Protección contra sección de remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile

C.A. de Santiago Santiago, seis de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile con el grado de subcomisario, interponiendo recurso de protección en contra de la sección de remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, por haber omitido el pago íntegro de la "Gratificación de Zona", al no incluir en la base de cálculo la "Asignación de especialidad al grado efectivo". Actuación que considera ilegal y arbitraria, que vulnera los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 N°2 y N°24.

Expone que ingresó a la PDI el 1 de febrero de 2009 y actualmente ostenta el grado de subcomisario. Durante su desempeño institucional ha cumplido funciones en Iquique entre los años 2012 a 2021, destinación que da derecho a gratificación por zona. Indica que en dicha destinación su remuneración total se aumentó con la gratificación por zona. Sin embargo, recientemente se enteró de que dicha gratificación no fue pagada conforme a la ley.

Explica que dentro de los distintos estipendios que componen la remuneración de quienes forman parte de la PDI, se encuentra "la asignación de grado efectivo", creada por el D.F.L. Nº 1, de 1998, del Ministerio de Defensa Nacional, la cual se paga en la planta de oficiales desde el grado de detective y sucesivamente en los demás cargos superiores. Señala que desde su ingreso a la escuela de investigaciones, así como al egreso en el cargo de Detective, tanto él como sus compañeros oficiales policiales adquirieron el derecho a percibir la remuneración y dentro de ella a percibir la asignación de grado efectivo, todo en conformidad con la normativa que regula aquel aspecto.

Agrega que en el mes de mayo de 2019, la PDI informó a la totalidad del personal que "habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo", lo cual fue comunicado mediante Radiograma N° 225 del 30 de mayo de 2019. Este hecho significó que ese mes se pagara de manera íntegra dicha asignación, incluyendo en la base de cálculo la asignación por grado efectivo, algo que hasta la fecha no se estaba haciendo. Afirma que, en ese momento, el pago de su gratificación por zona calculada incluyendo la asignación de grado efectivo ingresó a formar parte de su patrimonio.

Que, sin embargo, al mes siguiente, junio de 2019, sin razón y de manera totalmente antojadiza y arbitraria, el monto íntegro de dicha remuneración se dejó de pagar para aquellos funcionarios que tenían derecho al incremento conforme a la zona, y así lo expresó la propia nombre reservado mediante Radiograma N° 285 de fecha 02 de julio de 2019, que informó que el pago efectuado en el mes de mayo de 2019 había sido sometido al pronunciamiento del órgano contralor, señalando textualmente: "Conforme a lo anterior, las remuneraciones con asignación de zona continuarán cancelándose, utilizando la base de cálculo original hasta recibida la respuesta del Ente Contralor, a partir de la cual se procederá conforme a derecho al pago en cuestión". Por lo anterior, se solicitó al personal mantenerse a la espera hasta que la Jefatura Nacional recibiera el referido pronunciamiento por parte de la Contraloría General de la República.

En ese sentido, relata que con fecha 26 de abril de 2021, la Contraloría General de la República emitió respuesta al pronunciamiento de la PDI evacuando Dictamen N° E98928/2021, señalando en síntesis que la forma de pago efectuada en el mes de mayo de 2019 se había hecho de forma correcta. Dicho dictamen concluyó que "la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe el personal de la Policía de Investigaciones de Chile debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio".

No obsante aquello, refiere que fue necesaria la intervención de la Excma. Corte Suprema en roles N° 12.008-2022 (Loaiza - PDI) y 12.465-2022 (Pozo - PDI) para que la recurrida agilizara los procesos para pagar esta remuneración de forma íntegra, lo que ocurrió entre los meses de diciembre del año 2022 para los funcionarios activos y en el mes de enero del año 2023 para los funcionarios en retiro. Sin perjuicio, sostiene que la regularización efectuada por la recurrida fue solamente parcial, ya que la PDI malinterpretó el Dictamen N° E98928/2021 de la Contraloría al estimar que con la emisión de aquel documento era la fecha que generaba este derecho por considerar la palabra "actualmente" como elemento decisivo para la fijación de pagos, pagando sólo el período desde el 26 de abril de 2021 a lo futuro.

Aduce que dicha fue clarificada en fallo reciente de la Corte Suprema, Protección Rol N° 147.027-2023 caratulado "nombre reservado contra nombre reservado (Sección Remuneraciones)", que recae sobre el mismo objeto litigioso del pago de la "asignación de grado efectivo", donde el Máximo Tribunal del país resolvió definitivamente la interpretación ambigua del Dictamen N° E98928/2021 de la CGR, fallando que debe pagarse igualmente desde el ingreso a la Institución hasta el 26 de abril de 2021, que es el período reclamado en autos.

Hace presente que se enteró de la existencia de esta vulneración por cuanto un compañero de trabajo se lo comentó, quien se enteró 11 de marzo de 2025 y le contó algunos días después.

Por lo anterior, considera que se produce una discriminación arbitraria y una vulneración su derecho de propiedad y solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare ilegal y arbitraria la omisión de la recurrida en el pago íntegro, en tiempo y forma, de las sumas de dinero faltantes por concepto de "gratificación por zona"; se ordene a la recurrida proceder a regularizar el pago por los montos adeudados de la asignación, por el período que ha fijado la Excma. Corte Suprema para el asunto debatido, esto es desde el ingreso a la institución hasta el 26 de abril de 2021; y se condene en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que, informa al tenor del recurso María Inés Wise Díaz De La Vega, abogada, en representación convencional del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

En primer término se refiere a la evolución normativa de la "asignación de especialidad al grado efectivo". Explica, inicialmente esta asignación fue establecida por el artículo 41 del Decreto Ley N° 3.551 de 1980 para diversos funcionarios, incluyendo al personal de la Policía de Investigaciones de Chile. En dicha normativa original se disponía expresamente que este beneficio "no se considerará para los efectos de la asignación de zona".

Posteriormente, mediante el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1998 del Ministerio de Defensa Nacional, se modificó el Estatuto del Personal aplicable, creándose un nuevo beneficio con idéntica denominación: "asignación de especialidad al grado efectivo". Este nuevo estipendio, según argumenta la recurrida, reemplazó al anterior beneficio establecido en 1980.

Sin embargo, esta derogación tuvo una excepción, se mantuvieron vigentes las disposiciones del artículo 41 del Decreto Ley N° 3.551 de 1980 referentes a los montos de la asignación, ya que la nueva normativa remitía expresamente a estos valores para determinar la cuantía del beneficio.

La recurrida sostiene que, al mantenerse vigente esta remisión normativa para efectos del cálculo de los montos, también permanecía aplicable la disposición original que excluía esta asignación del cálculo de la gratificación de zona. Esto explicaría por qué la Policía de Investigaciones de Chile no incluía la "asignación de especialidad al grado efectivo" en la base de cálculo de la "gratificación de zona" de sus funcionarios.

Finalmente la Contraloría General de la República, mediante el Dictamen N° E98928, modificó esta interpretación y concluyó que sí correspondía considerar la asignación de especialidad al grado efectivo en el cálculo de la gratificación de zona.

Con estos antecedentes normativos, en primer término opone de prescripción indicando que ni el Estatuto del Personal de Investigaciones de Chile ni el Reglamento de Asignaciones, Sobresueldos, Gratificaciones Especiales y otros Derechos Económicos del Personal consagran un plazo de prescripción específico para el derecho al cobro de las asignaciones establecidas en aquellos cuerpos normativos. Por tanto, sostiene que debe aplicarse supletoriamente lo dispuesto en la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, cuyo artículo 99 dispone que "el derecho al cobro de las asignaciones que establece el artículo anterior, prescribirá en el plazo de seis meses contado desde la fecha en que se hicieron exigibles".

En dicho sentido, argumenta que el plazo de prescripción de seis meses se cuenta según el principio general establecido en el artículo 2.514, inciso segundo, del Código Civil, desde que las asignaciones se hicieron exigibles, lo que tratándose del derecho al pago de remuneraciones periódicas, acontece desde que éstas se devengan.

En consecuencia, solicita el rechazo de la acción de protección con expresa condenación en costas, por haber transcurrido con creces el plazo de prescripción consagrado en el ordenamiento jurídico para el cobro de las asignaciones contempladas en leyes especiales.

Como segunda alegación, aduce la extemporaneidad de la acción interpuesta, fundando esta petición en que el recurrente afirma haber tomado conocimiento del acto ilegal y arbitrario el 11 de marzo de 2025, por comunicación de otro funcionario que presentó una acción de protección por los mismos hechos. Sin embargo, no acredita de manera clara y fehaciente, a través de un medio idóneo y objetivo, la efectividad de dicha comunicación o algún otro mecanismo legítimo que permita determinar fidedignamente el inicio del cómputo del plazo.

Argumenta que, siendo este un asunto litigioso de público conocimiento dentro de la población policial, circunstancia que se inició con la dictación de la sentencia de 15 de diciembre de 2022 por la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol N° 12.008-2022, y ratificado por la sentencia en causa Rol N° 147.027-2023 de 5 de diciembre de 2023 del mismo tribunal, resulta cuestionable que el recurrente haya tomado conocimiento recién en la fecha indicada en su libelo.

Explica que las comunicaciones oficiales de carácter urgente en la institución se cursan por diversas vías conforme al Reglamento de Documentación y Archivo de la Policía de Investigaciones de Chile, y que el Radiograma N° 225 de 30 de mayo de 2019, mencionado por el propio recurrente, se emitió a "circular general", informando a toda la población institucional sobre la modificación de la base de cálculo de la gratificación de zona. Situación similar ocurrió con el Radiograma N° 285 de 2 de julio de 2019.

Sostiene que el plazo para presentar el recurso de protección debe contarse desde que se pudo deducir la acción constitucional, ya que lo contrario significaría que la acción jamás caducaría si el efecto no cesara, lo que resulta inadmisible.

En consecuencia, la recurrida solicita se declare la extemporaneidad de la acción de protección.

En tercer lugar, argumenta que el recurso de protección es una acción cautelar de emergencia establecida para asegurar el respeto y vigencia de derechos fundamentales, reglamentado en forma especial. Por tanto, intentar una acción de tal naturaleza para perseguir el cobro de estipendios no reclamados en su oportunidad no constituye la vía idónea, en consideración a que el recurso de protección tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados, y no de aquellos que se encuentren en discusión o que constituyan una mera expectativa.

Concluye que no ha existido algún actuar ilegal o arbitrario de la Policía de Investigaciones de Chile.

TERCERO: Que, en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio, aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, lo que se impugna en esta acción constitucional es la circunstancia de que no se habría efectuado el pago íntegro de la "Gratificación de Zona", al no incluir en la base de cálculo la "Asignación de especialidad al grado efectivo" durante el período comprendido entre el ingreso del funcionario a la institución y el 26 de abril de 2021.

QUINTO: Que, respecto a la alegación de extemporaneidad, ésta será acogida, por cuanto el recurrente no acompaña antecedente alguno que permita acreditar que tomó conocimiento del acto impugnado “algunos días después del 11 de marzo de 2025”, en circunstancias que las sentencias que cita en su propio libelo y que habrían resuelto casos similares fueron dictadas en diciembre de 2022 y diciembre de 2023 por la Excma. Corte Suprema. Además, como expone la recurrida, el actor reconoce la existencia de los Radiogramas N° 225 de 30 de mayo de 2019 y N° 285 de 2 de julio de 2019, comunicados a toda la institución, que informaban sobre la situación del cálculo de la gratificación de zona, lo que hace inverosímil su alegación de conocimiento reciente de los hechos.

SEXTO: Que, sin desmedro de lo anterior, como se puede apreciar, la pretensión desarrollada en el libelo dice relación con el pago retroactivo de remuneraciones a un funcionario de la PDI, en el período allí indicado, asunto que, por su naturaleza, debe ser objeto de pronunciamiento en la instancia judicial declarativa que corresponda. En efecto, un primer asunto que impide el éxito de la presente acción constitucional cautelar consiste en que el derecho del funcionario determinado a percibir la gratificación de zona exige la acreditación de su presupuesto de hecho esencial: el desempeño de una función pública en un lugar del territorio nacional sujeto a este beneficio, que según el propio recurrente sería la ciudad de Iquique entre los años 2012 a 2021.

Misma situación se extiende a la alegación de prescripción de los derechos reclamados por la recurrida, aspecto que depende de un proceso y un pronunciamiento eminentemente declarativos.

SÉPTIMO: Que, entonces, se trata de un requisito contenido en normas estatutarias que, como tales, son de orden público e indisponibles para las partes y su concurrencia debe ser verificada por el tribunal competente, a través del procedimiento de lato conocimiento que al interesado franquea el ordenamiento jurídico. Asimismo, la época en que se habría producido la exigibilidad del derecho que se reclama podría ameritar la discusión acerca de la prescripción de la acción para exigirlo, aspecto que depende de un proceso y un pronunciamiento eminentemente declarativos.

Lo anterior, también ha sido reafirmado en un fallo reciente de la Corte Suprema, en causa Rol N°23.936-25, de cuatro de julio recién pasado.

OCTAVO: Que, como ya se asentó con antelación, debe destacarse una vez más en la naturaleza esencialmente cautelar y de emergencia de la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental y, particularmente, en la circunstancia que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados.

Expresado, en otros términos, tiene un propósito conservativo, de tutela de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones o el reconocimiento de derechos.

NOVENO: Que, en el mismo orden de ideas, las peticiones de la parte recurrente, expresadas en su libelo, comportan -en último término-, la pretensión de adjudicar un derecho, para cuyo fin esta Corte tendría que conocer y resolver una controversia jurídica, lo que desborda los fines y propósitos de esta clase de procedimientos, según ya se explicó.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-6555-2025