Protección contra Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de julio de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 8: a todo, téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparecen nombre reservado y nombre reservado

Fielbaum Villegas, abogados, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, por la dictación de la Resolución Exenta NUM000, del 11 de marzo de 2025, que lo declaró desistido su solicitud, configurándose a su juicio con ello una negativa a tramitar adecuadamente su solicitud de refugio y remitir los antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, infringiendo lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley N° 20.430 y el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente ingresó irregularmente a Chile el 12 de mayo de 2022, debido a amenazas graves contra su vida y seguridad en Venezuela, y que presentó su solicitud de refugio el 25 de septiembre de 2024, llenando formularios y entregando declaración, sin embargo, el 11 de marzo de 2025 se dictó la Resolución Exenta NUM000, que declaró desistida su solicitud, invocando el incumplimiento del plazo de 7 días hábiles del artículo 26 de la Ley N° 20.430.

Argumenta que el desistimiento carece de fundamento, ya que no existe manifestación expresa de abandono por parte del solicitante y no se le notificó resolución de subsanación para completar trámites en el portal digital.

Enfatiza que el desistimiento, según doctrina y jurisprudencia, requiere ser expreso, voluntario e individual, conforme al artículo 52 del Decreto N° 837 y a la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de 22 de enero de 2024, causa Protección-20600-2023.

Denuncia vulneración de los principios de proporcionalidad e irretroactividad de la ley, pues la resolución aplica la reforma introducida por la Ley N° 21.655 de 20 de febrero de 2024, posterior al ingreso del recurrente, contraviniendo el artículo 19 N° 3 inciso séptimo de la Constitución y tratados internacionales.

Que se acusa además infracción al artículo 32 inciso 1° de la Ley N° 20.430 y al artículo 42 del Decreto N° 837, que ordenan otorgar visa temporaria al peticionario una vez presentada la solicitud, lo que no fue cumplido.

Sostiene que la actuación de Migraciones vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 N° 2 de la Constitución, al tratar de forma discriminatoria al recurrente, y desconoce los tratados internacionales ratificados por Chile, en particular la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, que consagran el derecho de asilo y la prohibición de devolución (non-refoulement, artículo 33).

Invoca el artículo 27 de la Ley N° 20.430, que obliga a remitir las solicitudes a la Secretaría Técnica sin deliberar sobre su admisibilidad, y se acusa que la Dirección Regional excedió sus competencias al desestimar la solicitud.

Solicita se deje sin efecto la Resolución Exenta impugnada, se ordene continuar con la tramitación del reconocimiento de la condición de refugiado sin aplicación retroactiva de la Ley N° 21.655, y se otorgue la visa temporaria prevista en el artículo 32 de la Ley N° 20.430 mientras se evalúa el fondo de la solicitud, asegurando la protección de los derechos fundamentales del recurrente.

Segundo: Que informando al tenor del recurso comparecen nombre reservado

nombre reservado y Marcelo Alonso Andrés Rivera Compan, abogados mandatarios judiciales del Servicio Nacional de Migraciones, y exponen que el recurrente, ciudadano venezolano, según sus dichos, ingresó clandestinamente a Chile en junio de 2024, sin registrarse su entrada en los sistemas oficiales, lo que configura elusión de controles fronterizos, y que el 25 de septiembre de 2024 manifestó su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de condición de refugiado, siendo citado mediante Oficio Ordinario Folio NUM001 a entrevista en el Departamento de Refugio y Protección Internacional el 13 de febrero de 2025, donde entregó información conforme a los artículos 26 y 28 de la Ley N° 20.430 y al artículo 37 del Decreto N° 837.

Agrega que mediante Resolución Exenta NUM002 de 13 de febrero de 2025, notificada al correo electrónico proporcionado por el solicitante, se le informó que no era posible dar curso a la solicitud por incumplimiento de los requisitos formales: ingreso irregular y presentación extemporánea, excediendo el plazo fatal de 7 días del artículo 26 de la Ley N° 20.430, y que en el mismo acto se otorgó un plazo de 15 días para subsanar antecedentes conforme a los artículos 28 bis de la Ley N° 20.430 y 31 de la Ley N° 19.880, advirtiendo que, de no hacerlo, se tendría por desistida su solicitud. Correo de notificación fue entregado exitosamente el 14 de febrero de 2025 a las 06:13 horas, sin que el recurrente acompañara documentos en el plazo otorgado.

Explica que, ante la inactividad del solicitante, mediante Resolución Exenta NUM000 de 11 de marzo de 2025, se dispuso el desistimiento de su solicitud de refugio, reservando los recursos judiciales y administrativos procedentes.

En cuanto al derecho, se recuerda que el procedimiento de determinación de condición de refugiado se regula por la Ley N° 20.430, modificada por la Ley N° 21.655 de 20 de febrero de 2024, que incorporó nuevas exigencias de admisibilidad, modificando los artículos 2, 3, 6, 26 y 32 e introduciendo los artículos 28 bis y 28 ter. Normas que exigen, entre otros, que la solicitud se presente dentro de 7 días hábiles desde el ingreso al país y contenga información mínima respaldada por pruebas, de lo contrario se otorga un plazo de subsanación, tras el cual, si no se cumplen los requisitos, se tiene por desistida.

Precisa que el artículo 6 de la Ley N° 20.430 y los artículos 8 y 35 del Reglamento permiten formalizar solicitudes pese a ingreso irregular, siempre que se justifique y se cumpla con la presentación en plazo. El artículo 28 bis exige además que la solicitud sea fundada y el artículo 28 ter autoriza a tenerla por desistida si no se subsanan las observaciones en tiempo. Refiere que cumplidos los requisitos, se concede visa temporaria conforme al artículo 32 de la Ley N° 20.430.

Destaca que el recurrente no subsanó observaciones ni justificó razones para presentar su solicitud fuera del plazo legal, lo que impide su admisibilidad, por lo que no se configura un acto ilegal o arbitrario, pues la actuación del Servicio se ajustó al marco normativo vigente, ya que notificó oportunamente y otorgó oportunidades de subsanación.

Solicita se tenga por evacuado el informe y se rechace en todas sus partes el recurso de protección, por no existir acto u omisión ilegal o arbitrario atribuible a la autoridad recurrida.

Tercero: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarios o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, la denominada acción o recurso de protección requiere para su acogida la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos: a) Una conducta por acción u omisión ilegal o arbitraria; b) La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto; c) Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y d)

Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

Quinto: Que, luego de lo dicho, es menester reflexionar que de los antecedentes en que se funda el arbitrio, se desprende que el acto ilegal o arbitrario denunciado por la recurrente ocurrió el 11 de marzo de 2025 mediante la Resolución Exenta NUM000, que declaró desistida su solicitud, invocando el incumplimiento del plazo de 7 días hábiles del artículo 26 de la Ley N° 20.430.

Sexto: Que del mérito de los antecedentes, se desprende que el recurrente ingresó clandestinamente a Chile en junio de 2024, sin registrarse su entrada en los sistemas oficiales, y que el 25 de septiembre de 2024 manifestó su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de condición de refugiado, habiendo transcurrido más de un año entre estas fechas, excediendo con ello el plazo fatal de 7 días del artículo 26 de la Ley N° 20.430, lo que constituye la motivación de la resolución recurrida.

Séptimo: Que consta además que se le otorgó al recurrente un plazo de 15 días para subsanar antecedentes conforme a los artículos 28 bis de la Ley N° 20.430 y 31 de la Ley N° 19.880, advirtiendo que, de no hacerlo, se tendría por desistida su solicitud, sin embargo, este no hizo uso de su derecho ante la instancia respectiva.

Octavo: Que, la resolución recurrida se observa fundada y dictada por el órgano competente para ello, en el ejercicio de sus funciones, y, asimismo, se advierte que el recurrente tuvo derecho a presentar aclaraciones en la sede administrativa correspondiente, lo que no hizo, razones por las cuales la acción no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado dirigido en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad. N°Protección-6601-2025.

En Santiago, veintinueve de julio de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.