nombre reservado con FONDO SOLIDARIO E INVERSION SOCIAL

Santiago, veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Con fecha 7 de septiembre, comparece Gabriela Cisterna Orellana, abogado, en representación convencional, de doña nombre reservado, ambas con domicilio en domicilio reservado e interpone acción constitucional de protección en contra del FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL, representado legalmente por su Director Ejecutivo, don nombre reservado, por haber incurrido en arbitrariedad e ilegalidad por medio de la dictación de la Resolución Exenta RA N° 422/676/2018, de fecha 3 de agosto de 2018, en virtud de la cual se puso término anticipado a la designación a contrata de la recurrente por no ser necesarios sus servicios, acto que le fuera notificado con fecha 13 de agosto de 2018, y solicita se restablezca el imperio del derecho, y se ordene:

1.- El inmediato reintegro a sus labores y cargo, en los términos que establece la ley.

2.- El pago de las remuneraciones y demás prestaciones adeudadas por todo el período que la decisión impugnada le privó de su empleo, con los reajustes e intereses respectivos.

3.- Se instruya a la recurrida, a no actuar del modo impugnado en lo sucesivo.

4.- Se condene en costas a la recurrida.

Al fundar el recurso expone que el 7 de octubre de 2013 ingresó a prestar servicios al Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), como asistente administrativo en la calidad jurídica honorarios, y en los años posteriores continuó prestando servicios, lo que hace aplicable la doctrina de la confianza legítima.

Cuenta que, el 1 de enero de 2018 pasó a contrata grado administrativo 18, asignándosele diversas funciones que detalla.

Agrega que en sus cuatro años en el servicio sus evaluaciones fueron satisfactorias, siendo calificada en lista 1, destacando sus jefaturas su trabajo, por lo que se renovó el contrato en los años posteriores para luego tener la calidad de contrata.

En cuanto al acto arbitrario e ilegal que denuncia, que le fue notificado mediante carta certificada de fecha 13 de agosto de 2018, expone que los fundamentos contenidos en la Resolución Exenta N°422//676/2018 son vagos, imprecisos y genéricos.

Indica que los fundamentos dicen relación con la falta de información en carpetas a su cargo, encontrarse desordenadas, lo que habría sido pesquisado por el asesor jurídico, las que por lo demás se encontraban bajo llave en poder de la recurrente, sin que se hayan solicitado, y agrega que también se le reprocha que no mantiene buenas relaciones laborales.

Precisa que el argumento es débil por cuanto la información de las carpetas depende de los profesionales que aplican y levantan las actas, las que una vez efectuado son incluidas por la recurrente, lo que además no se lleva a cabo día a día y, por lo mismo, al momento de efectuarse la revisión deben haber estado en proceso de archivo.

En cuanto al argumento de no mantener buenas relaciones laborales como funcionaria y que deteriora el clima laboral del equipo, señala que no se considera el maltrato y acoso al que fue sometida por parte de la encargada del programa los últimos 3 años, presentando denuncia el 29 de agosto de 2017, lo que no fue solucionado por las Jefaturas superiores, y que afectó a otros 7 funcionarios durante igual período, a pesar de efectuarse sumarios los que no arrojaron ningún resultado y que llevaron a la renuncia de muchos funcionarios.

De lo expuesto se desprende que el acto administrativo que puso término anticipado a la contrata de la recurrente no dio cumplimiento al deber de fundamentación de los actos de la Administración Pública, que emana de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, así como de la Ley N°19.880, y por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República.

Añade que de los antecedentes expuestos se desprende que existe una afectación al principio de la confianza legítima respecto de la continuidad de la contrata de la recurrente, de acuerdo a los dictámenes N°23.518 y 22.766 de 2016 y N°6.400 de 2018 de la Contraloría, conforme a los cuales para ejercer la potestad excepcionalísima como término anticipado de la contrata debe existir fundamento suficiente, expresado en forma clara y detallada en la resolución que da cuenta del acto.

En cuanto a la arbitrariedad e ilegalidad del acto lesivo de las garantías lo sustenta en la falta de fundamentación, y cita al efecto sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena y Fallo de la Excma. Corte Suprema.

En cuanto a la privación de los derechos constitucionales de la recurrente, corresponden al debido proceso, igualdad ante la ley y derecho de propiedad, por cuanto en la resolución no se señala cuáles eran las funciones asignadas ni los deberes incumplidos por la recurrente y que además generarían malas relaciones, careciendo de proporcionalidad la supuesta falta con la medida adoptada.

Que por las exigencias del debido proceso en sede administrativa y el principio de publicidad, la resolución debe ser fundada, lo cual deja al funcionario en la indefensión, vulnerando el principio señalado consagrado en el artículo 19 N°3 de la Constitución.

Agrega que la falta de precisión en los fundamentos y racionalidad impacta de modo irremediable en el derecho a la estabilidad en el empleo de la recurrente, o al menos, en su derecho a permanecer en su puesto de trabajo mientras no concurra una causal objetiva de término de los servicios, dado que la última renovación se dispuso hasta el 31 de diciembre de 2018.

Arguye que se ha creado una legítima expectativa a seguir en sus funciones, a través de la renovación anual de los contratos a honorarios y el nombramiento a contrata, lo que se relaciona con el principio de la estabilidad en el empleo y con la doctrina de la confianza legítima creado por la Contraloría, y reconocido en el art. 89 del Estatuto Administrativo, por lo que la decisión adoptada incumple el art. 11 inciso 2° de la Ley N°19.880.

Por lo expuesto se ha lesionado en grado de privación, no solo el derecho al debido proceso, al vulnerarse el derecho a la defensa, sino que además, su derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación reconocidos en el artículo 19 N°2 y el derecho de propiedad del artículo 19 N°24, ambos contenidos en la Constitución.

Precisa que el principio de igualdad exige conferir un trato igualitario a quienes se encuentren en una misma situación, y en el presente caso la autoridad se ampara en una supuesta potestad legal de cese anticipado de contrato, sin entregar fundamentos, siendo vagos e imprecisos, con lo cual no queda clara la justificación o motivación de decisión conforme a los estándares que exige el principio de igualdad, ni menos el de proporcionalidad, ni se cumplen con los requisitos de la ley 19.880.- En cuanto al derecho de propiedad cita lo dispuesto en el art. 19 N°24 de la Constitución, artículo 17 N° 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y jurisprudencia, en virtud de lo cual se ha vulnerado el derecho reclamado, realizando una utilización antojadiza de las facultades otorgadas, privándola gravemente del ejercicio del derecho de propiedad sobre su cargo, el que estaba dispuesto hasta el 31 de diciembre de 2018.

Que con fecha 28 de septiembre de 2018, comparece doña nombre reservado, Fiscal (S) del Fondo de Solidaridad e inversión Social, informando el recurso y en base a lo que expone solicita que el mismo sea desestimado en todas sus partes con expresa condena en costas.

En primer término alega la extemporaneidad del recurso, expresando que este fue interpuesto el día 7 de septiembre pasado, y que la recurrente indica que fue notificada por carta a su domicilio del acto impugnado el día 13 de agosto de 2018, lo cual no es efectivo, ya que la recurrente fue notificada el 7 de agosto del año en curso de la resolución que puso término a la contrata, en forma personal, y se negó a firmar la notificación, lo que es corroborado por la presentación que efectuó ante la Contraloría Regional de Atacama el día 13 de agosto de 2018, por lo cual el presente recurso fue presentado fuera del plazo de 30 días corridos según lo establecido en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del recurso de protección de Garantías Constitucionales, por lo que debe ser rechazado de plano.

En segundo lugar alega la improcedencia del recurso por falta de los requisitos legales para su interposición, toda vez que la resolución exenta que declara el término anticipado de la contrata cumple con todos los requisitos de todo acto decisorio administrativo, siendo dictado por el Director Ejecutivo del Servicio, quien posee las facultades, debidamente fundado, tramitado y notificado a la recurrente, de conformidad al art. 11 en relación al art. 41 de la Ley N°19.880, expresando los fundamentos que se basan en hechos objetivos, ya que la recurrente mantenía un desempeño deficiente en sus funciones como asistente administrativa del Programa Seguridades y Oportunidades, afectando al equipo de trabajo, al no realizar una buena labor, pasando a detallar diversos hechos en relación con documentación sin la tramitación debida, documentación en desorden, sin archivar o dispuesto en lugares inadecuados o sin entregar.

En cuanto al clima laboral, señala que de conformidad al procedimiento establecido en la institución recurrida para la denuncia y sanción de maltrato y acoso laboral, la recurrente presentó denuncia iniciándose procedimiento disciplinario el que fue sobreseído por no existir antecedentes de los hechos denunciados, y el uso o abuso de estos procedimientos claramente no ayuda al clima laboral, tal como consta del Considerando 8 de la RE N°01663 de 13 de noviembre de 2013 que sobreseyó la investigación sumaria.

Indica que lo expuesto constituye fundamento suficiente para argumentar, sustentar y motivar la decisión de poner término a la contrata, lo que obedece, asimismo, a razones de interés general, con el fin de lograr un uso más eficiente de los recursos humanos, así como el resguardo del buen uso de los recursos públicos, por lo que la Resolución Exenta no reviste caracteres de arbitrariedad o ilegalidad.

Precisa que entre los meses de junio y julio del presente año una vez nombradas las nuevas autoridades del FOSIS, entre ellas la Directora de Atacama, iniciándose un proceso de evaluación interna revisándose la distinta documentación y antecedentes, detectándose deficiencias en las labores desarrolladas por la recurrente, y que fundamentó el acto, siendo una evaluación particular de la nueva autoridad, por lo que el recurso no cumple con uno de sus requisitos esenciales, cual es la existencia de un acto impugnable por arbitrario e ilegal.

En cuanto a la falta del principio de la confianza legítima, que habría sido infringido con la dictación de la Resolución Exenta al contar con renovaciones sucesivas y continuas desde el año 2014 al 2018, precisando que la recurrente ingresó en el año 2014 bajo la modalidad de contrato a honorarios suma alzada por períodos anuales, lo que se reiteró en los años 2015, 2016 y 2017, y en el año 2018 por Resolución TRA N°422/3/2018 pasó a ser funcionaria pública, bajo la modalidad contrata hasta el 30 de junio de 2018 o hasta que sus servicios fueran necesarios, prorrogándose posteriormente hasta el 31 de diciembre del año en curso.

Que conforme a lo señalado no se configura el principio alegado al no cumplirse los requisitos establecidos en el Dictamen N°6.400 de 02.03.2018 de la Contraloría General de la República, ya que la recurrente solo cuenta con una breve contrata de 6 meses inicialmente prorrogada por seis meses más que no alcanzó en total a cumplir un período anual, no procediendo considerar los servicios a honorarios, lo cual se corrobora con lo señalado en la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema en la causa Rol N°38.681.

Respecto de la infracción al artículo 19 N° 24 de la Constitución, en cuanto se estima vulnerado el derecho de propiedad sobre su empleo al ser removida anticipadamente, sin razón, motivación o fundamentos suficientes y razonables, precisa que el recurso de protección es una acción cautelar y no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que preexistentes e indubitados, que se encuentren afectados por un acto arbitrario e ilegal, y tampoco la recurrente desarrolla ni explica la forma en que dicho derecho estaría amenazado, perturbado o restringido por la supuesta ilegalidad o arbitrariedad.

Por otra parte la recurrente invoca un derecho de propiedad que no tiene, ya que es necesario que el mismo se incorpore a su patrimonio previo cumplimiento de los requisitos legales que en el presente caso no se cumplen.

En cuanto a la infracción al N° 2 del art. 19 de la Constitución, en base a los argumentos expuestos por la recurrente para sustentarla, resulta improbable que con el término anticipado de la contrata se haya afectado el ejercicio legítimo de la garantía constitucional, ya que la resolución se encuentra debidamente motivada y reúne los requisitos legales.

Precisa que de conformidad a los art. 3 y 10 inciso 1°, definiendo el primero los empleos a contratas y el segundo la duración de los mismos hasta el 31 de diciembre de cada año, señala que la única designación a contrata de la recurrente, contiene la frase “mientras sean necesarios sus servicios”, lo cual está en armonía con el carácter transitorio de dichos empleos, lo que también se encuentra recogido en la jurisprudencia de la Corte Suprema y Administrativa que cita.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°) Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

2°) El acto que la recurrente estima ilegal y arbitrario es la Resolución Exenta RA N° 422/676/2018 del Fondo de Solidaridad e Inversión Social que puso término anticipado a su designación a contrata.

3°) Como cuestión previa y formal corresponde resolver la alegación de extemporaneidad invocada por la parte recurrida. Sobre el particular, el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales dispone que esta acción constitucional debe deducirse dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos. En la especie, al ejercer su acción, la actora sostuvo que el acto que le agravia le fue notificado el día 13 de agosto del año en curso mediante una carta certificada que llegó a su domicilio. Sin embargo, la recurrida afirma que el acto en cuestión fue notificado personalmente a la recurrente el día 7 de agosto último y se negó a firmar dicha notificación. Ante tal discrepancia, cobra relevancia el documento acompañado por la recurrida, en su informe, consistente en una copia del reclamo que doña nombre reservado presentó por los mismos hechos ante la Contraloría General de la República Tercera región con fecha 13 de agosto con el N° 32.668. En dicho reclamo la recurrente señala expresamente que con fecha 7 de agosto de 2018 fue notificada de la carta aviso y transcribe los mismos motivos que se indican en la resolución de término de contrata y dentro de los antecedentes que adjunta acompaña precisamente la resolución de término de contrata. De esta forma, queda establecido que la recurrente tomó conocimiento cierto del acto que le agravia el día 7 de agosto, por lo que al ejercer la acción constitucional de protección el día 7 de septiembre del año en curso, la acción se interpuso fuera del plazo de treinta días corridos a que se ha hecho alusión, y en consecuencia resulta extemporánea.

4°) Al acogerse la alegación de extemporaneidad resulta inoficioso analizar la legalidad o arbitrariedad de la Resolución que puso término a la contrata de la actora como la eventual vulneración de garantías constitucionales.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, por extemporánea la acción de protección deducida en favor de doña nombre reservado en contra del Fondo Solidario e Inversión Social, sin costas por estimar que hubo motivo plausible para recurrir.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redactó la Ministra señora Mireya López Miranda.

No firma la Ministra (s) señora González Diez, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y a la acuerdo, por ausencia.

Rol N°65.832-2018