nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, doce de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece la abogada Valentina Rebeca Figueroa Valdebenito, actuando en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de nombre reservado y de nombre reservado, por haber ejecutado la expulsión arbitraria e ilegal de los recurrentes de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se realizó sin conformar una comisión de ética, sin previo aviso de proceso sancionatorio, sin causales legales válidas y por parte de personas que carecían de facultades disciplinarias, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la honra, a la libre asociación y el derecho a ser juzgado por los tribunales que establece la ley, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 números 3 inciso quinto, 4 y 15, por lo que solicita que se acoja el presente recurso y se ordenen las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

En cuanto a los antecedentes fácticos, señalan que tanto los recurrentes como los recurridos pertenecen a la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, en adelante "La Coordinadora", una plataforma compuesta por miembros que son, a su vez, representantes de organizaciones de migrantes. Esta entidad constituye una corporación sin fines de lucro inscrita en el Registro Nacional de Personas Jurídicas el 26 de mayo de 2017 con número 253521, cuyos objetivos se encuentran establecidos en el artículo cuarto de sus estatutos vigentes.

Respecto a los acontecimientos que dieron origen al conflicto, se establece que el 25 de agosto de 2024 se realizaron elecciones de nueva directiva de La Coordinadora con la participación de 15 organizaciones que emitieron su voto para que resultara electa una directiva compuesta por tres integrantes: nombre reservado como presidenta, nombre reservado como vicepresidenta, y nombre reservado como tesorero. Es menester destacar que dicha directiva no fue actualizada frente a autoridad competente comunicando la elección, sin perjuicio de que la votación fue reconocida por todos los miembros de la asamblea general compuesta por las organizaciones con derecho a voto.

Posteriormente al traspaso de funciones entre la directiva saliente y la entrante, se realizaron dos asambleas de carácter organizativo, una el once de noviembre y otra el primero de diciembre de 2024, en las cuales se expresaron diferencias en torno a las funciones que tienen los miembros de la junta directiva de acuerdo a las competencias conferidas. No obstante lo anterior, y constituyendo el núcleo central de la controversia, los recurrentes señalan que sin haber formalizado frente a autoridad competente la elección de la nueva directiva, sin conformar una comisión de ética y sin previo aviso a ningún socio de un proceso sancionatorio en su contra, recibieron la noticia de su expulsión el 6 de diciembre de 2024 mediante dos comunicados emitidos por nombre reservado y nombre reservado.

Estos comunicados, uno de difusión interna y otro de carácter público difundido en redes sociales, contenían acusaciones que radicaban en señalar la composición de un bloque fraccional crítico de autoridades internas, desconocer acusaciones de acoso sexual encubriendo graves faltas éticas contra mujeres indocumentadas, y pertenecer a un supuesto partido político, como causales invocadas para determinar la expulsión de La Coordinadora de 10 miembros de 6 organizaciones, entre los que se encontraban dos miembros de la directiva electa compuesta por tres personas. Adicionalmente, los recurrentes manifiestan que se realizaron expulsiones no expresadas en el comunicado formal, pero ejecutadas de hecho a más miembros de La Coordinadora y representantes de organizaciones que componen la plataforma en cuestión.

En un intento de resolver el conflicto por la vía del diálogo, durante las semanas posteriores se enviaron mensajes, correos e incluso un comunicado público con fecha 11 de diciembre de 2024, firmado por dos miembros de la junta directiva y 13 organizaciones integrantes de La Coordinadora, así como por cuatro comisiones de trabajo de las seis que conforman dicha entidad. Sin embargo, a pesar de la solicitud generalizada de rectificar las medidas adoptadas, no fue posible establecer comunicación, ya que los recurrentes fueron separados de los canales internos de La Coordinadora y las dos personas que firmaron la expulsión decidieron no dar respuesta a correos ni mensajerías, quedándose con todas las claves de acceso a información interna, redes sociales, recursos económicos y representaciones institucionales.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, se estructuran en torno a la ilegalidad y arbitrariedad de las acciones ejecutadas por los recurridos. En primer término, se destaca que La Coordinadora es una Corporación sin fines de lucro, una persona jurídica regulada según lo dispuesto en el título 23 del Código Civil, artículos 545 y siguientes. Respecto de la facultad sancionatoria que tiene la asociación sobre sus asociados, el artículo 553 del referido cuerpo legal establece que debe ejercerse mediante una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza, que tendrá facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la respectiva asociación, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados. Asimismo, dicha norma establece expresamente que el cargo en el órgano de administración es incompatible con el cargo en el órgano disciplinario.

De igual manera, el estatuto de La Coordinadora, en sus artículos décimo primero y décimo segundo, regula la pérdida de la calidad de socios por expulsión, la cual debe ser consecuencia de la decisión de una comisión de ética tras la realización de un proceso reglado. Este procedimiento dispone que, para proceder con una expulsión de un socio activo, debe un instructor encargado por la comisión investigar al socio, quien deberá ser notificado y tiene el derecho a defenderse de la acusación que se investiga en su contra. Las causales para la expulsión deben ser el incumplimiento de obligaciones pecuniarias, causar grave daño a los intereses de la asociación, o haber sufrido tres suspensiones previamente. El resultado de la investigación debe ser elevado a la Comisión de Ética por parte del instructor, y la comisión deberá resolver y notificar la decisión al socio en su domicilio. Dicha resolución se puede apelar ante la misma comisión de Ética y, en subsidio, en una asamblea extraordinaria.

Sostienen que en el caso sub lite, la expulsión de La Coordinadora no se realizó mediante la composición de un tribunal de ética, tampoco hubo un proceso racional y justo puesto que no se cumplió con ninguno de los parámetros establecidos en los estatutos para sancionar la expulsión. Más aún, la decisión fue tomada por quien preside el órgano de administración, constituyéndose a su vez en órgano disciplinario sin tener facultades para ello y contraviniendo el último inciso del artículo 553 del Código Civil.

En relación al contenido de los comunicados de expulsión, señalan que el comunicado interno indicaba como causal de expulsión la supuesta composición de un grupo fraccional, formado según dicho documento debido a la cercanía con una persona señalada como acosador sexual que fuera expulsado en 2021 de La Coordinadora. Por su parte, el comunicado público reiteraba la idea de un grupo fraccional y su relación con la persona mencionada, ya no como acosador sexual, sino por cometer graves faltas éticas contra mujeres indocumentadas, agregando que los expulsados se habrían mantenido en contacto con él por pertenecer a la misma orgánica partidaria en Chile.

Al respecto, enfatizan que las causales invocadas por los recurridos en los comunicados para respaldar su acción disciplinaria no están previstas en la ley, tampoco en los estatutos de La Coordinadora, y que el proceso de separación formal no fue realizado debidamente, ya que no se cumplió con ninguna de las formalidades descritas para ejercer facultades disciplinarias al interior de la organización. Asimismo, sostienen que los comunicados constituyen afirmaciones calumniosas que buscan dañar la reputación del grupo señalado, adjudicándoles un supuesto encubrimiento de conductas delictuales, y manifiestan una abierta discriminación por motivos políticos, contraviniendo lo dispuesto en la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación y prohíbe la discriminación arbitraria por motivos ideológicos o de opinión política.

Según los términos del recurso, las acciones de los recurridos han vulnerado los derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República en sus números 4, 15 y 3 inciso quinto. En primer lugar, se habría vulnerado el derecho a la honra protegido en el número 4, toda vez que la difusión de comunicados con contenido que busca denostar a los expulsados, adjudicando el encubrimiento de acoso sexual y graves faltas éticas contra mujeres indocumentadas, constituye una práctica que irrespeta el buen nombre de las personas involucradas y tiene por fin último dañar la reputación frente a terceros. En segundo término, se habría transgredido el derecho de asociación garantizado en el número 15, puesto que se expulsó a socios sin causal y sin debido proceso, incumpliendo los preceptos estatutarios y legales que regulan el organismo y que obedecen al ejercicio del derecho a la libre asociación conforme a la ley. Finalmente, se habría vulnerado la garantía establecida en el número 3 inciso quinto, relativa a que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho, toda vez que la expulsión no fue realizada mediante el proceso disciplinario dispuesto por la ley y el estatuto, sino que dos personas se tomaron las atribuciones de expulsar y enjuiciar sin tener competencias para ello, constituyéndose en una comisión especial no prevista por ningún cuerpo normativo.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene que sea borrada la publicación difamatoria y que en su lugar se difunda por los mismos medios una carta aclaratoria rectificando la ilegalidad cometida, y que se reincorpore a los recurrentes a los canales comunicativos y organizativos de La Coordinadora, sin privación alguna de funciones que confieran los estatutos y la ley según el rol que tengan en la organización interna, incluyendo la restitución de los cargos con sus respectivas competencias.

SEGUNDO: Que evacúa informe la abogada María Soledad Canaval Larenas, actuando en representación de los recurridos doña nombre reservado y don nombre reservado, solicitando el rechazo del presente recurso de protección, fundando su petición en diversas excepciones de forma y argumentos de fondo que desarrolla de manera sistemática y que resulta necesario exponer detalladamente.

Como excepción previa y de inadmisibilidad, plantea que el recurso de protección ha sido interpuesto de forma extemporánea, una vez vencido el plazo fatal establecido en el numeral 1° del Acta número 94-2015. Argumenta que según los propios términos del recurso, específicamente en la página 3, punto 4, la recurrente señala expresamente que "recibimos la noticia de nuestra expulsión el 6 de diciembre del año 2024 mediante 2 comunicados emitidos por nombre reservado y nombre reservado", por lo que desde esa fecha comenzó a correr el plazo de treinta días para interponer la acción de protección, el cual habría vencido irremediablemente el día 5 de enero de 2025.

No obstante lo anterior, según consta en la carpeta virtual del proceso, el recurso fue efectivamente interpuesto el día 6 de enero de 2025, es decir, un día después de vencido el plazo establecido por la normativa que rige el procedimiento del recurso de protección.

En subsidio, y pronunciándose sobre el fondo de los hechos del recurso, argumenta la inexistencia de antecedentes que fundamenten el ejercicio de la acción en contra de su representado nombre reservado. Sostiene que si bien el recurso acusa a sus representados de haber expulsado a las personas individualizadas en el libelo de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, de los fundamentos que se acompañan con el recurso no existe ninguno que fundamente específicamente el ejercicio de la acción en contra de nombre reservado. En efecto, para fundar su acción la recurrente acompaña un comunicado público que habría sido redactado por los recurrentes y un supuesto comunicado público firmado por doña nombre reservado de fecha 6 de diciembre de 2024, donde se refiere la expulsión de seis organizaciones, pero donde tampoco se encuentra mencionado nombre reservado.

De los antecedentes acompañados se desprende que los hechos de que se acusa en el recurso habrían sido realizados por nombre reservado en calidad de supuesta presidenta, sin que se haga mención a la participación de nombre reservado en los documentos acompañados. Únicamente es mencionado nombre reservado en un documento titulado "Comunicado Interno", donde figura en el pie de firma como "Coordinador de la Comisión Internacional", sin que conste firma alguna que pueda acreditar su participación en el comunicado en cuestión. Por consiguiente, dados los escasísimos antecedentes acompañados por la recurrente en contra de nombre reservado, la defensa concluye que la acción de protección en su contra aparece como temeraria y carente de fundamentos.

Como segundo argumento sustancial, desarrolla la improcedencia jurídica de las actuaciones que se reclaman en el recurso, sosteniendo que no es posible que sus representados hayan expulsado de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes a las personas señaladas, por ser actuaciones jurídicamente imposibles. En tal sentido, argumenta que ninguno de los dos recurridos ostenta la representación de dicha institución ni tiene la capacidad jurídica de actuar en representación de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes.

Para sustentar esta afirmación, expone que la Coordinadora Nacional de Inmigrantes adquirió su personalidad jurídica en mayo de 2017, dotándose desde ese momento de estatutos que se encuentran vigentes hasta la fecha. La primera y única elección de directorio realizada válidamente e inscrita de conformidad a la ley se realizó el 17 de julio de 2022, donde los cargos elegidos fueron nombre reservado como presidenta, nombre reservado como secretario y nombre reservado como tesorero, directiva que tuvo vigencia por un año, es decir, hasta el 17 de julio de 2023. En virtud de lo anterior, nombre reservado ostentó el cargo de tesorero únicamente hasta el 17 de julio de 2023, conforme consta en el "Certificado de Directorio de Persona Jurídica sin fines de Lucro" emitido por el Registro Civil con fecha 6 de diciembre de 2024.

A partir del 17 de julio de 2023, hace dieciocho meses, la Coordinadora no tiene una directiva legalmente constituida, por lo que no podrían detentar los representados la representación de la institución realizando actos de expulsión que tengan validez legal o jurídica. Respecto de nombre reservado, la defensa señala que habría actuado como presidenta sin que exista acto eleccionario validado legalmente de acuerdo al procedimiento establecido en la ley 20.500 que le otorgue esta calidad.

Como tercer fundamento se refiere a que ninguna de las personas individualizadas como recurrentes son miembros legales de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de acuerdo al estatuto vigente. En efecto, según los estatutos, la calidad de socio activo se adquiere por la suscripción del acta de constitución o bien con la aceptación por parte del directorio de una solicitud que debe cumplir requisitos específicos: el solicitante debe manifestar plena conformidad con los fines de la institución, comprometerse a cumplir los estatutos, reglamentos y acuerdos del directorio y de la asamblea general, y la solicitud debe ser patrocinada por otros dos socios.

Sostiene que ninguna de las personas enumeradas en el recurso ha cumplido con formalidad alguna de ingreso a la institución, no existiendo solicitud realizada de conformidad al artículo octavo del estatuto de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, no habiendo sido su participación nunca aceptada por algún directorio legalmente constituido. En consecuencia, no puede afirmar la recurrente que las personas por quienes recurre hayan sido expulsadas "fuera del marco legal o constitucional" de una institución de la cual nunca han formado parte "dentro" del marco legal o constitucional.

Expone además, que los hechos ocurridos se desarrollaron fuera del marco jurídico, ya que se refieren a la comunicación de expulsión de "organizaciones" (no personas), que legalmente también se encuentran impedidas de participar de la Coordinadora. Según el artículo sexto de los estatutos, pueden ser miembros de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes únicamente personas extranjeras, y el artículo séptimo establece que los miembros activos son personas naturales mayores de 18 años. De ello se desprende que pueden ser miembros activos únicamente personas naturales extranjeras mayores de 18 años.

Sin embargo, del comunicado público firmado por nombre reservado se desprende que la supuesta expulsión se realizó respecto de organizaciones sociales "de hecho" o "colectivos" que tienen su funcionamiento fuera de la regulación jurídica de la ley 20.500, por lo que ninguna de ellas podría pertenecer legalmente a la Coordinadora Nacional de Inmigrantes al no detentar la calidad de personas jurídicas. Por tanto, resulta absurdo que se reclame mediante recurso de protección por la supuesta expulsión de "organizaciones" que de acuerdo al propio estatuto no podían ser parte de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes.

El quinto fundamento desarrollado establece que no se puede exigir el cumplimiento de un estatuto cuando no se ha cumplido por parte de quien lo exige. Los recurrentes alegan un acto ilegal y arbitrario consistente en su expulsión de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, pero la propia actuación de los recurrentes y su participación en esta institución nunca se ajustó a la ley ni al estatuto de la Coordinadora. Los recurrentes nunca adquirieron la calidad de socios activos de conformidad al estatuto; las personas contra quienes recurren no tienen facultades de acuerdo a la ley para cometer los actos que alegan; la supuesta expulsión se realizó respecto de organizaciones sociales que no pudieron ser parte de la Coordinadora por no ser personas naturales.

Finalmente, argumenta que el verdadero conflicto que origina el recurso de protección no es de carácter jurídico sino organizacional y político. Sostiene que si bien la Coordinadora Nacional de Inmigrantes es una organización que adquirió personalidad jurídica de conformidad a la ley, las actuaciones desarrolladas al interior de la misma se han realizado en su gran mayoría al margen de la legalidad y del estatuto que la rige. La institución ha podido funcionar pese a haber validado una elección de directorio solo una vez en 2022, ha formado parte del debate público en materias migratorias pero no ha realizado actos válidos y relevantes en el mundo del derecho, no cuenta con patrimonio que administrar, libro de socios conforme a su estatuto, ni directorio válidamente constituido.

En virtud de los antecedentes esgrimidos, la parte recurrida solicita a esta Ilustrísima Corte tener por evacuado el informe, rechazando el recurso de protección por extemporáneo y, subsidiariamente, rechazándolo por carecer de fundamentos.

TERCERO: Que mediante escrito de téngase presente presentado por la abogada Valentina Figueroa Valdebenito, en representación de los recurrentes, se aportan antecedentes adicionales y se controvierten los argumentos expuestos por la parte recurrida en su informe, desarrollando diversas alegaciones que resulta necesario exponer de manera sistemática.

En primer término, respecto a la excepción de extemporaneidad planteada por los recurridos, sostienen que el plazo para interponer el recurso de protección no debe computarse a partir del 6 de diciembre de 2024, como categóricamente afirma la recurrida, toda vez que esa fue únicamente la fecha de la comunicación interna de la separación arbitraria de los canales de interacción de la Corporación. Sin embargo, argumentan que ese día aún existía comunicación entre los involucrados y se mantenía la posibilidad de resolver la situación de manera estatutaria mediante un diálogo interno. Sostienen que fue recién el 7 de diciembre cuando la expulsión fue comunicada de manera pública mediante redes sociales y enviada a terceros por correos y canales de la red social WhatsApp, cortando por completo la comunicación entre las partes, tal como constaría en la bandeja de correos y redes sociales de la Coordinadora. En consecuencia, plantean que en caso de que deba determinarse una fecha de consumación del acto arbitrario e ilegal que dio motivo a esta causa, esa fecha debe ser el 7 de diciembre de 2024.

Adicionalmente, argumentan que no es posible determinar una fecha única para la perpetración del hecho, sino que debe considerarse el carácter continuo del acto arbitrario e ilegal de los derechos señalados, ya que sus representados, a la fecha, siguen separados de la Corporación en cuestión, sin acceso a correos, redes de comunicación tanto internas como externas, recursos económicos y bienes de propiedad de la Coordinadora. Por tanto, la vulneración cometida persiste en la actualidad, sin que sea restringida la conducta y la afectación a un mero hecho inicial, que por lo demás, en su componente de afectación frente a terceros ha sido reiterada por redes sociales, como constaría en imagen de la republicación de la expulsión el 14 de febrero de 2025.

En segundo lugar, refutan el argumento de la recurrida respecto a la supuesta inexistencia de antecedentes que fundamenten la participación de nombre reservado en la determinación arbitraria e ilegal de expulsar sin debido proceso a un conjunto de miembros de la Coordinadora. Al respecto, señalan que si bien nombre reservado se abstuvo de firmar el comunicado público del 7 de diciembre, dejando a nombre reservado como única firmante, según consta tanto en el comunicado compartido como en el informe de la parte recurrida, no obstante ello, firmó el comunicado interno y fue él quien materializó la acción arbitraria e ilegal. Sostienen que nombre reservado fue quien comunicó la decisión tanto a nivel interno como frente a terceros, cerró grupos de WhatsApp, separó a los involucrados y, en definitiva, fue quien llevó la voz de ejecución de la medida, tal como constaría en los pantallazos de chat que acompañan.

Para sustentar esta afirmación, adjuntan evidencia digital que demostraría la participación activa de nombre reservado en la ejecución de las medidas de expulsión, incluyendo copias de conversaciones de WhatsApp donde se observaría cómo nombre reservado comunica las decisiones arbitrarias e ilegales, elimina miembros de grupos de comunicación organizacional, y ejecuta materialmente las acciones de separación de los canales internos de la Coordinadora.

En tercer lugar, respecto al argumento de la recurrida sobre la supuesta improcedencia jurídica de las actuaciones que se reclaman, reconocen que cuando se argumenta que los recurridos nombre reservado y nombre reservado no tenían facultades para expulsar miembros de la coordinadora, toda vez que no constituían una directiva válidamente inscrita conforme a la ley, están en lo correcto. Añaden que, aun si hubieran sido directiva, para que proceda una expulsión debe conformarse una comisión de ética paralela e independiente de los cargos de administración de la Corporación. En definitiva, sostienen que no tenían facultades para expulsar como lo hicieron, y que aun si la última elección de directiva se hubiera inscrito conforme a derecho, habría sido improcedente el mecanismo usado por las dos personas mencionadas para tomar el control interno de la Corporación denominada La Coordinadora.

No obstante lo anterior, desarrollan extensamente argumentos destinados a demostrar la participación efectiva y continuada de sus representados en la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, contraviniendo la tesis de la recurrida respecto a la ausencia de formalismos de inscripción para formalizar su pertenencia. Sostienen que la participación de sus representados, durante más de 10 años, incluso antes de la formalización de la Coordinadora, ha sido real y continua en el tiempo y reconocida de manera tácita por la totalidad de la asamblea, incluyendo todas las directivas que ha tenido la Coordinadora.

Sobre este punto, invocan el principio de la primacía de la realidad, sosteniendo que éste opera por sobre el formalismo cuando se trata de comprobar la pertenencia de un individuo a una Corporación sin fines de lucro. En tal sentido, acompañan antecedentes destinados a acreditar la pertenencia de cada uno de los recurrentes en la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, proporcionando evidencia documental, fotográfica y comunicacional que abarcaría más de una década de participación activa.

Concluyen que las imágenes y sus descripciones dan cuenta de la participación de cada uno de sus representados en la organización, por lo que el acto de separación arbitraria e ilegal no fue solamente hacia colectividades, sino que fue contra personas naturales claramente individualizadas.

CUARTO: El recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad, según consta de los antecedentes acompañados tanto por las recurridas, y contenidas en el recurso, la comunicación que se impugna fue conocida por los recurrentes el 6 de diciembre de 2024, por lo que el presente arbitrio fue interpuesto fuera del plazo establecido en el Auto Acordado que lo regula, por lo que necesariamente se debe acoger la excepción interpuesta.

SEXTO: Que en este caso, de lo informado por la recurrida, el traslado evacuado por las recurrentes, y el mérito de los antecedentes que se han acompañado, resulta apreciable que existe discrepancia desde la estructura misma de la persona jurídica, los poderes de representación y las reglas de incorporación y vigencia de sus miembros, de suerte que no consta que los recurrentes tengan un derecho indubitado sobre los hechos que impugnan, por lo que esta Corte se encuentra impedida de emitir algún pronunciamiento, subsecuentemente debe ser desestimada la presente acción.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido en contra de nombre reservado y de nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-661-2025.