INDUSTRIA TEXTIL TALINAY LTDA. con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE MAIPÚ

Santiago, cinco de marzo de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Mario Cartes Eljatib, abogado, mandatario judicial de Industria Textil Talinay S.A., e interpone acción constitucional de protección en contra de doña nombre reservado, fiscalizadora de la Inspección Comunal del Trabajo de Maipú, y en contra de esa Inspección Comunal, por la dictación de la resolución de Multa N° 8569, de 31 de julio 2018, que le impuso una sanción de 20 IMM, con lo cual se conculcarían sus garantías constitucionales de los numerales 3 inciso cuarto y 24 del artículo 19 de la Constitución.

Explica que el día 26 de julio de 2018 se efectuó la correspondiente fiscalización, estimándose que había incurrido en la infracción de: “No exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización (…), según el siguiente detalle: determinación del capital propio inicial años 2017 y 2018”. Sin embargo, sostiene, dicha afirmación no es efectiva, ya que compareció al proceso fiscalizador y de manera muy detallada y en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.880, formuló peticiones precisas sobre la materia, esto es, que se active el procedimiento establecido en el artículo 49 del Código del Trabajo y se oficie al efecto al Servicio de Impuestos Internos. Pese a ello, de manera ilegal y arbitraria se cursó la multa que por esta vía impugna.

Acusa que al proceder de esa forma la recurrida excedió sus atribuciones y, actuando ilegalmente, se arrogó facultades propias y excluyentes de los Juzgados del Trabajo. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 420 del Código del ramo, corresponde a estos interpretar la ley laboral y conocer de las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales, por lo que no puede un órgano administrativo emitir un acto que, por su contenido, equivaldría derechamente a omitir la existencia de lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del mismo cuerpo legal, en lo que dice relación con la determinación del capital propio del empleador, para efectos del pago de gratificaciones. Además, estima que la recurrida se desentiende de principios básicos sobre interpretación de la ley, pues pretende sustentar la Resolución de Multa invocando normas anteriores y generales (infracción de los artículos 31 y 32 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), obviando la existencia de normas posteriores y especiales, que regulan de manera precisa la materia, como son los artículos 48 y 49 del Código del Trabajo.

Por otro lago, arguye que en el actuar de la parte recurrida se vulnera el principio de los “actos propios”, desde el momento en que la Dirección del Trabajo, cada vez que requiere emitir un dictamen relacionado con las gratificaciones que guarde relación con el capital propio del empleador, envía un oficio al Servicio de Impuestos Internos para que se pronuncie sobre la materia.

En cuanto la vulneración de garantías constitucionales enunciada, indica que la recurrida se ha arrogado atribuciones –interpretativas- que son de competencia privativa de los Tribunales de Justicia, infringiendo con ello los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, y, por otro lado, ha conculcado el derecho de propiedad de la empresa recurrente, ya que se le ha impuesto una multa que debe pagar con su dinero, sobre la base de un acto ilegal y arbitrario.

En virtud de lo antes expuesto, solicita se acoja la presente acción constitucional, y se declare que se deja sin efecto la resolución en comento, restableciendo así el imperio del derecho, con costas.

Segundo: Que informando la parte recurrida, pide el rechazo con costas del recurso, por cuanto la Resolución de Multa N° 8569/18/64 es el resultado de una fiscalización que obedece a una denuncia, entre otras cosas, por no pagar las gratificaciones correspondientes.

Expone que, al llevarse a cabo el procedimiento inspectivo en la empresa, la fiscalizadora nombre reservado procedió a entrevistar a la Sub Jefa de Local, quien indicó no poseer antecedentes para resolver la fiscalización en terreno, por lo que se les citó para que el día 23 de julio de 2018 concurrieran a las dependencias de la Inspección Comunal del Trabajo de Maipú, a efectos de exhibir la documentación indicada en el Formulario Inspectivo N° 4, dentro de la que se encontraba aquella que contiene la determinación del capital propio inicial de los años 2017 y 2018. Ante dicha solicitud, agrega, la recurrente señaló que este servicio no posee facultades suficientes para requerir esta información, y, en lugar de entregar la documentación, presentó la carta que incorporó a su recurso.

En razón de lo anterior, al no recibir la información necesaria para llevar a cabo las labores de fiscalización, y considerando las normas contenidas en los artículos 31 y 32 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y de Previsión Social, procedió a cursar la sanción contenida en la resolución impugnada.

Luego, razona en torno a las facultades de la Dirección del Trabajo en la materia y la legalidad de la actuación de la Inspección Comunal y su fiscalizadora, que se ajusta plenamente a lo contemplado en artículos 48 y 49 del Código del Trabajo, y 31 y 32 recién citados, no obstando a ello la facultad de oficiar al Servicio de Impuestos Internos para efectos de requerir la información pertinente para el cálculo del pago de gratificaciones. Por tanto, no se ha efectuado interpretación alguna, sino que simplemente aplicó lo que se desprende del tenor literal de los en comento, que lo facultan a requerir la documentación necesaria para llevar a cabo el procedimiento de fiscalización y sancionar a la empresa si no cumple con ello, y del artículo 49 del Código del Trabajo, que expresamente le confiere la facultad y no la obligación de solicitar información al Servicio de Impuestos Internos. Por lo demás, siendo información contable de la empresa necesaria para el cálculo del monto de las gratificaciones a pagar, no debiese existir inconveniente alguno en que la actora dispusiese de dicha información.

Por otro lado, niega haber infringido las garantías constitucionales que se denuncian como vulneradas, por cuanto no ha hecho más que aplicar la normativa vigente, dentro del ámbito de sus facultades, sujetándose al tenor literal de lo dispuesto en las normas pertinentes. A ello agrega que la recurrente no ha sido juzgada por una comisión especial, sino que ha sido multada en atención a las facultades fiscalizadoras y sancionadoras del servicio, que han sido previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, destaca que en caso que la empresa sancionada estime que la multa no se ajusta a los hechos o al derecho vigente, el artículo 503 del Código del Trabajo le permite reclamar ante los Juzgados de Letras del Letras del Trabajo para resguardar sus derechos, así como también se encuentra protegida mediante las acciones administrativas y judiciales contempladas en los artículos 511 y 512 del mismo cuerpo legal.

Igualmente, sostiene que no ha privado a la recurrente de derecho alguno, sino que simplemente la ha multado, ajustándose plenamente a derecho, dado que la empresa no cumplió con su obligación de proveer la documentación requerida por el servicio, siendo ella misma quien, pudiendo disponer de la información requerida, voluntariamente ha determinado no presentar la documentación y, como consecuencia de su acción, fue sancionada.

Tercero: Que, se trajeron los autos en relación.

Cuarto: Que, el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las medidas que resulten necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección de los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria y/o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución, en su artículo 20 ampara, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

Quinto: Que, se invoca por la empresa que acciona, la transgresión del ejercicio legítimo del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y del derecho de propiedad. Por ello la existencia del artículo 503 y 511 en el Código del Trabajo, que permiten discutir en sede judicial la imposición de multas por el fiscalizador, no es obstáculo para que se utilice esta vía para conocer los hechos, en que se hacen consistir la transgresión a las garantías constitucionales invocadas.

Sexto: Que, no se encuentra discutido que la empresa recurrente fue fiscalizada, constatándose infracción a la normativa laboral por lo que se le impusieron multas por No exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización.

En la especie no ha existido la infracción a lo previsto en el artículo 19 N° 3 inciso 4° y N°24 de la Carta Fundamental, al disponer la autoridad administrativa una multa en contra de la recurrente por haberse detectado por un fiscalizador de la Dirección del Trabajo el incumplimiento de la ley laboral, toda vez que conforme a lo previsto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 308 de 1960 de Hacienda, que fijó el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 Ley Orgánica de dicho servicio , se le otorga a éste precisamente la función de supervigilar la aplicación de las leyes laborales, tarea que a su vez se encuentra complementada con lo previsto en el Código del Trabajo, que precisamente consagran la facultad, en primer término, de aplicar sanciones de carácter administrativo por los inspectores del trabajo cuando éstos constaten infracciones de carácter laboral y, además, que se les concede la función de fiscalizar e interpretar para los fines del control de la legislación laboral.

Séptimo: Que, la cuestión reclamada se basó en la constatación hecha por un ministro de fe, autorizado por la ley, de una infracción a la normativa laboral, lo que le permitió administrativamente conocer y sancionar el incumplimiento constatado, sin que ello importe una actividad de orden jurisdiccional, pues precisamente la misma ley laboral le asegura al afectado una acción judicial para reclamar de la decisión administrativa que le perjudica, con lo cual podrá discutirse la procedencia de la sanción y la justificación o no de la medida impuesta por el Órgano Administrativo, de tal modo que toda la cuestión se encuentra sometida al imperio del derecho, sin que se advierta, con la claridad que exige el artículo 20 de la Constitución Política de la República, la ilegalidad o arbitrariedad que se le imputa a la recurrida.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se rechaza con costas, la acción de protección intentada por Industria Textil Talinay S.A.

Regístrese y comuníquese.

Redactó la abogado integrante Sra. Herrera Fuenzalida.

Rol N°65.537-2018(protección)

Pronunciada por la Primera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Javier Aníbal Moya Cuadra e integrada por el Ministro señor Leopoldo Llanos Sagristá y la Abogado Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.