nombre reservado con AFP PLANVITAL S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de junio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que se interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales, lo que vulneraría las garantías constitucionales reconocidas en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 26 de enero de 2026 presentó ante la recurrida, a través de su plataforma digital, una solicitud formal de retiro de fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, acompañando la documentación exigida por la normativa, entre ellos, la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) con fecha 08 de mayo de 2024, legalizado ante Notario Público chileno, con firma electrónica avanzada.

Añade que con fecha 03 de febrero de 2026, la recurrida le notificó el rechazo de su requerimiento, fundado en que la constancia electrónica del IVSS no cumplía con las exigencias normativas al no constituir un certificado de afiliación idóneo, omitir el detalle de las prestaciones específicas de seguridad social en su favor, carecer de firma autorizada y no encontrarse debidamente legalizada o apostillada. Al respecto, el recurrente arguye que dicha negativa descansa sobre una interpretación excesivamente formalista y restrictiva, desconociendo la imposibilidad material y jurídica de obtener legalizaciones consulares de documentos venezolanos en la actualidad, derivada del notorio quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, situación de fuerza mayor o caso fortuito al tenor del artículo 45 del Código Civil que justifica la validez de la declaración jurada notarial extendida en territorio chileno.

Solicita en definitiva se ordene a la recurrida que reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud, y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Expone que su actuar se ajustó estrictamente al marco normativo vigente y a las directrices obligatorias de la Superintendencia de Pensiones, específicamente al Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y al Oficio Ordinario Oficio Ordinario N°21.750, toda vez que la Administradora constató que la documentación acompañada no cumplía con los requisitos mínimos legales exigidos, razón por la cual la solicitud no fue admitida a trámite.

Explica que la documentación aportada por la actora adolece de deficiencias sustanciales, a saber, la Constancia Electrónica del IVSS si bien proviene de una fuente oficial, no cumple con los estándares de vigencia exigidos por la normativa vigente. En efecto, no permite verificar la cobertura efectiva durante todo el tiempo trabajado con el empleador en Chile, ni acredita vigencia actual. De otra parte, sostiene que el documento carece de apostilla o legalización, y contiene referencias genéricas que no permiten acreditar una cobertura real y efectiva por todos los riesgos exigidos por la ley, durante todo el período de prestación de servicios en Chile.

Finaliza señalando que no existe vulneración de las garantías que se acusan conculcadas, toda vez que, se ha aplicado la ley y los criterios de la Superintendencia de Pensiones de la misma forma que en todos los casos.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos y garantías expresamente enumerados, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que impidan, perturben o amenacen dicho ejercicio. La procedencia de esta acción cautelar exige la concurrencia copulativa de dos condiciones esenciales: la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, y que este cause privación, perturbación o amenaza a una garantía constitucional, requiriéndose indispensablemente que el derecho reclamado tenga el carácter de indubitado y preexistente. No resulta ser esta vía un procedimiento de lato conocimiento destinado a declarar derechos controvertidos.

Cuarto: Que, para resolver la controversia, es preciso tener presente que la Ley N°18.156 establece un régimen de excepción a la obligación general de cotizar en el sistema previsional chileno. Su artículo 1° exige copulativamente: a) Que el técnico extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo el trabajador exprese su voluntad de mantener dicha afiliación.

Quinto: Que, de los antecedentes allegados a estos autos aparece establecido que, para los efectos de acreditar el presupuesto previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, la recurrente acompañó ante la autoridad administrativa una constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, instrumento que no se encuentra suscrito por autoridad competente, ni legalizado o apostillado, y que, además, no permite tener por acreditado que dicho régimen le otorgue cobertura, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período en que prestó servicios en Chile.

Sexto: Que, asentado lo anterior, no se advierte que la actuación de la recurrida pueda ser calificada de ilegal o arbitraria, desde que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos encuentra sustento en la falta de acreditación suficiente de los presupuestos copulativos que contempla el artículo 1° de la Ley N°18.156, normativa de carácter excepcional y, por ende, de aplicación restrictiva.

Séptimo: Que, en efecto, la constancia electrónica acompañada por la actora, aun cuando incorpore mecanismos de verificación digital, no satisface, por sí sola, las exigencias formales que nuestro ordenamiento impone respecto de los instrumentos otorgados en el extranjero, de manera que no resulta bastante para tener por acreditada, en esta sede cautelar, la cobertura previsional invocada en los términos exigidos por la ley.

Octavo: Que, en lo concerniente a la imposibilidad material para obtener la apostilla o legalización de la documentación emanada de autoridades venezolanas, cabe señalar que dicha circunstancia, aun cuando pudiere importar una dificultad práctica atendible, no autoriza a esta Corte para eximir del cumplimiento de exigencias legales expresas ni para sustituir, por la vía de esta acción cautelar, los medios de acreditación previstos por el legislador y desarrollados por la autoridad administrativa competente.

Noveno: Que, en consecuencia, la decisión adoptada por la recurrida aparece sustentada en antecedentes objetivos y en la aplicación de la normativa sectorial pertinente, sin que se advierta en su dictación un proceder caprichoso, infundado o discriminatorio que justifique el otorgamiento de la cautela constitucional pretendida.

Décimo: Que, asimismo, tampoco se configura la vulneración del derecho de propiedad denunciada, toda vez que los fondos previsionales de la recurrente permanecen incorporados a su cuenta de capitalización individual y conservan la finalidad legal que les es propia, de modo que la negativa impugnada no importa privación, perturbación ni amenaza de dicho derecho, sino únicamente la improcedencia de su restitución anticipada en ausencia de los presupuestos legales que la hacen excepcionalmente procedente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-6516-2026.