nombre reservado con UNIVERSIDAD DE ARTES CIENCIAS Y COMUNICACIÓN

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 6 de septiembre del presente año, compareció don nombre reservado interponiendo acción constitucional de protección contra la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, en adelante, UNIACC, por afectar sus derechos constitucionales asegurados en los numerales 2° y 10° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita se deje sin efecto la resolución que le exigió el pago de lo debido.

Expone que en junio del presente año inició el proceso para congelar sus estudios de Arquitectura en la universidad recurrida en razón de encontrarse cesante y de sufrir de esquizofrenia catatónica paranoide por la cual se encuentra con incapacidad de 67%, además de una lesión en una pierna.

Aduce que en los primeros días de agosto fue a averiguar del estado de su solicitud y menciona que la resolución fue dictada el día 31 de julio de 2018, condonándose de una deuda total de $2.072.000.- solo $1.372.000.-, por lo que debe pagar $700.000.-, sin posibilidad de posterior apelación.

Aduce que al momento de congelar se encontraba al día en el pago de sus estudios, correspondiente el monto total indicado previamente a mensualidades futuras.

Indica que acudió nuevamente a la recurrida, expresando que deduciría un recurso de protección, le aconsejaron no hacerlo y esperar seis meses y pagar como pudiera, pero no en caja, sino directamente a ellos.

En cuanto al derecho, precisa que la recurrida ha fundado su actuar en el contrato de prestación de servicios educacionales, según el cual en caso de retiro o simple abandono, se mantiene la obligación del alumno de pagar el arancel del convenio. Puntualizó que sin embargo, este contrato es de adhesión y las cláusulas han sido propuestas unilateralmente por la recurrida, agregando que se afecta la igualdad ante la ley y la prohibición de establecer diferencias arbitrarias.

Añade que la Universidad pretende hacerlo pagar de costos que son inherentes a su giro, no correspondiendo imputarse responsabilidad por no seguir cumpliendo con el pago al haber dado aviso oportuno de ello Finaliza indicando que se cumplen todos los requisitos para que prospere la presente acción, en cuanto a la existencia de la acción u omisión reprochadas, la arbitrariedad e ilegalidad de las mismas, la afectación de derechos fundamentales, que el tribunal esté en condiciones de dar oportuna y correcta protección y, finalmente, que se haya interpuesto la acción dentro de plazo.

SEGUNDO: Que, evacuando su informe la recurrida, solicitó el rechazo con costas del recurso.

Argumenta que el recurrente se matriculó en enero del presente año, suscribiendo el contrato respectivo y documentando con doce cheques el pago de la anualidad, presentando luego, el día 14 de junio, la solicitud de retiro temporal aduciendo motivos económicos y cesantía.

Añade luego que no se ha cometido ninguna acción u omisión arbitraria o ilegal, mencionando que de acuerdo al contrato celebrado entre las partes, corresponderá al Vicerrector de Administración y Finanzas calificar la pertinencia de la disminución o condonación del arancel pendiente por pagar a la fecha de la presentación, en caso de retiro. En la especie, si bien el recurrente argumentó su cesantía, no acompañó los respectivos antecedentes.

Agrega que de acuerdo al artículo 1545 del Código Civil y a la doctrina, no puede pretender el recurrente que por su decisión unilateral quede sin efecto dicho contrato.

Afirma que no hay afectación de derechos constitucionales, repasando los hechos y, por último que la presente materia no es objeto del recurso de protección, sino competencia de tribunales civiles.

TERCERO: Que, la acción constitucional de protección es un arbitrio cautelar de determinados derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República;

CUARTO: Que antes de entrar a analizar el fondo de la acción deducida es ilustrador tener presente que en esta sede jurisdiccional resultan ser hechos no controvertidos que:

1. En el mes de enero de 2018, el recurrente se matriculó en la carrera de arquitectura en la UNIACC suscribiendo el contrato donde se establecía la obligación de pago del arancel y en razón a ello hizo entrega de doce cheques para cubrir la respectiva anualidad.

2. Con fecha 14 de junio de 2018, el recurrente presentó a UNIACC una solicitud de retiro académico temporal, aduciendo “motivos económicos y encontrándose sin trabajo”.

3. Con fecha 19 de julio de 2018, UNIACC informa al recurrido que el día 18 de junio del año en curso, mediante la Resolución de Vicerrectoría Académica N ° 567-2018 se autoriza su retiro temporal.

4. Con fecha 7 de agosto de 2018, UNIACC comunicó al recurrido que el 31 de julio de 2018, mediante la Resolución de Vicerrectoría de Administración y Finanzas N ° 154-2018, se autorizó excepcionalmente que se anulara el arancel equivalente a la suma de $1.372.000, por lo que recurrida no procedería a cobrar los cheques entregados para cubrir la anualidad.

QUINTO: Que por otro lado, en relación al marco contractual y legal atingente al conocimiento de la presente acción, en cuanto a la competencia y atribuciones de la recurrida es dable tener en consideración:

a) Con fecha 2 de enero de 2018, las partes del presente recurso celebraron contrato de prestación de servicios educacionales en modalidad presencial, incluyéndose en él, cláusulas relativas entre otros a los aranceles, calidad de alumno regular, obligación de los contratantes e incumplimiento de pago.

b) La cláusula octava del referido contrato dispone “el alumno y/o Apoderado Administrativo podrá retirarse de la carrera o programa académico o interrumpir sus estudios, para lo cual deberá presentar una solicitud, debidamente justificada ante el nombre reservado, una vez resuelta dicha solicitud, el Estudiante, o el Estudiante y el Apoderado Administrativo, según corresponda, podrá(n) presentar un requerimiento al Vicerrector de Administración y Finanzas de la Universidad, quien calificará la pertinencia de la disminución o condonación del arancel pendiente por pagar a la fecha de la presentación. En todo caso, la condonación de la deuda del periodo académico en curso será procedente en caso de muerte del estudiante”.

c) Los artículos 84 y 85 del Reglamento General del Estudiante de la UNIACC prescriben respectivamente, que “La correcta aplicación del presente Reglamento será responsabilidad de la Vicerrectoría Académica y la Secretaría General” y “Las situaciones no previstas en este Reglamento, así como las discrepancias o dudas que se susciten en la interpretación de sus disposiciones, serán resueltas por el Rector”.

d) El artículo 1545 del Código Civil dispone que “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.

SEXTO: Que el recurrente interpuso en contra de UNIACC una acción constitucional fundada en un supuesto acto arbitrario e ilegal efectuado supuestamente por la recurrida, consistente en la no condonación de la totalidad de la deuda $2.072.000, correspondientes a parte del arancel de la carrera de arquitectura, hecho que en su parecer privaba, perturbaba o amenazaba el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales garantizados por el artículo 19 N ° 3 y 10 de nuestra Carta Fundamental.

Argumenta, el actor que UNIACC ha aplicado e interpretado de forma ilegal y arbitraria las cláusulas contenidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, así como el Reglamento General de Estudiantes y que en base a dicho proceder ha amenazado el patrimonio del recurrente con el cobro de $700.000, ya que la recurrida sólo condonó $1.372.000 y no la totalidad que esperaba por los $2.072.000, el saldo correspondiente al periodo restante al año curricular.

SÉPTIMO: Que en este orden de ideas, de acuerdo al contenido del recurso se colige que el recurrente pretende mediante la interposición de la presente acción cautelar cuestionar la validez de las citadas cláusulas contractuales, hipótesis que excede con creces el margen del recurso de protección, por cuanto existen otros procedimientos más adecuados para resolver la pretensión del actor, supeditados a determinar su correcta interpretación y alcances.

En efecto, la propia naturaleza de la petición efectuada ante esta Corte escapa de lo propio de un recurso de protección, en atención a que su decisión se limita a situaciones cuya arbitrariedad e ilegalidad sean evidentes -lo que no ha acontecido respecto de los presupuestos fácticos referidos con antelación- y en consecuencia su improcedencia para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas o declarar derechos permanentes a favor de las partes (E. Corte Suprema, sentencias de fechas 22 de junio de 1992, GJ 144, p. 57; 26 de junio de 1995, GJ 180, p. 24; 9 de julio de 1993, GJ 159, p.180; 8 de octubre de 1997, GJ 208, p. 38; y 24 de enero de 1991, GJ 127, p.20)

Y es en este sentido que el recurso de protección jamás debe pronunciarse sobre cuestiones de fondo sobre el derecho fundamental amagado, ya que sólo se supeditará a una decisión formal como alternativa a la autotutela, acerca de cómo se ha producido una vulneración de derechos, no pudiendo esta Corte pronunciarse sobre hechos controvertidos por los recurridos, situación ajena a esta acción de protección desde que requerirán una instancia de lato conocimiento, además de la prueba diversa y compleja, procedimiento que no se aviene con su objetivo de ser un remedio pronto y eficaz que preste inmediato amparo a un eventual afectado.

Que para la procedencia de la acción cautelar deducida es requisito indispensable que los actos que motivan su ejercicio estén plenamente establecidos y en el presente caso, en cuanto a los supuestos antes aludidos, aquello no sucede, toda vez que no existen antecedentes que constituyan evidencia de que el recurrente sufrió afectación al derecho de propiedad.

Que la naturaleza de la acción recién indicada y el procedimiento especial dispuesto para su tramitación, determinan que no sea procedente emplear esta vía para la solución del conflicto sub lite, puesto que las materias en que se basa el libelo exceden el ámbito de este recurso, ya que conforme se ha ido expresando en este fallo, se trata de una controversia que requiere de pruebas, discusión y análisis propios de un procedimiento contradictorio, de lato conocimiento.

Al respecto los autores nombre reservado y nombre reservado afirman que “Debemos tener presente que la jurisprudencia ha sostenido por regla general la improcedencia del recurso de protección en contra de resoluciones judiciales y para efectos de interpretar los contratos que se hubieran celebrado entre las partes” (Mosquera Ruiz, Mario y nombre reservado, “Los Recursos Procesales”, Editorial Jurídica de Chile, año 2010, p.417)

OCTAVO: Que, por otro lado en cuanto a la alegación de la eventual conculcación de la garantía prevista en el artículo 19 N ° 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República es dable tener presente que el contrato de prestación de servicios educacionales firmados por el recurrente con la Universidad recurrida se desprende que el alumno se obligó a pagar por los conceptos que en él se contienen. Asimismo, el contrato estableció la obligatoriedad de la normativa académica, reglamentaria y administrativa de la Universidad contenida en los Reglamentos, especialmente en lo que incide en el recurso la contenida en el Reglamento del Alumno, correspondiéndole al nombre reservado “calificar la pertinencia”, en cuanto encontrarse en las hipótesis de disminución o condonación de las deudas con ocasión del arancel anual, siendo la muerte del estudiante el único escenario en que se sin un mayor análisis se ve obligado a aplicar lo pretendido por el actor, de lo cual se colige que no se ha incurrido en una actuación que no se ajuste a derecho, por cuanto la autoridad educacional ha procedido dentro de la esfera de sus competencias al aplicar lo establecido en el Contrato y Reglamento -independiente que los alcances jurídicos adoptados fueren o no correctos-, los cuales fueron otorgados por el recurrente al tiempo de la suscripción del primero, desestimándose que hubiere sido juzgado por una comisión especial.

NOVENO: Que finalmente, de los antecedentes aportados por las partes, debidamente apreciados, hacen concluir además que no se encuentra acreditado de manera alguna, que los hechos tenidos por ciertos constituyan un acto arbitrario o ilegal que amague, altere o prive al actor de los derechos o garantías constitucionales enunciadas en el libelo de protección -artículo 19 N ° 3 inciso 5° y 24 de nuestra Carta Fundamental-, considerando que la recurrida ha actuado conforme a sus atribuciones legales y dentro de la esfera de su competencia, por lo que el mismo será rechazado.

Por estas consideraciones y conforme con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza la acción constitucional interpuesta por don nombre reservado en contra de la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, representada por don nombre reservado.

Redacción efectuada por la Ministro (S) señora Verónica Sabaj Escudero.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección - 65360-2018.

Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz, la Ministro señora Jenny Book Reyes y la Ministro (S) señora Verónica Sabaj Escudero.

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