Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, dos de octubre de dos mil veinticinco.

A los escritos folios 29, 30 y 31: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, en representación de nombre reservado, e interpone recurso de protección constitucional en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la prohibición de ingreso al territorio nacional por el término de cinco años, formalizada mediante Certificado de Prohibición de Ingreso al País NUM000 de 4 de febrero de 2023 y Resolución Exenta NUM001 de 22 de marzo de 2024, solicitando que se deje sin efecto dicha prohibición para permitir la reunificación familiar.

Expone que el 5 de febrero de 2022, la recurrente ingresó a territorio nacional con siete meses de embarazo, a través de un paso no habilitado, junto a su pareja, trasladándose desde Iquique a Santiago. Señala que, establecida en la capital, procedió a autodenunciarse telefónicamente ante el Servicio Nacional de Migraciones.

Indica que, debido a la crisis económica post pandemia y problemas familiares, el 30 de octubre de 2022, la recurrente y su hijo recién nacido, nombre reservado, abandonaron el país con destino a Perú, produciéndose la salida del menor con autorización notarial de su padre con vigencia de 90 días.

Relata que, posteriormente, el 4 de febrero de 2023, la recurrente y su hijo intentaron reingresar a Chile vía nombre reservado con el objeto de reunificar su vida familiar junto al padre del niño, sin embargo, la Policía de Investigaciones les impidió el ingreso a consecuencia de la existencia de un decreto administrativo que formaliza la prohibición de ingreso al país por el término de 5 años, en virtud de certificado de prohibición NUM000.

Alega que la recurrente hizo ver al personal de la PDI que su hijo es de nacionalidad chilena, exhibiendo los documentos correspondientes, y manifestó que su intención de reingreso tenía por finalidad la reunificación familiar, sin embargo, fueron reembarcarlos con destino a Perú, actuando de manera arbitraria e ilegal.

Indica que, luego de ser reembarcados a Perú, la recurrente y su hijo volvieron a reingresar a Chile en busca de la reunificación familiar, aun sabiendo de la orden que le prohibía su ingreso, reingresando esta vez a través del paso fronterizo Chacalluta de manera irregular, trasladándose a Santiago para establecerse junto con su pareja e hijo.

Expone que, en la actualidad, la situación migratoria de la recurrente e hijo es irregular, ya que legalmente ambos fueron reembarcados o expulsados a Perú, estando hoy en territorio chileno, sin embargo, no está en condiciones de realizar una actividad laboral remunerada y tampoco puede acceder a los beneficios que pudiere otorgarle el Estado al menor.

Solicita que se deje sin efecto el decreto o prohibición de ingreso al país que afecta a doña nombre reservado, que prohíbe e impide el ingreso al país de la recurrente por el término de 5 años; a objeto de iniciar legalmente el proceso de reunificación familiar junto con su hijo nombre reservado y el padre de este último.

Segundo: Que, evacuando informe el Servicio Nacional de Migraciones evacua informe solicitando el rechazo del presente recurso de amparo en todas sus partes, por no existir acto ilegal ni arbitrario desplegado por esta autoridad administrativa que pueda perturbar o amenazar las garantías fundamentales de la amparada.

Expone que doña nombre reservado, extranjera nacional de Perú, no registra ingresos al país por paso fronterizo habilitado. Señala que mediante Parte Policial NUM002 de 30 de octubre de 2022, el Departamento de Inspección Secundaria Aeropuerto denunció el ingreso clandestino de la extranjera el 8 de febrero de 2022.

Indica que en el parte señalado la autoridad policial consignó que la extranjera se presentó al control migratorio de salida del país en el nombre reservado, lugar en que se percató que no constaba estampado en el pasaporte de la extranjera con el registro de ingreso, y que tampoco tenía tarjeta de turismo o registro de viajes por medio de pasos fronterizos habilitados. Agrega que en esa fecha, 30 de octubre de 2022, la extranjera salió del país en el vuelo señalado.

Enfatiza que este es el único registro de movimiento migratorio por paso fronterizo habilitado que consta de la amparada en Chile. Añade que mediante Oficio Ordinario NUM003 de 4 de febrero de 2023, el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Aeropuerto informó al Servicio que la extranjera amparada llegó a Chile en vuelo de compañía Sky Airlines, y que al momento de hacer el control fronterizo se verificó que cuenta con una denuncia por ingreso clandestino. Señala que, por tanto, la autoridad policial informó que su ingreso al país fue impedido a partir de la causal consagrada en el artículo 32 N° 3 de la Ley 21.325.

Indica que la causal de impedimento fue informada a la extranjera de la forma en que consta en el Certificado de Prohibición de Ingreso al País NUM000 de 4 de febrero de 2023, firmada por la extranjera amparada.

Aclara que el motivo del impedimento de ingreso no dice relación alguna con haber "ratificado autodenuncia" de la manera en que la contraparte lo propone, sino que tiene el fundamento legal ya señalado.

Expone que, por lo señalado, el 22 de marzo de 2024 el Servicio Nacional de Migraciones dictó la Resolución Exenta NUM001, que, atendida la infracción migratoria cometida por la extranjera, resuelve prohibir el ingreso al territorio nacional por el plazo de 5 años, en virtud de lo dispuesto en el artículo 136 N° 5. Menciona que se reservaron los recursos administrativos procedentes; sin embargo, no fueron presentados por la extranjera para impugnar el acto administrativo del Servicio.

Enfatiza que la extranjera señala en su recurso haber ingresado nuevamente eludiendo los controles migratorios fronterizos, reincidiendo en la infracción que en primer lugar funda el acto administrativo que por medio de este recurso de protección impugna.

Sostiene que esta autoridad no ha decretado orden de expulsión ni orden de abandono en contra de la extranjera, pero al mantener un segundo ingreso clandestino al territorio nacional, la amparada se encontraría en hipótesis de procedimiento sancionatorio de expulsión.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Cuarto: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitraria lo constituye, la prohibición de ingreso al territorio nacional por el término de cinco años, formalizada mediante el Certificado de Prohibición de Ingreso al País NUM000 de 4 de febrero de 2023 y la Resolución Exenta NUM001 de 22 de marzo de 2024.

Quinto: Que, de los antecedentes aparejados, se concluye que el actuar del Servicio Nacional de Migraciones no puede ser catalogado con ilegal o arbitrario, ya que la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería establece la prohibición de ingreso al territorio nacional por aplicación de los artículos 24 y 32 N°3 de dicha ley.

Es así como el artículo 24 establece que la forma de ingreso y egreso del territorio nacional debe realizarse a través de pasos habilitados, con documentos de viaje y siempre que no existan prohibiciones legales en tanto el artículo 32 N° 3, que estipula prohibiciones imperativas de ingreso al territorio nacional a quienes "intenten ingresar o egresar del país, o hayan ingresado o egresado, por un paso no habilitado, eludiendo el control migratorio o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona, en los cinco años anteriores".

En consecuencia, no existiendo ilegalidad o arbitrariedad alguna en el obrar del Servicio recurrido, el presente arbitrio será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado y en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Acordada con el voto en contra del ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno, quien estuvo por acoger el recurso de protección dejando sin efecto la Resolución Exenta NUM001 de 22 de marzo de 2024, teniendo en consideración que, al dictarla, la autoridad administrativa no se hizo cargo de los antecedentes alegados por la recurrente en relación con su arraigo familiar, lo que deviene en arbitraria la decisión.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-6634-2025.

En Santiago, dos de octubre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.