, la Administradora recurrida ha conducido de manera negligente y desleal la administración de los fondos de su representado al privilegiar su propio interés, en la forma cómo determina y dispone el monto de la pensión y otros beneficios disponibles en la normativa previsional al dificultar el acceso al aporte adicional.

Precisa que, así las cosas, es arbitraria e ilegal la forma como la AFP Provida S.A. ha dispuesto los procedimientos desde el nivel central, direccionando como el recurrente debe ejercer el derecho de propiedad y disposición de sus recursos, la mayoría de las veces, fuera del marco jurídico que las rige, afectando la certeza jurídica por las acciones emprendidas, ya sea en el cálculo del monto de la pensión sin el Aporte Adicional.

Reitera que encontrándose dentro de plazo, a partir de la notificación de fecha 20 de noviembre del año 2019, por parte de la Superintendencia de Pensiones, que rechaza la solicitud en cuanto a invalidar los procedimientos administrativos de las Comisiones Médicas Regional Metropolitana y Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, descritas previamente para restablecer el derecho de propiedad, se promueve este recurso de protección frente a la vulneración del derecho constitucional amparado por el artículo 20 de la Constitución Política -en concordancia- con el artículo 19 N° 24, esto es, “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”.

Solicita se acoja el recurso y se declare que los actos de las recurridas son arbitrarios e ilegales, que afectan la garantía constitucional previamente referida, ordene restablecer el imperio del derecho haciendo cesar los impedimentos y decretando las medidas o las providencias que esta Corte estime adecuadas. En escrito de folio 6, agrega que se requiere que las recurridas respondan por la cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia que estableció el legislador, sin la aplicación del Control de Siniestralidad, debiendo retrotraerse los procesos de solicitud de invalidez al primer trámite formulado.

Informando la recurrida Asociación de Aseguradores de Chile A.G. solicita el rechazo del recurso. Sostiene que a su respecto el recurso de protección, en los términos planteados, ha de ser desestimado, pues afirma que no se ha incurrido en ningún acto u omisión ilegal o arbitraria que le pueda ser reprochado, y en las decisiones cuestionadas no ha tenido participación.

Menciona que el recurso de protección no es necesariamente el medio procedente para impugnar una instrucción u Oficio que dentro de su competencia emita un organismo público ni menos el medio para requerir la nulidad total o parcial de un acto administrativo.

Agrega que el Dictamen de Invalidez N° 11130049/2012 del 20 de enero de 2012, que dictaminó un menoscabo de la capacidad de trabajo inferior al 50% del señor nombre reservado, emanado de la Comisión Médica Regional Metropolitana N° 11 de la Superintendencia de Pensiones, está ejecutoriado y no puede ser modificado o alterado a través de un recurso de protección interpuesto casi ocho años después de su emisión.

Por su parte, informando la recurrida A.F.P. Provida S.A., solicita el rechazo del recurso.

Alega, en primer término, que la acción cautelar de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio.

En segundo lugar, afirma que en el caso de marras estamos ante una ausencia total de ilegalidad y arbitrariedad en el actuar de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida.

Asimismo, informando la Comisión Médica Central, solicita el rechazo del recurso.

Alega la falta de legitimación pasiva para ser emplazada en este recurso, pues como indica el recurrente en escrito aclaratorio, el acto contra el cual recurre emana de la Superintendencia de Pensiones.

Destaca que la única función de dicho organismo es la de calificar el grado de invalidez de los afiliados al Sistema de Pensiones que regula dicho cuerpo legal. Consecuente con ello, la función exclusiva y excluyente de dicha Comisión Médica Central es la de resolver los reclamos que las partes intervinientes en un proceso de calificación de invalidez interpongan en contra de los dictámenes de invalidez emitidos por las Comisiones Médicas Regionales, según lo dispuesto por los artículos 4 y 11 del D.L N° 3.500, de 1980.

En segundo lugar, y reafirmando lo anterior, conforme a los dichos del actor se reclama sobre la cobertura o no por el seguro de invalidez y sobrevivencia de su representado, hechos que tampoco son de competencia de dicha comisión.

Además, la Comisión Médica de la Región Metropolitana, evacua informe en idénticos términos de la Comisión Médica Central.

Finalmente, informando la Superintendencia de Pensiones, solicita el rechazo del arbitrio constitucional impetrado en su contra.

I.- Alega en primer término, la inadmisibilidad de la acción deducida en autos. Al efecto, sostiene que el presente el recurso es inadmisible por los siguientes motivos:

a. Alega la extemporaneidad de la acción deducida.

Sostiene que el recurrente construye artificiosamente una estrategia para impugnar una situación previsional consolidada desde hace más de ocho años. Señala que el afectado tiene treinta días corridos, plazo fatal, para interponer la acción desde la ejecución del acto y en este caso, la recurrente no cumplió con ese lapso, superando dicho límite temporal.

Explica que, a través de la presente acción constitucional, el recurrente pretende impugnar todos los procedimientos de calificación de invalidez a los cuales se sometió el señor nombre reservado. Ello implica alterar situaciones jurídicas consolidadas hace ocho años.

En efecto, la primera solicitud de calificación de invalidez data del 7 de noviembre 2011, cuya resolución final N° C.M.C 002400/2012 fue emitida el 21 de marzo de 2012. Indica que lo mismo ocurre con la segunda de dichas solicitudes, de fecha 18 de octubre de 2012, cuya resolución final N° C.M.C. 6656/2013 fue emitida el 5 de agosto de 2013.

No obstante, la presentación del recurrente que da origen al Oficio Ordinario N° 23.190 de esa Superintendencia, sólo fue interpuesta el 19 de agosto de 2019.

A su juicio es evidente que el actor no busca impugnar el Oficio Ordinario N° 23.190 de 25 de octubre de 2019, de este origen, sino las Resoluciones emitidas por la Comisión Médica Central acerca del grado de invalidez entre los años 2011 y 2012.

b. En subsidio, alega que la falta de precisión táctica y argumentativa, como su confusa exposición, merma las posibilidades de una efectiva defensa por parte de esa recurrida.

En efecto, reclama que: (i) No hay claridad sobre quiénes son los recurridos: (ii) El recurrente no explicita el acto que se reprocha; (iii) La falta de claridad táctica y argumentativa demuestra que no hay una causalidad directa entre lo que se señala que es ilegal o arbitrario y la consecuencia conculcadora en el caso del concreto.

c. En subsidio de todas las alegaciones ya enunciadas, denuncia la falta de legitimación pasiva de la Superintendencia de Pensiones.

Hace presente que, tanto en el cuerpo de su escrito de protección como en el petitorio del mismo, el recurrente identifica como objeto de su acción cautelar las actuaciones de la Comisión Médica Regional de Santiago y de la Comisión Médica Central, es decir, contra actos administrativos dictados por dichas Comisiones Médicas y no por la Superintendencia. Tanto así que pide se deje sin efecto lo resuelto por aquéllas en los años 2012 y 2013 y se retrotraigan todos los procedimientos de calificación de invalidez comprendidos en ese lapso, terminados y ejecutoriados.

Precisa que los actos administrativos supuestamente atentatorios contra los derechos constitucionales del recurrente, de sus propios dichos, emanarían de la Comisión Médica Regional de y de la Comisión Médica Central, creadas y reguladas por el D.L. N° 3.500 de 1980, en los que a la Superintendencia no le cabe intervención alguna.

Indica que tales Comisiones Médicas no sólo carecen de personalidad jurídica y patrimonio propios, por lo que pertenecen a la Administración Central del Estado, no a ese Servicio, sino que lo más relevante es que gozan de autonomía en el conocimiento y resolución de las solicitudes de pensión y calificación de Invalidez, por lo que tampoco cabe Intervención de este organismo en tales decisiones técnicas.

Transcribe al efecto los artículos 4 y 11 inciso 1º del D.L. N° 3.500 de 1980 y los artículos 18 y 19 inciso 1º y 3º del Reglamento del D.L. N° 3.500, contenido en el D.S. N° 57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

d. Luego, en subsidio de todo lo expuesto alega la improcedencia de la acción deducida, por cuanto excede el ámbito de aplicación del recurso de protección, no siendo susceptible de discutirse en esta sede lo que persigue el recurrente. Destaca sobre el punto que no resulta admisible por medio de esta acción cautelar, resolver discusiones de fondo que constituyen materias de lato conocimiento.

II.- En subsidio de todo lo alegado en los numerales anteriores, informa el recurso.

Señala que entendiendo que el acto recurrido, conforme el actor señala en su escrito aclaratorio, es el oficio ordinario N° 23.190, de 25 de octubre de 2019, mediante el cual la Superintendencia dio respuesta a la presentación formulada por Fundación Valídame, resulta concluyente que dicho acto administrativo y el pronunciamiento que contiene son plenamente legales y se ajustan a derecho, no obstante que el actor en su escrito no expresa ni mínimamente cuál sería la ilegalidad que atribuye a dicho acto administrativo.

Afirma que se pidió un pronunciamiento de esa Superintendencia, en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras y dicho organismo analizó la situación de invalidez del afiliado y concluyó en síntesis que no había tales errores de evaluación y que la declaración de invalidez de 2017 se sustenta precisamente en la progresión de la afección visual del afiliado, razón por la cual la invalidación requerida resultaba y resulta improcedente. Es decir que, con meridiana claridad el estado de incapacidad laboral del afiliado (eso es lo que miden las Comisiones Médicas), no era el mismo de hacia 4 y 5 años.

Afirma que el recurrente confunde dos etapas distintas que convergen en el trámite de pensión de invalidez. La primera, el procedimiento médico administrativo de evaluación y calificación del grado de invalidez del solicitante, tendiente a determinar si las afecciones invocadas provocan un menoscabo laboral permanente y su cuantía, con lo cual puede configurarse el primer requisito para obtener pensión, como es, sufrir un menoscabo laboral permanente de a lo menos un cincuenta por ciento, función propia de las Comisiones Médicas.

Señala que los demás requisitos y la determinación de cobertura por el seguro de invalidez y sobrevivencia, del cálculo y monto de pensión corresponde a la Administradora de Fondos de Pensiones respectiva, determinación que, en todo caso, está regulada por ley.

Explica que, de acuerdo con la información aportada por la administradora, a la fecha en que suscribió la solicitud de pensión de invalidez en el año 2017, el afiliado señor nombre reservado no cumplió el requisito de cotizaciones que debe acreditar el trabajador independiente para obtener cobertura por el seguro de invalidez y sobrevivencia, conforme prescribe la letra a) del inciso primero del artículo 54 del D.L. N° 3.500 de 1980, de modo que no tuvo derecho a tal cobertura. Asegura que el recurrente, objetivamente no cumplió los requisitos legales al efecto.

Afirma que, por las mismas consideraciones, tampoco existe arbitrariedad en lo resuelto por esa Superintendencia en relación con los dictámenes y resoluciones relativas a la invalidez del señor nombre reservado.

Finalmente estima que, no existe una conculcación al derecho de propiedad del actor, toda vez que el pago del aporte previsional es una mera expectativa de los afiliados, que no corresponde a un derecho adquirido como tampoco forma parte de los fondos provisionales de propiedad de los afiliados. En efecto, primero debe efectuar las cotizaciones provisionales correspondientes tanto para los trabajadores dependientes, independientes como voluntarios.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) Que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) Que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) Que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) Que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Segundo: Sobre la existencia del acto recurrido no existe discusión que corresponde al Oficio Ordinario N° 23.190 de 25 de octubre de 2019, notificado al recurrente el 20 de noviembre de 2019 mediante el cual la Superintendencia de Pensiones dio respuesta a la presentación formulada por la Fundación Valídame, ratificando el actuar de las distintas recurridas en los procesos administrativos, esto es, los actos/trámites que comenzaron el 7 de noviembre de 2011 con la primera Solicitud de Invalidez.

En efecto, el referido acto reza: “Se recibió presentación citada en antecedentes, en donde usted cuestiona la calificación de invalidez de su representado, Sr. nombre reservado, puesto que indica que la situación de salud de él presentaba las mismas características en 2102 y 2013 y sólo le fue otorgada la invalidez en 2017. Al respecto, según el D.L. Nº 3.500 de 1980, todas las solicitudes de invalidez deben ser evaluadas y calificadas por las Comisiones Médicas, entidades que gozan de autonomía en sus decisiones técnicas, por lo que tienen la facultad de pronunciarse sobre los impedimentos invocados en cuanto al cumplimiento de los requisitos y parámetros establecidos en las Normas Técnicas de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez, las cuales se van actualizando cada 4 años de acuerdo al mismo marco legal. En cuanto a la situación del Sr. nombre reservado, le comunico que en 2013 le fueron configurados los siguientes impedimentos:

( Polineuropatía Post Quimioterapia con 34% de menoscabo ( Endocarditis Operada con 20% de menoscabo.

( Insuficiencia Renal Crónica con 20% de menoscabo Superintendencia de Pensiones OF-CME-19-1863.

( Alteración de la Visión con 18% de menoscabo.

( Tratamiento Anticoagulante con 15% de menoscabo En dicha oportunidad regían las Normas 2012, en donde la suma combinada sólo se podía efectuar cuando a lo menos 1 impedimento estuviera configurado con a lo menos 35% de menoscabo, situación que no ocurrió en esa ocasión. En cambio, en la evaluación de 2017 al afiliado se le otorgó invalidez total, los impedimentos configurados fueron los siguientes:

( Visión Subnormal con 41% de menoscabo.

( Polineuropatía por Fármacos con 35% de menoscabo.

( Insuficiencia Renal Crónica con 25% de menoscabo.

( Tratamiento Anticoagulante con 15% de menoscabo.

Esto demuestra que la condición del afiliado difería en ambos procesos, por cuanto la visión había mermado y la situación cardiológica no configuró por encontrarse bajo observación y tratamientos pendientes. En consecuencia, de acuerdo a lo expuesto y a que los antecedentes disponibles no acreditan lo aseverado por usted, no corresponde la improcedencia de la invalidación solicitada”.

En consecuencia, solicita que esta Corte ordene a las recurridas responder por la cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia que estableció el legislador, sin la aplicación del Control de Siniestralidad, debiendo retrotraerse los procesos de invalidez al primer trámite formulado, en la data antes signada.

En cuanto a la extemporaneidad del recurso:

Tercero: Que se constató que la presente acción fue interpuesta el día 18 de diciembre de 2019, respecto de un acto que estima ilegal y arbitrario, que le fue notificado el 20 de noviembre de 2019, por lo que el presente recurso fue interpuesto dentro del plazo que para tal efecto dispone el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

Sin perjuicio de lo anterior, se comparte que a través de este arbitrio se pretende impugnar todos los procedimientos de calificación de invalidez a los cuales se sometió el actor, alterándose con ello situaciones jurídicas consolidadas hace ocho años.

Sin perjuicio de lo anterior, serán abordadas el resto de las alegaciones planteadas.

En cuanto a la falta de legitimación pasiva:

Cuarto: Que se acogerá la alegación de falta de legitimación pasiva alegada, por cuanto el acto antes precisado que sustenta este arbitrio sólo emanó de la Superintendencia de Pensiones, mas no de los otros recurridos, por cuanto si estimare que emanare de estos últimos esta acción debería estimarse como extemporánea, por cuanto las actuaciones de la Comisión Médica Regional de Santiago y la Comisión Médica Central, a través de las cuales se resolvieron las solicitudes del recurrente en los años 2012 y 2013, no puede pretenderse que a través de esta vía se retrotraigan todos los procedimientos de calificación de invalidez comprendidos en este plazo, respecto de los cuales rige su ejecutoria -acto terminal-.

En cuanto al Fondo:

Quinto: En cuanto a la legislación aplicable en la materia corresponde indicar que el artículo 4° del D.L. N° 3.500 de 1980 establece lo siguiente: “Las Comisiones Médicas a que se refiere el artículo 11, deberán, frente a una solicitud de pensión de invalidez del afiliado, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso anterior y emitir un dictamen de invalidez que otorgará el derecho a pensión de invalidez total o parcial a contar de la fecha que se declare la incapacidad, o lo negará, según corresponda. Cuando se trate de un dictamen que declare una invalidez total, aquél tendrá el carácter de definitivo y único.

Luego, el inciso primero del artículo 11 del DL N° 3.500 de 1980, dispone que: “La invalidez a que se refiere el artículo 4° y la de las personas señaladas en el artículo 7° y en la letra c) del artículo 8° será calificada, en conformidad a las "Normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al nuevo sistema de pensiones", según lo señala el reglamento respectivo, por una Comisión de tres médicos cirujanos que funcionará en cada Región, designados por el Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, en la forma que establezca el reglamento de esta ley. Podrá designarse más de una Comisión en aquellas Regiones que lo requieran, en razón de la cantidad de trabajadores que en ellas laboren o de la distancia de sus centros poblados.”

Por su parte, el Reglamento del D.L. N° 3.500 de 1980 está contenido en el D.S. N° 57 de 1990 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en el inciso primero de su artículo 18° establece lo siguiente: “Artículo 18.- Funcionará en cada Región a lo menos una Comisión Médica encargada de la calificación de la invalidez de las personas referidas en los artículos 4°, 4° bis y 8° de la Ley y aquellas referidas en los párrafos cuarto y quinto del Título I de la Ley N° 20.255. La administración de las comisiones corresponderá a las Administradoras de Fondos de Pensiones y serán financiadas en conjunto por éstas y el Instituto de Previsión Social, de acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 11° de la Ley. Estas Comisiones gozarán de autonomía en cuanto al conocimiento y calificación de las invalideces sometidas a su consideración’’.

A su vez, el artículo 54 del D.L. N° 3500 dispone que: “La Administradora será exclusivamente responsable y obligada al pago de las pensiones parciales y totales originadas por el primer dictamen de invalidez, y a enterar el aporte adicional para afiliados no pensionados que generen pensiones de sobrevivencia, en los siguientes casos:

a) Afiliados que se encuentren cotizando en ella. Se presume de derecho que el afiliado se encontraba cotizando, si su muerte o la declaración de invalidez conforme al primer dictamen, se produce en el tiempo en que prestaba servicios, si se trata de un afiliado dependiente, o si hubiere cotizado en el mes calendario anterior a dichos siniestros, si se trata de un afiliado independiente, y b) Afiliados trabajadores dependientes que hubieren dejado de prestar servicios por término o suspensión de éstos, cuyo fallecimiento o declaración de invalidez conforme al primer dictamen, se produce dentro del plazo de doce meses contado desde el último día del mes en que hayan dejado de prestar servicios o éstos se hayan suspendido. Además, estos trabajadores deberán registrar, como mínimo, seis meses de cotizaciones en el año anterior al último día del mes en que hayan dejado de prestar servicios o éstos hayan sido suspendidos. Asimismo, tratándose de afiliados pensionados por invalidez que se encuentren dentro del período de 3 años o del plazo de 6 meses a que se refiere el artículo 4º, o cuyo segundo dictamen se encuentre pendiente, la Administradora será exclusivamente responsable y obligada a enterar el aporte adicional que corresponda a dichos afiliados si fallecen o adquieren el derecho al pago de pensiones de invalidez conforme al segundo dictamen, siempre que les fuera aplicable la letra a) o b) del inciso anterior. En caso que para estos afiliados se emitiere un dictamen que rechace la invalidez o transcurriere el período de 6 meses señalado en el inciso cuarto del artículo 4º sin que el afiliado se presentare a la citación, la Administradora deberá enterar la contribución a que se refiere el artículo 53, a menos que el derecho a pensión de invalidez hubiere cesado por fallecimiento”.

Además, el inciso primero del artículo 19 del cuerpo reglamentario prescribe que la administración y financiamiento señalados en el artículo anterior, contemplará todo lo que dice relación con el funcionamiento propio de las Comisiones Médicas, a excepción de los gastos que se deriven de la contratación del personal médico, los que serán de cargo de la Superintendencia. En tanto que su inciso tercero, establece que la Superintendencia tendrá la supervigilancia administrativa de estas Comisiones e impartirá las normas operativas que se requieran para calificar la invalidez. Asimismo, controlará que las Comisiones Médicas den debido cumplimiento a las funciones que les correspondan, pudiendo siempre determinar el número de ellas que deben funcionar en cada región e impartir instrucciones acerca de su equipamiento. Asimismo, la Superintendencia fiscalizará a las Comisiones Médicas en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos, para lo cual las Administradoras deberán remitir a la Superintendencia la información que ésta les requiera, de acuerdo a lo que ella establezca en una norma de carácter general.

Sexto: Del mérito de los antecedentes se sigue que no obstante lo razonado, en cuanto a haberse acogido la falta de legitimación pasiva de algunas de las recurridas -AFP Provida S.A., Asociación Gremial de Aseguradoras de Chile A.G, Comisión Médica Central y Comisión Médica Región Metropolitana Sur- es dable señalar que las comisiones médicas que han intervenido en las solicitudes de calificación de invalidez presentadas por el recurrente han procedido en el ámbito de sus competencias y mediante decisiones fundadas, en que se analizaron los diversos elementos vinculados al caso del recurrente.

Por otra parte, en cuanto al acto recurrido, la Superintendencia de Pensiones dio respuesta a la presentación formulada por la Fundación Valídame dentro del ámbito de su competencia y conforme a derecho -Decreto Ley y Reglamento antes citado-, analizándose la situación de invalidez del afiliado, concluyéndose que no había tales errores de evaluación y que la declaración de invalidez efectuada en el año 2017 se sustentó en la progresión de la afección visual del afiliado, sin que a su respecto el recurrente indicara cuál sería la ilegalidad o arbitrariedad que se le atribuye a dicho acto administrativo.

Séptimo: Por otro lado, resulta ilustrador señalar que el trámite de pensión de invalidez se encuentra el procedimiento médico administrativo de evaluación y calificación del grado de invalidez del solicitante, tendiente a determinar si las afecciones invocadas provocan un menoscabo laboral permanente y su cuantía, con lo cual puede configurarse el primer requisito para obtener pensión, como es, sufrir un menoscabo laboral permanente de a lo menos un cincuenta por ciento, función propia de las Comisiones Médicas. Asimismo, los demás requisitos y la determinación de cobertura por el seguro de invalidez y sobrevivencia, del cálculo y monto de pensión corresponde a la Administradora de Fondos de Pensiones respectiva, determinación que, en todo caso, está regulada por ley.

Octavo: Que analizados y ponderados los antecedentes presentados por el actor junto al recurso y en escrito posterior y los informes de las recurridas, lleva a esta Corte a concluir que los hechos que previamente se han relatado y las peticiones que de conformidad a ellos se formulan a esta Corte, exceden el fin de la acción constitucional propuesta, toda qué vez lo realmente pedido es que se ordene a las recurridas responder por la cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia que estableció el legislador, sin la aplicación del Control de Siniestralidad, debiendo retrotraerse los procesos de invalidez al primer trámite formulado, en la data antes signada y si a la fecha en que suscribió la solicitud de pensión de invalidez en el año 2017, el afiliado señor nombre reservado cumplía o no con el requisito de cotizaciones que debe acreditar el trabajador independiente para obtener cobertura por el seguro de invalidez y sobrevivencia, conforme prescribe la letra a) del inciso primero del artículo 54 del D.L. N° 3.500 de 1980, lo que deja de manifiesto que no existe un derecho indubitado a su respecto, toda vez que para acceder a lo solicitado justamente se requiere un pronunciamiento en tal sentido.

Noveno: Que lo cierto es entonces que el recurrente pretende que esta Corte declare la existencia de un derecho, lo que no es posible por este medio, ya que no encontrándose indubitados los derechos y obligaciones del recurrente, es del parecer que éstos deben ser discutidos en el procedimiento que corresponda, por lo que la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito -como ya se ha dicho- es que se tomen medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Décimo: Que, en conformidad a lo antes referido, al no haberse acreditado la existencia de un derecho indubitado ni propiedad sobre derecho y al no configurarse un acto ilegal y arbitrario, corresponde rechazar el recurso.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional interpuesta por la Fundación Valídame, en representación de don nombre reservado en contra de AFP Provida S.A., la Asociación Gremial de Aseguradores de Chile A.G., la Superintendencia de Pensiones, la Comisión Médica Central y la Comisión Médica Región Metropolitana Sur, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección 66.463-2020