nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de junio de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 6 de mayo de 2022 comparece don Franco José Devillaine Gómez, abogado, e interpone acción de protección en favor y a nombre de don nombre reservado, de profesión abogado, en contra de la nombre reservado de la República por la Resolución Exenta RA N°212/370/2022 de fecha 4 de abril de 2022, notificada por carta certificada con fecha 8 de abril del mismo año, que dispone el "término anticipado de su designación a contrata", por ser dicha resolución ilegal, arbitraria, al contravenir las garantías constitucionales contempladas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone, que el recurrente ingresó a prestar servicios a la nombre reservado de la República el día 8 de abril de 2019, contratado mediante un convenio a honorarios a suma alzada, aprobado por Resolución Exenta RA N°212/230/2019, de 26 de abril de 2019. Sin solución de continuidad, el día 4 de julio de 2019, la nombre reservado de la República dictó la Resolución Exenta RA N°212/372/2019, registrada con igual fecha por la Contraloría General de la República, mediante la cual se designa al señor nombre reservado en calidad de contrata de nombre reservado de la República, para desempeñarse en la Dirección de Gestión Ciudadana, como coordinador de Análisis y Seguimiento, en atención a que reunía el perfil idóneo para desempeñar dichas funciones. El nombramiento se efectuó a contar del 1° de julio de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2019, y mientras fueran necesarios sus servicios, como profesional, asimilado al grado 7° de la Escala Única de Sueldos, de la Planta de Profesionales con jornada de 44 horas semanales.

Precisa, que en esta resolución no se señaló que se tratare de un funcionario de "exclusiva confianza", no se le asignaron funciones críticas, con pago de la correspondiente asignación, ni se le designó en un cargo que la ley señale como de confianza. Sólo se consignó el plazo máximo de duración anual y que permanecería en sus labores mientras sus servicios sean necesarios.

Afirma, que la única causal que habilitaría a la nombre reservado para poner término en forma anticipada a la contrata del recurrente, era la total y absoluta prescindencia de sus servicios, lo que requería un acto motivado y debidamente razonado que discurra en cumplimiento con las normas de la Ley 19.880 sobre bases de procedimiento administrativo.

Refiere, que con fecha 1° de abril de 2020 el Director Administrativo de la nombre reservado de la época, emitió el patrocinio oficial de la Institución para efectos de que el recurrente pudiera postular a una Beca de Magíster en Chile para Funcionarios del Sector Público, y la beca no le fue asignada, pues la evaluación de la postulación efectuada por la ANID indicó que el cargo servido por éste no constituía un cargo directivo ni crítico.

Explicita, que por Resolución Exenta RA N°212/738/2020, de 15 de diciembre de 2020, se prorrogó la contrata desde el día 1° de enero de 2021 al 31 de diciembre del mismo año y por Resolución Exenta RA N° 212/980/2021 del 13 de diciembre de 2021, prorrogó la contrata desde el día 1° de enero de 2022 al 31 de diciembre del mismo año.

Adiciona, que en el mes de octubre del año 2020 y 2021 se le notificó al actor del resultado de sus calificaciones funcionarias del período 2019-2020 y de 2020-2021, con un promedio de nota 7.0, lista 1, de distinción.

Detalla, que el 8 de marzo de 2022 el recurrente inició su período de feriado legal, debiendo retornar a sus labores el día 4 de abril, mismo día en que estaba fechada la resolución de su terminación anticipada.

Agrega, que ese mismo 4 de abril, el señor nombre reservado, lo llamó para que le informara qué funciones cumplía en la Dirección de Gestión Ciudadana, que le prepara un informe de recomendaciones y seguimiento de trabajo, dado el cambio de gobierno, y una propuesta de teletrabajo. Ese mismo día, nombre reservado de la República había dictado la Resolución Exenta RA N°212/370/2020, registrada en Contraloría General de la República, mediante la cual se resolvía el término anticipado de la designación a contrata del señor nombre reservado, por no ser necesarios sus servicios a partir del día 8 de abril de 2022.

Cuestiona el contenido de la resolución en la cual se representó que al funcionario recurrente le resultaba aplicable el principio de confianza legítima, y en el considerando séptimo intenta dar por establecido erróneamente que la contrata en cuestión estaba sujeta al régimen de "exclusiva confianza", y por consiguiente susceptible de quedar sujeta a una terminación anticipada, por quedar afecta a la figura de la pérdida de confianza aplicable a los funcionarios que ostentan esa calidad.

Arguye, que se inflige un severo daño a la seguridad jurídica que plantea la norma legal para los administrados, donde claramente su literalidad brinda las respuestas correctas y las mismas tienen sentido pues los cargos regulados en la planta son precisamente los más cercanos al poder, los que regularmente deben quedar sujetos a este peculiar régimen de terminación por pérdida de confianza y no los de funcionarios que ejercen funciones en el contexto de procesos uniformes y regulares. El artículo 7° letra (a) del Estatuto Administrativo, Ley N° 18.834, es claro en su tenor literal y no debe desatenderse pues el espíritu que existe detrás de esa regulación, es precisamente el de restringir el régimen de la confianza a esos cargos más selectivos de la planta y no a los de la contrata.

Explicita, que en el Considerando octavo de la misma resolución, se intenta asentar una teoría de la reestructuración por razones de eficiencia y por cumplir lineamientos de austeridad, lo que fue presentando muy acomodaticia una Resolución Exenta N° 462/2022 de nombre reservado de la República, de fecha 31 de marzo de 2022, que modifica una estructura ya existente y que subsume las funciones de la Dirección de Gestión Ciudadana en un Departamento de Gestión Ciudadana (curiosamente el mismo nombre de la Dirección que reemplaza) y tres Subdepartamentos. Señala, a su vez, que elimina coordinaciones y reduce personal.

Expresa, que la motivación del acto de desvinculación debe guardar relación con lo estipulado en la contrata bajo la cual el servidor se haya desempeñado en la repartición. El carácter de exclusiva confianza de un cargo público no se colige del grado que lleva aparejado o de la relevancia de las labores desarrolladas por el funcionario de que se trate, naturaleza de un cargo público que no se define a partir de la decisión de la voluntad de la autoridad o de la confianza que se tenga en el funcionario, sino por las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que lo regulan.

Aduce, que la reorganización no puede invocar únicamente criterios económicos de carácter general que no basten, por si solos, para fundamentar la decisión de que se trata. (Rol CS 84.395-2021, considerando sexto) Así, las alegaciones presupuestarias genéricas, sin aportar detalles del departamento, división, desempeño profesional u otro criterio que permita establecer por qué el afectado con la medida, siendo un servidor en particular, de lo cual no se contienen los antecedentes suficientes para fundar la decisión. La resolución debe ser explícita en las razones por las cuales una reasignación presupuestaria deriva en prescindir de los servicios de un funcionario en particular, en desmedro de otros que no se ven afectados con la medida.

Alega, desviación de poder de la nombre reservado de la República y de acuerdo a lo sostenido por la Corte Suprema, corresponde cuando el fin del acto, que es uno de sus elementos constitutivos, es distinto del fin general de interés público, que debe ser la de toda actividad pública, o el fin particular establecido para determinados actos por la norma respectiva.

Cuestiona, que la anticipación del término de una designación a contrata es ilegal, en base a que la jurisprudencia ha señalado que, en aplicación del principio de realidad, la transitoriedad y precariedad del empleo a contrata muta a una situación estable si este estatuto de contratación, por naturaleza transitorio, se mantiene en el tiempo.

Solicita, que se acoja el recurso, se deje sin efecto la Resolución Exenta de nombre reservado de la República RA 212/370/2022, que dispuso la terminación anticipada de la designación a contrata del recurrente y que la recurrida proceda a dictar la resolución pertinente de contrario imperio, dejando sin efecto la terminación y reincorporando a sus funciones en las mismas condiciones, ordenando al organismo recurrido pagarle la totalidad de las remuneraciones, bonos y demás beneficios devengados y no percibidos durante todo el tiempo que haya permanecido separado de sus funciones, con costas.

Acompaña al recurso los siguientes instrumentos públicos:

1) Resolución Exenta RA N° 212/372/2019 de fecha de 4 de julio de 2019, de nombre reservado de la República, que dispone la designación en la contrata.

2) Resolución Exenta RA N° 212/980/2021 del 13 de diciembre de 2021, de nombre reservado de la República, mediante la cual se prorrogó la contrata desde el día 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre del mismo año.

3) Resolución RA 212/370/2022 de fecha 04 de abril de 2022, de nombre reservado de la República, registrada con igual fecha ante la Contraloría General de la República, mediante la cual se dispone el termino anticipado de la contrata a partir del día 8 de abril de 2022.

4) Sobre de nombre reservado de la República, mediante el cual se efectuó la notificación por carta certificada de la resolución de desvinculación, recibido en la oficina de Correos de Chile el día 6 de abril, tal como se señala en timbre impreso de esta compañía en el sobre.

5) Patrocinio Oficial de la nombre reservado de la República ante la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, para efectos de que pudiera postular a una Beca de Magíster en Chile para Funcionarios del Sector Público, de fecha 1 de abril de 2020.

6) Resultado de calificaciones funcionarias del período 2019-2020, de fecha 16 de octubre de 2020.

7) Resultado de calificaciones funcionarias del período 2020-2021 de fecha 14 de octubre de 2021.

SEGUNDO: Que, comparece doña nombre reservado, Directora Administrativa de la nombre reservado de la República, pidiendo el rechazo de la acción en todas sus partes, al no existir acción u omisión arbitraria o ilegal de esa autoridad que haya amenazado, perturbado o privado el legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías constitucionales establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, con costas.

Expone, que el actor ingresó a la nombre reservado de la República, bajo la modalidad de honorarios a suma alzada, el 8 de abril de 2019, siendo aprobado dicho convenio mediante la Resolución Exenta N°230, de 2019, de la nombre reservado de la República; finalizando el 1° de julio de 2019 el referido convenio de honorarios, término que se aprobó a través de la Resolución Exenta RA N°364, de 2019, de la nombre reservado de la República. Posteriormente, fue designado como funcionario de contrata, grado 7º del estamento profesional, a partir del 1° de julio del año 2019, mediante la Resolución Exenta N°372, de 2019, de la nombre reservado de la República, hasta el 8 de abril de 2022, fecha del término de su contrata por no ser necesario de sus servicios, en virtud de la Resolución Exenta RA N°212/370/2022, de 2022, de la nombre reservado de la República.

Argumenta, que la resolución cuestionada fue emitida y tramitada conforme a lo dispuesto por la Resolución Exenta N° 6 de 2019 de la Contraloría General de la República, siendo enviada al trámite de registro, gozando por tanto de la presunción de legalidad de los actos administrativos, y además fue notificada personalmente al funcionario, cumpliendo con los requisitos legales sobre notificaciones que establece la Ley N° 19.880.

Refiere, que el actor se desempeñó desde el 2019 hasta 2022, como Analista de la Unidad de Gestión Documental y Archivo y; desde septiembre de 2019 hasta agosto de 2021 como Analista de la Unidad de Análisis y Seguimiento Institucional. Posteriormente, entre septiembre y octubre de 2021, ejerció funciones como Profesional de Apoyo del Departamento de Avanzada Presidencial y, finalmente, entre noviembre de 2021 y abril de 2022, ejerció labores como Analista de la Unidad de Análisis y Seguimiento Institucional, todas funciones de la Dirección de Gestión Ciudadana.

Precisa, que el recurrente ejerció funciones en la Dirección de Gestión Ciudadana, como Coordinador de la Unidad de Análisis y Seguimiento y dicha Dirección mencionada, a contar de marzo de 2022 fue objeto de una profunda reestructuración, conforme a los nuevos lineamientos de austeridad y eficiencia entregados por la autoridad, desde la instalación del nuevo Gobierno.

Detalla, las unidades y funciones vigentes hasta marzo de 2022, que luego de la reestructuración resultó en la eliminación de 9 unidades y la creación de 3 Subdepartamentos, con el objeto de implementar un nuevo diseño organizacional que permitiese hacer más eficiente el trabajo, reduciendo y concentrando el trabajo, con el fin de hacerlo más eficiente, y alivianar presupuestariamente a la Dirección Administrativa.

En ese sentido, continúa, la Dirección de Gestión Ciudadana contaba con 62 funcionarios que disminuyeron a 52 y se integró como un Departamento de la Dirección Administrativa, dejando de depender directamente del Presidente de la República, pasando a la dependencia de la Directora Administrativa, de acuerdo a la Resolución Exenta N°462, de 2022, de la nombre reservado de la República.

Da cuenta que la Unidad que integraba el recurrente fue suprimida y con ello el cargo de Coordinador que detentaba, como las funciones que ejercía, las que fueron modificadas en su naturaleza.

Afirma, que debe considerarse también, que las funciones que se desempeñan en el Departamento de Gestión Ciudadana son de aquellas que implican mayor confianza en la nombre reservado, debido a que se relacionan con la gestión de audiencias y correspondencia dirigida al Presidente de la República y a la Primera Dama -entonces vigente-, como también la recepción de personas y organizaciones que llegan a La Moneda a entregar cartas, cobrando sentido en esa dependencia la determinación del legislador de establecer la planta como de exclusiva confianza del Presidente y, la interpretación de la Contraloría General de la República de considerar en esa misma calidad a la dotación a contrata.

Arguye, que los cargos de planta y contrata de la nombre reservado de la República, conforme al artículo 32 N° 10 de la Carta Fundamental son de exclusiva confianza, corroborado por el artículo 7 del Estatuto Administrativo, y el artículo 11 del DL N° 3.529 de 1980, en relación al artículo 51 inciso final de la Ley N° 18.575.

Cita el Dictamen N° 13.734 de 2019 de la Contraloría General de la República, que razonó que no parece lógico que quienes se desempeñan a contrata en un servicio en que todos quienes ocupan un cargo de planta poseen la condición de exclusiva confianza, tengan mayor estabilidad laboral, lo que ha sido corroborado por la jurisprudencia.

Afirma, que todos los funcionarios de la nombre reservado de la República, sin distinción de jerarquía o funciones, responden a la exclusiva confianza del Mandatario y, por tanto, no les asiste el derecho a la confianza legítima.

Precisa, que la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia confirma lo que sostienen en cuanto que la confianza exclusiva se predica tanto respecto del personal de la planta como de la contrata.

Descarta, que el acto administrativo en cuestión sea ilegal, habiendo cumplido con el procedimiento establecido y en ejercicio de una potestad pública; y que sea arbitrario y que vulnera las garantías constitucionales invocadas por el actor, habiéndose dictado la Resolución Exenta conforme a derecho y con la debida fundamentación, y habiéndose producido una causal legal de cesación en el cargo, sin perjuicio de que el derecho a la función no es un derecho que se incorpore al patrimonio de funcionario, sino que es estatutario y regido íntegramente en forma unilateral por la Ley.

Acompaña:

1. Copia de Resolución Exenta RA N°212/370/2022, de 2022, de la nombre reservado de la República, que dispone término anticipado de designación a contrata.

2. Copia de carta certificada de constancia de notificación al señor nombre reservado, suscrita por la Jefatura del Departamento de Gestión de las Personas de la Presidencia de la República y carta certificada Correos de Chile con comprobante de admisión y código de seguimiento.

3. Resolución Exenta N°978, de 2018, de la Dirección Administrativa de la nombre reservado de la República, que deja sin efecto Resolución Exenta N°2138, del 24/09/2015 y sus modificaciones y formaliza nueva estructura y define funciones en la nombre reservado de la República.

4. Resolución Exenta N°462, de 2022, de la Dirección Administrativa, que modifica estructura y actualiza funciones establecidas en la Resolución Exenta N°978, de 2018, modificada por las Resoluciones Exentas N°1296, de 2021, y N°442, de 2022, todas de la Dirección Administrativa de la nombre reservado de la República.

TERCERO: Que, con fecha 8 de marzo de 2023 la recurrida acompaña informe elaborado por el Jefe del Departamento de Personas de la Dirección Administrativa de la nombre reservado de la República, de 06 de febrero de 2023.

Con fecha 14 de marzo de 2023 la recurrente ejerce su derecho a citación del documento acompañado, realizando observaciones a éstos, consistentes en identificar errores, omisiones convenientes y contradicciones en la defensa de presidencia, sobre las contradicciones en las funciones del recurrente entre este documento y el informe del recurso, se pretende confundir al Tribunal para corregir errores contenidos en el informe del recurso y en el proceso mismo de reestructuración, se advierte la arbitrariedad de la terminación de la contrata del recurrente tras el análisis de la información contenida en el documento al existir una conveniente omisión de información y falsedad en el planteamiento de las conclusiones, refiere que la pretendida disminución de la dotación que señala el informe no es tal, como además se intenta hacer pasar como parte de un diseño el logro de "disminución de personal", lo que es falso ya que en realidad lo acontecido es una "sustitución de personal", una limpieza de funcionarios.

Con fecha 17 de marzo de 2023 esta Corte resuelve tener presente a la vista la objeción y observaciones efectuadas por la recurrente.

CUARTO: Que el recurso de protección es una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Así, constituyen presupuestos de esta acción cautelar, los siguientes: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que producto de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, el acto que se tacha de ilegal y arbitrario corresponde la Resolución Exenta RA N°212/370/2022 de fecha 4 de abril de 2022, en virtud de la cual se decidió el término anticipado de la contrata del recurrente, inicialmente renovada hasta el 31 de diciembre de 2022.

Los cuestionamientos planteados en el recurso tienen que ver con la falta de fundamentación del acto administrativo, si el cargo o función para la cual fue contratado el actor puede ser catalogado como de exclusiva confianza del Director del Servicio y si la restructuración aducida por la autoridad implicaba prescindir de las labores del protegido.

SEXTO: Que, de lo expuesto por las partes, son hechos de la causa, que el actor fue contratado, bajo el régimen a contrata, 1° de julio del año 2019, siendo asimilado al Grado 7 de la Planta de Profesionales, prorrogándose en forma sucesiva, hasta el año 2022, en el cargo de Coordinador en la Dirección de Gestión Ciudadana de la nombre reservado de la República.

Asimismo, que fue desvinculado, anticipadamente, por la causal de no ser necesarios sus servicios, atendida la reestructuración del servicio, haciendo presente, además, que se trata de un funcionario de exclusiva confianza.

SÉPTIMO: Que, conviene precisar, que la resolución recurrida consigna que de acuerdo a la letra e) del artículo 3 y el artículo 10° del Decreto con Fuerza de Ley N° 29 de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, disponen, en lo pertinente, que el empleo a contrata es aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución y que dura como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y que los empleados expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la Ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con 30 días de anticipación, a lo menos.

Alude que por ello, es atribución de la autoridad decidir sobre la no renovación o el término anticipado de las contratas correspondientes.

Añade que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la Republica, particularmente la contenida en sus dictámenes N° 22.766 y 23.518, ambos de 2016, complementados por los pronunciamientos N° 85.700 de 2016 ,6.400 de 2018 y El56769 de 2022, teniendo como directriz el principio de confianza legítima, han establecido que las decisiones de la autoridad en los sentidos indicados, deben materializarse a través de actos administrativos fundados que detallen los antecedentes de hecho y de derecho que le sirven de sustento y conforme a los cuales se ha adoptado decisión de no prorrogar o ponerle término anticipado al vínculo, de modo que, de su sola lectura sea posible conocer cuál fue el raciocinio para ello.

Aduce que lo dictaminado por la Entidad Fiscalizadora es vinculante para los órganos de la Administración del Estado, lo que no obsta al ejercicio de potestades de la Administración, sino que constituye una exigencia para su ejercicio, que se traduce en que respecto de funcionarios públicos que se encuentran en la situación antes descrita la decisión de la autoridad debe fundarse en un acto administrativo, siendo que en el caso del recurrente, nombre reservado, quien se desempeñaba como asesor jurídico en temas de innovación y tecnologías en la División de Coordinación Nacional, sin perjuicio que la dependencia es en la División de Gestión Territorial.

Detalla que en las labores que realiza se produce una duplicidad de funciones con la División Jurídica, ya que esta última, tiene como tarea fundamental la revisión y la elaboración de instrumentos jurídicos, así́ como asesorar a todas las Divisiones, Departamentos y Unidades de la Subsecretaría de Prevención del Delito en las materias de su competencia.

Por ello es que su perfil profesional no se requiere en la División de Coordinación Nacional, así́ como tampoco en la División de Gestión Territorial, por lo que sus servicios no son necesarios por lo que resta del año 2022.

Hace referencia a que los Órganos de la Administración del Estado deben observar los principios de eficiencia y eficacia consagrados en los artículos 3º y 5º de la Ley No 18.585, preceptos que obligan a velar por la idónea administración de los recursos públicos haciendo prevalecer el interés social por sobre el particular y que esa eficiencia implica obtener los mejores resultados con el mayor ahorro de costos y/o mediante el uso racional de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, criterios que le han permitido poner término anticipado a la contrata de don nombre reservado.

OCTAVO: Que, de los extractado, no advierte esta Corte que la recurrida hubiera incurrido en alguna ilegalidad y/o arbitrariedad en la decisión de poner término a la contrata, siendo el acto aparece debidamente motivado y dictado acorde a la normativa y jurisprudencia administrativa vigente.

El acto se fundamenta en un hecho objetivo, que es la decisión de la autoridad en torno a revertir la duplicidad de funciones que se generaba dentro de la institución, lo que resulta suficiente motivación no advirtiéndose irracionalidad ni ilegalidad puesto que se ha dado cumplimiento a las leyes y jurisprudencia administrativa en la materia.

NOVENO: Que, en ese sentido, se advierte que la nueva administración ha decidido dentro de sus facultades efectuar una revisión transversal de las condiciones en que operaba esa Subsecretaría, lo que aplica a materias de personal, buscando priorizar las labores que realizan las personas que conforman los equipos de acuerdo a los lineamientos y necesidades de la misma, procurando la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Para esa labor, se detalla que se revisaron los equipos de trabajo, los perfiles y las funciones que pueden o desarrollan las personas que los integran, tomando en consideración distintos factores, entre ellas las funciones encomendadas a la División de Gestión Territorial, las necesidades en el corto y mediano plazo, las distintas tareas y funciones que realizaban las personas que la componían en aquel entonces, el equipo de trabajo contratado, los perfiles de quienes los integran, el desempeño, la experiencia, las cargas de trabajo asumidas por cada integrante del equipo, la eventual duplicación de tareas, la factibilidad de absorción de funciones y los gastos asociados al pago de remuneraciones, entre otros factores que debe tener en cuenta la autoridad cuando adopta decisiones como las de la especie, a partir de lo cual se determinó el cese anticipado de la contrata del recurrente.

DÉCIMO: Que, la decisión aparece tomada en base a facultades que dicha autoridad tiene para administrar en razón de los principios de eficiencia y eficacia que guían su actuar, es decir, no aparece relacionada con las aptitudes personales del recurrente, y en concreto a lo que refiere es a lo innecesario de contar con un profesional abogado en la División de Coordinación Nacional ya que no se condice con las funciones establecidas para esa División.

UNDÉCIMO: Que, respecto de una supuesta ilegalidad del acto, lo cierto es que se ha concluido que cuando una contrata o su prórroga ha sido dispuesta con la fórmula “mientras sean necesarios sus servicios” la autoridad puede ponerle término en el momento que estime conveniente, siempre que disponga mediante un acto administrativo fundado consignando los antecedentes de hecho y de derecho que le sirvan de sustento y han motivado tal decisión, cuyo ha sido el caso.

DUODÉCIMO: Que, en lo que toca a la vulneración de la garantía de igualdad ante la ley, no se advierte una discriminación o trato desigual hacia el recurrente que carezca de justificación objetiva y razonable, pues el acto administrativo que se reclama no se enmarca en un escenario de discriminación, ya que el fundamento de la medida tiene como razón, según ya se dijo, en adecuaciones internas de la Subsecretaría de Prevención del Delito en torno a evitar duplicidades de funciones entre sus divisiones, es decir, argumento de orden objetivo la que en todo caso se sustenta en las facultades que dicha autoridad tiene para administrar en razón de los principios de eficiencia y eficacia que guían su actuar lo que se escapa a la idea de arbitrariedad.

DÉCIMO TERCERO: Que, tampoco se ha vulnerado la garantía de derecho de propiedad, toda vez que no es posible entender que las personas que desarrollan funciones públicas tengan un derecho de propiedad sobre éstas, puesto que las labores que en definitiva desempeñan, son propias del Estado, cuya finalidad es el bien común, cumpliendo la decisión recurrida con la normativa vigente al respecto, siendo que el régimen jurídico del cargo a contrata y la definición del mismo se encuentran en el artículo 3 letra c) del DFL Nº 29 del año 2005 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto expresa que “Es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”; y por su parte el artículo 10 del mismo texto legal regula su duración, al preceptuar que estos cargos durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y que los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.

De acuerdo a las disposiciones antes citadas los empleos a contrata tienen como especial característica su transitoriedad, encargándose la ley de fijar un término máximo de duración.

DÉCIMO CUARTO: Que, se ha precisado que la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación, debe materializarse a través de un acto administrativo fundado, debidamente puesto en conocimiento del funcionario, exento del trámite de toma de razón acorde con lo establecido en el N° 19 del artículo 7° de la resolución N° 10, de 2017 de la Contraloría. De ese modo, el órgano contralor ha dispuesto que para considerar fundado el respectivo acto deberá contener, “el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta”; por lo que no resulta suficiente para fundamentar esas determinaciones la expresión “por no ser necesarios sus servicios” u otras análogas, agregando por el Capítulo V, N°2, distintas hipótesis de motivaciones que ese órgano contralor considera admisibles o no de invocar.

Queda en evidencia que la directriz se dirige a guiar la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación, a través de un acto administrativo fundado, que es lo que ha ocurrido en la especie y que fue debidamente comunicado al interesado.

DÉCIMO QUINTO: Que, en el escenario descrito, la autoridad recurrida se ajustó a la legalidad por cuanto dictó un acto administrativo debidamente fundado en el que se explicitó las razones por las cuales se decidió no renovar la contrata del recurrente, tal cual se afirma y explica en la resolución de que se dispuso el término anticipado de la contrata servida por la recurrente.

DÉCIMO SEXTO: Que, por último, dentro del contexto material que se viene reseñando, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la recurrente, pues la situación descrita, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional que sólo tiene por finalidad determinar si un derecho inobjetable, que sea a la vez constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no ha acontecido.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, a la conclusión precedente se arriba teniendo especialmente en consideración que la finalidad propia del recurso de protección es la de restablecer la vigencia del derecho, reaccionando frente a una situación anormal y evidente que atenta contra alguna de las garantías que establece la Carta Fundamental. Ciertamente, se trata de una acción cautelar de origen constitucional que protege a los individuos mediante determinadas providencias que evitan los efectos del acto arbitrario e ilegal que haya amagado un derecho indiscutido y evidente. En esta dirección se ha razonado por nuestro máximo tribunal que “La Acción Constitucional de Protección ha sido establecida en nuestro derecho, como un remedio procesal de carácter extraordinario para la mantención regular del orden jurídico, sin embargo, esta es una acción de urgencia, de naturaleza cautelar y conocida por los tribunales en uso de sus facultades conservativas, cuyo objetivo es, como su nombre indica, la protección de derechos indubitados indiscutidos y no su declaración, por cuanto ello implicaría desnaturalizarla en su esencia, transformándola en un sustituto de los procedimientos ordinarios y extraordinarios que la ley contempla para tal objeto y de los cuales conocen los tribunales que la ley establece en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, la más propia esencial característica de los otros órganos del poder estatal” (Corte Suprema, Rol Nro. 1108-2009). En este mismo sentido sería posible citar un sinnúmero de fallos.

DÉCIMO OCTAVO: Que, como corolario de lo hasta aquí reflexionado no puede sino concluirse que en el caso sub lite no se ha establecido que la recurrente posea un derecho indubitado que la habilite para reclamar por el presente medio, circunstancia ésta que lleva a concluir que no se dan los presupuestos que permitan acoger la presente acción de protección y, por ende, no es posible advertir las vulneraciones a las garantías constitucionales que alude la recurrente en su libelo.

DÉCIMO NOVENO: De esta forma, la decisión impugnada no contraviene la ley, más aún considerando la naturaleza transitoria de los cargos a contrata y tampoco resulta arbitraria o antojadiza, pues, se indican los problemas que se advirtió en el desempeño del recurrente. En consecuencia, al descartar la ilegalidad o arbitrariedad, resulta inoficioso analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales, por lo que el recurso debe ser rechazado.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y siguientes de la Constitución Política de la República, Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección y demás normas pertinentes, se decide que:

Se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la nombre reservado de la República.

Redacción del Ministro Sr. Alejandro Rivera M.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

Ingreso Corte Protección N° 66.145-2022.