nombre reservado con SERVICIO IMPUESTO INTERNO

Santiago, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho.

Vistos y considerando:

Primero: Que nombre reservado, abogado, por nombre reservado, y la sociedad nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, de la cual la primera es su representante, recurre de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, Santiago Centro, domiciliado en domicilio reservado, fundada en que la sociedad nombre reservado, es contribuyente del Impuesto al Valor Agregado, la que con fecha 02 de agosto de 2017, inició actividades; que el 24 de noviembre de 2017, fue citada para presentar facturas de venta, proveedores y Formulario 29, quedando retenidas por el Servicio recurrido; agrega que, desde ese momento, la respuesta a la solicitud de timbraje de las facturas fue negativa; al efecto indica que se señala en la página del Servicio que: “ la persona autenticada no puede realizar el trámite, ya que figura en nuestros registros con situación pendiente de delito tributario”. No obstante, explica, debe hacerse presente que no existe resolución del Servicio debidamente notificada que impida o restrinja el timbraje electrónico de documentos para los sujetos a cuyo favor se actúa; no obstante hasta la fecha del recurso todavía se haya impedida la sociedad de poder emitir la respectiva documentación tributaria.

Enfatiza que la legislación tributaria reconoce el derecho de los contribuyentes, de acuerdo al inciso primero del artículo 8º ter del Código Tributario, a que se autorice en forma inmediata la emisión de documentos tributarios electrónicos para su giro o actividad, debiendo darse aviso al Servicio en la forma que éste determine; y las normas que permiten al Servicio privar o limitar este derecho, deben ser interpretadas en forma restrictiva y cumplir con los procedimientos que se establezcan al efecto.

En este caso, añade el compareciente, el “bloqueo” de timbraje de documentación tributaria efectuado por el Servicio es arbitrario e ilegal, porque no se ha dictado el correspondiente acto administrativo que, debidamente notificado, dé cuenta del ejercicio de esa potestad; y, además, precisa que no obstante se estime que se ha cumplido por el Servicio con dicho requisito formal, la recurrente nombre reservado no se encuentra en situación legal que amerite el pronunciamiento de esa resolución. Todo ello, conforme a la Ley 19.880; y de acuerdo con las reglas generales de los artículos 3º, 5º, y 45º de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos, que supone la existencia de una resolución administrativa que la ordene, que sea escrita, y que tal resolución sea notificada válidamente al afectado.

Manifiesta que aún si se estima o prueba la existencia de un resolución administrativa que restrinja o prohíba la emisión por parte de la sociedad recurrente de documentación tributaria electrónica autenticada por nombre reservado, la contribuyente nombre reservado no se encuentra en ninguna de las situaciones que indica el artículo 8º ter, del Código Tributario, que le impidan otorgar facturas y otros instrumentos tributarios en forma electrónica autenticada por don nombre reservado, dado que la letra b) de la disposición citada, exige que - para los efectos de revocar o restringir la emisión de dichos documentos- el sujeto se encuentre acusado o procesado por la comisión de un delito tributario, situación procesal en la que la contribuyente no se encuentra.

Expresa que la conducta señalada afecta el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica y a no ser discriminado por los órganos estatales en general y en materia económica en particular, asegurados en los numerales 2, 21 y 22 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En definitiva solicita se restablezca el imperio del derecho, determinadamente, ordenando como medida de protección que se autorice la emisión de la documentación electrónica a la empresa nombre reservado, autenticadas por su representante doña nombre reservado y la que esta Corte de Apelaciones estime conducente con el mismo fin, con costas.

Segundo: Que Paula Droguett Díaz, abogado, en representación judicial del Servicio de Impuestos Internos, informa el recurso precisando, en cuanto a los hechos que, con fecha 7 de abril de 2017, se constituyó la sociedad nombre reservado, Rut Nº RUT reservado, cuya única socia y representante es doña nombre reservado, Rut Nº RUT reservado, cuyo giro es la venta al por mayor de artículos eléctricos y electrónicos para el hogar, venta al por mayor del artículos de perfumería, cosmético, jabones y productos de limpieza; venta al por mayor de otros enseres domésticos, y venta al por menor de cristales, lozas, porcelana, y menaje.

Con fecha 2 de agosto de 2017, dicha contribuyente dió aviso de inicio de actividades, como contribuyente de Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta de Primera Categoría.

Con fecha 22 de agosto de 2017, por ser un contribuyente que por primera vez debe emitir documentos tributarios electrónicos, solicitó a través de la página web del Servicio, verificación de actividad, indicando que no mantendría stock, siendo el resultado de esta verificación interna de antecedentes, positiva condicionada, quedando habilitada para emitir documentos electrónicos, bajo la condición de presentar antecedentes; lo cual fue debidamente informado.

Agrega que de tal forma se registró automáticamente en el sistema de anotaciones 1006 (VA - Verificación de Actividades - condicionada a: facturas de proveedores, órdenes de compra, guías de despacho, contratos de arriendo de maquinaria, según corresponda, contrato de arriendo del domicilio declarado, etc.) y 90 (VIA - Verificación Interna de Antecedentes - condicionada a revisar en primeros timbrajes). Lo anterior, agrega la informante, trae como consecuencia que la autorización para la obtención de folios o el timbraje de documentos, que dan derecho a crédito fiscal IVA, se encuentra también condicionada a que se efectúe la verificación de actividad, y por ende, que la contribuyente presente los antecedentes que acrediten su domicilio y el ejercicio efectivo de sus operaciones.

Manifiesta que transcurrido el plazo de 90 días para presentar la documentación requerida, y sin que la contribuyente hubiere acompañado los antecedentes solicitados por el Servicio, con fecha 21 de noviembre de 2017, en forma automática, el sistema generó la anotación de plataforma causal “101 DEBE REALIZAR V.A. EN OFICINA”, mediante la cual se indica que la contribuyente debe cumplir personalmente la verificación de actividad en dependencias del Servicio. Enfatizando que mientras ésta no concurra, y finalice exitosamente la nueva verificación, encontrándose finiquitada la acreditación pendiente, no se puede eliminar dicha anotación, y la contribuyente no podrá seguir emitiendo facturas electrónicas.

Da cuenta que lo anterior se debe a los múltiples fraudes detectados.

Señala que, durante el período de 90 días referidos, la contribuyente pudo emitir facturas electrónicas en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2017, autorizándosele folio para 56 facturas en total, quedando tres que aún no han sido válidamente emitidas, y que tampoco han sido anuladas. Asimismo, el propio sistema informa que, en caso de cumplir con el requerimiento del Servicio de Impuestos Internos, la contribuyente tiene pre aprobadas 20 facturas electrónicas adicionales.

Posteriormente, con fecha 24 de noviembre de 2017, concurrió a las oficinas del Servicio, doña nombre reservado, Rut Nº RUT reservado, en calidad de mandataria de la sociedad nombre reservado, Rut RUT reservado, quien manifestó en declaración jurada que se acompaña al recurso de protección, que es la ayudante del contador de la empresa, pero que ella no tiene conocimiento sobre la forma en que se desarrolla el negocio de la misma. Y se limitó la mandataria a explicar cómo se llevaba a cabo el proceso de facturación de la empresa, sin aportar documentación que acreditara su domicilio o el ejercicio efectivo de las actividades declaradas. Asimismo, señaló que no podía emitir facturas electrónicas, ante lo cual se le explicó que estando pendiente la exigencia prevista en el artículo 8º ter, inciso segundo, del Código Tributario, no era posible acceder a la solicitud.

Afirma que, que en razón de lo anterior, con fecha 5 de diciembre de 2017, se registró en el sistema la anotación preventiva causal Nº 52, por el Jefe de Departamento de Fiscalización de Medianas y Grandes Empresas de la XII Dirección Regional Metropolitana Santiago Centro, en la que se señala que el representante de la sociedad nombre reservado, debía presentarse personalmente en dependencias del Servicio.

Indica que como consecuencia del reiterado incumplimiento a los requerimientos del Servicio, con fecha 19 de marzo de 2018, y a fin de proceder a la "Verificación de Actividad”, se notificó a la propietaria del inmueble ubicado en domicilio reservado, doña nombre reservado, Rut Nº RUT reservado, el que corresponde al domicilio informado por la empresa Cochi nombre reservado, quien manifestó en declaración jurada acompañada al Servicio, que es propietaria del inmueble antes indicado, y que éste se encuentra arrendado a don nombre reservado, pasaporte Nº RUT reservado, de Colombia, para su uso habitacional, acompañando copia del contrato y comprobante de pago y depósito de “cánon” (sic) correspondiente.

Posteriormente, con fecha 21 de marzo de 2018, se presentó en dependencias del Servicio, doña nombre reservado, representante de la sociedad nombre reservado, también recurrente de autos; quien tampoco aportó antecedentes solicitados para la verificación de actividades de la sociedad señalada.

Que, luego, con fecha 17 de mayo de 2018, se realizó una visita en terreno al domicilio informado por la recurrente, ubicado en domicilio reservado, en el que la contribuyente no fue habida; razón por la cual, se registró en el sistema informático del Servicio, la anotación 45: “No ubicado en Verificación de Actividad o de Facturas”.

Concluye que, conforme a subsanar la anterior observación, la contribuyente deberá acreditar el domicilio respectivo ante el Servicio, en el Departamento de Asistencia al Contribuyente.

Por último, en cuanto a los hechos, indica que la contribuyente no ha solicitado una nueva verificación de actividades ante el Servicio, no se ha acercado a las oficinas de éste a solucionar su situación, ni ha concurrido a obtener número de folios para la emisión de facturas electrónicas.

Enseguida, conforme a los antecedentes, quien informa solicita se declare la extemporaneidad del recurso de protección, dado que el Servicio al momento de solicitar a la contribuyente la verificación de actividad vía internet, con fecha 22 de agosto de 2017, se le requirió conforme al artículo 8º ter del Código Tributario y Circular Nº 10, de 20 de enero de 1998, para que acreditara la existencia de su domicilio y para que aportara la documentación tributaria que respaldaba las actividades que iba a desarrollar; limitando el derecho a la obtención de folios, como se ha indicado anteriormente en el informe; ante el incumplimiento, se procedió a reiterar la presentación de los antecedentes a la mandataria nombre reservado, con fecha 24 de noviembre de 2017, fecha cierta dada por la recurrente para precisar desde cuando tomó conocimiento del hecho que denuncia en su recurso como arbitrario e ilegal; asimismo, con fecha 21 de marzo de 2018, se volvieron a reiterar los mismos antecedentes, esta vez, a doña nombre reservado, representante legal de la recurrente, los que a la fecha no se han adjuntado.

Solicita que, en ese contexto, de acuerdo al artículo 1º del Auto Acordado del año 2015, sobre la materia, que establece que la acción de protección debe ser interpuesta dentro del plazo fatal de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos, conforme con las fechas antes referidas, aún considerando la última de 21 de marzo de 2018, para determinar el día desde cuando la recurrente tomó conocimiento del hecho que denuncia en su recurso como arbitrario e ilegal, éste plazo de treinta días corridos establecido en ese Auto Acordado, se encontraría ampliamente vencido, por lo que solicita desde pronto se declare la extemporaneidad del recurso de protección.

En cuanto al fondo, quien informa solicita, atendido lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 8º ter del Código Tributario y Circular Nº 10, de 20 de enero de 1998, el rechazo del presente recurso de protección por no ser efectivas as alegaciones que la recurrente realiza en él, en relación con la supuesta omisión de parte el Servicio, desde que la autorización y/o timbraje de documentos, es un procedimiento que legaliza los necesarios para respaldar diferentes operaciones que los contribuyentes realizan al llevar a cabo su actividades económicas, y que consiste en la autorización del Servicio de rangos de documentos a emitir por medio electrónico y/o aplicación de un timbre seco en cada documento y sus copias. Precisando que, los contribuyentes de 1ª Categoría que deseen autorizar o timbrar documentación que respalda operaciones afectas a IVA, y que dan derecho a Crédito Fiscal por dicho IVA, deben haber sido previamente verificados en su actividad en forma positiva, evaluando los antecedentes presentados por el contribuyente, así como los que están en poder del Servicio, destinada a establecer si se realiza efectivamente la actividad declarada.

Tercero: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, de carácter declarativa y de urgencia, destinada a tutelar los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política, impidiendo que actos u omisiones del estado o de sus agentes y/o de particulares, los infrinjan o atropellen, o amenacen con hacerlo.

Cuarto: Que, en cuanto a la extemporaneidad del presente recurso de protección, de acuerdo al artículo 1º del Auto Acordado que lo reglamenta, el plazo para su interposición es de 30 días, el que se debe empezar a computar desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

En consecuencia, al reconocer en el recurso que:

“El día 24 de noviembre de 2017 fui citada para presentar facturas de venta, proveedores y formulario 29, quedando retenidas en el Servicio de Impuestos Internos.

Desde ese momento, la respuesta a la solicitud de Timbraje de las facturas fue una negativa; al efecto, se señala en la página que “la persona autenticada no puede realizar el trámite, ya que figura en nuestros registros con situación pendiente de delito tributario”,”.

Resulta posible concluir que, en la especie, el plazo para la interposición del recurso debe ser contado desde el 24 de noviembre de 2017; fecha en la cual la recurrente tuvo certeza del supuesto acto arbitrario e ilegal del Servicio de Impuestos Internos respecto del cual recurre, pues, desde esa fecha ella ha tenido noticia o conocimiento cierto del mismo, lo que permite concluir que, a la fecha de la interposición del recurso, el día 10 de septiembre de 2018, la acción de protección había ya caducado.

Quinto: Que, no obstante, de los antecedentes surge con claridad que jurídicamente son atinentes a esta situación de que da cuenta el recurso y de los que informa el Servicio de Impuestos Internos, que a este último se le reconoce y permite legalmente intervenir, actuar, y fiscalizar de conformidad a lo establecido en los incisos primero y segundo del artículo 8º ter del Código Tributario, que disponen: “Los contribuyentes tendrán derecho a que se les autorice en forma inmediata la emisión de los documentos tributarios electrónicos que sean necesarios para el desarrollo de su giro o actividad. Para ejercer esta opción deberá darse aviso al Servicio en la forma que éste determine.”

“En el caso de los contribuyentes que por primera vez deben emitir dichos documentos, la autorización procederá previa entrega de una declaración jurada simple sobre la existencia de su domicilio y la efectividad de las instalaciones que permiten la actividad o giro declarado, en la forma en que disponga el Servicio de Impuestos Internos”.

Desde ya, esta disposición descubre el sometimiento del Servicio de Impuestos Internos a los fundamentos de la legalidad y juridicidad de sus actos en esta materia, de los artículos 6º, 7º y 24 de la Constitución Política de la República, determinadamente, en cuanto al principio de juricidad, de la legalidad administrativa y en lo relativo al sometimiento a aquélla por parte de la administración, respectivamente, normas legales tributarias que expresamente confieren al Servicio la potestad normativa, en conformidad al inciso final del artículo 26 del Código Tributario, que por el aspecto que se analiza determina precisamente la aplicación de los transcritos inciso primero y segundo del artículo 8º ter del Código Tributario, que se contiene en la circular que delimita las actuaciones del procedimiento de interpretación y fiscalización que le es propio, delimitando el procedimiento correspondiente y que determina el comportamiento del contribuyente conforme le es conocido; en este caso particular, lo constituye la Circular 10, de 20 de enero de 1998, que dicta normas y fija procedimientos para efectuar la Verificación de Actividad a los contribuyentes; la cual permite al Servicio hacer una evaluación de los antecedentes presentados por el contribuyente así como de los que estén en poder del Servicio, destinada a establecer que el contribuyente realizará efectivamente la actividad declarada. Verificación que comprende una visita a terreno que efectúan funcionarios del Servicio, en todos aquellos casos que, debido a la evaluación de la información obtenida, se hace necesario efectuarla en forma adicional.

Que, en consecuencia, conforme a lo razonado y concluido anteriormente, no se divisa la ilegalidad y/o arbitrariedad de las acciones del Servicio de Impuestos Internos y, por lo tanto, el recurso por este capítulo también debe ser desestimado.

Y, visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto don nombre reservado, abogado, por nombre reservado, y la sociedad nombre reservado, en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redacción del Ministro señor Jorge Zepeda Arancibia.

Protección N°66.149-2018.- No firma la señora nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones como Ministra Suplente.