nombre reservado con MINISTERIO DE EDUCACION

91 Foja: 86 Ochenta y seis Santiago, siete noviembre de dos mil catorce.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a fojas 7, comparece doña nombre reservado, quien recurre de protección en contra del Ministro de Educación don nombre reservado, aseverando que el recurrido le comunicó el 8 de septiembre pasado, la Resolución Exenta (que identifica con el numeral 471) de 23 de junio de 2014, que procedió a su desvinculación, circunstancia que a juicio de la recurrente vulnera las garantías de los numerales 1, 2 y 24, todos ellos del artículo 19 de la Constitución Política de La República, por lo que solicita acoger el recurso y ordenar que se tomen las medidas pertinentes para el restablecimiento del derecho, proponiendo que se deje sin efecto la resolución recurrida y se le reincorpore a la misma, con costas de recurso.

SEGUNDO: Que, la recurrente adiciona que se le nombró en el cargo de asesoría técnica pedagógica en el Departamento Provincial de Educación de El Loa con fecha 25 de marzo de 2013, grado 12, de la Escala Única de Sueldos, a contrata, la que le fue renovada para el año 2014 bajo la cláusula “hasta que sus servicios sean necesarios” los que, en todo caso, no pueden exceder del 31 de diciembre de 2014.

Sin embargo, indica que mediante la resolución aludida se le puso término a sus servicios basado en que sus funciones ya no eran necesarias, debido a que el perfil profesional de la funcionaria no se ajusta a las necesidades del ministerio en relación a la reforma y nueva organización de los equipos de trabajo.

Acusa que los motivos expuestos resultan insuficientes para poner término a su vínculo laboral, toda vez que el documento aludido “echa por tierra” los principios de certeza y seguridad jurídica, atendido a que la expresión “mientras sean necesarios sus servicios”, como lo ha señalado la Contraloría General de la República, mediante jurisprudencia administrativa, debe consistir en un acto administrativo formal, debidamente fundado en los términos de los artículos 11, 16 y 41 de la Ley N° 19.880, lo que permite colegir, en consecuencia, que el acto recurrido no tiene justificación suficiente y, por ende, adolece de ilegalidad y arbitrariedad.

Así las cosas, expone que con la situación descrita se vulneran los derechos del numeral 1 del artículo 19 de la Carta Fundamental, toda vez que se ha visto afectada por la injusta desvinculación de su trabajo, lo que implica un tormento injustificado y actos que atentan contra su existencia, dado el caprichoso actuar del recurrido. Asimismo, indica que se vulnera su igualdad ante la ley – artículo 19 N°2 de la Carta Política-, en el sentido que se ha dejado seguir en funciones a dos personas con el mismo cargo y en la misma calidad jurídica, no habiendo sido fruto de evaluación negativa y que supone que se debió a tendencias político-ideológicas incompatibles.

Finalmente, agrega que el acto recurrido merma su derecho de propiedad, por cuanto ostenta derecho sobre el cargo cuya duración tenía definida hasta el 31 de diciembre próximo.

TERCERO: Que, a fojas 27, doña nombre reservado, Subsecretaria de Educación informa el recurso, exponiendo previamente que el acto recurrido es la Resolución N° 470, de 22 de julio de 2014, el que ha sido objeto de Toma de Razón con fecha 1 de septiembre pasado.

En segundo término, explica que los cargos que en la administración tienen la calidad de contrata, tienen una duración definida por la ley, esto es, hasta el 31 de diciembre del año calendario o mientras sus servicios sean necesarios, según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 18.834, lo que permite concluir que la autoridad cuenta con razonable discrecionalidad para determinar, bajo criterios de mérito, oportunidad o conveniencia, una duración de dicha contrata, por lo que su término, en la forma que dispone el acto recurrido, no es contrario a la ley.

Por otro lado, indica que, a nivel jurisprudencial, la expresión “y/o hasta que los servicios sean necesarios” faculta a la administración para poner término a las funciones del empleado a contrata, el que es esencialmente transitorio, en caso que las necesidades del servicio así lo requieran, sin requerir una mayor fundamentación, de las circunstancias puntuales y específicas que motivan la decisión.

En otro orden de cosas, sostiene que no se avizora vulneración alguna a los derechos cuya afectación denuncia, dado que su actuar es razonable y conforme a derecho, teniendo especial consideración que no recae derecho de propiedad alguno sobre su cargo por tratarse de funciones de carácter público, sin que se sobreponga a su respecto el derecho privado y por constituir el cargo la naturaleza de temporal dentro de la estabilidad que la propia ley le confiere.

En virtud de lo reseñado, solicita que el recurso sea rechazado, con expresa condena en costas.

CUARTO: Que, en primer término, cabe precisar que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar, como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, ahora bien, de los antecedentes aparejados en el proceso, se establece que la recurrente cumplía servicio bajo la modalidad a contrata. Al respecto, la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3, luego de definir la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, al referirse a los empleados a contrata, señala que son aquellos de carácter transitorio en la dotación de una institución. Enseguida el mismo texto legal aborda en su artículo 10 la permanencia en esta clase de cargos, estableciendo que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el sólo ministerio de la ley, esto es, está implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata antes de la fecha recién indicada. Es posible, en consecuencia, constatar que las expresiones: “como máximo” y “mientras sus servicios sean necesarios”, han sido establecidas para posibilitar en estos nombramientos un período de vigencia menor al que reste para finalizar el año en que éstos se efectúen.

SEXTO: Que, en consecuencia, el Ministro de Educación, no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, de lo expuesto en el párrafo precedente se colige que toda designación de funcionarios a contrata en la administración pública es esencialmente transitoria y, en efecto, no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir, es decir, su principal característica es la precariedad en su duración, la cual está supeditada a las necesidades de la entidad empleadora, de manera tal que al invocar la causal esgrimida en la resolución que se impugna, sólo se ha ejercido una facultad legal al estimar que los servicios de la recurrente ya no son necesarios.

SEPTIMO: Que, asimismo, de ninguna manera es ilegal recurrir a la fórmula “mientras sean necesarios sus servicios” para dejar sin efecto una contrata si en la propia Resolución de nombramiento de la recurrente, no objetado por ésta en su oportunidad, se incluyó dicha posibilidad, como ya se ha visto. Y, por cierto, si la Administración, estando facultada para ello, ha dejado sin efecto una contrata utilizando esta fórmula, esa es la fundamentación necesaria que la recurrente echa en falta, sin que la judicatura pueda reemplazar el juicio de la autoridad administrativa.

OCTAVO: Que, por consiguiente, la inexistencia del comportamiento antijurídico invocado que ha dado fundamento a este recurso conduce necesariamente a su desestimación, puesto que la autoridad administrativa no ha actuado en forma ilegal ni arbitraria, pues su actuación obedece a una facultad exclusiva y excluyente de ella.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional de fojas 7, sin costas en virtud de lo dispuesto en el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil.

Acordada contra el voto del ministro señor Gajardo, quien estuvo por acoger la acción constitucional de fojas 7 y dejar sin efecto la Resolución N° 470 de 22 de julio de 2014, en virtud de las siguientes consideraciones:

La Resolución antes mencionada sólo se limita a considerar, luego de un visto que no aporta basamentos de derecho, acto seguido, indicar como causa: “Término de Contrato, sus servicios ya no son necesarios.”

En concepto de este juez esa actuación administrativa no está revestida de fundamentos que la hagan razonable y, por consiguiente, se tiñe del defecto de la arbitrariedad. Este aserto se basa en que no hay basamento jurídico ni fáctico para apreciar legitimada la decisión que exonera; el sentido común no califica como razonable una premisa espetada a la manera de la que se cuestiona.

El artículo 10 de la Ley 18.834, expresa que los empleos a contrata durarán como máximo hasta el 31 de diciembre y la autoridad ha creído atenerse a esa norma con el solo recurso, en los contratos correspondientes, a la expresión “hasta cuando sus servicios sean necesarios”. Pues bien, habida cuenta el principio que recoge el artículo 11 de la Ley N° 19.880 -perentoria fundamentación de los actos administrativos que afecten derechos funcionarios- no cabe juzgar razonada una decisión que análoga o identifica la terminología “como máximo” al mero arbitrio del empleador. Ningún mérito existe para considerar que la expresión legal “como máximo…hasta el 31 de diciembre de cada año” pueda significar “hasta la mera voluntad del contratante”.

Por consiguiente, a falta de fundamento de razón, el decreto que se impugna es susceptible de reproche de arbitrariedad.

Redacción del Ministro señor Valderrama.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N° 65530-2014.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Carlos Gajardo Galdames e integrada, además, por el ministro señor Manuel Antonio Valderrama Rebolledo y la ministro (S) señora Dora Mondaca Rosales. No firma la ministra(S) señora Mondaca, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por haber terminado su comisión de servicios en esta Corte.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a siete de noviembre de dos mil catorce, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.