Protección contra Policía de Investigaciones de Chile

C.A. de Santiago Santiago, nueve de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece SAMUEL, Comisario de la Dotación de la Brigada de Investigación Criminal de Lo Barnechea, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, que dispuso su salud irrecuperable, lo que importaría un acto que infringe, perturba y amenaza las garantías constitucionales de los numerales N° 1, 2 y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Precisa que, el acto que se recurre es el correspondiente a la Resolución Exenta Reservada N°NUM000 de fecha 14 de Enero de 2021, de la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile, suscrita por el Director General don HÉCTOR ESPINOSA VALENZUELA, documento por medio del cual se declaró su salud incompatible con el desempeño del cargo, al acumular 252 días de licencia médica sin mediar declaración de salud irrecuperable, que no corresponden a accidentes en acto de servicio, enfermedad profesional, las otorgadas por la Ley de Medicina Preventiva, ni por aplicación de las normas sobre protección a la maternidad contenidas en el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

La autoridad máxima de la institución aludida, sustenta su resolución en el Informe Técnico Reservado N° NUM001, de fecha 12 de Noviembre de 2020, emitido por la Comisión Médica de la Policía de Investigaciones de Chile, instancia médica especializada que es convocada exclusivamente para analizar de forma limitada los registros de licencias médicas y total de días que éstas acumularon; para tales efectos y sin considerar el tipo y calidad de aquellas licencias médicas, patologías y otros antecedentes médicos especializados, solamente fueron convocados dos médicos cirujanos, un cardiólogo y un traumatólogo, situación que desde todo punto de vista resta licitud a los actos que emite esa entidad denominada Comisión Médica, más si se tiene presente que resuelve o debiera resolver situaciones complejas que importan la salud y futuro profesional.

Dedujo el respectivo Recurso de Reposición, con argumentaciones y fundamentos respecto de la resolución adoptada y que se traduce en su exoneración de la Policía de Investigaciones de Chile, al tiempo que declara fundadamente que la Comisión Médica de esa misma institución policial, no cumplió las disposiciones legales para su cometido.

El referido Recurso de reposición, fue resuelto de forma negativa mediante la Resolución Exenta Reservada N° NUM002, de fecha 12 de marzo de 2021, notificado el 5deabril de 2021, que da cuenta de que esa instancia médica limitó sus funciones al simple estudio de datos consignados en la ficha clínica y registro de licencias médicas, sin haber dispuesto para el efecto de informes de los médicos especialistas que me atendieron ante mi requerimiento de auxilio médico y sin considerar la naturaleza de las licencias (acto Recurrido).

El acto declara a mi respecto que presento “una salud incompatible con el desempeño del cargo, al acumular en el periodo comprendido entre el 17 de octubre de 2019 y 20 de agosto de 2020, 252 días de Licencia Médica sin mediar declaración de salud irrecuperable que no corresponden a accidentes en acto de servicio, enfermedad profesional, las otorgadas por la ley de Medicina preventiva, ni por aplicación de las normas sobre protección e maternidad”. Se incorporó adjunto un certificado con el listado de licencias médicas presentadas por el suscrito, aunque omitiendo información importante y decisoria, lo que ha incidido en una errada valoración de hechos que importa finalmente una declaración de salud incompatible con el cargo.

En efecto, este es el documento de respaldo da cuenta de lo siguiente: el referido listado no detalla la enfermedad que cada una de esas licencias mencionaba, omitiendo que las licencias que se deben al cumplimiento de una medida sanitaria de cuarentena dispuesta por la autoridad, estando esta parte impedida de no cumplirla, lo que además podría ser constitutivo del delito dispuesto en el artículo 318 del Código Penal. Este contagio se produce en un periodo en que se mantenía trabajando, por ser sus labores esenciales.

Finalmente, el día 21 de septiembre de 2020, y respetando las instrucciones médicas y sanitarias, le dan el alta médica y se presentó a trabajar. Es así como las ausencias en el periodo mencionado, todas justificadas por licencias médicas, implican que únicamente 148 días de ellas se deben a enfermedades NO COVID, únicas que pueden ser tomadas en cuenta para declarar la salud incompatible con el ejercicio de funciones, por tratarse la Pandemia de un caso fortuito y una enfermedad transitoria, al menos en el caso concreto y habiendo recuperado su salud.

Afirma que la actuación ilegal y arbitraria de las autoridades del presente caso, se verifica en la materialidad del acto que comprende esta acción cautelar, que corresponde a la resolución que rechaza su recurso de reposición en contra de la resolución que, en medio de una pandemia, la más grande de nuestra historia, declara su salud como incompatible con el cargo, el que es ilegal en cuanto esta desprovisto de fundamentación, siendo técnicamente insuficiente, en vista que a su contenido no hace alusión alguna a razones médicas o científicas que sustente tanto lo resuelto por la Comisión Medica Institucional como lo plasmado en la resolución final en los cuales omite hacer referencia al diagnóstico médico de Coronavirus que afectó al recurrente, además es arbitraria dado que ha sido materializada bajo un irracional criterio que importa discriminación.

Ello importa a su vez infringir el artículo 11 de la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

Asimismo, la propagación de la enfermedad denominada COVID-19 ha forzado al Gobierno a tomar medidas con el propósito de afrontar sus efectos en la población. Luego de haberse constatado el primer caso de contagio en el país, el Ministerio de Salud informó una serie de medidas sanitarias que debemos adoptar. Como ya es sabido, una de las medidas más importantes adoptadas por el Gobierno para combatir los efectos de la epidemia de COVID-19 fue la declaración del Presidente de la República del estado de excepción constitucional de catástrofe, el cual comenzó a regir a las 0:00 horas del jueves 19 de marzo de 2020 y cuya vigencia se extiende a la fecha. De esta manera, la declaración del estado de catástrofe tiene importantísimas consecuencias en los negocios y transacciones que a diario realizan personas y empresas en nuestro país. Sin ir más lejos, la autoridad ha decretado medidas progresivas, que iniciaron con el cierre de centros comerciales y la suspensión de eventos masivos, las cuales actualmente se han traducido en la cuarentena obligatoria de más de un millón de personas en diversas comunas del país. Para CASOS CONFIRMADOS: Toda persona que cumpla con la definición de CASO SOSPECHOSO en que la prueba específica para SARS-CoV2 resultó «positiva» (RT- PCR).El médico tratante deberá emitir una licencia médica por 11 días, con código CIE10 U0.1 (casos confirmados por Coronavirus), la que puede ser extendida remotamente en el caso de la licencia médica electrónica, es decir, sin la presencia del trabajado. Si el médico tratante considera necesario prolongar el reposo de acuerdo a la condición clínica del paciente, podrá emitir una nueva licencia, utilizando el mismo código CIE10 (U07.1) sin superar el límite máximo de 14 días para cada una de estas licencias. Para el aislamiento: a.-Si el paciente presenta síntomas, la cuarentena será por 11 días desde el inicio de los síntomas. Si el paciente no presenta síntomas, la cuarentena será por 11 días desde el diagnóstico por test PCR CONTACTO ESTRECHO es la persona que: 1.-Ha estado en contacto con un caso confirmado con Covid- 19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días después del inicio de síntomas del enfermo.2.-En el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido entre 2 días antes de la toma de muestra del test RT-PCR y durante los 11 días siguientes. Cumple con alguna de las siguientes circunstancias de contacto estrecho: corresponderá la emisión de una licencia médica para los contactos estrechos, determinados única y exclusivamente por la SEREMI de Salud de su región, por un máximo de 11 días, la que podrá ser emitida remotamente, de tratarse de una licencia médica electrónica según las siguientes especificaciones: Los contactos estrechos de casos confirmados o probables de COVID19 que se encuentren asintomáticos deberán cumplir cuarentena por 11 días, considerando como día 1 el último de contacto con el caso positivo.

Todos los contactos estrechos deben mantener automonitoreo de síntomas (control de temperatura dos veces al día, control diario de síntomas y medidas de autocuidado) y seguimiento epidemiológico por la Atención Primaria de Salud o la SEREMI de Salud de su región hasta completar 14 días desde el último contacto con el caso. Los códigos a registrar en estas licencias deberán ser Z29.0 (aislamiento) o Z20.8 (contacto con o sin exposición a otras enfermedades transmisibles), definidas en la clasificación internacional de enfermedades CIE10, determinada por la Organización Mundial de la Salud. Como Ud. podrá apreciar, la imposición de medidas sanitarias y su cumplimiento, no son posibles de resistir. En atención a ello, no resulta procedente contabilizar los días de licencia médica que se deban a contagio Covid o Contagio estrecho.

De esta manera, hechos no imputables al suscrito y los efectos de una Pandemia que no tiene precedentes en la humanidad, implican que un periodo de licencia médica asociada a dicha enfermedad no debe ser utilizado en la calificación de salud incompatible con el ejercicio del cargo, menos tras la recuperación de dicha enfermedad.

Por último, en cuanto a las garantías vulneradas, se invocan las referidas a la (...) integridad (...) psíquica de la persona”

La Constitución, en su artículo 19 N° 1, asegura “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”, se pone en peligro su salud psicológica si, quien para estos efectos es su empleador, castiga el tiempo que requirió para recuperarse de Coronavirus. El derecho a no ser discriminado arbitrariamente, En el artículo 19 N° 2 inciso segundo de la Constitución: “La Constitución asegura a todas las personas que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”, toda vez que la decisión de proceder a su i remoción por salud incompatible de un modo arbitrario implica una discriminación arbitraria. En este caso, no debería tomarse en cuenta el periodo que utilizó para recuperarse de una enfermedad que es parte de una pandemia. Y, el Nº 24 que consagra: “La Constitución asegura a todas las personas el respeto y protección del Derecho de Propiedad”. Se afecta igualmente mi derecho de propiedad, consagrado en el artículo 24 de la carta fundamental, derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, ya que con este acto ilegal se ha visto afectado mi patrimonio, su fuente laboral, por un hecho que jamás estuvo en su ámbito de control a diferencia de lo que pudiera ser un acto ilícito o incumplimiento de las normas estatuarias de PDI.

Pide que se ordene a la recurrida el cese de este actuar ilegal y arbitrario y deje sin efecto el acto recurrido, manteniendo su cargo por cuanto en ningún caso se cumplen los requisitos para declarar su salud incompatible con el cargo y que se condene en costas a la recurrida. Informando la PDI, manifiesta que se declaró que el Comisario del Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales, nombre reservado presenta salud incompatible con el desempeño del cargo, al acumular en el período comprendido entre el 17.OCT.019 y el 20.AGO.020, 252 días de licencia médica, las cuales no corresponden a accidentes en acto de servicio, enfermedad profesional, las otorgadas por la Ley de Medicina Preventiva, ni por aplicación de las normas sobre protección a la maternidad, contenidas en el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo, acto administrativo que le fue notificado el 04.FEB.021. Al respecto, hace presente, en cuanto a la fecha 20.AGO.020, que, según da cuenta el registro respectivo, corresponde al 20.SEP.020 Notificado de dicha resolución, el aludido funcionario, dentro de plazo, interpuso en su contra el recurso de reposición que le confiere el artículo 59 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. En el recurso de reposición presentado por el Comisario del Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales, nombre reservado, éste expone que la referida Resolución Exenta N° NUM000 incorporó un certificado con el listado de licencias médicas presentadas por él, arguyendo que tal documento no detalla la enfermedad que motivó cada una de ellas, omitiendo que se deben al cumplimiento de una medida sanitaria de cuarentena dispuesta por la autoridad, encontrándose el recurrente impedido de no cumplirla, pudiendo tal situación ser constitutiva del delito dispuesto en el artículo 318 del Código Penal.

Luego, tras realizar un desglose de cada una de las licencias médicas presentadas, con sus respectivas causas, señala que, de la totalidad de días de ausencia derivados de las mismas, sólo 148 de ellos corresponden a enfermedades no asociadas al Covid-19, siendo éstas las únicas que pueden ser tomadas en cuenta para declarar la salud incompatible con el ejercicio de funciones, por tratarse la pandemia de un caso fortuito, realizando un pormenorizado análisis a su respecto, para concluir que hechos no imputables al suscrito y los efectos de una pandemia, implican que un período de licencia médica asociada a dicha enfermedad no deba ser utilizado en la calificación de salud incompatible con el ejercicio del cargo.

Estando facultada la recurrida para considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, no concurriendo ninguna de las situaciones que hacen excepción a la regla antes citada, decisión que es una facultad discrecional y de exclusiva competencia de la superioridad, de forma tal que a ésta le corresponde su ejercicio una vez constatadas las circunstancias de hecho que la hagan procedente.

Pues bien, basta la sola constatación de que el funcionario ha hecho uso de licencias médicas por más de seis meses, en forma continua o discontinua, lo que debe verificarse en los últimos dos años, y que aquellas no corresponden a licencias médicas por accidentes en actos de servicio, enfermedad profesional o licencias maternales, requiriéndose previamente, como se ha señalado, una evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud.

El registro de licencias médicas de nombre reservado acumula, en el período comprendido entre el 17.OCT.019 y el 20.AGO.020, 252 días de licencia médica, siendo que el “listado” aludido por el recurrente, evacuado por el Jefe del Departamento Contralor de Salud Institucional, consigna la individualización de cada una de las referidas licencias, haciendo referencia, en lo pertinente, al tipo de enfermedad en virtud de la cual han sido extendidas, correspondiendo la totalidad de las del caso en estudio, a “Enfermedad No del Trabajo”. En consideración de ello, no se advierte la necesidad de consignarse con detalle la enfermedad de la cual derivó cada una de ellas.

Por ello la recurrida afirma que se expresan todos y cada uno de los motivos, tenidos en cuenta para su dictación, haciéndose cargo de todos argumentos de la reposición, concluyendo que los antecedentes aportados y alegaciones realizadas, no permiten desvirtuar lo concluido, pues no existe infracción al debido proceso, y dicha resolución está absolutamente motivada en sus antecedentes de hecho y de derecho; que el Informe Técnico emitido por la Comisión Médica, se ha realizado sobre la base de una evaluación efectuada por cuatro médicos especialistas, que han tenido a la vista todos los antecedentes clínicos y ficha médica del recurrente. Por todo lo anterior, pide el rechazo del presente recurso de protección.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO: 1°.- Que, el recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. 2°.- Que, como se desprende de lo manifestado, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 3°.- Que, del examen de la acción de protección deducida, según se adelantó, aparece que la parte recurrente ataca una actuación precisa, la que estima arbitraria e ilegal y que consistió en decretar su salud como incompatible con el cargo que desempeña, sin mediar la correspondiente declaración de salud irrecuperable, a través de la Resolución Exenta Reservada N° NUM000 de fecha 14 de Enero de 2021, de la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile, suscrita por el Director General don HÉCTOR ESPINOSA VALENZUELA, lo que se extiende a la Res.

Ex. ® Nº NUM002 de 12 de marzo de 2021, que a su vez desestimó el recurso de reposición deducido en contra de la primera decisión, lo que importaría un acto que infringe, perturba y amenaza las garantías constitucionales de los numerales N° 1, 2 y 24, todos del artículo 19 de la Constitución Política de la República. 4°.- Que, tal como ya ha tenido oportunidad esta Corte de conocer y resolver, en el Rol de Protección Nº 64.022-2020, en similar situación, acogiendo con fecha 18 de marzo de 2021 la tesis de la recurrente, que en ese caso también era funcionaria de la PDI, decisión que fue confirmada de manera unánime por la Excma.

Corte Suprema de Justicia en el Rol Nº 22.234-2021, con fecha 6 de abril de 2021, siendo que el sustrato legal en el que se enmarca la presente controversia está contenido en la Ley 18.834 y, particularmente en su artículo 151, aplicable al funcionario en análisis, en el que se dispone que la declaración de vacancia del cargo procederá, solamente en casos de: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo; b) Pérdida sobreviniente de alguno de los requisitos de ingreso a la Administración del Estado; c) Calificación del funcionario en lista de Eliminación o Condicional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50, y Ley 19.165; d) Por no presentación de la renuncia, según lo Artículo señalado en el artículo 148, inciso final.

Siendo que, el artículo 151 del mismo texto, le permite al Jefe superior del servicio considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, el haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, cuyo es el caso de autos.

Sin embargo, en su inciso tercero, incorporado por la Ley N° 21.050 de 7 de diciembre de 2017, dispone una exigencia previa para hacer uso de la facultad recién referida, y es que para que el jefe superior del servicio pueda ejercerla, debe requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, la evaluación de la funcionaria respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo, exigencia que en el presente caso no se encuentra cumplida. 5°.- Que, en efecto, si bien la primera parte de la norma se encuentra sobradamente cumplida, en la parte que se refiere a los fundamentos para pedir el retiro de la recurrente de la institución, los que se corresponden a acumular en el periodo comprendido entre el 17 de octubre de 2019 y el 20 de agosto de 2020, 252 días de licencia médica, sin mediar declaración de salud irrecuperable, no correspondiendo dicho término a accidentes en actos de servicio, enfermedad profesional, a las otorgadas por la Ley de Medicina Preventiva, ni por aplicación de las normas sobre protección a la maternidad contenidas en el Título II, del Libro II, del Código de Trabajo. 6°.- Que, de lo expresado en el motivo precedente, aparece de manera evidente que no se dio cumplimiento a lo que ordena perentoriamente el artículo 151 del Estatuto Administrativo, en su nuevo inciso tercero, incorporado por la Ley N° 21.050 de 7 de diciembre de 2017, aplicable al caso planteado, lo que ya permite acoger la presente acción cautelar. 7°.- Que, en abono de la misma conclusión a que se viene arribando, es que contrastadas las facetas tanto fáctica como jurídica, reseñadas precedentemente, es posible inferir que frente a una declaración de recuperabilidad de salud de un funcionario público, emanada del propio organismo institucional pero no el técnico previsto por la ley para emitir esta clases pronunciamientos -que resulta ser vinculante para el organismo-, permite afirmar que no resulta posible asumir que se trasgreda tal constatación y, de todas formas, consentir en una incompatibilidad para el cargo, arguyéndose una consideración centrada únicamente en la extensión de más de seis meses de las licencias médicas utilizadas. Lo anterior, supondría obviar la exigencia legal mencionada en esta sentencia, lo que esta Corte no puede convalidar, aspecto que, además, no ha sido controvertido. 8°.- Que, en igual sentido de lo que se viene resolviendo, cabe destacar que actualmente, existe la debida correspondencia y armonía entre la Ley N° 18.834, N° 18.883, N° 19.070 y N° 19.378 en lo que atañe al procedimiento y a las causales de cesación en el cargo, en aquellos casos en que un empleado público ha hecho uso de licencias médicas en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses, en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable; circunstancia que no sólo obedece a la necesaria unidad, consistencia y plenitud a la que debe aspirar todo sistema jurídico, sino que evidencia una intención del legislador - plasmada en las Leyes N° 21.050 y N° 21.093- en orden a resguardar debidamente, en lo que aquí interesa, a los funcionarios públicos que desempeñan una función pública, regidos por el Estatuto Administrativo. 9°.- Que, en el mensaje presidencial que inició la tramitación del proyecto que se convertiría en la Ley Nº 21.050, expresa que uno de sus propósitos es “contribuir al fortalecimiento de la función pública, mejorando las condiciones de empleo y comprometiéndose con un Estado al servicio de los ciudadanos y del interés general del país”.

Antes de la Ley N° 21.050, uno de los reproches a la legislación vigente a esa fecha radicaba en que la calificación de la salud del funcionario, como irrecuperable o incompatible para el cargo, era realizada por el jefe superior del servicio, esto es, una persona no experta en salud ocupacional.

En efecto, al alero de la antigua normativa, el Tribunal Constitucional sostenía que “la mera circunstancia de haber hecho uso de licencias médicas por más de seis meses en los últimos dos años no habilita por sí sola al Jefe superior del servicio para considerar que el funcionario que ha disfrutado de ellas tenga salud incompatible con el desempeño del cargo que le corresponde, sino cuando ellas sean indicativas de que el afectado no podrá recuperar el estado de salud que le permite desempeñar el cargo”(STC Rol 2024-11-INA, de 13 de diciembre de 2012).

Del mismo modo, expresó que “no basta para fundamentar la declaración de salud incompatible con el cargo el solo hecho de haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, y que, de existir efectivamente un estado de salud en el funcionario afectado que le impida desempeñar el cargo, ella es constitutiva de falta de idoneidad personal -que no es ciertamente culposa- para continuar en su trabajo, circunstancia que, al igual que ocurre con la capacidad, la Carta Fundamental contempla específicamente como factor de diferenciación en materias laborales, al aludir de modo expreso a la “idoneidad personal” (STC 3006-16-INA, de 29 de septiembre de 2016.

Por este motivo, el Ejecutivo propuso modificar el artículo 151 de la Ley N° 18.834 y el artículo 148 de la Ley N° 18.883, en orden a que tal incompatibilidad fuese declarada por la Compin respectiva, esto es, por un órgano técnico cuya función consiste precisamente en desarrollar prestaciones médico- administrativas para constatar, evaluar, declarar o certificar el estado de salud, la capacidad de trabajo o recuperabilidad de los estados patológicos permanentes o transitorios de los trabajadores, con el objetivo de permitir la obtención de beneficios estatutarios y laborales. 10°.- Que, de acuerdo a lo señalado, en el texto final quedó consignado que el pronunciamiento incluirá “la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”, de lo que fluye que la intención legislativa, al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la Compin, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que, al emanar del órgano administrativo competente al efecto, resulta vinculante para el servicio público y, en este sentido, de declararse que la salud es recuperable, no es posible aplicar la causal del artículo esgrimida por la recurrida. 11°.- Que, la anterior resulta ser la única interpretación que, por un lado, materializa la intención del legislador y, por otro, permite dar sentido a la dictación de la Ley Nº 21.050, puesto que - de otra forma- aun cuando el organismo técnico hubiere emitido un pronunciamiento, se permitiría que la autoridad administrativa no especializada resolviera en contrario, dejando desprovisto de todo fundamento el establecimiento de un informe obligatorio en relación a la irrecuperabilidad de la salud del funcionario. 12°.- Que, constatada la ilegalidad de la decisión que afecta a la recurrente, esta deviene en arbitraria, precisamente por carecer de fundamento plausible, conforme ya se reseñó en los motivos precedentes, lo que llevará a acoger la presente acción cautelar intentada. 13°.- Que, por último, en lo que toca a las garantías constitucionales afectadas, resulta palmaria su trasgresión al derecho de propiedad, precisamente al verse el recurrente injustamente privada de manera definitiva de su empleo y, consecuencialmente, de sus remuneraciones, ello en una situación de pandemia mundial excepcional, lo que genera, además, una afectación psíquica de la afectada con la medida, de manera tal que constatada la vulneración, se hace inoficioso entrar a analizar las restantes garantías denunciadas como trasgredidas.

Y de conformidad, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado que regla la materia, se declara:

Que se ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por SAMUEL, interpuesto en contra de la Policía de Investigaciones de Chile PDI y, restableciendo el imperio de derecho, se dispone DEJAR SIN EFECTO la Resolución Exenta Reservada N°NUM000 de fecha 14 de Enero de 2021, de la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile, suscrita por el Director General don HÉCTOR ESPINOSA VALENZUELA, que había dispuesto declarar la salud del recurrente como incompatible con el desempeño del cargo sin mediar declaración de salud irrecuperable del órgano técnico competente establecido por la ley para ello, efecto que se extiende también respecto de la Resolución Exenta Reservada Nº NUM002 de 12 de marzo de 2021, que desestimó el recurso de reposición interpuesto en contra de la anterior decisión, debiendo procederse a requerir el dictamen pertinente de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y, cumplido, proceder conforme a derecho.

Asimismo, el recurrente deberá ser reintegrado a sus funciones, si aún estuviere separado de ellas y, se le pagarán todas aquellas remuneraciones correspondientes al periodo en que estuvo separado de sus funciones y que no le hubieren sido enteradas.

Redacción del Ministro Sr. Alejandro Rivera Muñoz.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

Ingreso Corte Protección Nº 6541-2021.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por los Ministros señora Dobra Lusic Nadal, señor Alejandro Rivera Muñoz y señora Jenny Book Reyes.

No firma la ministra señora Jenny Book Reyes, por encontrarse haciendo uso de feriado legal, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y del acuerdo.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, nueve de noviembre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.