nombre reservado con UNIVERSIDAD CADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO

C.A. de Santiago Santiago, seis de noviembre de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que compareció ante esta Corte de Apelaciones don nombre reservado, quien se individualiza como egresado de derecho, domiciliado en domicilio reservado y deduce acción de protección constitucional en contra de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, representada por su Rector don nombre reservado y en contra de los encargados PET de la Escuela de Derecho señora nombre reservado, en contra de la Directora de la Escuela de Derecho Silvana Del Valle Bustos, todos domiciliados en domicilio reservado, por el hecho que según dice tomó conocimiento el día 14 de septiembre de 2017 consistente en la suspensión de su examen de grado sin motivo justificado, manteniéndolo en incertidumbre respecto de su situación académica, reteniéndole documentos y omitiendo arbitrariamente otorgarle fecha para la rendición de su examen de grado, impidiéndole así acceder a su título profesional de abogado.

Refiere que en el año 2013 ingresó a la universidad a estudiar Derecho en el Programa Especial de Titulación (PET) convalidando los estudios que hizo en la Universidad Bernardo O”Higgins. Explica que hizo los cursos de rigor y que se le dio fecha para rendir su examen el día 14 de septiembre de 2017, sin embargo treinta días antes se suspendió su examen. Luego dice que se le indicó que había una irregularidad con la convalidación que realizó en relación al ramo de economía, añade que lo realizó y lo aprobó con nota 7. Sostiene que solicitó nuevamente fecha para el examen de grado y la nueva encargada señorita nombre reservado le dijo que debían estudiar sus antecedentes. Dice que hubo un gran desorden administrativo y que durante el año 2018 no tuvo una solución, que en el mes de enero de 2019 se le dijo que estaba egresado y que podía solicitar fecha para su examen de grado, sin embargo ocurre una desvinculación de las personas a cargo del PET y dice que le indican que tome ramos “por si acaso” pero tampoco le indican qué ramos debe tomar dejándolo en la absoluta indefensión. Estima que esta conducta de la universidad es ilegal y arbitraria y conculca sus garantías constitucionales de los numerales 1°, 2°, 11° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita que se acoja el recurso y que se ordene a la recurrida cumpla con el programa académico convenido, que se le otorgue fecha para rendir su examen de grado, que se le entregue un certificado de egreso, que se subsanen los vicios cometidos por la Universidad que se asegure la imparcialidad en la toma de los exámenes, designando profesores que no hubieren participado en este proceso.

2°) Que el abogado Sebastián Vera Briones informa el recurso por los recurridos. En primer término alega la extemporaneidad del recurso, pues tal como se señala por el actor, los hechos se originan desde el mes de septiembre del año 2017 por lo que al haber recurrido recién en el año 2019, la acción resulta extemporánea. En relación al fondo, esgrime que el mismo alumno reconoce que en el año 2018 cursó una asignatura, consta además que en marzo de ese año el alumno solicitó a la Universidad se revisara su proceso de convalidación, y en abril de este año 2019 firmó un contrato con la universidad, según el cual él vuelve a su calidad de alumno del Programa de Cierre del PET y reconoce la reglamentación interna de la Universidad como parte integrante del proceso académico. En julio de 2019, el recurrente mediante correo electrónico consulta las asignaturas que debe cursar. En agosto último y después de ejercer esta acción solicitó por correo electrónico se le inscribiera en las asignaturas de Derecho del Trabajo II y Seguridad Social y se le registrara una nota 7.0 que obtuvo en un trabajo grupal. Se añade que el recurrente es un alumno en proceso de cierre del Programa Especial de Titulación (PET) y no se encuentra egresado como él lo señala. Se indica que de acuerdo a las normativas de la Excelentísima Corte Suprema para la titulación de abogados y a los Reglamentos Internos de la Universidad, antes de otorgar fecha para los exámenes de grado se hace una revisión de las resoluciones de convalidación y es del caso que existían asignaturas convalidadas que no cumplían con las normas reglamentarias y las Actas de la Corte Suprema. Así el recurrente fue invitado a incorporarse al programa de regularización y cierre 2019-2020 para estudiantes PET con problemas en sus convalidaciones y él aceptó firmando el contrato como alumno regular. Finaliza su informe descartando la existencia de un acto arbitrario o ilegal como la vulneración de garantías constitucionales tanto de la Universidad como de los demás recurridos, por lo que solicita el rechazo de la acción deducida.

3°) Que como reiteradamente se sostiene el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

4°) En lo formal, la acción debe ejercerse dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

5°) El acto que el recurrente califica de ilegal y arbitrario es la suspensión de su examen de grado en el mes de septiembre de 2017, la retención de su certificado de egreso y el que no se le otorgue fecha para rendir su examen de grado hasta la fecha.

6°) Que en primer término, debe revisarse la alegación de extemporaneidad invocada por la recurrida. Sobre el particular, el actor menciona como uno de los hechos que le agravia la suspensión de su examen de grado ocurrido en el mes de septiembre del año 2017 siendo evidente que al reclamar por la vía constitucional elegida recién en el mes de agosto de este año 2019, la acción resulta extemporánea, impidiendo a esta Corte revisar aquella situación.

7°) Que en relación a la retención del certificado de egreso o el no otorgamiento de una fecha para la rendición del examen de grado del actor tales hechos no quedan claramente comprendidos en una fecha o periodo determinado por lo que su extemporaneidad resulta dudosa y por ende, debe desestimarse la falta de oportunidad de la acción para conocer de esta parte las acusaciones que hace el recurrente.

8°) Que sin embargo, del estudio de los antecedentes aportados por las partes no es posible a esta Corte adquirir la convicción que el actor ostente la calidad de egresado de Derecho de la Universidad recurrida como él pretende. En efecto, si bien el alumno insiste en dicha calidad, ello no se condice con las circunstancias que en el año 2018 cursara el ramo de Economía, o con la suscripción del contrato de prestación de servicios educacionales que celebró con la Universidad el 26 de abril de 2019 donde figura como alumno para el año académico 2019, o con el correo electrónico de agosto de este año donde se refiere al ramo Laboral dos en el que alega no figurar e indica la evaluación que obtuvo en dicha asignatura pues con tales conductas el recurrente no hace sino reconocer su calidad de alumno y no de egresado.

9°) De acuerdo a lo expuesto, y si bien, la propia universidad reconoce diversos problemas que se tuvo en la convalidación de ramos cursados en otras universidades para los efectos de poder cumplir con las normas de titulación, el hecho cierto que el recurrente celebrara un contrato como alumno con la Universidad para el año académico 2019, permite descartar una actuación arbitraria o ilegal como la que acusa el actor. Por ello se hace innecesario analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales debiendo por tanto rechazarse la presente acción.

Por estas consideraciones y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y de los demás recurridos.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redactó la Ministra Mireya López Miranda.

N°Protección-66096-2019.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la Ministro señora Mireya López Miranda y por el Abogado Integrante señor Jaime Guerrero Pavez.