ENVASES IMPRESOS S.P.A. con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE PALENA

C.A. de Santiago Santiago, nueve de noviembre de dos mil veintidós.

Vistos y considerando:

Primero: Que en estos autos comparecen don nombre reservado y don nombre reservado, abogados, en representación de “Envases Impresos SpA”, quienes deducen recurso de protección en contra de la Dirección del Trabajo, representada por su directora, doña nombre reservado.

Señalan que el 2 de marzo de 2020 se suscribió un Convenio Colectivo entre Envases Impresos Roble Alto SpA y el Sindicato Nº 3 de Envases Impresos Roble Alto S.A. planta Tiltil, cuya vigencia se extiende desde el 1 de marzo de 2020 al 28 de febrero de 2023.

Precisan que en su cláusula sexta consagra una Indemnización Convencional por Años de Servicios, definiéndola como “el pago en dinero que la empresa efectúa a sus trabajadores al término de su contrato individual de trabajo, en el caso que, teniendo en Envases Impresos Roble Alto una antigüedad o permanencia continua de 15 años efectivos o más, por haber estado vigente su contrato de trabajo con la empresa por este periodo”, estableciendo como requisito “Tendrá derecho a este beneficio el trabajador cuyo contrato de trabajo termine por aplicación del Artículo 161 Inciso primero del Código del Trabajo, es decir, por necesidades de la empresa, establecimiento, o por la causal establecida en el artículo 159 Nº 3 del Código del Trabajo”.

Para el cálculo de esa indemnización convencional, el numeral tercero de la cláusula sexta indica: “Por cada año con Contrato Individual de Trabajo con la Empresa se pagará a los trabajadores por concepto de Indemnización Convencional por Años de Servicios, un mes de Sueldo Base promedio, el que se establecerá sumándose lo pagado en los últimos seis meses completos trabajados por concepto de Sueldo Base y dividiéndose el total resultante por seis”.

Relatan que el 4 de mayo de 2021, el referido Sindicato requirió un pronunciamiento a la Dirección del Trabajo con el objeto de determinar si para los efectos del pago de la indemnización convencional por años de servicios, resultaba procedente que la empresa considerase únicamente el sueldo base del trabajador, y no incorporar la gratificación que se paga mensualmente.

Indican que la Dirección del Trabajo le otorgó traslado a la recurrente, quien alegó que aquella no tiene la facultad legal para interpretar contratos colectivos y para determinar su alcance y significado; y en subsidio, se justificó que la Indemnización Convencional por años de servicio se ajustaba a derecho, de conformidad a los establecido en el artículo 163 del Código del Trabajo, precisando que la indemnización pactada es distinta y superior a la legal, siempre y cuando cumplan con los requisitos señalados.

Exponen que la Dirección del Trabajo, por medio del Ordinario Nº 2.862, descartó la falta de competencia en virtud de lo dispuesto en el artículo 5º letra b) del D.F. L. Nº 2 de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo; y respecto de la consulta del sindicato, estableció que “…no resulta ajustado a derecho considerar únicamente el monto correspondiente al sueldo base pagado a dichos trabajadores, sino toda cantidad que estuvieren percibiendo por la prestación de sus servicios al momento de la terminación del contrato, incluidas las imposiciones y cotizaciones previsionales o de seguridad social de cargo del trabajador y las regalías o especies avaluadas en dinero.”, agregando respecto de la gratificación que esta “debe incluirse para el cálculo de la última remuneración mensual, para los efectos del pago de la indemnización convencional por años de servicios por la causal necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, por cuanto, dicho estipendio no reúne la calidad de anual o esporádico.”

Estiman que el referido acto es ilegal y arbitrario al arrogarse facultades jurisdiccionales al interpretar las cláusulas de un convenio colectivo, además de desconocer o inobservar su propia jurisprudencia administrativa sobre la materia.

Afirman que la interpretación de las cláusulas de un convenio colectivo le fue entregada por el legislador a los tribunales de justicia, conforme preceptúa el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo; cuestión distinta es la fiscalización que corresponde a la Dirección del Trabajo, de conformidad al artículo 505 del estatuto laboral. Cita jurisprudencia judicial y de la Dirección del Trabajo.

Estiman conculcadas las garantías previstas en el artículo 19 N° 2 y 3 de la Constitución Política de la República.

Solicitan ordenar a la Dirección del Trabajo, dejar sin efecto el Ordinario Nº2.862, de 20 de diciembre de 2021, con costas.

Segundo: Que, informando por la recurrida, comparece don nombre reservado, abogado, solicitando el rechazo de la acción, con costas.

Señala que el recurso de protección no constituye un sustituto jurisdiccional de acciones y procedimientos que existen al efecto para impugnar actuaciones administrativas, en específico, la reclamación judicial dispuesta en el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo, en relación con el artículo 504 del mismo cuerpo legal.

Afirma que el recurso de protección es improcedente, en cuanto la naturaleza del acto recurrido y consecuente falta de legitimación pasiva de la Dirección del Trabajo; que la recurrida ha interpretado preceptos laborales que regulan una relación jurídica de carácter privado, función hermenéutica que la ley le ha reservado de manera privativa a dicho órgano con competencia técnica; que la mera opinión administrativa de la ley no es vulneradora por sí misma; y que el Ordinario administrativo N°2862 ha sido emitido por la autoridad competente, en los casos establecidos por la ley y dentro de la esfera de sus atribuciones.

Sostiene que no existe en el caso concreto un derecho indubitado que proteger en favor de los recurrentes. Que la recurrente en definitiva cuestiona el criterio interpretativo aplicado para el caso de que se trata, y la facultad de la Dirección del Trabajo para interpretar sobre la materia en cuestión.

Aduce que procede que se rechace la acción de protección, por cuanto el dictamen n° 1805/11, de 2020, no incurre en acto ilegal alguno, pues la Dirección del Trabajo emitió el Dictamen impugnado actuando dentro de la esfera de sus atribuciones legales, en el marco de su función interpretativa. Cita los artículos 1 letra b), 5 letra b) y 11 de la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, el D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; y el artículo 505 inciso primero del Código del Trabajo. Precisa que la Dirección del Trabajo está facultada expresamente por la ley para fijar de oficio o a petición de parte la interpretación, sentido y alcance de la legislación del trabajo.

Expresa que el Dictamen se ajusta a lo establecido en la ley, que la Dirección efectúa una interpretación legal, y que lo requerido a la Dirección del Trabajo por el Sindicato N°3 de Empresa de Envases Impresos Roble Alto SpA, no es la interpretación de la cláusula del convenio colectivo que contempla la indemnización por años de servicio a que están afectos sus socios que tengan, a lo menos, 15 años de antigüedad en la empresa, sino que la consulta formulada dice relación con las sumas que, en conformidad a lo dispuesto en la ley corresponde incluir para determinar la remuneración mensual que debe servir de base para el cálculo de la indemnización convencional a la que se encuentran afectos los afiliados a su organización con 15 o más años de prestación de servicios, en caso de que el empleador pusiere término a sus contrato de trabajo invocando la causal de necesidades de la empresa, establecimiento o servicio. Que sólo un tribunal del país podría declarar ilegal o nulo el contenido de un pacto entre las partes por ser de su exclusiva competencia y exceder del todo el ámbito de facultades de dicho servicio.

Expone que procede que se rechace la acción de protección, por cuanto el ordinario administrativo N°2862 de 20 de diciembre de 2021, no es arbitrario, ya que las facultades de interpretación tienen su origen y fundamento en las atribuciones que el legislador le ha entregado a la autoridad del Servicio.

Concluye que el ordinario administrativo n°2862 no amenaza, perturba o priva a los requirentes del legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, la naturaleza de la acción recién indicada y el procedimiento especial dispuesto para su tramitación, determinan que no sea procedente emplear esta vía para la solución del conflicto sub lite, puesto que las materias en que se basa el libelo exceden el ámbito de este recurso.

En efecto, conforme resulta de las alegaciones de las partes, la controversia producida requiere para su solución que esta Corte efectúe una interpretación de normas contractuales de naturaleza laboral, acerca de los temas en conflicto, que dicen relación con los ítems que deben considerarse para efectos de calcular la indemnización convencional por años de servicio pactada entre las partes, asunto sobre el cual se pronunció en su oportunidad la Dirección del Trabajo, en un documento cuyos fundamentos y conclusión no son compartidos por el Sindicato recurrente.

Así, la materia y conflicto indicados resultan ser propios de la actividad laboral, y claramente se encuentran fuera del ámbito de competencia de esta Corte, en esta sede, debiendo ser resueltos por los tribunales de dicho orden, y en ningún caso en un recurso de esta clase, cuya finalidad es la que se ha hecho constar en el basamento tercero.

Quinto: Que, no está de más advertir, desde otra perspectiva, que el documento que se impugna por esta vía corresponde a uno que contiene, conforme a su título, una “Aplicación de Doctrina”, por lo que parece corresponder a una comunicación administrativa, en la que tampoco se divisa un acto u omisión que conduzca a la procedencia de la acción intentada.

Sexto: Que, en tales circunstancias y por las razones que se han expresado, no concurriendo en la especie los presupuestos que hacen procedente el recurso de protección establecido en la Carta Fundamental, a los que se ha hecho referencia en esta sentencia, se procederá a rechazar el presente recurso.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de esta clase deducido en estos autos.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción: Ministro Dobra Lusic.

Protección N° 657-2022.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por los Ministros señora Dobra Lusic Nadal, señora Jenny Book Reyes y el Abogado Integrante señor Eduardo Jequier Lehuedé.

No firma la ministra señora Jenny Book Reyes, por encontrarse haciendo uso de feriado legal, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y del acuerdo.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, nueve de noviembre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.