nombre reservado con SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL

Santiago, dos de diciembre dos mil catorce.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fojas 1, comparece don nombre reservado, ingeniero civil eléctrico, domiciliado en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra del Servicio de Salud Metropolitano Central, representado legalmente por do nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; y del Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada, representado legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto consistente en haber sido desvinculado del Servicio, mediante el término anticipado a su contrata, de manera arbitraria, infundada e ilegal.

Funda su acción constitucional en que con fecha 9 de agosto del año 2011, fue contratado por el Servicio de Salud Metropolitano Central hasta el día 31 de diciembre del mismo año, como profesional frado 7° EUS, para cumplir funciones como especialista en fichas clínicas en la Unidad de Informática del Proyecto Hospital Maipú; añadiendo que el año 2012 fue designado Jefe del Departamento. de Telecomunicaciones y el 2013 como asesor del Departamento de Infraestructura y Telecomunicaciones, por lo que su contrato fue prorrogado para totalidad años 2012 y 2013.

Señala que en los mismos término, por Resolución N°833 de 22 de enero de 2014, su contrato fue prorrogado hasta el día 31 de diciembre del mismo año; no obstante lo cual, se puso fin a su contrata antes de que llegara el plazo en que vencía, de manera arbitraria, infundada e ilegal; enmarcándose dicha actuación en el contexto de cambio de gobierno, existiendo rumores de funcionarios que pese a no detentar cargos de exclusiva confianza, estarían incluidos en una lista negra, por falta de confianza política de las nuevas autoridades, situación que devino en hostigamiento laboral.

Indica que el día 10 de septiembre de 2014 el Director del CESFAM, Sr. nombre reservado, le notifica su desvinculación definitiva en virtud de la Resolución N°1837, por cuanto sus servicios no serían requeridos.Destaca que dicha autoridad le informó que tal desvinculación le fue notificada hace 30 días mediante carta certificada; sin embargo, revisados los antecedentes atinentes, pudo constatar que la dirección a la que dicha misiva se remitió, domicilio reservado, no correspondería a su domicilio. Agrega, en consecuencia que hasta el 10 de septiembre del año 2014, ni la Dirección de la CESFAM ni él tenían conocimiento desvinculación, por lo que continuó prestando servicios hasta dicha fecha.

Arguye que la Resolución N°1837 no menciona fundamento alguno del por qué sus servicios ya no son requeridos; haciendo presente que la función que realizaba continúa siendo importante para el ahorro energético y desarrollo de las telecomunicaciones del establecimiento; o en definitiva, que las necesidades que motivaron su contratación y sus posteriores prórrogas siguen vigentes, cuestión que torna su desvinculación en un acto arbitrario e injustificado.

Reclama como garantías constitucionales vulneradas las contempladas en los numerales 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. La arbitrariedad del acto la hace consistir en la omisión de razones suficientes y fundamentadas, tanto en el hecho como en el derecho, que justifiquen su desvinculación, haciendo presente que el Hospital Maipú sigue en proceso de puesta en marcha y adaptación, y que siempre ha sido evaluado en lista sobresaliente ; y la ilegalidad del acto impugnado, la cimenta en que no hay texto legal que permita a dicha cartera poner término anticipado a la contrata, cuya duración original fue establecida hasta el 31 de diciembre de 2014.

Agrega que el artículo 61 de la Ley N°19.880 dispone que la Administración no puede revocar los actos creadores de derechos adquiridos legítimamente; y que el artículo 53 de dicho cuerpo legal autoriza a invalidar lo actos contrarios a derecho, como sucede con la Resolución que por esta vía se impugna.

En cuanto a las garantías constitucionales conculcadas, aduce en primer término la vulneración del derecho a la vida e integridad física y psíquica, comprendido en el numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República; atendido el tormento injustificado, y el hostigamiento laboral de que fue objeto, lo que ya ha sido relatado en los antecedentes hasta aquí expuestos.En segundo lugar estima vulnerado el principio de igualdad ante la ley, por cuanto ha sido discriminado arbitrariamente en función de su preferencia o tendencia política; ello en relación al Convenio 111 de la OIT, al artículo 2 del Código del Trabajo y 17 del Estatuto Administrativo.

También estima conculcado su derecho de propiedad, consagrado constitucionalmente en el numeral 24° del precitado artículo 19, puesto que la prórroga en su calidad de funcionario, le conferiría una especie de derecho al cargo, sosteniendo que la estabilidad en el empleo forma parte del patrimonio personal y pecuniario del sujeto.

Solicita en definitiva que se acoja el recurso de protección y se tomen las medidas para revertir el término de la contrata, proponiendo se deje sin efecto dicha desvinculación, se reincorpore al recurrente al cargo que ostentaba hasta a lo menos el 31 de diciembre de 2014, y se le pague las remuneraciones devengadas en el intertanto, con costas.

Segundo: Que a fojas 37 y 46, el Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada, representada por la abogada doña Claudia Manríquez Villouta, y el Servicio Salud Metropolitano Central, representado a su vez por el profesional don nombre reservado, proceden a evacuar sus informes en idénticos términos, solicitando el rechazo del recurso.

Como cuestión previa a la materia debatida en la presente acción, plantean la extemporaneidad recurso. Y ello por cuanto la Resolución N°1837, de 11 de abril de 2014, fue tomada de razón el primero de julio de 2014, por lo que conforme al artículo 3 de la Ley N°19.880, goza de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad desde su entrada en vigencia; la que fue notificada al recurrente el 18 de julio de 2014 mediante carta certificada, tal como consta en su timbre de despacho, al domicilio domicilio reservado (y no 1896-A como se menciona en el libelo), domicilio registrado en el sistema SIRH, que es el sistema oficial para todo el sistema público, según acredita con certificado emitido por el Encargado de Recursos Humanos del Hospital. De tal forma, el presente recurso fue interpuesto con fecha 08 de octubre del año en curso, esto es, con más de 89 días después de notificada la Resolución N°1837 de 11 de abril de 2014, por lo que procedería la declaración de extemporaneidad del mismo.

En cuanto al fondo, alegan la inexistencia de arbitrariedad e ilegalidad en el acto impugnado; ya que el recurrente fue contratado por Resolución Exenta N°833, de 22 de enero de 2014, emitida por el Director del Hospital Clínico Metropolitano El Carmen, hasta el 31 de diciembre de 2014, siempre que no exceda el período especificado o “mientras sean necesarios sus servicios”, no constando que haya sido contratado para una función específica. La resolución N°1837 de 1 de abril de 2014, esgrimió la causal de no ser necesarios sus servicios, lo que obedeció a la restructuración orgánica del hospital, necesidad que se advirtió con antelación por las nuevas autoridades y que habría justificado la comisión de servicios del recurrente a la Dirección de Atención Primaria.

Refieren que la decisión fue adoptada fundadamente y en cumplimiento a los deberes de eficiencia y eficacia contemplados en los artículos 3 y 5 de la Ley N°18.575, que deben informar la gestión de la Administración, ya que el organigrama de la institución se restructuró para agilizar la puesta en marcha del hospital. Agregan que es de público conocimiento el exceso de funcionarios con que contaba dicho nosocomio, aun cuando las camas no superaban el 25% de la dotación hospitalaria, requiriéndose el aumento de personal clínico y no administrativo.

Expresan que la Resolución se encuentra suficientemente fundada “por no ser necesarios sus servicios”, y además se encuentra tomada razón el 01 de julio de 2014, por lo que goza de presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad; dado que en el nombramiento del recurrente consta la frase “mientras sean necesarios sus servicios”, cláusula armónica con lo establecido en el artículo 3 de la Ley N°18.834 que define a los empleados a contrata como aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución. Por su parte el artículo 10 de dicho cuerpo legal prescribe que duran como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año, por lo que figura implícita la facultad de la autoridad de poner término a las funciones del empleado a contrata antes de dicha fecha.

Concluyen que el Director ha obrado dentro de sus facultades pues a él corresponde determinar el carácter de necesario de los servicios, como jefe Superior del Servicio, por lo que el acto recurrido fue dictado por autoridad competente, con facultades suficientes y actuando dentro de la órbita y ámbito de sus facultades.

Tercero: Que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que antes de pronunciarse sobre la materia de fondo en que incide la acción cautelar de protección deducida por el recurrente, el tribunal debe dilucidar la cuestión previa sobre la admisibilidad del recurso planteada por las recurridas, relacionados específicamente con la extemporaneidad del mismo.

Quinto: Que, con el propósito de obtener una acertada resolución sobre ese tópico, es del todo imprescindible examinar previamente la disposición legal que rige sobre esta materia. Sabido es que el dilema apuntado está subordinado a lo preceptuado en el número 1° del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso, cuyo texto dispone “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

Sexto: Que, para dilucidar con meridiana claridad si el recurso de marras fue presentado dentro de plazo, corresponde dejar sentado que de los antecedentes allegados al proceso, aparecen acreditados los siguientes hechos: a) Que con fecha 11 de abril de 2014 se dictó la Resolución N°1837, por el Director del Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada, por la que se pone término al contrato del recurrente, por no ser necesarios sus servicios, estableciéndose en forma expresa que dicho término surtirá efecto desde el momento de su total tramitación y notificación al afectado; b) Que la Contraloría General de la República tomó razón de dicho acto con fecha 01 de julio de 2014; y, c) Que el presente recurso se interpuso con fecha 08 de octubre del año en curso.

Séptimo: Que atendido el tenor de las presentaciones evacuadas en autos, existiendo discrepancia respecto de la fecha en que se habría practicado la notificación del acto impugnado, corresponde dilucidar el momento en que el recurrente tuvo conocimiento del mismo.

Para dicho objeto se tendrá en consideración que el recurrente acompañó a fojas 59, la impresión de un Formulario emitido por FONASA, de fecha 10 de septiembre del año en curso, donde consta como su dirección particular el domicilio ubicado en domicilio reservado, dirección distinta a la que se habría remitido la comunicación vía carta certificada en la que se apoya la alegación de extemporaneidad de las recurridas.

Por su parte las instituciones recurridas, acompañaron un certificado, emitido con fecha 03 de noviembre de 2014 por la Unidad de Atención a las Personas del Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada, por el cual se constata que el recurrente registra como domicilio en la hoja de vida del funcionario, Sistema Informático de Recursos Humanos (SIRH), la dirección de Pedro León Ugalde N°1386-A, de al comuna de Maipú; además de la impresión de la información que se hallaría registrada e el sistema computacional ya aludido, donde figura dicha dirección como domicilio del recurrente, junto a otros datos relativos a su condición laboral.

Octavo: Que, sin perjuicio que de conformidad al número 5° del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, la Corte apreciará los antecedentes de acuerdo con las reglas de la sana crítica; resulta útil hacer presente que diversas disposiciones normativas como el artículo 46 de la Ley 19.880 o Ley Orgánica de Bases de los Procedimientos Administrativos, artículos 126 y 131 de la Ley 18.834 o Estatuto Administrativo, e incluso el artículo 162 del Código del trabajo, de aplicación supletoria conforme al inciso tercero del articulo 1 del referido cuerpo legal, dan cuenta de la relevancia de la notificación de diversos actos que dicen relación con la comunicación de actos formales de la Administración para la correcta eficacia de los mismos, la que de no poder hacerse en forma personal, ha de efectuarse mediante la práctica del envío de una carta certificada.

Tales normas dan cuenta de la necesidad de garantizar que el afectado por el acto se imponga oportunamente de su contenido, y se convierte en un hito desde el cual se activan los términos o plazos para la realización de cualquier reclamo o impugnación de carácter administrativo, judicial, o en este caso cautelar, que tenga por objeto el debido resguardo de sus derechos de conformidad al ordenamiento Jurídico vigente; y por otro lado, imponen el deber de búsqueda de parámetros objetivos para contribuir a la necesidad de certeza jurídica que requiere cualquier estado de derecho.

Teniendo en consideración los asertos precedentes, esta Corte tendrá por acreditado que el domicilio del recurrente a la fecha de la notificación vía carta certificada, es el de Pedro León Ugalde N°1386-A, por cuanto la información que se registra en el Sistema Informático de Recursos Humanos (SIRH), que es un sistema de gestión de información que se ha ido imponiendo en toda la Administración Pública e incluso en el área privada, tiene el mérito de resguardar las dos garantías a las que se ha venido aludiendo, esto es, permite al afectado por el acto comunicado el ejercicio oportuno de sus derechos, toda vez que los datos que se registran son aportados por el propio funcionario, pesando sobre aquel el deber de modificar o actualizar dicha información cada vez que sus circunstancias lo requiriesen; y por el otro, siendo información compartida en una base registral mantenida informáticamente por los Departamentos de Recursos Humanos de la Administración, dotan a la comunicación efectuada conforme a dicha información, de un carácter de objetividad que permite otorgarle certeza jurídica al sistema.

No escapa al criterio de esta Corte, que con el expediente de desconocer el domicilio registrado ante la autoridad, no resulta difícil eludir la restricción temporal que representan los plazos establecidos para el ejercicio oportuno de los derechos, a lo que se suma que la información que se entrega a distintas instituciones, como en este caso ocurrió con la dirección informada a FONASA, no necesariamente se corresponden con datos reales, toda vez que se incorporan a aquellas sin verificación de ningún tipo.

Noveno: Que, habiéndose acreditado que la resolución impugnada se le comunicó al actor, vía carta certificada a su domicilio registrado ante la Administración, con fecha 18 de julio de 2014; teniendo presente que la acción constitucional fue incoada con fecha 08 de octubre del mismo año; y atento a lo preceptuado en el número 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, reproducido en el motivo quinto precedente, debe concluirse que el presente recurso de protección fue presentado extemporáneamente, tal como lo sostienen las recurridas, habiendo transcurrido con creces los treinta días que fija el Auto Acordado para su interposición.

Décimo: Que por lo antes expuesto, apareciendo extemporánea la acción constitucional interpuesta, no cabe emitir pronunciamiento sobre el fondo.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA por extemporánea la acción constitucional deducida en autos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra Sra. Book.

N° Protección 65.378- 2.014.

Pronunciada por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Presidida por el Ministro señor Javier Anibal Moya Cuadra e integrada por la Ministra señora Jenny Book Reyes y abogado señor Eugenio Benítez Ramírez.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago la sentencia que antecede, la que se notifica por el estado diario con esta fecha.

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