nombre reservado con nombre reservado

Santiago, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete.PRIVATE Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que doña María Paz Valenzuela Díaz, abogada, en representación de don nombre reservado, recurre de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los nombre reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en efectuar un descuento en la remuneración del mes de agosto de 2017, ascendente a $194.521.

Funda su recurso en el hecho el fecha 25 de mayo de 2017 el recurrente ingresó a prestar servicios de subordinación y dependencia en la Fundación Cefocal y en la remuneración correspondiente al mes de agosto, pagada el 30 de dicho mes y de este año, se ha registrado un descuento por un préstamo de la nombre reservado Los nombre reservado, por un monto de $194.521.- Este descuento corresponde a un crédito que fue solicitado, en su oportunidad, por su compañero de trabajo de esos entonces, nombre reservado, el cual fue despedido figurando el recurrente en calidad de aval.

Habiéndose solicitado información a la recurrida, ésta informó que inició cobro ejecutivo en contra del deudor principal, en Rol C-29.259-2010, caratulada “Caja de Compensación Los nombre reservado con nombre reservado” del 3° Juzgado Civil de Santiago, que no pagó. En esta causa, el demandado se defendió oponiendo excepciones, sin tener mayor conocimiento de éstas, pero teniendo la certeza que se encuentra agregado como litigante al sistema SITCI, pero no siendo notificado. Así las cosas, existiendo un proceso pendiente, no puede intentarse subsidiariamente el cobro al recurrente justificándose en que la recurrida tiene la facultad legal para descontar de su remuneración, siendo que se trata de una deuda que no le empece.

Hace presente que la remuneración del recurrente del mes de agosto asciende a $394.106, siendo padre de familia, lo que le ha provocado un gran perjuicio en su economía, puesto que el descuento asciende a un tercio de su remuneración, sin otorgarle ni siquiera ha otorgado la posibilidad de negociar un pago más accesible del crédito otorgado al deudor principal.

Sostiene que el descuento realizado por la recurrida constituye una grave privación, perturbación y /o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías Constitucionales que el artículo 19 de la Constitución Política de La República. En primer lugar, el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, consagrado en el N°3 de dicho artículo toda vez que existe un proceso pendiente en el cual no existe certeza que haya sido emplazado legalmente, sin existir la posibilidad de defenderse y en el que no existe sentencia que lo condene a pagar alguna suma de dinero a la recurrida, vulnerando gravemente su derecho al debido proceso y a defensa jurídica, aplicando sanciones y multas como si la recurrida tuviera facultades jurisdiccionales. En segundo lugar, el derecho consagrado en el N°24 de la misma norma, ya que se afecta gravemente la propiedad que tiene sobre sus remuneraciones mensuales.

Pide que adopten las medidas para restablecer el imperio del derecho y dar la debida protección al recurrente, en términos tales de que se le ordene a la Recurrida dejar sin efecto el cobro y descuento ilegal y/o arbitrario del sueldo de mi representado en la suma de $194.521 y se ordene restituir lo que se ha obtenido ilegalmente, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que informa don Jorge Andrés Cerda Godoy, abogado en representación de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso.

Sostiene que su representada con fecha 08 de Octubre de 2009, otorgó a don nombre reservado, un crédito por la suma de $ 1.621.795, pagadero en un plazo de 18 cuotas de $111.352, cuyo primer vencimiento fue el 30 de Noviembre 2009. La presente operación de crédito contó con la fianza solidaria del señor nombre reservado, recurrente de autos. Posteriormente, la empresa A.F.P. Capital S.A. retuvo y pagó con fecha 10 de diciembre 2009, a nombre del deudor principal, la cuota del mes de Noviembre 2009, cuota N° 1. Del mismo modo la misma A.F.P. retuvo y pagó con fecha 10 de mayo y 10 de julio 2010 a nombre del recurrente en calidad de codeudor solidario, las cuotas de los meses de diciembre de 2009 y enero 2010, correspondientes a las cuotas N° 2 y N° 3. Con posterioridad la empresa Alumini Ingeniería Ltda. retuvo y pagó con fecha 10 de diciembre de 2016 a nombre del recurrente, en calidad de codeudor solidario, la cuota del mes de Febrero 2010, correspondiente a la cuota N° 4 y con fecha 10 de Septiembre 2017, la cuota del mes de marzo de 2010, cuota N° 5.

Indica que la deuda del señor nombre reservado al 02 de Octubre de 2017, asciende a $2.606.245, compuesta por las cuotas de los meses Abril 2010 a Abril de 2011, cuotas N° 6 a la N° 18, monto que incluye los respectivos intereses y gastos de cobranzas.

En cuanto a las alegaciones que hace en su recurso, sostiene en primer lugar la caducidad de la acción de interpuesta, toda vez que el primer descuento efectuado al recurrente fue el año 2009, por ello a la fecha de interposición del recurso, la acción de protección se encontraba caducada, siendo además cobrada la cuota del mes de diciembre de 2016.

En segundo lugar, alega el carácter social de los créditos otorgados por cajas de compensación, ya que si bien intervienen como agentes económicos en el mercado financiero otorgando préstamos en dinero, su sistema crediticio es diferente al de otras instituciones puesto que se financian dichos créditos con recurso provenientes del fondo social y se encuentra indisolublemente unido al objeto genérico que la ley N°18.833 ha determinado.

En tercer lugar, advierte que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho como pretende hacerlo valer el recurrente. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. A lo anterior se agrega el hecho de que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos.

En cuarto lugar alega la solidaridad de la deuda, toda vez que el recurrente es codeudor solidario del sr. nombre reservado y por ello debe debe responder ante dicha Caja de Compensación en los mismos términos que este último, por tanto, la deuda respecto de él como del deudor principal sigue estando plenamente vigente.

En quinto lugar alega que no existe un acto arbitrario e ilegal y la inexistencia de la vulneración de las garantías constitucionales que se han invocado, toda vez que la deuda no se encuentra prescrita ni consta su pago efectivo, no requiriendo la Caja de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto dichas deudas cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la ley 18.833, sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues, si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración, tal como lo pretendió en su oportunidad el deudor principal don nombre reservado en el juicio civil presentado en su contra en el 3º Juzgado de Civil de Santiago, pero que no siguió en curso tal como consta en el proceso. En este sentido, el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja, o un mal llamado “embargo” como pretende hacer ver la recurrente, pues dicha institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado, con lo cual, no hay vulneración alguna al derecho al debido proceso consagrado en el artículo 19 Nº 3 de nuestra Constitución Política.

Por otro lado, expresa, tampoco hay vulneración al artículos 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, debido a que no hay un traspaso ilegal de la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues, es la propia ley la que permite a la Caja solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la ley 18.833.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio;

CUARTO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar;

QUINTO: Que, primero, en cuanto a la extemporaneidad alegada por parte recurrida, se debe establecer que el artículo 1º del Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, dispone que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos y contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

SEXTO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes que se han acompañado a esta causa, consta que el descuento en la liquidación de remuneración de la recurrente que se ha efectuado por la recurrida nombre reservado Los nombre reservado, en el mes de agosto de 2017, razón por la cual la lesión de las garantías constitucionales denunciadas se ha verificado en forma permanente -mes a mes- con cada uno de los descuentos realizados por la nombre reservado Los nombre reservado a la recurrente, razón por la cual se rechazará la alegación de extemporaneidad impetrada por la recurrida.

SÉPTIMO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar;

OCTAVO: Que de los antecedentes aportados por la parte recurrente se desprende, y así también es reconocido por la recurrida nombre reservado Los nombre reservado, que en la actualidad esta última carece de título ejecutivo para realizar el cobro de las deudas que datan del 08 de octubre de 2009 respecto del deudor principal nombre reservado, y del cual el recurrente se constituyó en fiador solidario. En efecto, según lo informado por la recurrida, nombre reservado Los nombre reservado, inició gestión para el cobro de la deuda en contra el deudor principal en la causa rol C-29.259-2010 iniciada ante el 3° Juzgado Civil de Santiago, en la cual sólo se siguió la acción respecto del deudor principal, Sr. nombre reservado, y según consta del sistema informático del Poder Judicial, dicha causa se encuentra archivada y la última gestión útil para perseguir el cobro de lo adeudado es el día 7 de octubre de 2011, fecha en la cual se declaró admisible la excepción opuesta y se recibió la causa a prueba. Asimismo, en dicha causa no consta que se haya efectuado notificación de la demanda y requerimiento de pago al recurrente nombre reservado.

De esta forma, no existiendo requerimiento judicial alguno en contra del actor y sin que a la fecha conste un título ejecutivo vigente que ampare los descuentos que se están efectuando a la recurrente y teniendo además presente, la larga data del crédito social que está siendo cobrado, no cabe sino concluir que la nombre reservado Los nombre reservado, por la vía de la autotutela pretende seguir cobrando cuotas de créditos sociales otorgados al deudor principal nombre reservado, el 08 de octubre de 2009, cuya mora se produjo el mes de enero de 2010, correspondiente a la tercera de las cuotas pactadas, razón por la cual no corresponde que se sigan efectuando los descuentos a la remuneración de la recurrente.

Lo anterior se ve refrendado por lo dispuesto en el artículo 22 de la ley 18.833, que establece que se aplicarán para el cobro de lo adeudado por prestaciones de un crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales, previstas en la ley N°17.322, la que a su vez establece en su artículo 4 bis que establece que “se entenderá que existe negligencia de la institución de previsión o seguridad social” cuando, entre otras situaciones, “no se entabla demanda ejecutiva dentro del plazo de prescripción, tratándose de las cotizaciones declaradas y no pagadas, o no continúa las acciones ejecutivas iniciadas por el trabajador en el plazo señalado en el artículo anterior”.

En cuanto a la solicitud de devolución de los dineros ya retenidos, debe accionarse por la vía civil que corresponda.

Y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección, se ACOGE el recurso deducido por María Paz Valenzuela Díaz, abogada, en representación de don nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los nombre reservado, ordenándose a dicha recurrida que deje sin efecto los descuentos que realiza a la recurrente de su remuneración mensual.

Se previene que el Ministro sr. Carreño fue de opinión de acoger el recurso de protección, sólo en cuanto ordenar a la recurrida limitar el descuento efectuado al recurrente al tope máximo de descuento establecido en la Circular N°2052-2003 (10.2) de la Superintendencia de Seguridad Social, modificada por la Circular 2824 de 2012 de la misma institución, que establece que la cuota mensual del o los créditos otorgados por una C.C.A.F. no podrá exceder del 25% de la remuneración líquida mensual o pensión líquida mensual de los trabajadores o pensionados, respectivamente, a menos que se autorice un descuento mayor en casos especiales que no podrá exceder del 30% de la respectiva remuneración, renta o pensión líquida.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N°65720-2017.- No firma el abogado integrante señor Hamel, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia.