nombre reservado con SUPERINTENDECIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Santiago, nueve febrero de dos mil veintiuno.- VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, abogado, actuando por sí, e interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y en contra de su representante legal don nombre reservado, con motivo de la dictación de la Resolución Exenta N° R-01-F-55608-2020 de fecha 19 de junio de 2020, notificada el 27 de junio del mismo año, el cual califica como ilegal y arbitrario, vulnerando el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Solicita se deje sin efecto la resolución citada y/o adoptar las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Expone que en el año 1990 ingresó a desarrollar funciones a la Vicepresidencia Ejecutiva de Comité de Inversiones Extranjeras, donde desarrolló funciones como abogado nivel I de la Planta de Profesionales, para posteriormente, durante 8 años, realizar la labor de Fiscal.

Precisa que a contar del año 2017 a raíz de cambios en su jefatura directa, comenzaron una serie de actos de hostigamiento y acoso laboral que le provocaron un cuadro de estrés laboral, según da cuenta el certificado emitido por la Asociación Chilena de Seguridad de 03 de octubre de 2018, Agrega que el 13 de noviembre de 2018 a raíz del procedimiento de Sumario Administrativo fue suspendido de sus funciones hasta la fecha, siendo este uno más de los antecedentes que dan cuanta del acoso laboral y que, en razón de ello, interpuso denuncia por vulneración de derechos fundamentales en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, causa RIT T-1748-2019.

Relata como otro antecedente, que en el año 2018 el Director de la Agencia de Promoción de Inversión Extranjera, solicitó una evaluación de irrecuperabilidad de su salud, al haber hecho uso de 221 días licencias médicas, entre el 02 de noviembre de 2016 y el 05 de octubre de 2018.

Luego se remite a la Resolución Exenta USESAT N°44048 de 26 de diciembre de 2018, mediante la cual la Intendenta de Seguridad y Salud del Trabajo, calificó como enfermedad profesional la patología que le afectaba, resolución respecto de la cual el Director (S) de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, dedujo recurso de apelación, el que resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, acogió la petición formulada por el empleador, cambian la calificación de laboral a enfermedad común.

Explica, haber interpuesto ante esta misma Corte, recurso de protección en contra de la Resolución de la Superintendencia, por el cambio de criterio sin ofrecer mayores antecedentes, resultando acogido en el ingreso Rol N° 98.717-2019, dejando sin efecto la Resolución impugnada, -Resolución Exenta N° R-01-S-37664-2019-. Agrega, que la sentencia fue recurrida ante la Excma. Corte Suprema, siendo confirmada para el sólo efecto que la Superintendencia de Seguridad Social dispusiera la realización de una nueva evaluación médica en relación al origen de la patología señalada por el recurrente, y cumplido ello, se pronunciara nueva y fundadamente al respecto.

Alega que en virtud de lo resuelto la recurrida dicta una nueva resolución, Exenta N° R-01-F-55608-2020 de fecha 19 de junio de 2020, la que tilda de ilegal y arbitraria y vulnerar, nuevamente, el derecho de igualdad ante la ley, puesto que no se encuentra fundada, presenta graves errores y omisiones, constituyéndose en un acto ilegal y arbitrario. Adiciona, que no se acompaña informe de nueva evaluación médica, no informa quienes fueron los profesionales que la realizaron, ni menciona los nuevos antecedentes tenidos a la vista para cambiar el criterio de calificación de enfermedad de origen laboral a una de origen común. Cita el artículo 11 de la Ley N° 18.834.

Refiere que dado lo anterior, el acto sería arbitrario y, además ilegal, básicamente, por no estar fundado, ni dar cuenta de los antecedentes que sustentan la decisión adoptada.

Sostiene que la conducta arbitraria e ilegal de la recurrida viola flagrantemente el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, puesto que el hecho de que se haya decidido revocar la resolución que establece que su patología como enfermedad profesional, por un acto de autoridad no fundado, genera un trato diferenciado en relación a los demás trabajadores de su servicios y de otras empresas en las cuales las decisiones de la SUSESO quedan firmes y ejecutoriadas una vez que se interponen recursos dentro de plazo y de la forma idónea en su contra, no cumpliéndose en el presente caso con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 18.834.

SEGUNDO: Que evacuando el respectivo informe, la Superintendencia de Seguridad Social deduce excepción de cosa juzgada, en subsidio alega la improcedencia del recurso en materias de seguridad social y en subsidio de las anteriores, informa en cuanto al fondo del asunto, solicitando que el recurso sea desestimado en todas sus partes, con costas.

Alega en primer término la excepción de cosa juzgada, afirmando que conforme lo resuelto en el recurso de protección Rol N°98.717-2019 confirmado por la Excma. Corte Suprema en el Rol N° 274-2020, se acogió la acción para el sólo efecto que la recurrida dispusiera la realización de una nueva evaluación médica en relación al origen de la patología y cumplido ello, se pronunciara nueva y fundadamente al respecto, lo que acató mediante la Resolución Exenta N° R-01-F-55608-2020, para la cual se tuvo a la vista nuevos antecedentes aportados por el empleador, los proporcionados por el trabajador y estudio del puesto de trabajo, los cuales se exponen en la resolución, como asimismo los razonamientos que llevaron a la resolución de “Confirmar el origen común de la patología de salud mental que evidencia don nombre reservado, no correspondiendo por ende, que se le otorgue la cobertura de la Ley N°16.744, dándose a su vez cumplimiento a lo ordenado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago”.

Afirma, que conforme a lo expuesto la acción ya fue resuelta, SUSESO dio estricto cumplimiento a lo ordenado, dejando constancia de ello mediante escrito presentado el 22 de junio de 2020 en la causa Rol N° 7.717-2019, por lo que en la especie concurren todos los requisitos para acoger la excepción de cosa juzgada.

A continuación, alega la improcedencia del recurso, puesto que se trata lo pretendido en materias vinculadas con la seguridad social, aspecto que no se encuentra contemplado dentro de los derechos que resguarda el recurso de protección.

En subsidio de todo lo anterior, afirma que no es posible sostener que exista una actuación ilegal o arbitraria, precisando que sus facultades emanan del artículo 19 inciso 4° numeral 18, en cuanto corresponde al Estado supervigilar el adecuado ejercicio del Derecho a la Seguridad Social, encomendándose a su parte cumplir con dicho mandato en las materias que son de su competencia, para lo cual se le ha dotado de amplias atribuciones legales en torno a sus funciones como institución fiscalizadora del Estado, habiendo su parte actuado acorde con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo.

Precisa en lo que dice relación con la materia objeto del recurso, que la Ley N°16.774 creó el Seguro Social Obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que fuera aplicada al caso de marras, dictaminándose que el recurrente no padecía una enfermedad laboral, cuestión de hecho que se refiere a una materia de orden médico y que conforme al artículo 77 de la mencionada ley, le corresponde resolver las reclamaciones, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso.

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad denunciada, advierte que dio estricto cumplimiento a lo ordenado por esta Corte, expresando en la resolución los antecedentes que permitieron el cambio de criterio, junto con la inexistencia de malos tratos en contra del recurrente, explicitándose los fundamentos de la calificación los que incluyen doctrina médica y que llevaron a disponer la resolución señalada.

Sostiene que no hay ilegalidad, puesto que el organismo encargado de la fiscalización del seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, emitió el Dictamen dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo a las facultades fiscalizadoras que le han sido entregadas por el legislador.

Refiere que el conflicto de relevancia jurídica dice relación con el sentido y alcance que debe darse a una determinada norma, lo que escapa al ámbito de aplicación de este recurso, y es propio de un juicio de lato conocimiento en que el juez está llamado a interpretar la norma que se trate, desbordando los límites de esta acción.

TERCERO: Que para que proceda el recurso de protección se requiere que efectivamente se hayan realizado actos o incurrido en omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho que se encuentra garantizado y amparado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que el acto que se estima ilegal y arbitrario por el recurrente lo constituye la Resolución Exenta N° R-01-F-55608-2020 de fecha 19 de junio de 2020, por estimar que carece de la debida fundamentación y, no cumplir la recurrida con lo ordenado por la Excma. Corte Suprema, cual fue someter a una nueva evaluación al protegido.

QUINTO: Que conforme lo explican las partes y consta de sentencias allegadas al recurso, el afectado, previamente a la presente acción cautelar, dedujo recurso en términos similares al presente, el que fue conocido por la Quinta Sala de esta Corte en ingreso Protección N° 97.717-19, siendo acogido, dejando sin efecto la Resolución Exenta N°R-01-S-37664-2019, mediante la cual, la Superintendencia de Seguridad Social, determino, ahora, que la enfermedad del afectado era de origen común y, en consecuencia no de carácter laboral o profesional.

Es así, como recurrida tal decisión por el afectado, la Corte Suprema, confirmo dicho recurso, en causa Rol N° 274-2019, con declaración que debía efectuarse una nueva evaluación y fundamentarse y, es así que la recurrida, instruyo al efecto, para finalmente dictar una nueva Resolución, calificando, nuevamente, la dolencia del recurrente de carácter común, materia objeto de la presente acción cautelar.

SEXTO: Que previamente la Superintendencia de Seguridad Social, deduce dos alegaciones tendientes al rechazo de la presente acción constitucional, la primera, existencia de cosa juzgada, amparada en sentencia dictada por la Quinta Sala de esta Corte de Apelaciones, confirmada con declaración por la Corte Suprema, ordenando realizar una nueva evaluación al recurrente, lo que cumplió y, la segunda, dice relación, que la materia en cuestión dice relación con la seguridad social, quedando fuera de las garantías constitucionales que permite la acción de protección SEPTIMO: Que en lo que respecta a la excepción de cosa juzgada, es de advertir de los antecedentes relatados, y del mérito de aquellos que informan el presente recurso, se determina la falta de concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto, debe existir, no solo la identidad legal de personas y cosa pedida, sino que también igual causa de pedir, en el caso se está frente a dos resoluciones manifiestamente distintas y, que constituyen los actos que se reclaman como ilegales y arbitrarios, uno del año 2019 y, otro del año 2020, los que por lo demás no coinciden totalmente en sus fundamentos.

OCTAVO: Que en cuanto a la improcedencia de la acción de protección por decir relación con materias de seguridad social, esta alegación no podrá ser atendida puesto que si bien la materia del recurso versa sobre aspectos relativos a la seguridad social, cuya regulación se recoge en la garantía contemplada en el número 18 del artículo 19 de la Constitución Política -no admisible de protección-, lo cierto es que el actor, no ha invocado la garantía contemplada en el numeral citado del artículo 19 como vulnerada por el acto que denuncia en su libelo y, por otra parte no puede entenderse restringida a dicho numeral el rechazo de calificación de enfermedad profesional, puesto que resulta evidente que con ello se pueden ver afectadas otras garantías constitucionales, siendo así como en el caso se entiende por el recurrente afectada el derecho de igualdad.

NOVENO: Que en cuanto al fondo del recurso, cabe señalar, que en definitiva el acto atacado se debe circunscribir a determinar si la recurrida dio cumplimiento a lo ordenado por la Corte Suprema en los términos que se consignan en el fallo, que dice “Se confirma la sentencia apelada de fecha doce de diciembre de dos mil diecinueve, con declaración que se acoge el recurso de protección para el sólo efecto que la Superintendencia de Seguridad Social disponga la realización de una nueva evaluación médica en relación al origen de la patología que refiere el actor en autos, y cumplido ello, se pronuncie nueva y fundadamente al respecto”.

En consecuencia se hace necesario enterarse, si luego que la Superintendencia de Salud y Seguridad Social dictara la Resolución Exenta N°R-01-S-37664-2019 de 30 de agosto de 2019, (cambio de criterio), sometió al recurrente a una nueva evaluación a fin de determinar el origen de su enfermedad, lo que se traduce en citarlo para exámenes, peritaje u otros, a fin de estudiar con más antecedentes su situación de salud, a fin de decidir si correspondía a una dolencia de carácter laboral o común; de relevancia para acceder a los beneficios de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

DECIMO: Que la recurrida, mediante la Resolución Exenta N° R-01-F-55608-2020 de fecha 19 de junio de 2020, impugnada por esta vía, procedió a calificar la patología de salud mental del recurrente como de origen común, expresando como argumentos para ello, lo siguiente:

a) Antecedentes proporcionados por el empleador, que no se tenía a la vista al momento de emitir la primera resolución, los que dan cuenta de conflicto laboral no asociado al cargo, sino que a sumarios administrativos;

b) Los profesionales médicos citados manifestaron que el cuadro psiquiátrico debe ser interpretado en cuanto a sus manifestaciones clínicas, intensidad, tiempo de aparición, plausibilidad biológica y coherencia, entre otros factores, a la luz de establecer una relación de causalidad directa, tal como lo exige la Ley N°16.744;

c) No se cumplen criterios de reactividad, de cesación, degradiente biológica ni de coherencia, como para establecer una relación causal;

d) Evolución de la patología en el tiempo para determinar que a la fecha, aun cuando no se mantiene una exposición laboral o de cercanía con el agente identificado como estresor, las características del cuadro se mantienen.

UNDECIMO: Que se hace necesario recordar que la Resolución N°R-01-S-37664-2019 de 30 de agosto de 2019, objeto del anterior recurso de protección, dejada sin efecto por la Corte de Apelaciones y, que fuere confirmada por la Corte Suprema, en la forma ya indicada en el motivo noveno de este fallo contiene como fundamento único, según consta de copia de sentencia Rol N° 98.717-19, lo siguiente “citados los profesionales médicos, es posible descartar la exposición significativa del trabajador a estresores propios del cargo, por un tiempo y magnitud suficientes para explicar la emergencia y evolución de la sintomatología psíquica”, sin embargo, estos términos generales nada dicen acerca de cuáles habrían sido estos antecedentes tenidos a la vista, ni cómo liga causalmente dichos antecedentes con las conclusiones que la hacen desestimar la calificación de enfermedad profesional entregada previamente por la misma autoridad, y tampoco se contienen antecedentes de los estudios realizados por los profesionales médicos del Servicio que le sirvieron de fundamento, sin que su acompañamiento, ahora, en el contexto del informe que evacúa, pueda dotar ex post de fundamentos a la referida resolución”.

DUODECIMO: Que la Superintendencia de Seguridad Social acompaño al recurso información que se contiene en el expediente administrativo, apreciándose como datos de relevancia, el Oficio N° 129 de la Agencia de Promoción de Inv. Extranjeras y, las interconsulta de los médicos nombre reservado y, nombre reservado, anotados con fecha 12, 16 y 17 de junio de 2020, respectivamente.

Otros antecedentes adjuntos, corresponden, a informes médicos, peritajes, investigación de puesto de trabajo, resoluciones administrativas, recursos formulados por la empresa INVEST, etc., emitidos o recabados en el año 2018.

DECIMO TERCERO: Que en consecuencia, es posible advertir que constituirían, en principio, antecedentes nuevos o distintos, el Oficio N° 129 de fecha 7 de junio de 2019, dirigido a la Superintendencia de Seguridad Social, por la empresa INVEST, empleadora del actor, apelando de la Resolución de la Asociación Chilena de Seguridad, haciendo un relato de acontecimientos laborales y, adjuntando documentos, relacionados con el ambiente y relaciones de trabajo desarrollado en torno al comportamiento del recurrente.

En cuanto al otro antecedente, interconsultas a los dos profesionales ya mencionados, consta que escribieron lo siguiente:

La doctora nombre reservado dice “…nuevamente sometido al estudio de los profesionales médicos de este Servicio, quienes concluyeron que los antecedentes aportados por la citada Empresa, entre ellos, antecedentes administrativos relativos a los hechos que constituyen el fundamento de la calificación realizada por esta Superintendencia, documentos de la Contraloría GR, permiten modificar la calificación realizada en la citada Resolución Exenta, toda vez que los hechos descritos no pueden considerarse factores de riesgo de tensión psíquica en el ejercicio del trabajo y no es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la Ley N° 16.744, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología que motivó la atención de salud en dicha Mutualidad.” Además, consta en la FICHA PAE, de 25/09/2019, Dr. González, consignó “presentación de INVEST Chile, circunscribe exposición a riesgo laboral y acciones señaladas como hostiles están enmarcadas en Sumario administrativo. Con lo anterior no es posible considerar factor de riesgo señalado como el causante del cuadro clínico.”..

El doctor nombre reservado, -se anota, se le solicita nueva evaluación de los antecedentes que ya había revisado-, escribe “analizados los antecedentes, me parece que no hay elementos que permitan modificar lo obrado, manteniéndose la calificación de origen común. Dado lo extenso del texto, no es posible dejarlo por esta vía, siendo enviado por correo”.

DECIMO CUARTO: Que de todo lo ya expuesto, se puede concluir que la Superintendencia no ha dado cumplimiento estricto a lo dictaminado por la Corte Suprema, cual fue “la realización de una nueva evaluación médica en relación al origen de la patología que refiere el actor…”, resolución que se interpreta en el sentido que no resultaba suficiente volver a revisar los antecedentes médicos, sino que principalmente, someter al afectado a una nueva evaluación médica, lo que implicaba citarlo a entrevista, examen u otro y, no solo limitarse al estudio de la documentación que ya se había tenido a la vista para evaluar la condición que dio paso al estado mental del recurrente.

En efecto, si bien existe en el expediente administrativo numerosa documentación, no se advierten antecedentes distintos a los ya revisados, puesto que los mostrados como prueba nueva, antecedentes proporcionados por el empleador, correspondería al Oficio 129 y documentación adjunta, acompañados al recurso de protección ya revisado por esta Corte, sin perjuicio que la Asociación Chilena de Seguridad para realizar el estudio del puesto de trabajo debió atender a las relaciones interpersonales y de labores al interior de la empresa.

Por otra parte, se estimó necesario por quien estaba a cargo del caso del actor, según se estampó en el expediente, una evaluación por profesionales distintos a los que ya habían intervenido, sin embargo no ocurrió de esa forma, puesto que ambos se abocaron a revisar antecedentes ya conocidos, como ellos mismos dejaron consignado, lo que por lo demás consta en el recurso de protección N° 98.717-19.

DECIMO QUINTO: Que conforme a lo anterior resulta irrelevante emitir pronunciamiento respecto de otra alegación respecto de la resolución atacada a través de la presente acción cautelar, puesto que como ya se ha expresado, la recurrida omitió realizar una nueva evaluación médica al recurrente, lo que resulta arbitrario, ya que nada se lo impedía, vulnerando la garantía constitucional prevista en el Art. 19 N° 2 de la Carta Fundamental, respecto de aquellos trabajadores cuya evaluación se ha hecho a través de procedimientos normados; razón suficiente para acoger la presente acción cautelar, debiendo dejarse sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-F-55608-2020, de 19 de junio de 2020, por fundarse en antecedentes que ya fueron revisados en el recurso anterior acogido ante esta Corte, sin que en esta oportunidad hubiera desplegado la actividad administrativa necesaria a fin de dar cumplimiento a “la realización de una nueva evaluación médica en relación al origen de la patología que refiere el actor”, lo que como ya se dijo, se verifica de los antecedentes que se tuvieron en vista para fundar esta nueva Resolución Exenta N° R-01-F-55608-2020, de 19 de junio de 2020, impugnada en este arbitrio.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social en la forma consignada en el motivo décimo quinto, debiendo restablecerse el imperio del derecho en cuanto la recurrida deberá proceder a administrar las gestiones necesarias a fin de que el recurrente sea sometido a una nueva evaluación médica por un equipo de médicos distinto a aquellos que lo diagnosticaron en la Resolución Exenta N° R-01-S-37664-2019.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la ministro Señora Elsa Barrientos Guerrero.

Rol Corte N° 65.432-2020 Protección.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Miguel Vázquez Plaza e integrada, además, por la ministra señora Elsa Barrientos Guerrero y la abogado integrante señora Carolina Coppo Diez. No firma el ministro señor Vázquez, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con permiso administrativo.