nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de noviembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Roberto García Olave, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, profesor de historia y geografía y educación cívica, domiciliado en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra de TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en la retención de la suma de $2.460.000.- en favor de su parte, pidiendo que éste sea dejado sin efecto.

Expone que en los autos rol T-715-2018, caratulados “nombre reservado con Fisco de Chile”, del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, su parte arribó a una transacción con el Consejo de Defensa del Estado en la cual se estableció que se le pagaría en su favor la suma de $2.460.000.-, A través de resolución exenta N° 985, dictada con fecha 19 de junio de 2020, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se ordenó que “la Tesorería General de la República pagará a nombre reservado la suma de $2.460.000.-, sin reajustes ni intereses”.

Dicha resolución fue remitida al tribunal y fue conocida por su parte el día 01 de julio de 2020, por medio de correo electrónico del administrativo jefe de cumplimiento de causas del Primer Juzgado de Letras del Trabajo, quien señaló que para cobrar el dinero en cuestión, el recurrente debía acudir a las oficinas de Tesorería llevando sólo su carné de identidad y la copia de la resolución anteriormente señalada.

El recurrente acudió a la Tesorería General de la República a cobrar el dinero el día 03 de julio de 2020. Fue allí cuando se le señaló que NO se lo pagarían. Muy por el contrario, a través de certificado emitido por el tesorero, se le informó que con fecha 03 de julio de 2020 “se han compensado las deudas pendientes de pago que se indican con el excedente de la declaración correspondiente al año 2020, formulario 72-A, folio número 172511” respecto de nombre reservado, que corresponde a una deuda que su parte mantiene por un Crédito con Aval del Estado.

Estima que el acto impugnado es arbitrario, ilegal y vulneratorios de garantías fundamentales.

A su juicio, no hay antecedentes que justifiquen el actuar de la recurrida, ya que no se explica en la situación particular el fundamento jurídico que motiva a determinar esta supuesta compensación.

Debido a que dicha decisión no aparece respaldada en ningún antecedente objetivo, comprobable y verificable, es arbitraria, ya que no deja ningún fundamento a analizar, estudiar o cotejar tales fundamentos.

Además denuncia que la actuación de la Tesorería General de la República es ilegal, ya que no estaría amparada en ningún antecedente legal que la obligue a actuar de dicho modo.

Hace presente que, la deuda que fue objeto de la retención impugnada en estos autos provenía de una deuda de Crédito con Aval del Estado, reglada en la ley 20.027. Dicha ley establece de forma explícita en su artículo 17 que la Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuesto a la renta que le correspondiese anualmente al deudor del crédito garantizado conforme a dicha ley.

Es decir, la ley sólo autoriza a retener expresa y explícitamente la devolución de impuesto que corresponda anualmente y NO una indemnización obtenida en un juicio laboral. De este modo, extender el presupuesto reglado en la ley 20.027 a otras situaciones no previstas de forma expresa es una ilegalidad que no puede ser tolerada por nuestro sistema.

Invoca como garantías constitucionales vulneradas las contempladas en el artículo 19 N° 3 inciso sexto y 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Solicita en definitiva ordenar que se pague de forma íntegra en favor de nombre reservado la suma de $2.460.000 ya anteriormente individualizada, con expresa condena en costas.

Segundo: Que en su informe, Tesorería General de la República, solicita el rechazo de la presente acción.

Explica, en primer lugar que su parte no ha retenido el pago ordenado por Resolución Exenta N° 985, de 2020, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sino que lo compensó con deuda por Crédito con Aval del Estado, en atención a la facultad que le otorga el artículo 6° de su Estatuto Orgánico, por lo que aparece evidente que la acción no se encuentra razonablemente fundada, toda vez que, los argumentos de hecho se encuentran fuera de los casos y forma a que se refiere las disposiciones cuya aplicación se impugna.

Además, señala que la garantía constitucional invocada por el recurrente en su acción, referida al debido proceso contemplada en el artículo 19 N° 3 inciso sexto de la Constitución, no se encuentra amparada por el recurso de protección, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo N° 20 de la Carta Fundamental.

Luego realiza una explicación respecto del sistema de financiamiento de educación superior establecido en la ley 20.027, denominado Crédito con Aval del Estado, destacando que el recurrente obtuvo el beneficio del Crédito con Garantía Estatal para financiar sus estudios superiores.

Agrega que, la respectiva casa de estudios informó el egreso del recurrente, lo que generó la exigibilidad de las obligaciones derivadas de los desembolsos efectuados conforme a la Ley N° 20.027. Revisados los registros de la Comisión, y de acuerdo con la información proporcionada por la institución financiera administradora del crédito, el recurrente entró en mora en el cumplimiento de su obligación de pago.

Explica que la Garantía Estatal se hará efectiva en los casos que el beneficiario del crédito, habiendo egresado de la carrera, deje de cumplir con la obligación de pago de éste. El artículo 35 del Reglamento, establece que, para efectos del pago de la garantía, se entenderá que el beneficiario ha dejado de cumplir con la obligación de pago toda vez que, agotadas las acciones de cobranza prejudiciales por parte de la entidad financiera respectiva, el alumno haya dejado de pagar, a lo menos, cuatro cuotas consecutivas de su crédito.

Verificado entonces el incumplimiento de la obligación de pago del Crédito con Garantía Estatal, la Comisión ordenó el pago de los reembolsos efectuados por la institución financiera y remitió a la Tesorería General de la República el formulario de cobro del crédito, registrándose la deuda en la Cuenta Única Tributaria del recurrente.

En el caso que motiva el presente recurso de protección verificado el incumplimiento de la obligación de pago del Crédito con Garantía Estatal, la Comisión Ingresa, con fecha 28 de noviembre de 2019, remitió a la Tesorería General de la República el formulario 34, folio 172511, de cobro del crédito, registrando en la Cuenta Única Tributaria del recurrente una deuda fiscal por la cantidad de 159,07 UTM.

Por otro lado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, y al Artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, le corresponde a dicha Institución efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, dentro de las cuales se incluyen aquellas derivadas de las sentencias judiciales ejecutoriadas que son dictadas por los Tribunales de Justicia en contra del Fisco, que lo condenan al pago de una prestación de carácter pecuniario. El artículo 752 del Código de Procedimiento Civil establece que, ejecutoriada la sentencia, el tribunal remitirá un oficio al ministerio respectivo, adjuntando fotocopia o copia autorizada de la sentencia de primera y de segunda instancia, con certificado de estar ejecutoriada.

Conforme a la letra p) del artículo 2 del Decreto Ley N° 3.346, de 1980, Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, se establece que es función de ese Ministerio dictar el acto administrativo necesario para el cumplimiento de las sentencias ejecutoriadas. En este caso, mediante la Resolución Exenta N° 985, de 19.06.2020, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se ordenó que la Tesorería pagara al recurrente la suma de $ 2.460.000.-, Sin embargo, dicho pago no se verificó en su totalidad, por cuanto a esa data operó una compensación entre deudas reciprocas del recurrente y del Fisco.

En efecto, al momento de verificarse el pago, Tesorería en uso de sus facultades legales, procedió a compensar la deuda por concepto de Crédito con Aval del recurrente de que da cuenta el formulario 34, folio 172511, con el crédito a su favor de que daba cuenta la resolución dictada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo que consta en certificado de compensación que se acompaña en un otrosí, compensación que en total ascendió a la suma de $ 2.460.000.- Ahora bien, la facultad que asiste a Tesorería para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco está contemplada en el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, norma que debe concordarse con los demás elementos que, según el Código Civil, son de la esencia de la compensación como modo de extinguir las obligaciones.

De acuerdo al artículo 1.656 la compensación opera por el sólo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 1) Que dos personas sean deudoras una de otra; 2) Que ambas deudas sean de dinero; 3) Que ambas deudas sean líquidas y 4) Que ambas sean actualmente exigibles.

Indica que existe una reiterada jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia que ha sostenido que no existe ilegalidad o arbitrariedad en la facultad conferida a Tesorería para compensar deudas de contribuyentes con créditos que éstos tengan contra el Fisco.

Tercero: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Quinto: Que de los documentación acompañados por la recurrida y lo expuesto por recurrente y recurrido, queda de manifiesto que, en los autos rol T-715-2018, caratulados “nombre reservado con Fisco de Chile”, del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, el recurrente arribó a una transacción con el Consejo de Defensa del Estado, en la cual se estableció que se le pagaría en su favor la suma de $2.460.000.- y que, por resolución exenta N° 985, de fecha 19 de junio de 2020, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se ordenó que “la Tesorería General de la República pagará a nombre reservado la suma de $2.460.000.-, sin reajustes ni intereses”.

Asimismo, verificado que el recurrente incurrió en el incumplimiento de la obligación de pago del Crédito con Garantía Estatal, la Comisión ordenó el pago de los reembolsos efectuados por la institución financiera y remitió a la Tesorería General de la República el formulario de cobro del crédito, registrándose en la Cuenta Única Tributaria del recurrente una deuda fiscal por la cantidad de 159,07 UTM.

El artículo 2º del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, establece que, “El Servicio de Tesorerías tendrá las siguientes facultades: Nº 1 “Recaudar los tributos y demás entradas fiscales y las de otros servicios públicos…sic”.

Por su parte, el artículo 6° del referido D.F.L. dispone, “Se autoriza al tesorero general de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el fisco, cuando los documentos respectivos estén en la tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.”

Sexto: Que, del claro tenor de las normas jurídicas antes citadas, aunado a la existencia del crédito que el recurrente tenía contra el fisco y la deuda que a su vez, tenía el recurrente, se aprecia que el actuar del Servicio de Tesorerías se ha ajustado, estrictamente a sus atribuciones y facultades, motivo por el cual, se descarta todo atisbo de arbitrariedad e ilegalidad en su actuar, lo que conlleva al rechazo del recurso.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida por nombre reservado, en contra de la Tesorería General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-65370-2020.

Redacción de la Ministra Suplente señora María Inés Lausen Montt.