CALVO INGENIERÍA S.A. con nombre reservado COMUNAL DEL TRABAJO SANTIAGO PONIENTE

Santiago, ocho de noviembre de dos mil dieciocho.

Vistos:

Constanza Graciela Galaz Pimiento, abogada y mandataria judicial de Calvo Ingeniería S.A. presenta recurso de protección en contra de la nombre reservado Comunal del Trabajo, Santiago Poniente, por el acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Ordinario N° 00863, de fecha 09 de Agosto de 2018, la que provoca -afirma- perturbación y amenaza a la recurente, de las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha con fecha 15 de Febrero de 2018, en el curso de una fiscalización en faena a su representada,la fiscalizadora doña nombre reservado del Trabajo Santiago Poniente, habría constatado una supuesta infracción a la normativa vigente en materia laboral, dictándose con fecha 19 de Marzo de 2018 una Resolución de Multa bajo el N° 1787/18/17 por la cantidad de 100 UTM, la que fue despachada mediante carta certificada y entregada en el domicilio de su representada, con fecha 19 de Junio de 2018, según consta del seguimiento realizado en la página web de Correos, www.correos.cl, que adjuntó de modo que con fecha 19 de Junio de 2018 su representada tomó conocimiento por primera vez de la resolución de la multa antes referida, constituyendo la señalada la fecha de recepción real de la multa y, por ende, la fecha en que fue válidamente notificada a su parte.

Explica que al amparo del Artículo 511 N°1 del Código del Trabajo, presentó un Recurso de Reconsideración Administrativa solicitando se dejara sin efecto la multa por haber dado íntegro cumplimiento a la normativa que se decía infringida, la que se ingresó El 26 de Julio de 2018, esto es, dentro de los 30 días hábiles desde la fecha en se notificó la multa.

Señala que el 9 de Agosto de 2018, la nombre reservado Comunal del Trabajo Santiago Poniente, dictó la resolución Ordinario N° 00863 en virtud del cual no admitió a tramitación la solicitud de reconsideración de multa presentada, al considerar que “no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos constados desde su notificación”.

Acusa una actuación ilegal y arbitraria por parte de la recurrida, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N°19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los órganos de la Administración del Estado, pues conforme a ella, los plazos de días establecidos en dicha ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Enfatiza que se ha cometido un acto arbitrario e ilegal al dictar la resolución recurrida, toda vez que no admite a tramitación un recurso administrativo presentado por su representada, considerándolo extemporáneo, transgrediendo las garantías constitucionales establecidas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Pide que se acoja el recurso y se deje sin efecto el Ordinario N° 00863, antes aludido, ordenando a la nombre reservado Comunal del Trabajo Santiago Poniente conocer de la reconsideración administrativa presentada con fecha 26 de Julio de 2018.

Al informar la recurrida, alegó la improcedencia del recurso en atención a la falta de requisitos constitucionales para su inteposición.

Luego de recordar los requisitos de procedencia de la acción de protección, afirma que el acto administrativo impugnado es totalmente legal y carece de rasgos arbitrarios.

Sostiene que el Ordinario que se pronuncia sobre la inadmisibilidad de la solicitud de reconsideración administrativa de multa, que motiva el recurso de protección se dictó razonada y fundadamente en virtud de los artículos 435 inc. 3º y 512 del Código del Trabajo, en relación al artículo 50 del Código Civil.

Releva que el Ordinario Nº 863 de fecha 9 de agosto de 2018, no puede ser tildado por ilegal o arbitrario, toda vez que:

1. El Ordinario recurrido está dictado en atención a las facultades expresamente conferidas al Inspector Comunal del Trabajo por los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, de este modo, no puede ser nominada como ilegal, puesto que, no se actuó de manera contraria a la ley, según la definición de ella establecida en el Artículo 1º del Código Civil, ya que en virtud de la norma citada, se cumplió con el mandato legal, que permite y obliga a su parte, a pronunciarse sobre las reconsideraciones administrativas de las multas impuestas por la Dirección del Trabajo.

2. El Ordinario recurrido, no puede ser bautizado como arbitrario, ya que, como se aprecia claramente de su texto y redacción, este fue razonado, argumentado y fundado, es más, la falta de arbitrariedad en la dictación del ya referido Ordinario Nº 863, se desprende de los propios antecedentes de la multa Nº 1787/2018/17, toda vez que esta fue debidamente notificada el día 19 de junio de 2018, según los propios asertos de la recurrente, mientras que la solicitud de reconsideración administrativa de la multa fue presentada con fecha 26 de julio de 2018, es decir, habiendo transcurrido los 30 días corridos que de manera expresa se establece en los formularios para solicitar reconsideración, de modo tal que la recurrente no puede alegar ignorancia respecto del plazo que detentaba para reconsiderar la multa. De este modo -señala- que no es sostenible aseverar que sea producto del mero capricho de quien la dictó.

En la especie- expresa- se ha recurrido contra un Ordinario dictado en virtud de las facultades expresamente conferidas por la ley a su parte en virtud de un mandato legal expreso, el que debe ser cumplido, so pena de incurrir en falta funcionaria.

Así las cosas, la acción cautelar incoada en autos, carece de objeto y causa, razón por la cual debe ser desechada por improcedente.

Finalmente, cita los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental indicando que su parte debe actuar con estricto apego a los mandatos constitucionales y legales, y dentro de la esfera de sus atribuciones, so pena de incurrir en actos nulos y en responsabilidades susceptibles de ser sancionadas conforme a derecho y que conforme a las normas citadas su parte debe velar por el cumplimiento de la legislación laboral, pronunciándose sobre la solicitud de reconsideración administrativa de la multa en virtud de las facultades conferidas en el artículo 511 y 512 del Código del Trabajo, debiendo resolver conforme a Derecho dichos requerimientos, so pena de incurrir en una falta funcionaria.

Afirma, que en el caso de autos, su parte actuó en ejercicio de sus facultades específicas, conferidas por las aludidas disposiciones legales, limitándose a pronunciarse en forma clara, precisa y determinada respecto a la solicitud de reconsideración administrativa de la multa resolviendo que dicha solicitud era inadmisible por ser presentada fuera del plazo establecido en los artículos citados.

En subsidio informó sobre los hechos y circunstancias que dieron lugar a la acción de protección:

A.- En cuanto a los hechos fundantes del acto que motiva el recurso :

Con fecha 19 de marzo de 2018, y a propósito de una denuncia ingresada a las oficinas de la nombre reservado Comunal del Trabajo Santiago Poniente, la fiscalizadora dependiente de esa repartición, aplicó a la Empresa Calvo Ingeniería S.A., la multa administrativa Nº 1787/18/17-1, por haberse constatado la siguiente infracción:

1.- No informar inmediatamente a la nombre reservado del Trabajo el accidente grave que afectó con fecha 31.01.2018, a los trabajadores sres. nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, ocurrido en las labores de armado de ductos de ventilación en calle Sánchez Besa s/n, ampliación aeropuerto nombre reservado, comuna de Pudahuel. Tal hecho es un incumplimiento grave a las obligaciones legales sobre prevención de eventuales accidentes del trabajo y dificulta a la autoridad disponer ante el empleador las medidas necesarias e indispensables para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores.

La multa singularizada precedentemente fue notificada según lo normado en el artículo 508 del Código del Trabajo el día 19 de JUNIO de 2018, tal como lo reconoce la empresa recurrente.

Respecto de ella, la reclamante solicitó reconsideración mediante presentación de fecha 26 de Julio de 2018.

Sin embargo, dicha presentación no cumplió con el requisito de admisibilidad previsto en el inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo, esto es, ser presentada dentro del plazo de 30 días corridos de notificada, es decir a más tardar el día jueves 19 de JULIO de 2018.

En atención a lo anteriormente expuesto, con fecha 9 de agosto de 2018, mediante Ordinario Nº 863, la Inspectora Comunal del Trabajo Santiago Poniente comunicó a la solicitante que no se acogería a tramitación su solicitud de reconsideración, en atención a que ésta había sido presentada fuera del plazo de 30 días corridos, que establece el artículo 512 del Código del Trabajo.

B.- Inexistencia de garantías constitucionales vulneradas Además de no indicar de que manera se verían afectadas las garantías invocadas, asevera que el ordinario recurrido no viola de ninguna forma la garantía establecida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política,toda vez que simplemente se pronunció en virtud de una facultad descrita en la ley, relativo a un procedimiento también regulado por el legislador, y que para ello, también se ha dispuesto un plazo para ejercer una acción administrativa, situación que en la especie la recurrente no habría cumplido.

Hace presente que el formulario de solicitud de reconsideración de multa señala claramente cuál es el plazo con que se cuenta, que es el mismo que se encuentra normado en el artículo 512 del Código del Trabajo, por lo que si la recurrentesolicitó reconsiderar la multa fuera de plazo, no puede entenderse estar frente a una vulneración de garantías.

En relación a la garantía del artículo 19 Nº 24 de la Constitución, señala que la nombre reservado del Trabajo en ningún caso ha transgredido dicha garantía, sino que simplemente se pronunció en virtud de una facultad descrita en la ley, relativa a un procedimiento también regulado por el legislador, donde se ha dispuesto un plazo para ejercer una acción administrativa, situación que en la especie la recurrente no cumplió.

Agrega que los derechos fundamentales en los que fundamenta su Recurso no se ven afectados por la dictación del Ordinario N° 863 que declara inadmisible su solicitud de reconsideración de multa por ser presentada en forma extemporánea citando al efecto diversos dictamenes y jurisprudencia que avala que el plazo para solicitar reconsideración de multas administrativas es de 30 días corridos Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos prexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Las partes se encuentran contestes y así por lo demás así surge de la documentación acompañada que mediante Ordinario Nº 863 de 9 de agosto de 2018, el Inspector Comunal del Trabajo le informó la inadmisibilidad de la solicitud de reconsideración presentada por Calvo Ingeniería S.A. el 26 de julio de 2018, en contra de la Resolución de Multa Administrativa Nº 1787/18/17 de 19 de marzo de 2018.- por no haberse presentado dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación.

En definitiva, de la resolución de Multa se tomó conocimiento el 19 de junio de 2018 por la recurrente, presentando su reconsideración el 26 de julio del mismo año, versando la diferencia entre las partes en el tipo de plazo de que se trata, esto es si los 30 días que concede la ley para la presentación de la reconsideración son corridos regidos por el Código Civil, o hábiles según lo dispuesto por la Ley 19.880.- Tercero: En ese contexto, cabe reiterar que la reconsideración presentada, lo ha sido- tal como manda la ley- ante un ente administrativo, de modo que no existiendo definición en el texto que la consagra, en relación a la naturaleza del plazo allí consagrado, ha de acudirse en forma supletoria a lo dispuesto por la Ley 19.880, específicamente a su artículo 25, en cuanto dispone que los plazos en los procedimientos administrativos, salvo norma expresa en contrario, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

Cuarto: A lo dicho cabe añadir que la negativa a tramitar la presentación del recurrente, conforme al criterio interpretativo de la autoridad de control, no resulta vinculante para el análisis que ha de realizarse en esta sede, no siendo ello un obstáculo para concluir la ilegalidad del acto y brindar el amparo que se pretende, si como se advierte de autos, se ha desconocido a la empresa recurrente un derecho que le asiste y que ejerció oportunamente conforme a la ley, vulnerándose de ese modo la garantía que reconoce la carta fundamental en el numeral segundo del artículo 19.

Quinto: Por último, cabe consignar que incluso el criterio administrativo, emanado de los Dictámenes de la Contraloría General de al Republica citados por la recurrida, se modificó con fecha 16 de octubre de 2018, según el Dictamen Nº 25.891, entendiendo en la actualidad que el plazo previsto por el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles administrativos, es decir, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley 19.880.- Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se acoge el recurso de protección deducido en representación de Calvo Ingeniería S.A., en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Ordinaria N° 0863, de 9 de agosto de 2018, y se dispone que la nombre reservado Comunal del Trabajo, Santiago Poniente, debe dar tramitación a la solicitud de reconsideración presentada por Calvo Ingeniería S.A.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactó la ministra señora Adelita Ravanales Arriagada.

Rol N° 65703-2018